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Modo: Corpus Pro

SENTENCIA DE AMPARO. EN EL AUTO QUE LA DECLARA CUMPLIDA, LA PERSONA JUZGADORA DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE SI EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO ESTÁ JUSTIFICADO Y SI DEJA SIN EFECTOS LA MULTA IMPUESTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

Tipo de asunto: QUEJA 83/2025. · Registro digital (IUS): 33721
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-10-31
Promovente: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo V, Volumen 1, Pág.195.

QUEJA 83/2025. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS. 25 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. SECRETARIO: ARMANDO MANUEL PÉREZ TRUJILLO.

Zacatecas, Zacatecas. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

VISTO, para resolver, el recurso de queja administrativo 83/2025; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Interposición del recurso de queja. **** ******* ******* ********, en su carácter de Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por su propio derecho, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de queja en contra del auto pronunciado el cuatro de diciembre del año próximo pasado, por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, dentro del juicio de amparo indirecto *********, de su índice.

2. SEGUNDO. Admisión del recurso. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito admitió a trámite el recurso de queja, que se registró bajo el expediente 83/2025.

3. TERCERO. Turno e integración. Por auto de diez de febrero de este año se turnó este asunto al Magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

4. Asimismo, se hizo saber a las partes que este tribunal está integrado por los magistrados Gelacio Villalobos Ovalle (presidente) y Juan Gabriel Sánchez Iriarte, así como por la secretaria en funciones de magistrada Lorena Casillas Baca, y,

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, es legalmente competente para conocer y resolver este recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e), y 103 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, fracción III, y 210, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2021, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo en cita que adicionó al primigenio en sus fracciones XXXIII y XXXIV, ambos en relación con el Acuerdo General número 20/2019 que determina el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional.

6. Lo anterior, en virtud de que se recurre un auto dictado por un juzgado de distrito, con residencia en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano colegiado, en el que se negó dejar sin efectos las multas impuestas por desacato al cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

7. SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de queja se interpuso dentro del plazo de cinco días, previsto en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, como se corrobora enseguida:

a) La resolución recurrida se notificó por oficio a la parte inconforme el nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.(1)

b) Esa notificación surtió efectos el mismo día, según lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, del ordenamiento legal en cita.(2)

c) El plazo para impugnar la resolución recurrida transcurrió del diez al dieciséis de diciembre de la anualidad pasada.

d) De dicho plazo hay que descontar el catorce y quince de diciembre de dos mil veinticuatro, por haber sido sábado y domingo, respectivamente; inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo(3) y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(4)

e) El pliego de expresión de agravios se presentó el once de diciembre de dos mil veinticuatro; por consiguiente, su interposición se hizo de manera oportuna. Lo anterior se ilustra con el calendario siguiente:

Ver calendario

8. TERCERO. Procedencia del recurso. Es procedente el recurso de queja conforme al artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:

“Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

[...]

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;

...”

9. Se actualiza el supuesto de procedencia indicado, toda vez que se combate una resolución que fue emitida después de dictada la sentencia en audiencia constitucional, contra la cual no procede el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio a la parte inconforme, que ya no puede ser reparada en sentencia definitiva.

10. Ello es así, porque mediante el acto recurrido se negó dejar sin efectos las multas impuestas dentro del juicio de amparo *********, las que, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 5/2020, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, MEDIANTE EL CUAL IMPONE MULTA A LA AUTORIDAD POR NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, Y NO EL DIVERSO DE INCONFORMIDAD.”,(11) ocasionan una carga económica que impacta en el patrimonio de las personas físicas que ostentan el cargo y que no es posible combatir directamente por otra vía.

11. Por tanto, a fin de garantizar un medio efectivo al recurrente para controvertir lo determinado en el acto impugnado, el recurso de queja es procedente.

12. CUARTO. Legitimación. **** ******* ******* ********, en calidad de persona física que desempeña el carácter de funcionario público sancionado, como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, está legitimado para interponer este recurso de queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con los diversos numerales 5o., fracción II(12) y 6o,(13) ambos de la Ley de Amparo, en tanto que la negativa de dejar sin efecto la sanción impuesta relacionada con el incumplimiento a la ejecutoria de amparo, le causa agravio en virtud de que debe ser pagada con su patrimonio.

13. Sirve de apoyo a lo anterior, por el contenido que las conforman, las jurisprudencias 2a./J. 103/2014 y 2a./J. 142/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (antes transcritas) de títulos: “PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO.”(14) y, “SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO.”(15)

14. QUINTO. Antecedentes. Las constancias del juicio de amparo indirecto *********, consultables en el expediente electrónico, muestran lo siguiente:

Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, **. ****** ***** ** ****, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

“3) AUTORIDAD RESPONSABLE:

Las autoridades responsables son:

3.1) La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con domicilio conocido.

