QUEJA CONTRA LA MULTA IMPUESTA POR INCUMPLIR UNA SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO ESE RECURSO SE INTERPONE POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, EL PLAZO RELATIVO DEBE COMPUTARSE CON BASE EN LAS REGLAS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE LA MATERIA.
QUEJA 234/2016. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ. SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El recurso en que se actúa lo interpone **********, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por su propio derecho, quien está legitimado, pues fue señalado como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, y es a quien el Juez de Distrito le impuso una sanción pecuniaria por no acatar el fallo constitucional, y acude a este medio de defensa como persona física, por lo que tiene acreditada su personería.
Sirve de apoyo, por analogía, lo establecido en la jurisprudencia cuyos contenido y datos de publicación son los siguientes:
"JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." (Registro digital: 2009360. Décima Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Tomo I, junio de 2015. Página: 974 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas».)
TERCERO.-El presente medio de defensa se interpuso dentro del término legal de cinco días que al efecto establece el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, dado que el auto recurrido se notificó al recurrente, por oficio, el ********** (folio ********** del toca **********); sin embargo, toda vez que lo interpone como persona física, el cómputo respectivo debe realizarse conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo; entonces, surtió efectos al día siguiente, es decir, el **********, por lo que el plazo legal transcurrió del ********** al **********, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días **********, por haber sido inhábiles de acuerdo a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Luego, si el recurso de queja se presentó el **********, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es evidente que se hizo oportunamente, pues aún no vencía el plazo legal correspondiente.
CUARTO.-Para el estudio y resolución del presente asunto, se entrega a los Magistrados copia certificada del auto recurrido y del oficio de agravios, quedando a su disposición el toca en que se actúa, al que se agregará copia certificada del acuerdo impugnado.
QUINTO.-El recurrente hizo valer los conceptos de agravio que estimó pertinentes, y que obran insertos en el oficio integrado al presente recurso de queja, siendo innecesario transcribirlos por no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, y atento a lo establecido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del Juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (Registro digital: 164618. Novena Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 58/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, mayo de 2010. Página: 830.)
Es menester precisar que las jurisprudencias invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando, aun aplicando aquella legislación, así como en lo establecido en la siguiente jurisprudencia:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." (Registro digital: 2010982. Décima Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016. Página: 705 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas».)
SEXTO.-Por ser un presupuesto procesal, es necesario analizar la procedencia del recurso de queja; por tanto, a continuación se inserta el auto recurrido:
"Ciudad de México, **********.
"1. Estado procesal.
"Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que las autoridades director general de Administración de Personal, al (sic) director de Asuntos Jurídicos y al (sic) titular, todos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, han sido omisas en remitir copia certificada de la normatividad y tabuladores correspondientes a los valores de **********, y de los sueldos de los años **********, ********** y **********, relacionados con el quejoso.
"No obstante los diversos requerimientos que se les formularon, en los que claramente se les apercibió que de no cumplir con el requerimiento de mérito, sin causa justificada o no acreditar la imposibilidad que les asiste para ello, se les impondría una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.
"Fundamentación.
"- Artículos 66, 67, 193, 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
"- Artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia.
"Acuerdo y/o motivación
"a) Imposición de multa.
"En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de **********, por lo que se impone a cada una las autoridades que enseguida se relacionan, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México:
"- Director General de Administración de Personal;
"- Director de Asuntos Jurídicos; y,
"- Titular.
"Todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México.
"Esto, en razón de que, al tratarse de autoridades gubernamentales, es evidente que éstas no son jornaleras u obreras, y menos personas no asalariadas, ya que forman parte del organigrama de la administración pública de la Ciudad de México, y perciben un salario superior al mínimo, por lo que atendiendo a la contumacia e infracción a la tutela jurisdiccional, la imposición de la multa señalada no implica una sanción excesiva, pues ello va acorde con el actuar de la propia autoridad y del nivel que detenta en la administración pública.
"Máxime que se trata de autoridades dependientes del gobierno de esta Ciudad; esto es, personas que deben proyectar a la sociedad el respeto por las órdenes jurisdiccionales que tutelan la protección constitucional y, en el caso concreto, no obstante múltiples requerimientos, fueron omisas en remitir constancia alguna para demostrar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, actos tendentes a lograr el real y efectivo acatamiento a lo ordenado por la superioridad.
