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RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CUANTIFICA EL MONTO A CUBRIR DERIVADO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, PUES TIENDE A RETARDAR U OBSTACULIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA. RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PRECISAN, CUANTIFICAN O CONCRETAN LA FORMA O TÉRMINOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, ATENTO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA QUE ÉSTA ADQUIERE AL CAUSAR EJECUTORIA. RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, YA QUE SUS OBJECIONES AL RESPECTO PUEDEN SER ATENDIDAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO O POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL MEDIO DE DEFENSA CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: QUEJA 516/2017. · Registro digital (IUS): 27707
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-03-23
Promovente: DELEGADA AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y OTRO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Pág. 3183.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CUANTIFICA EL MONTO A CUBRIR DERIVADO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, PUES TIENDE A RETARDAR U OBSTACULIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PRECISAN, CUANTIFICAN O CONCRETAN LA FORMA O TÉRMINOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, ATENTO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA QUE ÉSTA ADQUIERE AL CAUSAR EJECUTORIA.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, YA QUE SUS OBJECIONES AL RESPECTO PUEDEN SER ATENDIDAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO O POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL MEDIO DE DEFENSA CORRESPONDIENTE.

QUEJA 516/2017. DELEGADA AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y OTRO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. SECRETARIO: NOEL ISRAEL LOERA RUELAS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Improcedencia del recurso. El recurso de queja es improcedente, conforme a las siguientes consideraciones.

En el caso, las autoridades recurrentes impugnan la resolución de cinco de julio de dos mil diecisiete, en la cual el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, cuantificó las cantidades que la autoridad responsable deberá pagar al quejoso con motivo de la concesión del amparo indirecto 1165/2015.

El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

"...

"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional."

Si bien el numeral 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo abre la procedencia para impugnar las resoluciones que se dicten después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional, lo cierto es que su impugnación se condiciona, en esa misma norma, a que se trate de resoluciones que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes; requisitos que tampoco se pueden estimar actualizados, ya que se trata de la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de sentencia, emitido en cumplimiento del fallo protector, conforme a la cuantificación de las prestaciones que el quejoso debe recibir y, determinadas en un procedimiento.

En efecto, la procedencia del recurso de queja no aplica tratándose de aquellas resoluciones que aun cuando son emitidas después de dictada la ejecutoria de amparo, con ellas se pretende obtener el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, como lo es la resolución que define o concreta la forma o términos del cumplimiento de la sentencia de amparo.

Esto, porque debe tenerse en cuenta que los medios de impugnación en los que se cuestionan esas resoluciones tienen como finalidad obstaculizar, retrasar, entorpecer o, incluso, evadir el cumplimiento de una sentencia de amparo, lo que no es válido jurídicamente, porque con ello se desnaturaliza el juicio de amparo como un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales.

En este contexto, es dable tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia, ha determinado que debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, bajo el pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo.

La jurisprudencia a la que se hace alusión en esta parte de la ejecutoria, es del tenor literal siguiente:

"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso". Décima Época. Registro digital: 2007914. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014. Materia: común. Tesis: P./J. 58/2014 (10a.). Página: 11 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas».

De lo anterior puede colegirse que, de estimar que deben admitirse y resolverse los recursos de queja interpuestos por las autoridades, en contra de las resoluciones que tienden a buscar el cumplimiento de una sentencia de amparo, se estarían justificando procedimientos ilegales que truncan el objetivo de dar inmediato cumplimiento a dichas ejecutorias.

Cierto, este órgano judicial toma en cuenta que la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento, al promover recursos como el que nos ocupa, tiene como objetivo no cumplir con el mandato federal de manera inmediata, utilizando los medios de impugnación que contienen hipótesis tan generales para legitimar sus evasivas para obedecer el fallo, cuando una sentencia de amparo debe analizarse en función de los efectos plasmados en la propia ejecutoria.

Se expone tal aseveración, porque es evidente que un juicio de amparo involucra que un órgano jurisdiccional analice la violación a derechos fundamentales y juzgue la actuación de las autoridades responsables; el cual, al resolverse por la autoridad federal, en el sentido de concederse el amparo peticionado y posteriormente declararse firme o causar ejecutoria la sentencia, esta determinación adquiere la categoría de cosa juzgada, que implica que debe ordenarse el cumplimiento de tal determinación, con la finalidad de que se respeten, protejan y garanticen los derechos vulnerados.

