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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: QUEJA 16/2017. · Registro digital (IUS): 27154
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-06-02
Promovente: REGIDOR PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Pág. 2671.

QUEJA 16/2017. REGIDOR PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ. 24 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: ARTURO NAVARRO PLATA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El recurso de queja se encuentra interpuesto en tiempo, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, en razón de que la notificación del auto recurrido se realizó a la parte recurrente el once de enero de dos mil diecisiete, la que surtió sus efectos el doce siguiente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 31(3) de la Ley de Amparo; por lo que el plazo de cinco días transcurrió del trece al diecinueve de enero del año en curso; sin contar los días catorce y quince de enero de dos mil diecisiete, por tratarse de sábado y domingo, lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si el recurso fue interpuesto el doce de enero de dos mil diecisiete, es claro que su presentación fue oportuna, pues se interpuso el día en que surtió efectos la notificación de mérito, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro 1

Esto es, pues incluso se presentó antes de que comenzara a correr el término para su presentación.

Lo anterior se explica, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el recurso de queja podrá interponerse dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que determine, entre otras hipótesis, el desechamiento de la demanda de amparo; de lo que se infiere lógicamente que este medio de impugnación no podrá hacerse valer con posterioridad a ese periodo; sin embargo, ello no impide que el recurso pueda interponerse antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley, si se toma en cuenta que el establecimiento de un límite temporal para ejercer un derecho, como en el caso, para interponer el recurso de queja, tiene como propósito primordial generar seguridad jurídica respecto a las resoluciones jurisdiccionales, pero no prohibir que ese derecho se realice anticipadamente.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 1/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo II, enero de 2016, página 1032 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"RECURSO DE RECLAMACIÓN. NO ES EXTEMPORÁNEO EL INTERPUESTO ANTES DE QUE INICIE EL TÉRMINO LEGAL RESPECTIVO. Conforme al segundo párrafo del artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse dentro del término de 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de trámite impugnado; de su texto se advierte que el medio de impugnación no podrá interponerse con posterioridad a esa temporalidad, sin embargo, ello no impide que pueda presentarse antes de que inicie el término indicado, y el así interpuesto, se estime que no es extemporáneo."

También cobra aplicación al caso la tesis VII.2o.T. J/13 (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, pendiente de publicarse, de título, subtítulo y texto siguientes:

" Conforme lo dispuesto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el recurso de queja podrá interponerse dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se recurra; de lo que se infiere lógicamente que este medio de impugnación no podrá hacerse valer con posterioridad a ese periodo; sin embargo, ello no impide que el recurso pueda interponerse antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley, si se toma en cuenta que el establecimiento de un límite temporal para ejercer un derecho, como en el caso, para interponer el recurso de queja, tiene como propósito primordial generar seguridad jurídica respecto a las resoluciones jurisdiccionales, pero no prohibir que ese derecho se realice anticipadamente."

CUARTO.-No se transcribirán en su integridad(4) las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido, los agravios de la queja, ni los alegatos, en caso de existir pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive, el artículo 74(5) de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de resolver las cuestiones efectivamente planteadas; por otra, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esos apartados a los integrantes de este cuerpo colegiado, tal y como se determinó en sesión extraordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis.

Cobra aplicación al caso la tesis XVII.1o.C.T.30 K, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2115, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.-El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."

Así como la jurisprudencia 2a/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

QUINTO.-Cabe destacar que quien acude al recurso de queja de trabajo es **********, en su carácter de regidor primero del **********, Veracruz, en su carácter de patrón, motivo por el cual, los agravios hechos valer deben ser analizados bajo el principio de estricto derecho pues, en el caso, no se da ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo para que opere la figura de la suplencia de la queja deficiente en su favor, porque:

A) En materia laboral, únicamente procede en beneficio de la clase obrera (fracción V).

B) No se advierte que el acto reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional (fracción I).

C) Tampoco se observa que la parte quejosa se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que la ubique en desventaja social para la defensa en el juicio (fracción VII).

Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas, con registro digital: 2010624, de título, subtítulo y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."

Ahora bien, debe destacarse que en el análisis de los agravios hechos valer contra el auto recurrido, permite a este tribunal distinguir que el recurrente plantea tanto agravios de legalidad como de inconstitucionalidad contra una disposición de la Ley de Amparo, específicamente del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo.