"b) Requerimiento de constancias para ejecutar la multa impuesta.
"En ese orden de ideas, y considerando que resulta indispensable contar con el nombre y domicilio particular de las referidas autoridades, para llevar a cabo las multas impuestas se requiere al director general de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que quede notificado del presente acuerdo, en apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, proporcione la siguiente información relativa a los funcionarios de las autoridades referidas con antelación, que deberá enviar a este Juzgado Federal:
"1) Nombre completo;
"2) Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
"3) Clave Única de Registro de Población (CURP);
"4) Su respectivo domicilio particular; y,
"5) Cualquier otro dato de identificación personal.
"Se apercibe a la autoridad referida que, en caso de no desahogar el requerimiento formulado en el término concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.
"c) Se reitera el requerimiento de constancias.
"En ese sentido, requiérase una vez más a las autoridades director general de Administración de Personal y director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y a dicha secretaría, para que dentro del término de tres días, remitan el original de la copia certificada, la normatividad y tabuladores correspondientes a los vales de ********** y de los sueldos de los años **********, ********** y **********, relacionados con el quejoso.
"d) Apercíbase a las citadas autoridades que, en caso de no cumplir con lo anterior o no manifestar la imposibilidad para ello, dentro del término que se les otorga, de manera indefectible y sin excepción alguna se harán acreedoras a una multa por el equivalente a ciento cincuenta veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 238, párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo, y se requerirá a la perito oficial para que rinda su dictamen con los elementos con que cuente, que obren en autos y que haya aportado la parte quejosa.
"2. La autoridad solicita una prórroga.
"Pretensión.
"El apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en representación de las autoridades requeridas, informa las gestiones que realiza a fin de desahogar el requerimiento formulado el ********** del año en curso (foja 538) y solicita nuevamente una prórroga para tal efecto.
"Fundamentación.
"Artículos 66, 67, 193, 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, así como 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.
"Acuerdo y/o motivación
"a) Este Juzgado de Distrito toma conocimiento de las gestiones que realiza la autoridad oficiante, a fin de desahogar el requerimiento de mérito.
"b) Respecto de la prórroga que solicita, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en el presente auto.
"Notifíquese.
"Así lo proveyó y firma Fernando Silva García, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con el licenciado Vicente López Huerta, secretario que autoriza y da fe. Doy fe."
Ahora, el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"...
"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional."
Lo anterior implica que el recurso de queja es procedente en dos supuestos, a saber:
1) Cuando se impugna una resolución dictada durante la tramitación del juicio o incidente de suspensión, siempre y cuando la resolución recurrida no admita expresamente el recurso de revisión, y los daños y perjuicios que aquélla pudiera ocasionar no sean susceptibles de reparación en la sentencia definitiva.
2) Cuando se impugna una resolución dictada después de fallado el juicio.
El supuesto mencionado en segundo lugar tiene por objeto, entre otros, evitar que con respecto a las determinaciones tomadas por los Jueces de Distrito en la etapa de ejecución de las sentencias de amparo, se tenga abierta la posibilidad de impugnar, mediante el recurso de queja, las violaciones que pudieran surgir, en demérito del principio de celeridad que rige la etapa de cumplimiento del fallo protector.
Efectivamente, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que el recurso previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, procede únicamente tratándose de resoluciones dictadas después de fallado el juicio, siempre que las violaciones no sean reparables por las autoridades que de él conozcan; máxime, cuando el auto recurrido está vinculado con el cumplimiento de la sentencia de amparo.
Esta condición no se actualiza en el presente asunto, habida cuenta que, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, todas las cuestiones relativas deben ventilarse a través de los procedimientos establecidos en los artículos 192 a 198 de la ley de la materia, de manera que cualquier violación cometida en el procedimiento podrá ser reparable, por virtud de la resolución que conforme a dichos preceptos llegara a dictar el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, los referidos artículos 192 al 198 de la Ley de Amparo establecen:
"Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.