Así, es preciso hacer hincapié en el hecho de que el proceso constitucional de amparo se rige por el principio de cosa juzgada, el cual impide que lo resuelto en definitiva pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, por razones de seguridad jurídica.

Dicho principio se contiene en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en donde se determina, expresamente, que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.

Bajo este orden de ideas, también es necesario mencionar que por imperativo del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, no puede archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional; por lo cual, el juzgador debe evitar que cualquier acto dilatorio pueda impedir que la situación de cosa juzgada sea nugatoria.

Este panorama revela que las actuaciones de las autoridades responsables deben cumplir toda decisión en que se haya estimado procedente la concesión del amparo, como consecuencia de que precisamente la conducta que realizó y que se juzgó por la autoridad federal como contraventora de derechos en perjuicio del quejoso, es la que tiene que ser reparada a la brevedad posible y en los términos más amplios.

Cierto, el derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos, constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho en México, lo cual puede entenderse de la interpretación del contenido de los artículos 1o. y 107 de la Constitución Federal, que disponen:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

"Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

"No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional."

De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25 y en el diverso 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos disponen:

"Artículo 25. Protección judicial

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados Partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

"Artículo 2.

"1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

"2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

"3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

"a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

"b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

"c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

De los preceptos de referencia puede concluirse que cualquier autoridad competente se encuentra obligada a cumplir con el deber legal de adoptar las medidas que le son impuestas en la sentencia, para que, en el más breve plazo, se consiga por el quejoso la restitución material; esto es, con toda decisión que se haya estimado procedente, entre ellos, la decisión del incidente de cuantificación de sentencia.

Lo expuesto tiene sustento en el hecho de que el Alto Tribunal, en recientes criterios, considera que cualquier aproximación que se quiera proponer en la actualidad sobre la forma de reparar la violación a un derecho fundamental a través de su restitución, debe partir de que la moderna teoría de los derechos fundamentales entiende que éstos no sólo comportan prohibiciones que se traducen en obligaciones negativas, sino que también establecen obligaciones positivas y presuponen la existencia de deberes generales de protección a cargo de las autoridades estatales.

De esta manera, cuando se ha violado un derecho que impone a la autoridad la obligación de realizar una conducta positiva, la restitución no puede conseguirse simplemente anulando el acto de autoridad, sino obligando a ésta a que realice la conducta ordenada por el derecho en cuestión. En esta parte es ilustrativa la tesis aislada 1a. LI/2017 (10a.), que dice:

"REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO VULNERADO QUE SE ORDENE EN EL JUICIO DE AMPARO CONSTITUYE LA MEDIDA DE REPARACIÓN PRINCIPAL Y CONLLEVA OBLIGACIONES TANTO NEGATIVAS COMO POSITIVAS A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Esta Primera Sala advierte que la restitución del derecho violado es la medida de reparación asociada históricamente con el juicio de amparo. Al respecto, los tratadistas clásicos en amparo han entendido que los efectos de una sentencia estimatoria de amparo consisten en anular el acto reclamado y sus consecuencias, con lo cual se consigue regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Esta manera de entender la sentencia de amparo se conecta con una aproximación tradicional a los derechos fundamentales, de acuerdo con la cual éstos se limitan a imponer obligaciones negativas a cargo de las autoridades estatales. Sin embargo, esta Primera Sala considera que cualquier aproximación que se quiera proponer en la actualidad sobre la forma de reparar la violación a un derecho fundamental a través de su restitución, debe partir de que la moderna teoría de los derechos fundamentales entiende que éstos no sólo comportan prohibiciones que se traducen en obligaciones negativas, sino que también establecen obligaciones positivas y presuponen la existencia de deberes generales de protección a cargo de las autoridades estatales. De esta manera, cuando se ha violado un derecho que impone a la autoridad la obligación de realizar una conducta positiva, la restitución no puede conseguirse simplemente anulando el acto de autoridad, sino obligando a ésta a que realice la conducta que está ordenada por el derecho en cuestión. Lo anterior es acorde con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, el cual señala que cuando ‘el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación’; mientras que en los casos en los que ‘el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión’, la restitución consistirá en ‘obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija’. En conexión con esta forma de reparar la vulneración a los derechos, la propia Ley de Amparo otorga amplios poderes a los jueces de amparo para dictar las medidas necesarias para lograr la restitución del derecho. El citado artículo 77 señala expresamente que el Juez de amparo podrá establecer en la sentencia estimatoria ‘las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho’. En este sentido, la fracción V del artículo 74 que establece que la sentencia de amparo debe contener ‘los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo’, debe leerse en conexión con lo dispuesto en el citado artículo 77, el cual precisa que la finalidad de esas medidas es lograr la restitución del quejoso en el goce del derecho violado, aunque a la luz de la aludida comprensión amplia de ese concepto."

