RECURSO DE QUEJA PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NIEGA DAR TRÁMITE A LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES EL GENÉRICO DE 5 DÍAS, AL NO UBICARSE EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.
QUEJA 40/2016. 12 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GABRIELA GUADALUPE HUÍZAR FLORES. PONENTE: DAVID PÉREZ CHÁVEZ. SECRETARIO: JUAN ANTONIO MORENO VELA.
CONSIDERANDO:
IV.-Decisión y su justificación.
7. Se omite el estudio de la decisión jurídica recurrida y de los agravios, en tanto que el recurso de queja debe desecharse por extemporáneo.
8. Para justificar lo afirmado, se consultan los artículos 97, fracción II, inciso a), 98 y 99 de la Ley Amparo que, en ese orden, establecen:
"Artículo 97. El recurso de queja procede:
" ...
"II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:
a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente."
"Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:
"I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y
"II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo."
"Artículo 99. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.
"En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio."
9. De los artículos transcritos se advierte que el recurso de queja procede, en amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, cuando omita tramitar la demanda o lo haga indebidamente.
10. En tanto que la regla general, en cuanto al término para interponer tal medio de defensa, es de cinco días, mientras que las excepciones son de dos días, cuando se trate de suspensión de plano o provisional, o bien, en cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo.
11. En la tesitura de que, como pauta genérica, el recurso debe presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Y, en específico, cuando se trate de actos de la autoridad responsable, tiene que interponerse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio.
12. De lo que se sigue que respecto a este último supuesto, el recurso de queja debe presentarse por escrito en el Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del juicio de amparo directo o que haya conocido del mismo. Disposición legal que debe entenderse conforme a su literalidad, porque de la misma se advierte, sin margen de interpretación distinta o sin disyuntiva alguna, la intención del legislador en el sentido de que, según se observa, tiene que ser interpuesto "ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio".
13. De ahí que dicha hipótesis normativa excluye la posibilidad de que ese medio de defensa se presente ante una autoridad distinta, pues de ocurrir esto último, no se interrumpe el término con el que se cuenta para interponerlo.
14. La anterior interpretación tiene coherencia con el criterio que enseguida se reproduce, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, desde la perspectiva inmersa en la Ley de Amparo abrogada, que la interposición del recurso de queja ante autoridad distinta a la expresamente señalada no interrumpe el plazo con el que se cuenta para presentarlo.
15. Ello sostuvo, porque no se trata de un error subsanable, más bien implica el incumplimiento de una carga procesal establecida expresamente para la interposición del recurso de queja, cuya consecuencia debe soportar la parte recurrente.
16. Criterio que se encuentra reflejado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2015 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"RECURSO DE QUEJA. CUANDO LA LEY ORDENA INTERPONERLO DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SU PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ DE DISTRITO NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 95, 98 y 99 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que en los supuestos en los cuales se exige interponer directamente el recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito, su presentación ante el Juez de Distrito o ante la autoridad responsable emisora del acto impugnado no interrumpe el plazo para interponerlo, sino que éste continúa su curso; por tanto, si dicho plazo se agota para cuando el recurso es recibido por el Tribunal Colegiado de Circuito, su interposición es extemporánea. Lo anterior es así, pues la presentación ante una autoridad distinta de la prevista en la ley no es un error subsanable, ya que implica el incumplimiento de una carga procesal establecida para la interposición del recurso de queja, cuya consecuencia debe soportar la recurrente. Además, dicha carga, por sí sola, no puede estimarse violatoria de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción o a un recurso efectivo, establecidos, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues todo proceso requiere de formalidades para garantizar el acceso a la jurisdicción; además, el requisito de presentación directa del recurso ante un Tribunal Colegiado de Circuito tampoco podría estimarse como innecesario o irracional o que constituya una traba, en contravención a los mencionados derechos fundamentales, si se considera que su previsión se justifica en la forma en que está regulado el trámite del recurso, según el cual, se precisa como primer paso que el Tribunal Colegiado de Circuito lo reciba, para estar en condiciones de requerir al Juez de Distrito o a la autoridad contra la cual se interpone, un informe con justificación sobre la materia de la queja, en tres días, transcurridos los cuales, con informe o sin él, se da vista al Ministerio Público por igual término, para finalmente, dictar la resolución correspondiente."(3)
17. Si bien esa jurisprudencia se generó, como se apuntó, a partir de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo abrogada, al margen de que no se opone a la Ley de Amparo actual, lo cierto es que guarda congruencia con la disposición objeto de interpretación en la misma, en cuanto a que la interposición del recurso de queja ante autoridad distinta a la expresamente prevista por la disposición legal, no interrumpe el plazo para su presentación. Situación que justifica su aplicación al particular.
