MULTA. EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NO PREVÉ SU IMPOSICIÓN EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA OMITA REALIZAR ALGUNA MANIFESTACIÓN, EN RELACIÓN CON LA VISTA QUE EL JUZGADOR LE DÉ CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
QUEJA 52/2014. EVA CASTILLEJO QUINTANA. 4 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO. SECRETARIO: OCTAVIO SILVA MEZA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Contra dicha imposición de multa, el quejoso expresó los siguientes agravios:
"El Juez de Distrito me hace efectiva una medida de apremio en virtud de que no desahogue la vista, consistente en informar si el cheque que fue entregado a la parte quejosa a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva fue cobrado o no. Primero. Si bien es cierto, los medios de apremio son los instrumentos jurídicos a través (sic) puede hacer cumplir sus determinaciones. Sin embargo, el auto recurrido carece de motivación, por existir incongruencia interna y externa. Lo anterior es así, ya que se mezclan los conceptos de cargas y obligaciones procesales, al señalarse, por una parte, que es una carga la de informar si el cheque fue cobrado o no, por la otra, que es una obligación procesal para la quejosa, siendo que carga y obligación procesal, en la teoría general del proceso, tienen diversa naturaleza y son aplicables a casos diferentes. En el caso, lo relativo a informar si el cheque remitido por parte de la responsable fue cobrado o no, a fin de dar cumplimiento con la sentencia de amparo, es una carga y no una obligación procesal; luego, partiendo de ese supuesto, tratándose de las cargas procesales, el no desahogarse trae como consecuencia la pérdida de una oportunidad procesal y, por tal motivo, no se aplican las medidas de apremio reguladas en el numeral 237 de la Ley de Amparo, pues el hecho de que no se pueda cobrar el cheque, la consecuencia sería para la parte quejosa, lo que la obligaría a hacer valer los propios recursos previstos en la ley pero, en contra de la responsable que remitió el cheque. Lo anterior según quedará explicado en líneas subsecuentes. Al lado de los derechos, deberes y obligaciones procesales subjetivas, o sea, de aquellas que corresponden o vinculan a las partes dentro del proceso, como consecuencia de la relación jurídica procesal, existen cargas procesales nacidas y originadas en el proceso, cuya realización es indiscutible. Los derechos procesales subjetivos y públicos de las partes, como los de acción y contradicción, de probar o aducir pruebas al proceso, de recurrir contra las providencias desfavorables del Juez, de concurrir a un proceso ya iniciado cuando se tiene un interés serio y actual para ello, de que se les paguen las costas del proceso y se les indemnicen los perjuicios sufridos con ocasión de éste, si triunfan, son derechos subjetivos que emanan de normas legales de derecho público. El ejercicio de estos derechos subjetivos procesales impone al Juez, como órgano del Estado, deberes correlativos que también son de derecho público. Empero, del proceso emanan para las partes, facultades de derecho público, de las cuales pueden hacer uso pero sin que exista coacción alguna para ello ni siquiera de tipo patrimonial, ni el no uso de ellas les acarrea consecuencias procesales desfavorables, como recusar al Juez o a los peritos (porque a pesar de no hacer uso de tal facultad, puede ocurrir que el Juez o perito decida o dictamine correctamente y no se produzca perjuicio alguno para la parte), la de designar un abogado que las represente en el proceso a pesar de que la ley no lo exija, etcétera. En cambio, el no ejercicio oportuno de alguno de los derechos subjetivos procesales puede acarrear perjuicios o consecuencias desfavorables a su titular, por ejemplo: el no ejercicio oportuno de la acción civil (puede ocurrir la caducidad de la vía procesal especial y de la acción penal de la prescripción del derecho sustancial); la no intervención oportuna del recurso dejó firme la providencia desfavorable; la no presentación o petición oportuna en tiempo de las pruebas puede conducir a una sentencia desfavorable. Conviene, pues, a las partes, ejercitar sus derechos procesales oportunamente e inclusive hacer uso de sus facultades procesales, porque si bien puede que no reciban perjuicios por el no ejercicio de los últimos, es posible, sin embargo, que se beneficien si las utilizan. Las cargas procesales tienen dos características peculiares que las distinguen: solo surgen para las partes y algunos terceros, nunca para el Juez, y su no ejercicio acarrea consecuencias procesales desfavorables, que pueden repercutir también desfavorablemente sobre los derechos sustanciales que en el proceso se ventilan. Ejemplos: la de formular demandas, presentar denuncia penal o querella, en debida forma y en oportunidad, para impedir la caducidad de la acción o la de prescripción del derecho sustancial, la de contestar la demanda, la de probar los hechos de los cuales pretende deducir su defensa (de inocente) y la de recurrir contra las providencias desfavorables que estén