Para ello, el Estado también tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de toda decisión; es decir, hacer cumplir las determinaciones judiciales, de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria.

En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 193 de la Ley de Amparo, en su parte conducente establece: "En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto."

De lo expuesto se tiene que, tratándose de una sentencia en la que el Juez tenga que definir y concretar la forma y términos de su cumplimiento, de oficio debe abrir un incidente para precisar o definir la forma en que la autoridad debe proceder, lo que implica que al hacerse una condena de pago tenga que cuantificarse la cantidad líquida a cubrir, lo cual le impone al Juez el deber de fijar aquélla con fundamento en los lineamientos que dio en la propia ejecutoria.

La cuantificación de la sentencia tiene únicamente el objetivo de hacer líquida una ejecutoria de amparo, para tener las bases precisas y claras sobre las cuales se va a constreñir a las autoridades responsables que cumplan con la sentencia, y ello permite colegir que dicha resolución no puede ser objeto de cuestionamiento por parte de aquéllas, ya que implica la inconformidad con los propios efectos a los que se contrajo la sentencia de amparo, que adquirió la categoría de cosa juzgada.

De ahí que aceptar un recurso por parte de las autoridades responsables en contra de la resolución que decide un incidente de cuantificación o de liquidación de sentencia, sustanciado en términos de aquella disposición, implicaría admitir una nueva oportunidad para cuestionar los efectos a los que se contrajo la ejecutoria de amparo, lo cual afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para los justiciables, lo que impide la admisibilidad de recursos que vayan en detrimento de dicha institución.

De ahí que cuando el Juez Federal cuantifica los montos líquidos para obtener el cumplimiento de la sentencia, mediante la sustanciación del incidente respectivo, en donde ambas partes tuvieron la oportunidad de alegar respecto de la cuantificación y ofrecer sus pruebas, es evidente que pudieron ser escuchadas en su defensa, lo cual evidencia que ni siquiera pueda pensarse en que pueda transgredirse su derecho a un recurso eficaz.

Al respecto es aplicable, por analogía y mayoría de razón, la tesis aislada de título, subtítulo y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo.". Décima Época. Registro digital: 2014019. Instancia: Segunda Sala. Tesis: aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Tomo II, marzo de 2017. Materias: constitucional, común. Tesis: 2a. XLIX/2017 (10a.). Página: 1391 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas».

En el caso a estudio, las autoridades recurrentes plantean que las consideraciones del Juez Federal son incorrectas, por la forma en que se cuantificó la cantidad a pagar al quejoso.

Como se ve, las autoridades recurrentes tienden a oponerse al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; es decir, las violaciones que se hacen valer guardan relación con el cumplimiento de la ejecutoria respectiva; de ahí que se estime que pretenden dilatar el acatamiento de la concesión del juicio de amparo indirecto, lo que se traduce en una actuación ilegal por parte de la autoridad responsable y, en ese sentido, debe desecharse el recurso por notoriamente improcedente.

De manera que la oposición a la emisión de la resolución por parte de las autoridades responsables, por estar insatisfechas en su cuantificación, no puede ser motivo de un recurso de queja, ya que precisamente se atiende a que combate las consideraciones hechas por el Juez Federal, no en ejercicio de su libre arbitrio judicial, sino por virtud de los propios lineamientos que se dieron en la sentencia de amparo y que únicamente cuantificó, a lo que estaba obligado en términos del artículo 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo.

En otras palabras, ese tipo de prácticas o interposición de recursos por parte de la autoridad responsable, de darle cauce, implicaría justificar la oposición a la medida que tiene como finalidad hacer efectiva y real la protección constitucional en reparación de las violaciones determinadas en la sentencia, pues es claro que van dirigidos a oponerse a la categoría de la cosa juzgada. En efecto, si se determinó que la autoridad vulneró garantías individuales y la resolución de liquidación de sentencia únicamente precisa monetariamente cuál es la condena que se de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27707-3a9d16b4/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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