18. En el caso, el recurrente interpuso recurso de queja contra la resolución de ocho de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se acordó que no había lugar a admitir a trámite la demanda de amparo directo que promovió contra la sentencia condenatoria dictada en la causa penal **********, contra su defendido **********.
19. Tal evento configura la segunda hipótesis normativa inmersa en el inciso a), fracción II, del artículo 97 de la Ley de Amparo actual, puesto que el recurso se interpuso contra la resolución donde, a decir del inconforme, indebidamente la autoridad responsable proveyó respecto a la demanda de amparo directo que promovió (no ha lugar a su admisión).
20. Aspecto que, al mismo tiempo, actualiza la regla general prevista en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el recurrente contaba con cinco días para presentar el medio de defensa de referencia, y no con el plazo que ese artículo reduce a dos días, porque no se trata de suspensión de plano o provisional, y tampoco estaba facultado para presentarlo en cualquier tiempo, pues no recurre la omisión de tramitar la demanda de amparo, sino la indebida tramitación contenida en el proveído de pretendida anulación.
21. Dicho de otro modo, conforme al artículo 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede, en amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, cuando omita tramitar la demanda o lo haga indebidamente.
22. Si bien de acuerdo con tal disposición legal, contra la resolución donde la autoridad responsable decide expresamente "no dar trámite" a la demanda de amparo directo (porque la desecha, la tiene por no presentada o no interpuesta), no procede expresamente, bajo algún supuesto a la letra prevista al efecto, el recurso de queja, lo cierto es que admitir la procedencia de dicho medio de defensa desde la perspectiva de que esa decisión expresa (no dar trámite), encuadra en la hipótesis "omita tramitar" y que, por tanto, es impugnable en cualquier tiempo, sería tanto como infringir el derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica, tutelado por los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de las partes e, inclusive, de la propia recurrente.
23. Esto, porque en torno a la posición garantista de proteger el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, reconocido en el artículo 17, segundo párrafo,(4) constitucional en el sentido de convertir el trámite llevado a cabo "indebidamente" en "omitir tramitar", hay interacción, con base en los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, previstos en el artículo 1o.(5) constitucional, con el derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica en cuanto a que la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio llegue a constituir cosa juzgada y, por tanto, sea ejecutable.
24. Es decir, adoptar la postura en torno a que el trámite llevado a cabo "indebidamente" (resolución expresa de no tramitar) se traduce en "omitir tramitar", y que, por tanto, puede ser impugnada en cualquier tiempo, además de que desatiende a la hipótesis que específicamente regula ese supuesto (omisión absoluta; esto es, un no hacer), implica dejar a voluntad de la parte que se considera afectada con dicha decisión la firmeza de una sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio, en perjuicio de las demás partes, porque estarían sujetas a que la inconforme decida o no interponer el recurso de queja, lo cual, si se asume esa interpretación, podría hacer en cualquier tiempo, generando incertidumbre jurídica.
25. Posición que entrañaría también inseguridad jurídica a la propia inconforme, porque no tendría la certeza de si la sentencia definitiva o la resolución que puso fin al juicio ha quedado inmutable.