3.2) El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con domicilio conocido.

4) ACTOS RECLAMADOS:

De ambas autoridades, reclamo la omisión de efectuar el pago de aguinaldo derivada de mi pensión, correspondiente a la anualidad de dos mil veintiuno (1) y a la anualidad de dos mil veintidós (2).”

Sentencia. Una vez admitida la demanda de amparo y seguido el juicio por su cauce procesal, el uno de febrero de dos mil veinticuatro, la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas dictó la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto identificado con el número *********, misma que concluyó con el punto resolutivo que se transcribe a continuación:

“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **. ****** ***** ** ****, contra los actos reclamados a la (1) Junta Directiva; y al (2) Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, conforme a los argumentos y motivos aducidos en el considerando sexto, para los efectos especificados en el correlativo séptimo.”

Efectos del fallo protector. Estos se hicieron consistir en los siguientes:

“SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables (1) Junta Directiva; y (2) Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad:

• Realicen las gestiones y trámites correspondientes para que inmediatamente regularicen el pago de aguinaldo, correspondiente a los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de la parte quejosa.

En la inteligencia de que ello no coarta la facultad con la que cuenta el órgano correspondiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas para, en su caso, suspender, modificar o anular dicha prestación social, en términos de las disposiciones relativas.”

Causa ejecutoria. En proveído de veintitrés de febrero de la anualidad pasada, la Jueza Tercero de Distrito declaró que la sentencia había causado ejecutoria y, por tanto, requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades obligadas para tal efecto, a saber: Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Requerimiento. Mediante acuerdos de seis y veinte de marzo, diez y veinticuatro de abril, todos de dos mil veinticuatro, requirió nuevamente a las autoridades responsables (entre estas, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas), para que dentro del plazo de cinco días acreditaran el pago del aguinaldo adeudado y las apercibió, que de no hacerlo en dicho plazo, sin causa justificada, se les sancionará en lo individual con una multa de cien unidades de medida y actualización, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución.

Multas. Por autos de diez de abril y trece de mayo, ambos de dos mil veinticuatro, la Jueza de Distrito precisó que la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ha sido omisa en realizar los actos requeridos a efecto de dar cumplimiento con la ejecutoria protectora, pese a que se han realizado vastos requerimientos y concedido términos prudentes, los cuales fueron debidamente notificados y en cada uno de ellos transcurrió el término concedido. Incluso, destacó la existencia de un fondo para el ejercicio fiscal de ese año que se creó para atender la problemática que presenta el Instituto, en relación con las prestaciones derivadas de las pensiones, entre las que se encuentra el aguinaldo, lo que revelaba que la actitud omisiva de la responsable no se encontraba justificada, pues contaba con recurso para hacer frente a las obligaciones impuestas; sin embargo, nada había hecho para cumplir con ellas.

Por lo anterior, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, impuso a las autoridades responsables —en cada auto—, entre ellas, a **** ******* ******* ********, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, una multa de CIEN y CIENTO CINCO unidades de medida y actualización (UMA), lo que equivale a las cantidades de $10,857.00 (diez mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100) y $11,399.85 (once mil trescientos noventa y nueve pesos 85/100), respectivamente.

Cumplimiento al fallo protector. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto de su Coordinador General Jurídico, informó sobre el cumplimiento a la sentencia concesoria y para acreditar el acatamiento adjuntó comprobantes de pago CFDI y transferencias bancarias realizadas a la parte quejosa, correspondientes al pago de aguinaldo de las anualidades 2021 y 2022. En acuerdo de ocho de julio siguiente se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo protector, para que manifestaran lo que a su interés conviniera.

Sentencia cumplida. En auto de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro se declaró cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por **. ****** ***** ** ****.

Solicitud para dejar sin efecto las multas impuestas. Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinticuatro, en la oficialía de partes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, **** ******* ******* ********, solicitó se dejaran sin efecto las multas impuestas en proveídos de diez de abril, trece de mayo y once de julio [sic] todos de dos mil veinticuatro. Lo anterior, refirió, considerando que el cumplimiento extemporáneo se encontraba debidamente justificado en la falta de liquidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por lo que no existió contumacia o reticencia por parte de la autoridad. En auto de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (auto recurrido), la Jueza se pronunció sobre dicha solicitud, la que no fue acordada de manera favorable, por las consideraciones siguientes:

“Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, mediante el cual solicita la cancelación de las multas impuestas en autos, al ya encontrarse concluido el presente asunto.

No ha lugar a cancelar la multa

Sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que la resolución mediante la cual se impuso la multa a la que hace alusión, fue debidamente notificada por oficio a la autoridad responsable, por lo que, al no haber sido recurrida, quedó firme; de ahí que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para revocar sus propias determinaciones.