equivocadas. Pero también existen ciertos cargos que surgen de una orden procesal del Juez y no de la conveniencia de ejercitar un derecho subjetivo; por ejemplo, la de comparecer ante el Juez o someterse a interrogatorio o de manifestar si es auténtica o no una firma que aparece en un documento y que se le imputa, o la de hacer comparecer a los testigos; si no comparece, recibe una consecuencia desfavorable: se le tiene por confeso o se le deduce un indicio grave en su contra, o se tiene por auténtica la firma. Pero el Juez no puede ordenar que se le conduzca por lo fuerza, ni imponerle multa ni arresto por la desobediencia, por lo cual no es un deber ni una obligación, sino una simple carga procesal. Otras surgen de un mandato legal, como la de denunciar la dirección donde se recibieron notificaciones personales y cualquier cambio de la misma durante el proceso. Los deberes procesales, a cargo de las partes y sus apoderados, así como de terceros, cuyo cumplimiento puede hacerse efectivo mediante coacción (multa o arresto) o por la fuerza (intervención de la policía, para conducir a una persona ante el Juez o para allanar una casa y entrar a ella, etcétera), y cuyo incumplimiento puede acarrear la condena a indemnizar perjuicios a las otras partes, son deberes de derecho público que recaen sobre las partes y cuyo incumplimiento les acarrea sanciones (multa, indemnización de perjuicios, sanciones por falta de ética profesional) o sobre personas ajenas al proceso como las que son llamadas a testimoniar, pues si no concurren, se les impone multa o arresto y además se les puede conducir a la fuerza ante el Juez, por la policía o a quienes se ordena exhibir un documento, pues se les impone una multa, si no obedecen. Son ejemplos de los deberes para las partes, de obrar con lealtad y buena fe en el proceso; obrar sin temeridad en la formulación de pretensiones o defensas y en la interposición de recursos, incidentes u otras peticiones, mientras que para los terceros: concurrir a testimoniar, declarar con buena fe y veracidad, obedecer las órdenes del Juez como la de presentar documentos y otras cosas muebles que obren en su poder para su exhibición y permitir el acceso a los inmuebles. Mientras que las obligaciones procesales se diferencian de los deberes procesales en que, correlativamente, existe un derecho subjetivo de alguna persona o del Estado para que el acto se cumpla y para recibir sus beneficios, y tiene un contenido patrimonial. Ejemplos: las de cancelar las costas del proceso y los honorarios de los auxiliares de la justicia, etcétera. De las anteriores precisiones se deduce lo siguiente: Los derechos procesales, tienen las siguientes características: a) Emanan de las normas jurídicas procesales; b) Son derechos públicos y no privados, muchos de ellos de origen constitucional, salvo los de carácter patrimonial como el derecho a cobrar las costas del proceso o los honorarios de justicia, como peritos; c) Son oponibles al mismo Estado y su violación significa una arbitrariedad y un acto ilícito; d) Surgen con ocasión del proceso y se ejercen en él o para iniciarlo; e) Corresponden a las partes y a algunos terceros. Los deberes procesales tienen las siguientes características: a) Emanan de normas procesales; b) Son de derecho público; c) Surgen con ocasión del proceso; d) Corresponden al Juez, las partes y los terceros, según el caso; y, e) Dan lugar a sanciones y a coerción para su cumplimiento. Por su parte, las obligaciones procesales tienen las características señaladas en los incisos a), b), c) y e) de los deberes procesales, pero sólo surgen para las partes y terceros. Por otro lado, las facultades procesales tienen las siguientes características: a) Emanan de las normas procesales; b) Son de derecho público; c) Surgen con ocasión al proceso; d) Corresponden al Juez, a las partes y a terceros, según el caso; e) No se pueden exigir coercitivamente, ni su ejercicio da ocasión a sanciones; y, f) Su no ejercicio no acarrea consecuencias desfavorables. Finalmente, las cargas procesales tienen las características precisadas en los incisos a), b), c) y e), de las facultades procesales, en razón de que corresponden, lo mismo que éstas y los derechos, al grupo de las relaciones jurídicas activas, pero tienen dos peculiaridades que las distinguen: sólo surgen para las partes y unos terceros, nunca para el Juez, y su no ejercicio acarrea consecuencias procesales desfavorables, que pueden repercutir también desfavorablemente sobre los derechos sustanciales que en el proceso se ventilan. Considerando la naturaleza y las características de los derechos, facultades, deberes, obligaciones y cargas procesales, en el auto recurrido se afirma que efectivamente es una carga procesal, para la quejosa, informar lo relativo a si el cheque remitido por parte de la responsable fue cobrado o no a fin de dar cumplimiento con la sentencia de amparo; por tal motivo, no se deben aplicar las medidas de apremio reguladas en el numeral 237 de la Ley de Amparo, pues el hecho de que no se pueda cobrar el cheque, la consecuencia sería para la parte quejosa, ya