26. Inclusive, decantarse por tal interpretación traería consigo postergar la ejecución del acto reclamado, pues la parte que se considere afectada con la resolución donde la autoridad responsable determina expresamente "no tramitar" la demanda, podría optar por interponer el recurso de queja cuando se pretenda llevar a cabo tal ejecución, es decir, utilizar dicho medio de defensa sólo para postergar la ejecución de una determinación que, al final de cuentas, debe adquirir la calidad de cosa juzgada, puesto que sería suficiente interponer el recurso, considerarlo fundado y vincular a la autoridad para que prescinda del trámite que hizo "indebidamente" y lleve a cabo la tramitación correspondiente, donde podría estar inmersa la suspensión del acto motivo de reclamo, en franca transgresión al derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica que debe prevalecer en las resoluciones jurisdiccionales.
27. De ahí que dicho supuesto (no tramitar, que no es igual a "omitir tramitar") deba circunscribirse a la segunda de las hipótesis inmersas en el inciso a) de la fracción II del artículo 97 de la Ley de Amparo, por tratarse de un trámite llevado a cabo "indebidamente" respecto al cual el artículo 98 del mismo ordenamiento legal reduce al plazo de cinco días para su impugnación.
28. Sobre todo porque con ello se da coherencia a la locución "tramitar" o "trámite", contenida en el inciso en cuestión, si se tiene en consideración que desde la perspectiva procesal, según Eduardo J. Couture,(6) significa:
"I. Definición. 1. Cada una de las diligencias que es menester realizar en un proceso. 2. Conjunto de las diligencias realizadas para asegurar la secuela de un asunto hasta su conclusión.
"...
"IV. Etimología. Del latín trames, -itis "ruta, camino a seguir".
29. Luego, si de acuerdo con dicha conceptualización "trámite" implica un camino por continuar, o mejor dicho, llevar a cabo una secuencia de actos hasta su conclusión, y si conforme al artículo 170, fracción I, último párrafo,(7) de la Ley de Amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda, se sigue que con la mera presentación de la misma se comienza esa secuencia donde pueden suscitarse múltiples actos, en específico, cuando la autoridad responsable decide "no tramitar" la demanda (porque la desecha, la tiene por no presentada o no interpuesta), lo cual significa que lleva a cabo la tramitación de la misma "indebidamente".
30. De modo que la determinación expresa de "no tramitar" la demanda, actualiza la hipótesis regulada por la locución "lo haga indebidamente", contenida en la segunda parte del inciso a), fracción II, del artículo 97 de la Ley de Amparo, misma que no puede considerarse como la "omisión de tramitar", inmersa en la primera parte de tal inciso.
31. Cuanto más porque no hay justificación alguna para mantener indeterminable el término procesal para impugnar el trámite que la autoridad responsable lleva a cabo "indebidamente" (en el supuesto de que desecha, tiene por no presentada o no interpuesta la demanda) cuando la ley lo regula expresamente (cinco días), con excepción de que se trate de una omisión absoluta; es decir, un no tramitar (entendido como un no hacer), supuesto en el cual se justifica que el recurso pueda interponerse en cualquier tiempo, porque sus efectos son de tracto sucesivo y únicamente podrían desaparecer hasta que la autoridad responsable lleva a cabo un hacer (tramitación).
32. En el particular, la resolución recurrida se notificó al inconforme el quince de enero de dos mil dieciséis (fojas 35 a 37 de este cuaderno), tal notificación, conforme al artículo 27, fracción II,(8) de la Ley de Amparo, surtió efectos al día siguiente hábil (dieciocho).
33. De modo que, el plazo de cinco con el que contaba el recurrente para presentar el recurso de queja ante el (sic) Tribunal Colegiado de Circuito (oficialía de partes común a los colegiados de este circuito) que debía conocer del juicio de amparo directo, según el artículo 99, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, comenzó el diecinueve y concluyó el veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Cómputo del que se restan los días veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, por corresponder a sábado y domingo, según los artículos 19(9) de la Ley de Amparo y 163(10) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
34. Luego, si bien el escrito que contiene el aludido medio de defensa se presentó ante la autoridad responsable el dos de febrero de dos mil dieciséis (foja 4 de este cuaderno), lo cierto es que el mismo se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito en Tepic, Nayarit, hasta el nueve de febrero de dos mil dieciséis.