Ahora, no es inadvertido que cita la jurisprudencia P./J.61/2014 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO, PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA VALORAR LA LEGALIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS A DICHO CUMPLIMIENTO, CUANDO ÉSTE FUE EXTEMPORÁNEO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)”, en la que se establece que es factible dejar insubsistentes las multas que se hayan impuesto de manera ilegal en el procedimiento de ejecución y la forma en que se debe analizar dicha circunstancia.

Sin embargo, en modo alguna faculta al juez que las impuso para revocarlas o dejarlas insubsistentes, pues —se insiste— que hacer lo de esa manera implicaría revocar propias determinaciones, lo que no está permitido por la Ley de Amparo, ya que en todo caso, quien debe analizarlas es el propio Tribunal Colegiado al resolver el recurso de queja interpuesto contra las mismas, o bien, al analizar el incidente de inejecución de sentencia, de ahí que no sea procedente su petición.

[...]

Notifíquese...”

15. SEXTO. Análisis de los agravios. Los motivos de inconformidad expresados por el recurrente son esencialmente fundados, atendidos en su causa de pedir, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 69/2000, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(16)

16. En ellos se aduce, en esencia, lo siguiente:

• El Alto Tribunal ha establecido que la finalidad del procedimiento de ejecución es el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, no así la asignación de responsabilidades y sanciones.

• De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 61/2014 (10a.) al analizarse si el cumplimiento al fallo protector fue justificado o no, también deberá valorarse la legalidad de las multas impuestas y atendiendo a las circunstancias del caso podrán dejarse sin efectos.

• Al pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria, el juez omitió analizar la legalidad de la multa, atendiendo a las circunstancias suscitadas en torno a los efectos de la concesión.

• El retraso en el pago al quejoso se debió a la falta de recursos financieros, lo que a su vez revela la falta de contumacia o reticencia por parte de la autoridad, por lo que no estaba justificada la imposición de la sanción pecuniaria.

• A fin de acreditar que el retraso en el cumplimiento no le era imputable aseveró haber informado al Juez de Distrito lo siguiente:

“• El déficit por el que atraviesa este organismo, deriva en gran medida por el retraso en el cumplimiento de las aportaciones, cuotas y prestaciones respectivas por parte de algunas dependencias y entidades de la administración pública adheridas al régimen del Instituto, además del reconocimiento y otorgamiento de prestaciones a pensionados y jubilados sin sustento legal ni financiero.

• El Instituto, por concepto de cuotas y aportaciones, recibe mensualmente la cantidad de $**********.** (******* * ***** ******** *********** ******* * *** *** *********** ******** ***** *0/100 M.N.).

• El gasto mensual, incluyendo el pago de la nómina de pensiones, los salarios del personal del Instituto, así como los gastos de operación, corresponde a $***********.** (****** ******* * *** ******** *********** ********** *** ****** ******** * ** ***** ****** M.N.).

• Además, se cuenta con el estudio actuarial que muestra la situación del fondo de pensiones disponible se encuentra en la página en Internet del Instituto (www.issstezac.gob.mx)”.

• Para pagar el aguinaldo dos mil veintiuno se requerían $***********.** (****** ********* * **** ******** ****** *** ****** ******* * **** pesos 00/100 moneda nacional) y para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós el numerario de $***********.** (****** ******* * ***** ******** ****** **** *** *********** ******* * ****** pesos 00/100 moneda nacional); y, al no contar con dicha suma el instituto, es que los pensionados acudieron a reclamar su pago a través del juicio de amparo.

• Por tanto, ante la falta de recursos se configuró una imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento al pago de la prestación denominada aguinaldo.

• Luego de que la liquidez del instituto lo permitió, se realizó el pago a la quejosa y la jueza tuvo por cumplido el fallo protector, pero sin pronunciarse sobre la ilegalidad de la multa impuesta, además de que, posteriormente, se negó a dejarla sin efectos, alegando que se encuentra imposibilitada para revocar sus propias determinaciones; no obstante, en atención a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el juzgador si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, podía pronunciarse sobre la subsistencia de la sanción impuesta, al no existir ningún precepto legal que lo impidiera. • Como hecho notorio, señala que hasta la fecha se han pagado, por concepto de aguinaldo para los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós, la suma de $***********.** (****** ********** ******** *********** ******** * ***** *** ******* * ***** ***** **/100 moneda nacional) y $ **********.** (******* * ***** ******** *********** ********* * ***** *** *********** ******* pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente.

• Por lo que, a pesar de la carencia económica del instituto, no existió contumacia o negativa injustificada por parte de la autoridad responsable.