que en caso de que se pueda cobrar, la consecuencia será desfavorable para la propia parte que represento; empero, no podrá aplicarse como consecuencia, ante la falta de desahogo, o el debido desahogo, la aplicación de alguna medida de apremio, como es la multa o el uso de la fuerza pública, pues como ya ha quedado definido en líneas anteriores, éstas sólo son aplicables a los deberes y obligaciones procesales. En esas condiciones, ser una carga procesal, no se bene (sic) aplicar las medidas de apremio en contra de la parte quejosa. Por otro lado, uno de los principios que rige el juicio de amparo es la buena fe, de manera que se parte del supuesto de que el cheque es cobrado, lo extraordinario sería que no se pudiera cobrar de ahí que no es necesario que se aperciba con dicha medida de apremio, ni mucho menos que se haga efectiva la misma. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘ARRESTO. NO ESTÁ LEGALMENTE PREVISTO COMO MEDIDA DE APREMIO, PARA EL CASO DE QUE EL DEMANDADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NO ASISTA A LA DILIGENCIA DE EMBARGO U OMITA SEÑALAR A PERSONA INSTRUIDA PARA ATENDERLA.’ (la transcribe). Por otro lado, señaló como constancias para remitir al tribunal de alzada, la comparecencia de siete de enero de este año, el auto recurrido de veinticuatro de enero y la constancia de notificación del mismo."
En concreto, la recurrente afirma que lo relativo a informar si el cheque remitido por parte de la responsable fue cobrado o no, a fin de dar cumplimiento con la sentencia de amparo, es una carga y no una obligación procesal; luego, partiendo de ese supuesto, tratándose de las cargas procesales, el no desahogarse trae como consecuencia la pérdida de una oportunidad procesal y, por tal motivo, no se aplican las medidas de apremio reguladas en el numeral 237 de la Ley de Amparo.
Aduce que en el supuesto de que no se pudiera cobrar el cheque, la consecuencia sería para la parte quejosa, empero, no podrá aplicarse como consecuencia, ante la falta de su desahogo o el debido desahogo, la aplicación de alguna medida de apremio como la multa.
Afirma que es desacertado que el Juez le hubiese impuesto una multa por no comunicarle si pudo cobrar el cheque que le fue entregado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que carece de fundamento dicha determinación, pues no existe algún precepto legal que faculte al Juez Federal para formular este tipo de requerimientos con apercibimiento y mucho menos para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento.
Los motivos de disenso hechos valer son sustancialmente fundados.
En efecto, los artículos 196, 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo en vigor, en los que se fundó el a quo para imponer la multa reclamada, disponen:
"Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés.
"Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
"La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.
"Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente.
"Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley."
"Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio:
"I. Multa; ..."
"Artículo 259. En el caso de la fracción I de los artículos 236 y 237 de esta ley, las multas serán de cincuenta a mil días."
De lo anterior se desprende que el primero de los citados numerales regula lo relativo al cumplimiento de las sentencias emitidas en los juicios de amparo, procedimiento que se verifica en la fase de ejecución y cumplimiento de los fallos concesorios del amparo.
Así, el numeral 196 dispone que cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; asimismo, que transcurrido el plazo otorgado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
Sin embargo, dicho precepto no dispone ni autoriza al juzgador federal a imponer sanción alguna en caso de que la parte quejosa no realice manifestación alguna dentro del plazo concedido en la vista que aquél le dé con el informe de cumplimiento de la autoridad responsable; incluso, no prevé ningún apercibimiento sino que señala que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; empero, de ninguna manera regula la imposición de sanción pecuniaria (multa) en caso de que alguna de las partes no haga pronunciamiento en relación con la vista concedida; por tanto, en ese sentido la resolución reclamada deviene ilegal, dado que el a quo le da un alcance a la contestación a la vista prevista por el numeral 196 de la Ley de Amparo, del que carece, habida cuenta que la emisión de dicha resolución de cumplimiento no depende de ella, sino, por el contrario, la propia ley de la materia categóricamente expone que, con o sin la vista, el Juez está obligado a pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria.
Aunado a lo anterior, se infiere que si la parte quejosa no hizo manifestación alguna en el plazo concedido, es porque está conforme con la forma en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo; pero aún más, en caso que no lo estuviere, está en aptitud de interponer el recurso procedente, como lo es la presente inconformidad, y en ella formular los agravios respectivos.