35. De lo que se sigue que el recurso de queja se interpuso con posterioridad al plazo de cinco días con que el inconforme contaba para hacerlo (que concluyó hasta el veinticinco de enero de dos mil dieciséis).
36. Además, aunque se tomara en consideración lo uno (presentación ante la responsable) y no lo otro (la llegada en la oficialía en mención), de cualquier modo el medio de defensa en cuestión se interpuso de manera extemporánea.
37. En orden de lo considerado, como se anunció al inicio de estas consideraciones jurídicas, se desecha el recurso de queja por extemporáneo.
38. Sirve de apoyo a lo anterior, por la razón jurídica que la informa, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que se comparte, de título, subtítulo y consideraciones interpretativas siguientes:
"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN ANTE AUTORIDAD DIVERSA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN. Conforme a los artículos 97, fracción II, inciso b), 98, primer párrafo y 99 de la Ley Amparo, el recurso de queja en amparo directo, previsto en el primero de los preceptos citados procede, entre otros supuestos, cuando la autoridad responsable no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, el plazo para su interposición es de cinco días y debe plantearse ante el órgano jurisdiccional que deba conocer o haya conocido del amparo, lo cual excluye la posibilidad de que dicho medio de defensa se presente directamente ante autoridad diversa del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, so pena de que si se remite a éste fuera de los cinco días señalados, se deseche por extemporáneo, en atención a que su presentación ante una autoridad distinta no interrumpe dicho plazo, conforme al artículo 176 del propio ordenamiento, aplicado por analogía para los recursos de queja que proceden en relación con el amparo directo, ya que tienen su origen, precisamente, en dicho medio de control constitucional."(11)
39. Determinación que se toma a pesar de que se trata de un asunto de índole penal (interpuesto por el defensor del sentenciado), en tanto que las reglas (general y excepcionales) para la presentación de tal medio de defensa, según se justificó, son específicas en torno a la temporalidad. Caso distinto acontece tratándose de la promoción del juicio de amparo directo, para lo cual, el artículo 17, fracción II,(12) de la Ley de Amparo, permite que este último se inste dentro del plazo de hasta ocho años, supuesto inaplicable al caso.
40. En la tesitura de que esta decisión (desechar el recurso de queja) no se asemeja, ni mucho menos representa un obstáculo al que se acuda para evitar el examen de la cuestión efectivamente planteada, ya que si bien los gobernados deben tener acceso a un recurso judicial efectivo, no significa que a través de determinado medio de defensa sea posible defenderse de cualquier acto o ley sin que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento, las cuales constituyen la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución (analizar el fondo de la cuestión).
41. De ahí que sea insoslayable la procedencia de los diversos medios de defensa en los términos y con las modalidades que prevean las normas, pues el respeto y amplia protección a los derechos fundamentales de los gobernados depende de que cuenten con instrumentos eficaces sin llegar al extremo, como en el caso, de desconocer cuestiones de temporalidad.
42. Por consiguiente, desechar el recurso de queja no se opone a los derechos fundamentales tutelados en términos del artículo 1o.(13) en relación con el diverso 133(14) constitucionales, ni implica desconocer la existencia o procedencia del derecho que en el fondo se considera vulnerado, ya que desecharlo no se traduce en que se decida de manera sencilla, rápida y efectiva sobre los derechos que se estiman afectados, ni en una denegación de acceso a la justicia.
43. Lo anterior, porque la existencia y defensa de los derechos fundamentales no significa desconocer la necesidad de regular o reglamentar los medios de impugnación al alcance de los gobernados; sino que se refiere a garantizar que los recursos (de ser procedentes) de manera real puedan ser efectivos para reparar las violaciones que se estiman cometidas y que no sujeten a los afectados a trámites y procedimientos injustificados o que por cualquier otro motivo a la postre redunden en la falta de celeridad y efectividad del medio de defensa, llegando a hacerlo, incluso, ilusorio.