• Como acciones encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, destaca:

• La junta directiva celebró sesión extraordinaria el ocho de febrero del año en curso (sic), en la que se aprobó el acuerdo ************* ***, en la que autorizó que los montos obtenidos de la venta de bienes del instituto sean destinados al pago del aguinaldo de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Además de que se dieron instrucciones a la Dirección General para realizar acciones y gestiones conducentes, a fin de modificar el acuerdo o decreto expedido por la legislatura del Estado, por el que se expidieron las bases para la enajenación de los bienes que constituyen la reserva técnica del instituto. Y para tal efecto señala los decretos relativos a los bienes en comento.

• Mientras que el veintitrés de marzo del año en curso (sic) la empresa *********, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su director general, informó que estaba en proceso de radicar los recursos para concretar la compra del predio localizado en el polígono “*”, con una superficie de ****** m2 (******* * ***** *** *********** **** metros cuadrados), Calzada Héroes de Chapultepec s/n, en Zacatecas, Zacatecas. Sin que a la fecha se haya concretado la compraventa, siendo dicha circunstancia ajena al recurrente, ya que depende de la voluntad de un tercero.

• De lo anterior, el tribunal colegiado concluirá que debe dejarse sin efectos las multas impuestas, dado que el cumplimiento extemporáneo de fallo se encuentra debidamente justificado con la falta de liquidez; aunado a que existen pruebas que demuestran que no existió contumacia o reticencia por parte de la autoridad.

• Por tanto, se estima injusta la multa impuesta, por obligarse al funcionario a asumir una carga de la que no tiene obligación; ya que no existe evidencia de que el organismo que dirige haya tenido disponible el recurso para cumplir con el pago de la prestación reclamada y de que se hubiese omitido hacer la erogación de forma caprichosa.

• Considerando que la intención que subyace en la etapa de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo, lo cual ha ocurrido en el asunto, por lo que solicita se dejen sin efectos las multas impuestas a la autoridad responsable en autos de diez de abril, trece de mayo y once de julio [sic], todos de dos mil veinticuatro, máxime si no existe ninguna limitante que impida al juez pronunciarse en tal sentido.

17. Los agravios expresados, como se anticipó, son esencialmente fundados.

18. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 1618/2013, 55/2014, 1262/2013, 1858/2013 y 1566/2013 resolvió, en lo que interesa, lo siguiente:

• Dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, surgen algunas cuestiones que se considera necesario puntualizar, en específico, las relacionadas con la imposición de sanciones (multa, separación y consignación a las autoridades contumaces) y respecto de la forma en que deberán proceder los órganos jurisdiccionales frente al actuar de las autoridades en el contexto del procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo.

• La ley es clara en determinar que, si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades.

• Resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el juez penal.

• Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, el enjuiciamiento de las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino la finalidad del sistema de ejecución de sentencias prevista en la Ley de Amparo consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, se prevé en la ley un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo.

• Es en atención a ello, que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa, como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad cumple la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si la autoridad no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento que podrá concluir con la separación del cargo y consignación.

• El incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo.

• Importa precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como y, especialmente, en el requerimiento de la sentencia de amparo, pues en la medida en que estos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo.

• Por otro lado, debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia amparo, ciertos procedimientos que no son necesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, pues de ellos no depende una condición de exigibilidad del fallo.

• En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda), para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas —actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales— que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo.

• También deberá ser valorado por el órgano que corresponda, Juez de Distrito, Tribunal Colegiado o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.

• Igualmente debe tomarse en cuenta para valorar la posible justificación del cumplimiento extemporáneo del cumplimiento, si existen hechos notorios que claramente revelen un esfuerzo considerable de las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector para acatar numerosas sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad de actos emitidos por autoridades diversas y cuyo cumplimiento extemporáneo se puede justificar por la insuficiencia de recursos humanos o materiales para cumplir oportunamente.

• Respecto de las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales que conozcan previamente del procedimiento de ejecución de sentencia, es importante señalar que el juzgador de amparo podrá imponer válidamente la multa respectiva a la autoridad responsable o a una diversa vinculada al cumplimiento del fallo protector, siempre y cuando en el plazo razonable que se otorgue para el acatamiento de la sentencia no cumpla con ésta o no acredite alguna causa justificada para ello e, incluso, en el supuesto de que su omisión a responder en el plazo otorgado sobre la información relativa a qué autoridades en el ámbito de su competencia, tienen las atribuciones necesarias para acatar la sentencia.

• En ese orden, al analizarse si el cumplimiento extemporáneo del fallo protector fue justificado o no, deberá valorarse también la procedencia de la imposición de multas, pues atendiendo a las circunstancias del caso, se podrán dejar sin efectos.

19. Consideraciones y, otras más, que dieron origen a las jurisprudencias

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33721-bd732abf/sentencia-de-amparo-en-el-auto-que-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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