De modo que, atentos a un raciocinio lógico-jurídico y a una correcta lectura de los preceptos legales ya invocados, se concluye que la falta de contestación a la vista no es impedimento para que el Juez de Distrito emita la resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla y, por ende, no puede dar lugar a la imposición de multa.
Por otra parte, el diverso normativo 237 de la ley de la materia dispone que para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las medidas de apremio ahí previstas, entre las que se encuentra la multa.
Sin embargo, dicho numeral no es aplicable al caso concreto, ni apoya la determinación controvertida, toda vez que en el auto combatido, al hacer efectivo el apercibimiento previo con la imposición de la multa, no se estaba vigilando el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de garantías; es decir, el artículo en comento faculta al Juez Federal a imponer dicha sanción para hacer cumplir sus determinaciones; empero, en el particular, el fallo protector del amparo ya estaba cumplido en sus términos, lo que se corrobora incluso con el auto de cumplimiento materia del presente recurso, en donde el a quo estimó que se dio cumplimiento al fallo en ejecución en tiempo y forma, sin exceso ni defecto; pero incluso aun cuando no lo estuviese, ello no sería un acto imputable a la quejosa, sino a la responsable vinculada con el cumplimiento, por lo que, de cualquier manera, la aplicación del referido precepto deviene contraria a derecho.
Por todas las anteriores razones, es inconcuso que la multa decretada a la parte quejosa es ilegal y, por ende, la determinación tomada por el Juez de Distrito en ese sentido es incorrecta; razón por la cual, lo que procede es declarar fundado el recurso de inconformidad que nos ocupa y, en consecuencia, se deja sin efectos la multa impuesta a la quejosa en el auto impugnado.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que aparece publicada como tesis aislada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1367, de rubro y texto siguientes:
"MULTA, EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NO PREVÉ SU IMPOSICIÓN EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA OMITA REALIZAR MANIFESTACIÓN ALGUNA, EN RELACIÓN CON LA VISTA QUE EL JUZGADOR LE DÉ CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-El artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, no dispone ni autoriza al Juzgador Federal a imponer sanción alguna en caso de que la parte quejosa no realice manifestación alguna dentro del plazo concedido en la vista, que aquél le dé con el informe de cumplimiento de la autoridad responsable; incluso no prevé ningún apercibimiento, sino que señala que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; empero, de ninguna manera regula la imposición de sanción pecuniaria (multa) en caso de que alguna de las partes no haga pronunciamiento en relación con la vista concedida; por tanto, si en tales circunstancias el Juez de Distrito, al dictar el auto de cumplimiento del fallo protector en el juicio de garantías, impone una multa a la parte quejosa por no contestar la vista, dicha resolución deviene ilegal, dado que el a quo le da un alcance a la contestación a la vista del que carece, habida cuenta que la emisión de dicha resolución de cumplimiento no depende de ella sino, por el contrario, la propia ley de la materia categóricamente expone que, con o sin la vista, el Juez está obligado a pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria; de modo que la falta de manifestación a la vista no es impedimento para que el Juez de Distrito emita la resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, y por ende, en ese sentido no puede dar lugar a la imposición de multa."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se desecha por improcedente el recurso de queja intentado.
SEGUNDO.-En términos de lo dispuesto en los artículos 201, fracción I y 213 de la Ley de Amparo, el asunto deberá darse de baja como queja, en los libros de gobierno de este tribunal, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y registrarse y darse de alta como inconformidad número 6/2014, en dichos libros, y su sistema; asimismo, comuníquese esta determinación a la oficialía de partes común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.-Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto.
CUARTO.-Se deja sin efectos la multa impuesta a la quejosa en el auto de veinticuatro de enero de dos mil catorce, en los autos del juicio de amparo 2020/2013 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, consistente en la cantidad de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional), equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Notifíquese personalmente a la quejosa, publíquese, anótese en el libro de gobierno de este tribunal y hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; envíese copia de la presente resolución al Juzgado de Distrito de origen; comuníquese lo anterior a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en el punto décimo tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de mayo de dos mil trece, versión actualizada considerando la modificación de los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo y décimo tercero, párrafo segundo, mediante instrumento normativo del nueve de septiembre de dos mil trece; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, sin que sea el caso ordenar la depuración del expediente, debido a que se trata de un asunto de relevancia documental.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Carlos Hernández García, María del Carmen Sánchez Hidalgo y Alma Rosa Díaz Mora, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, siendo ponente la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25061-bd4b56a9/multa-el-articulo-196-de-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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