De manera que, por ser una cuestión de estudio preferente, este Tribunal Colegiado de Circuito abordará, en primer lugar, los argumentos que introducen la inconstitucionalidad del referido artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo.

En este aspecto, salta a la vista el doble planteamiento que presenta el asunto, pues se trata de un recurso de queja (no de un amparo contra leyes) y se aducen motivos de inconstitucionalidad precisamente de la aludida disposición normativa que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; por ello, se estima oportuno puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 468/2013, respecto de la procedencia de la impugnación de la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo, sostuvo lo siguiente:

"...

"Para resolver el punto jurídico materia de la presente contradicción de tesis, es necesario destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en sesión de veintiséis de enero de dos mil doce, bajo la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, estableció que, con motivo del texto vigente del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido removido, en parte, el obstáculo técnico para analizar en la revisión la constitucionalidad de las disposiciones que alberguen en las sentencias de los Jueces de Distrito, ya que si bien la posible oposición de tales disposiciones a la Norma Fundamental no podría plantearse en los agravios formulados en la segunda instancia, existe la posibilidad de que sí se analice tal problema cuando dichos Jueces oficiosamente ejerzan su facultad para declarar inconstitucional -y dejar de aplicar- algún precepto rector del acto reclamado por contravenir, en su concepto, alguno de los derechos humanos, o también cuando sin declararlo así, opten por su interpretación conforme a la Constitución Federal; supuestos en los cuales la materia de la revisión necesariamente dará alojamiento a un análisis de tales temas al tenor de los agravios de la parte afectada.

"En la misma resolución, el Pleno de esta Suprema Corte consideró que, fuera de esos casos, en principio no hay alguna posibilidad de introducir en la revisión por parte de los recurrentes el planteamiento relativo a la posible inconstitucionalidad de normas aplicadas en las sentencias de los Jueces de Distrito, cuando a través de ellas fundan y motivan sus resoluciones, porque la materia de tal medio de defensa se reduce a la determinación de si deben o no tomarse en cuenta dichas disposiciones para dirimir la controversia, sean o no constitucionales, quedando a salvo la facultad del órgano revisor de dejar de aplicarlas cuando, vía control difuso, adviertan que son contrarias a un derecho humano, también en términos del artículo 1o. constitucional, que permite oficiosamente declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma invocada por aquellos juzgadores primarios; según se estableció de manera implícita al emitir la tesis aislada P. I/2011 (10a.), de rubro ‘CONTROL DIFUSO.’

"Por otra parte, en la citada ejecutoria se estableció que la atribución de los Tribunales de la Federación para controlar y dejar de aplicar normas que consideren contrarias a los derechos fundamentales, también les permite analizar la constitucionalidad de todo tipo de normas generales, incluidas las de la propia Ley de Amparo, ya sea que se hubiesen materializado en el procedimiento, en la resolución de la primera instancia, o que pudieran ser necesarias para resolver la revisión, pues el artículo 1o. de la Constitución Federal no hace salvedad alguna, y antes bien, si la misión de este ordenamiento adjetivo es la de garantizar la eficacia de los derechos humanos, resulta imprescindible que los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde aplicarlo vigilen que su contenido no los haga nugatorios en el ámbito procesal.

"Así, se precisó que era necesario que, en un primer plano, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmara la facultad exclusiva que históricamente ha tenido para declarar, en los casos que lo estime necesario, la contravención de algún precepto de la Ley de Amparo a la Constitución Federal, o para adoptar la interpretación que conforme a ese dicho (sic) ordenamiento deba dársele a alguno de los preceptos de esa ley, con el objeto de salvar su constitucionalidad mediante una lectura acorde con los derechos humanos.

"En lo que a esta contradicción de tesis importa, se destacó que, en un segundo plano, cuando un órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo actualice algún supuesto normativo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, también se abre la posibilidad de enjuiciar la disposición legal que lo faculte para actuar en el sentido que lo hizo, a condición de que tal cuestión trascienda al sentido de la decisión y se plantee en los agravios de alguno de los recursos instituidos dentro de dicha ley, ya que en estos casos la pretensión directa e inmediata del interesado no es la de obtener la declaración de inconstitucionalidad del fundamento del acto reclamado, sino la de evitar que el juzgador de amparo apoye su resolución definitiva, o algún acto procesal, en un precepto de ese ordenamiento que el afectado considere que le resulta lesivo por inconstitucional, legitimándolo en consecuencia para proponer su estudio dentro de los recursos que la propia Ley de Amparo le confiere.