"En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
"Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.
"El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga."
"Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.
"Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
"En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.
"En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.
"Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.
"El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.
"Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico."
"Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.
"La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo."
"Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal."
"Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés.
"Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
"La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.
"Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente.
"Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley."
"Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo."
"Artículo 198. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda.
"Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de esta ley.
"Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.
"Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria.
"En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior."
De las porciones normativas preinsertas, incluidas en el capítulo denominado "Cumplimiento e inejecución" de la Ley de Amparo, se obtiene que la autoridad que haya conocido del juicio, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, están obligados a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias federales.
Para lograr tal objetivo, el artículo 211 de la ley de la materia otorga la facultad a la autoridad que conoció del juicio, para dictar u ordenar todas las medidas de apremio necesarias a efecto de obviar los obstáculos que pudieran entorpecerlo.
Por su parte, el artículo 193 del ordenamiento legal en consulta establece que si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida, el órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas procedentes. Si a pesar de haber agotado todos los medios existentes la autoridad es renuente en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que determine lo conducente.
De lo anterior se colige que el recurso de queja no resulta procedente cuando, como en el caso, se impugna un acuerdo dictado por el Juez de Distrito para lograr el cumplimiento de la sentencia y se planteen como agravios, justamente, que la multa impuesta por el Juez Federal es indebida, toda vez que, en ese supuesto, la litis en el recurso versaría sobre el procedimiento seguido por el Juez de Distrito para obtener el cumplimiento del fallo protector, lo que constituye una cuestión propia de la materia reservada al conocimiento de los asuntos tramitados en la vía del incidente de inejecución.
Así, de considerar procedente el citado medio de defensa bajo la referida hipótesis, significaría tergiversar los procedimientos previstos en la ley, permitiendo que a través de un recurso de queja fundado en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se obstaculice la tramitación del procedimiento de ejecución de una sentencia protectora.
Por tanto, al no satisfacerse los supuestos de procedencia del recurso de queja previsto en el numeral indicado, se debe declarar improcedente el medio de impugnación intentado.
Resulta ilustrativa, por analogía, por su sentido y, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia:
"QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR.-Por disposición del artículo 105, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución General de la República, la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, requiriendo, de oficio o instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento debe realizarse directamente a ella. Y, cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. Luego, cuando no se obedece la ejecutoria, a pesar de los requerimientos referidos, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley. Por tanto, es dable considerar que en dicho dispositivo se encuentra implícita la facultad consistente en requerir a todas aquellas autoridades, o partes en el juicio de garantías, que de alguna forma se encuentren vinculadas con dicho objetivo; y si a pesar de haber agotado todos los medios existentes la autoridad es renuente en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se enviarán, como ya se estableció, los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que no se satisfagan los supuestos de procedencia del recurso previsto en la citada fracción VI, del artículo 95, de la Ley de Amparo, que se hacen consistir en que la resolución recurrida no admita expresamente el recurso de revisión y los daños y perjuicios que aquélla pudiere ocasionar no sean susceptibles de reparación en la sentencia definitiva; o bien, que las resoluciones dictadas después de fallado el juicio en primera instancia, no sean reparables por el Juez de Distrito, el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya se vio, el auto de requerimiento que se impugna, en su caso, es susceptible de ser reparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ulterior recurso; y, por ende, la queja resulta improcedente." (Registro digital: 182117. Novena Época. Primera Sala. Jurisprudencia 1a./J. 61/2003. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, febrero de 2004. Página: 52.)
La parte que interesa de la ejecutoria que dio origen a la preinserta jurisprudencia, en su parte considerativa determinó lo siguiente:
"Ahora bien, a efecto de ubicar en su justa dimensión el problema que se plantea, se estima necesario establecer, previo a cualquier otra consideración, cuál es el concepto reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina, respecto a la definición aceptada de ‘recurso’.
"Así, se tiene que la doctrina procesal ha sido uniforme al considerar que ‘recurso’, como su propia denominación lo indica, es un volver a dar curso al conflicto, un volver, en plan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27121-a9043a81/queja-contra-la-multa-impuesta-por-incumplir-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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