44. Aunado a que la carga procesal de presentar el recurso de queja ante el Tribunal Colegiado que deba conocer o está conociendo del juicio de amparo, por sí sola, no puede estimarse violatoria de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción o a un recurso efectivo, establecidos, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1 y 25(15) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues todo proceso requiere de formalidades para garantizar el acceso a la jurisdicción.
45. Asimismo, el requisito de presentación directa del recurso ante un Tribunal Colegiado de Circuito tampoco podría estimarse como innecesario o irracional o que constituya una traba, en contravención a los mencionados derechos fundamentales, si se considera que su previsión se justifica en la forma en que está regulado el trámite del recurso.
46. Sirve de apoyo, en relación con la necesidad de observar los requisitos de procedencia previamente a decidir la cuestión de fondo, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título, subtítulo y texto son:
"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."(16)
47. Tampoco representa obstáculo para sostener esta decisión que por acuerdo de presidencia se haya admitido a trámite el recurso de queja, porque tal proveído constituye un trámite generado por el examen preliminar de los antecedentes. Además, tratándose de asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente de éste sólo tiene atribuciones para llevar la tramitación de los asuntos, correspondiendo al Pleno resolver sobre la procedencia y el fondo de ellos.
48. Adicionalmente a que los acuerdos de presidencia no causan estado, de manera que los mismos carecen de alcance jurídico para vincular al Pleno del tribunal a resolver en determinado sentido.
49. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 4a./J. 34/94, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.-Tomando en consideración que en términos de los artículos 20 y 29, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus respectivos presidentes, sólo tienen atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dichos órganos colegiados decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos, resulta válido concluir, por mayoría de razón, que siendo el auto de presidencia que admite un recurso un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes, éste no causa estado y, por lo mismo, la Sala puede válidamente reexaminar la procedencia del recurso y desecharlo de encontrar que es improcedente."(17)
50. En razón de que la interpretación que se realiza en esta ejecutoria en torno a las hipótesis normativas contenidas en el inciso a), fracción II, del artículo 97 de la Ley de Amparo, se considera relevante desde la perspectiva jurídica, con apoyo en los artículos 218 a 221(18) de la Ley de Amparo, llévense a cabo los trámites correspondientes para la elaboración de la tesis respectiva.
51. Al mismo tiempo, con motivo de que la interpretación hecha en relación con el inciso a), fracción II, del artículo 97 de la Ley de Amparo, contrasta con la decisión tomada en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 73/2014, en cuanto a que la determinación expresa de la autoridad responsable de "no dar trámite" a la demanda de amparo directo (porque la considera improcedente) es impugnable en cualquier tiempo, con fundamento en el artículo 227, fracción II,(19) de la Ley de Amparo, se ordena la denuncia para que, de ser el caso, se resuelva la contracción de criterios.
52. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 97, 101 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha por extemporáneo el recurso de queja.
Notifíquese; engrósese el fallo en el término legal; dése de baja en los libros de registro correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.
Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados David Pérez Chávez, Germán Martínez Cisneros y Gabriela Guadalupe Huízar Flores, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, con el voto en contra de la tercera, quien formula voto particular.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_________________
3. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 799, registro digital: 2010412 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas».
4. "Artículo 17. ...
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
5. "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."
6. Vocabulario jurídico, tercera edición, actualizada y ampliada por Ángel Landín Sosa, Iztaccihuatl, Argentina, 2004, páginas 703 y 704.
7. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"I ...
"Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional."
8. "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas:
"I...
"II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. En el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta ley.
"Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción I de este artículo."
9. "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."
10. "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
11. Tesis XI.1o.A.T.13 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo II, abril de 2014, página 1608, registro digital: 2006316 «y en el Semanario Judicial de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26871-ffa2d3ba/recurso-de-queja-promovido-contra-la-resolucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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