"Así, se concluyó que, a fin de asegurar que las partes en el juicio de amparo tengan a su alcance la posibilidad legal de impedir que en un caso concreto se les apliquen disposiciones de la Ley de Amparo que pudieran ser contrarias a la Constitución Federal, a instancia de los justiciables era procedente el análisis de los agravios respectivos, a fin de que esta Suprema Corte los analice en los recursos de su competencia, en los que ejerza su facultad de atracción, o en los que reasuma su competencia originaria, sin menoscabo de que cuando observe que alguna disposición de dicho ordenamiento se aparta del texto constitucional, sin necesidad de agravio de la parte interesada, lo declare así para los mismos efectos.

"La conclusión precedente se justificó argumentando que, si bien es cierto que la Ley de Amparo es reglamentaria de preceptos de la Norma Fundamental, tampoco es equivalente a ésta, y por ende, no debe escapar al control de su regularidad constitucional, sobre todo porque ni la Constitución Federal, ni la propia Ley de Amparo, prohíben la impugnación de las normas contenidas en este último ordenamiento.

"Además, se precisó que, conforme al texto vigente del artículo 1o. de la Constitución Federal, y a lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Mexicano está obligado a proporcionar a los justiciables un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, la ley o dicha Convención, lo cual implica que es obligación de los tribunales procurar que ninguna disposición secundaria quede al margen de la posibilidad de someterla a su contraste con dicha Constitución, pues ésta es una de las formas de favorecer la protección más amplia de las personas, en la medida en que tendrán legitimación aun para proponer que esta Suprema Corte revise si, efectivamente, el ordenamiento garante de sus derechos humanos cumple o no con los lineamientos procesales que marca la Norma Fundamental en su (sic) artículos 103 y 107, o en cualquiera otra de sus disposiciones.

"En la propia resolución, se dijo que a partir de las anteriores consideraciones, serían tres las condiciones esenciales para que, a instancia de parte, proceda excepcionalmente el examen de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas dentro del juicio de amparo, a saber:

"a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo;

"b) La impugnación de normas de la Ley de Amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y

"c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la Ley de Amparo tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso.

"Finalmente, se precisó que el efecto de la posible declaración de inconstitucionalidad de alguna disposición de la Ley de Amparo estaría limitado a la inaplicación de la norma en el asunto concreto, en la medida en que el precepto relativo que fuese examinado no pudo constituir un acto reclamado en el juicio, y por tanto, no podría dejar de aplicarse a casos futuros al propio quejoso.

"Por otra parte, además de los requisitos que estableció el Tribunal Pleno en el recurso de reclamación 130/2011, esta Segunda Sala ha sostenido que al impugnar las disposiciones de la Ley de Amparo a través del recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, el recurrente debe exponer en sus agravios argumentos mínimos de impugnación de la norma legal cuestionada.

"El anterior criterio quedó asentado en la tesis 2a. CXXIII/2013 (10a.), de rubro (sic): ‘LEY DE AMPARO. EL ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS PRECEPTOS EN LOS RECURSOS COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, REQUIERE DE ARGUMENTOS MÍNIMOS DE IMPUGNACIÓN.’

"En ese sentido, de acuerdo con lo decidido por el Tribunal Pleno en el recurso de reclamación 130/2011, así (sic) con el criterio que sostuvo esta Segunda Sala en la tesis 2a. CXXIII/2013 (10a.), se concluye que sí procede analizar en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, el planteamiento de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas en dicha sentencia, a condición de que se satisfagan los requisitos mencionados en el recurso y tesis citados.

"Lo anterior porque en estos casos la pretensión directa e inmediata del interesado no es la de obtener la declaración de inconstitucionalidad del fundamento del acto reclamado, sino la de evitar que el juzgador de amparo apoye su resolución definitiva en un precepto de la Ley de Amparo que el afectado considere que le resulta lesivo por inconstitucional; máxime que ni la Constitución Federal, ni la propia ley de la materia, prohíben la impugnación de las normas contenidas en este último ordenamiento; aunado a que de esa forma se favorece la protección más amplia a las personas, en la medida en que los justiciables tendrán legitimación para hacer valer la posible contravención del ordenamiento que rige la tramitación del juicio constitucional a la Norma Fundamental.

