RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL QUE NIEGA DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO PARA PROCEDER A SU EJECUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 31 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 119/2018, suscitada entre los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 1/2018-ST,(1) recibido el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito –con residencia en Hermosillo, Sonora– denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional al que pertenecen al resolver el recurso de queja civil 9/2018, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito –con residencia en la Ciudad de México–, en el recurso de queja 229/2015.
2. SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Por auto de cinco de abril de dos mil dieciocho,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia registró el asunto como contradicción de tesis 119/2018, lo admitió a trámite, ordenó girar oficio a la Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que remitiera copia certificada de la resolución dictada en la queja 229/2015 de su índice, o bien, informara si el criterio fue superado o abandonado, y ordenó turnar los autos al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto correspondiente.
3. TERCERO.—Desechamiento del primer proyecto. En sesión celebrada el ocho de octubre de dos mil dieciocho el proyecto presentado por el Ministro Cossío Díaz fue desechado por el Tribunal Pleno.(3) En consecuencia, por acuerdo de once de octubre del año en cita el asunto le fue returnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración de un nuevo proyecto.(4)
4. CUARTO.—Returno. El dos de enero de dos mil diecinueve, por acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal, se ordenó returnar los autos al Ministro Luis María Aguilar Morales.(5)
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
6. Lo anterior, porque se trata de una contradicción de tesis en materia común suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, cuya competencia no es exclusiva de alguna de las Salas de este Alto Tribunal.
7. SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. En consecuencia, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos, relativo a que la denuncia sea hecha por alguno de los Tribunales Colegiados que sustentó una tesis discrepante.
8. TERCERO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, es necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, conforme a lo informado en las ejecutorias respectivas, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlas.
9. Criterio 1. Del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. El quince de marzo de dos mil dieciocho, el referido Tribunal Colegiado resolvió el recurso de queja 9/2018, cuyos antecedentes y consideraciones son las siguientes:
10. En dos mil catorce, una persona demandó en un juicio especial de desahucio a una sociedad anónima de capital variable, la desocupación y entrega de un inmueble, así como el pago de diversas prestaciones derivadas del incumplimiento de un contrato de arrendamiento.
11. Seguido el procedimiento ante un Juzgado de Primera Instancia Civil en el Estado de Sonora, el seis de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se condenó a la sociedad anónima demandada a desocupar y entregar a la actora el inmueble materia del juicio, así como al pago de diversas prestaciones monetarias, apercibiéndole que de no cumplir con lo ordenado, se procedería al lanzamiento a costa de la demandada y al remate de los bienes que se llegaran a embargar.
12. En desacuerdo con la sentencia de primera instancia, ambas partes interpusieron recursos de apelación, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, quien los resolvió el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el sentido de confirmar la resolución de primera instancia.
13. Posteriormente, inconformes nuevamente con la sentencia de apelación, ambas partes promovieron juicios de amparo directo, que al ser resueltos, tuvieron como resultado la concesión del amparo en favor de la sociedad anónima de capital variable, para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y que en su lugar dictara otra atendiendo los lineamientos ordenados en la sentencia de amparo.
14. En consecuencia, tras un intento de cumplimiento que no fue aceptado por el Tribunal Colegiado de Circuito, el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, el tribunal local dictó una nueva sentencia en acatamiento a la resolución protectora, que nuevamente fue cuestionada por la persona moral en un juicio de amparo directo.
15. Al respecto, mediante sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo a la Sociedad Anónima de Capital Variable.
16. Posteriormente, a decir de la demandante del juicio especial de desahucio, presentó un escrito ante el tribunal local responsable en el que solicitó se dejara sin efectos la suspensión del acto reclamado –suspensión que, de acuerdo con lo manifestado por la demandante, fue decretada por el tribunal local responsable desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete– y por tanto, se ordenara la ejecución de la sentencia. Esta solicitud se realizó aun cuando se encontraba pendiente de resolución un recurso de queja contra la concesión de la suspensión, por lo que el tribunal local responsable negó la solicitud.
17. En este sentido, y en desacuerdo con esa determinación, la demandante de la primera instancia interpuso el recurso de queja 9/2018 ante el Tribunal Colegiado de Circuito, aduciendo, entre otras cuestiones, que la suspensión del acto reclamado dejará de surtir efectos si dentro del plazo de cinco días el quejoso no otorga la garantía que le fue fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional; además, que basta con que el quejoso no exhiba el monto de la garantía dentro del plazo, para que deje de surtir efectos la medida cautelar. Lo anterior, porque el tribunal local responsable –como órgano auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, se encuentra obligado a vigilar el debido cumplimiento de los requisitos de efectividad de la suspensión del acto reclamado, para el caso de que la persona moral quejosa incumpla con la exhibición de la garantía fijada–.
18. De esta manera, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito desechó el recurso de queja al estimar que era improcedente por las siguientes razones:
19. A. Que conforme a lo previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo,(6) tratándose de la suspensión en el amparo directo, el recurso de queja era procedente únicamente en los siguientes casos: 1) Cuando no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal; 2) Cuando se conceda o niegue la suspensión; 3) Cuando se rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas; y, 4) Cuando se admitan las fianzas o contrafianzas que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes.
20. B. Con base en lo anterior, argumentó que si en el acuerdo impugnado la autoridad responsable negó levantar la suspensión del acto reclamado, en términos del artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, tal situación no actualizaba alguno de los supuestos de procedencia del recurso de queja, ya que en dicho auto no se proveyó sobre la suspensión dentro del plazo legal –ésta ya había sido resuelta–, tampoco concedió o negó tal medida cautelar –ya se había concedido–; ni rehusó la admisión de fianzas o contrafianzas o se admitió alguna que no cumpliera con los requisitos marcados por la ley o que fueran excesivas o insuficientes.
21. Por tanto, determinó que debía desecharse el recurso de queja por ser improcedente.
22. Asimismo, el Tribunal Colegiado de Circuito expresó que no compartía el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió la tesis de rubro: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.",(7) pues no es posible hacer extensivo un supuesto de procedencia del recurso por identidad jurídica o por analogía –como en dicha tesis se menciona–, dado que si el legislador federal estableció una hipótesis genérica de procedencia para el recurso de queja en amparo indirecto, tal supuesto no podía hacerse extensivo en el amparo directo, pues la propia ley no lo disponía así, y de haberlo pretendido, también habría establecido ese supuesto para el juicio de amparo directo.
23. Criterio 2. Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. El cuatro de diciembre de dos mil quince, el referido Tribunal Colegiado resolvió el recurso de queja 229/2015, cuyos antecedentes y consideraciones torales son las siguientes:
24. En dos mil catorce, una persona demandó en un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario a una sociedad anónima de capital variable y a una persona física, la rescisión de un contrato de arrendamiento celebrado respecto de un local comercial en la Ciudad de México.
25. Seguido el procedimiento ante un Juzgado de Primera Instancia Civil en la Ciudad de México, el veintitrés de abril de dos mil quince se dictó sentencia en la que se absolvió a la demandada y se condenó a la actora a entregar el comprobante fiscal de pago correspondiente a los periodos de mayo a septiembre de dos mil catorce.
26. En desacuerdo con la sentencia de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, quien dictó sentencia el doce de agosto de dos mil quince, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, a efecto de declarar rescindido el contrato de arrendamiento y condenar a la demandada a la entrega del inmueble y al pago de diversas prestaciones monetarias.
27. Posteriormente, inconformes con la sentencia de apelación, ambas partes promovieron juicios de amparo directo que, al ser resueltos, tuvieron como resultado la concesión del amparo en favor de la sociedad anónima de capital variable demandada, para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y que en su lugar, la Sala responsable dictara otra resolución en la que reiterara todo lo que no fue motivo de concesión y atendiera los lineamientos señalados en las ejecutorias del Tribunal Colegiado, consistentes, entre otros, en determinar que los contratos de subarrendamiento celebrados con las terceras llamadas a juicio deben seguir la suerte del contrato original, por lo que no pueden continuar vigentes ante su rescisión, y además, que al resolver con relación a las costas en primera instancia, fundara y motivara debidamente su determinación.
28. Al respecto, es importante precisar que durante la sustanciación del juicio de amparo directo, mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil quince, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tuvo por recibida la demanda de amparo y concedió la suspensión del acto reclamado en favor de la sociedad anónima de capital variable demandada, explicitando que dejaría de surtir efectos si dicha persona jurídica no otorgaba la garantía para asegurar el pago de daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los terceros interesados, dentro del término de cinco días hábiles.
29. Posteriormente, el nueve de octubre de dos mil quince, la demandante de la primera instancia solicitó a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que declarara que la suspensión del acto reclamado concedido a la sociedad anónima de capital variable demandada, había dejado de surtir efectos, en virtud de que los quejosos no habían exhibido la garantía fijada por la Sala responsable como medida de eficacia para restituir al tercero interesado, por los posibles daños y perjuicios que pudieron causarse por su concesión.