"Es importante señalar que la presente determinación no es contraria a la jurisprudencia P./J. 48/2009, de rubro: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO.’, con base en la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostuvo que no era posible analizar la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo a través del recurso de revisión.

"Para justificar la inaplicabilidad de la citada jurisprudencia al caso concreto, es necesario señalar que ésta derivó de lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 17/2008-PL, fallada en sesión de veintisiete de octubre de dos mil ocho.

"...

"Como se puede apreciar de la ejecutoria descrita, la tesis en que se apoyó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito abordó un problema jurídico distinto al que dio origen al criterio que se estima contradictorio, debido a que la materia propia de la contradicción de tesis, se refiere al supuesto en el que se impugna una norma local invocada por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto, que rige al acto reclamado y no una disposición de la Ley de Amparo, que constituye el fundamento de la actuación del Juez de Distrito.

"...

"Con base en lo anterior, esta Segunda Sala considera que subsiste el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 48/2009, dado que no es aplicable a los casos en que a través del recurso de revisión se impugnen las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas en la sentencia de amparo indirecto impugnada.

"Consecuentemente, en atención al criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 130/2011, así (sic) con el criterio que sostuvo esta Segunda Sala en la tesis 2a. CXXIII/2013 (10a.), la resolución de la presente contradicción de tesis se orienta en el sentido de que sí procede analizar en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, el planteamiento de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas en dicha sentencia, a condición de que se satisfagan los requisitos mencionados en el recurso y tesis citados.

"..."

De la contradicción de tesis que se analiza, derivó la jurisprudencia 2a./J. 39/2014 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, materia común, página 984 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas», de título, subtítulo y contenido:

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE ANALIZAR LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO APLICADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en sesión de 26 de enero de 2012, consideró que, con motivo de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ha sido removido, en parte, el obstáculo técnico para analizar en la revisión la constitucionalidad de las disposiciones aplicadas en las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito. Al respecto se precisó, entre otras cuestiones, que cuando un órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo actualice algún supuesto normativo de la Ley de Amparo, se abre la posibilidad de enjuiciar la disposición legal que lo faculte para actuar en el sentido que lo hizo, cuando se actualicen las condiciones siguientes: a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo; b) La impugnación de normas de la ley citada cuya aplicación se concrete efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y, c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la ley referida tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso. Por otra parte, esta Segunda Sala ha sostenido que al impugnar las disposiciones de la ley de la materia a través del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, el recurrente debe exponer en sus agravios argumentos mínimos de impugnación de la norma legal cuestionada. Así, en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, procede analizar los planteamientos sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas en dicha sentencia, a condición de que se satisfagan los requisitos mencionados."

De conformidad con la jurisprudencia en comento, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha establecido la procedencia de los planteamientos de inconstitucionalidad de la Ley de Amparo cuando se actualicen las condiciones siguientes:

a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo;

b) La impugnación de normas de la ley citada cuya aplicación se concrete efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada;

c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la ley referida tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso; y,

d) Que el recurrente exponga en sus agravios argumentos mínimos de impugnación de la norma legal cuestionada.

Por identidad jurídica procesal, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 45/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, materia(s) común, página 1184 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas», registro digital: 2011443, de título, subtítulo y texto siguientes:

"LEY DE AMPARO. PARA QUE PROCEDA EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS PRECEPTOS EN LOS RECURSOS COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBEN SATISFACERSE ENTRE OTROS REQUISITOS, EL RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARGUMENTOS MÍNIMOS DE IMPUGNACIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en sesión de 26 de enero de 2012, determinó que, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, a instancia de parte, procede excepcionalmente que este Alto Tribunal examine la constitucionalidad de las disposiciones de ese ordenamiento aplicadas dentro del juicio constitucional, siempre que se actualicen las siguientes condiciones: 1) la emisión de autos o resoluciones concretas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27154-9442b761/recurso-de-queja-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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