30. En consecuencia, a esa solicitud recayó el acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, mediante el que la Sala responsable determinó no acordar de conformidad la solicitud planteada. En este sentido, en contra del proveído del tribunal local, el solicitante interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y lo declaró procedente con base en las siguientes consideraciones:
31. A. Sostuvo que si bien el acto combatido no se ubicaba de manera expresa en alguno de los supuestos normativos que establece el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación conforme de este precepto con los numerales 1o. y 17 de la Constitución Federal y 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debía estimarse que el recurso de queja es procedente para impugnar la resolución dictada por la autoridad responsable, en un juicio de amparo directo, en la que determinó dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado por no haber exhibido la parte quejosa la garantía para que continuara surtiendo sus efectos.
32. B. Asimismo, refirió que la determinación de no acordar dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado constituía un caso análogo a los establecidos del inciso b) de la fracción II del artículo 97 de la Ley de Amparo, por lo que estimar lo contrario limitaría a los gobernados el acceso a la justicia completa, por restringir la procedencia de un recurso sencillo y efectivo que sea apto para resolver la legalidad sobre esta actuación, pues en su contra no procedía algún otro medio de defensa.
33. De la ejecutoria antes descrita derivó la tesis I.2o.C.7 K (10a.), de rubro y texto siguientes:
"RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que conforme a los supuestos normativos previstos en la fracción II del artículo 97 de la Ley de Amparo, no se establece literalmente la hipótesis de procedencia del recurso de queja contra la resolución dictada por la autoridad responsable, como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, mediante la cual no provee de conformidad la solicitud del tercero interesado, de decretar que ha dejado de surtir efectos la suspensión del acto reclamado, también lo es que, de una interpretación a dicho precepto, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y procurando favorecer en todo tiempo a la persona, con la protección más amplia, en acatamiento al artículo 1o. constitucional, debe estimarse que esta determinación constituye un caso análogo a los establecidos en el inciso b) de la fracción II del invocado artículo 97, que conduce a estimar procedente el recurso de queja; considerar lo contrario, implicaría limitar a los gobernados el acceso a una justicia completa, por restringir la procedencia de un recurso sencillo y efectivo que tienda a resolver sobre la legalidad de dicha resolución, lo que resulta adverso al espíritu de lo dispuesto por la Norma Constitucional e internacional invocadas."(8)
34. Finalmente, respecto del fondo del recurso de queja, el Tribunal Colegiado estimó que los agravios eran fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado y ordenar reponer el procedimiento a efecto de dictar un nuevo acuerdo en el que se determine que, en atención a la solicitud formulada, declare que ha dejado de surtir efectos la suspensión del acto reclamado, y notifique al Juez de la instancia, que tiene expedita su jurisdicción para ejecutar la sentencia definitiva correspondiente.
35. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9)
36. Vale decir que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(10) ha precisado que, a fin de determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los posicionamientos se encuentren plasmados en tesis jurisprudenciales.
37. Asimismo, ha establecido la posibilidad de que se configure una contradicción de tesis cuando alguno de los criterios contendientes sea implícito, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente, pues aun ante la ausencia de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en los razonamientos que estime pertinentes, los cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición. Tal criterio se encuentra inmerso en la jurisprudencia P./J. 93/2006, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(11) 38. Ahora bien, la intervención de esta Suprema Corte al resolver las contradicciones de tesis se justifica por la necesidad de unificar criterios para dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.
39. En relación con este tema, este Tribunal Pleno ha sostenido que el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si en la especie existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos. Tal criterio se encuentra visible en la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(12)
40. En este orden de ideas, el Pleno también ha establecido que para que se actualice una contradicción de tesis basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque los asuntos no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. Este Máximo Tribunal al emitir la tesis aislada P. XLIX/2006, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA.",(13) señaló que no es indispensable que los criterios sobre los que existe contradicción sean los que, en los casos concretos, sostienen los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de "a mayor abundamiento" también pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales.
41. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
42. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
43. De este modo, y tomando en consideración que la finalidad de la contradicción de tesis es generar seguridad jurídica al resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más órganos jurisdiccionales, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
44. A. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
45. B. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.
46. C. Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorias, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.
47. Una vez establecidos los lineamientos para determinar la existencia de una contradicción de tesis, así como los criterios contenidos en las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes, este Pleno estima que sí existe la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
48. Para demostrar lo anterior, es necesario señalar que de los antecedentes narrados, que generaron los criterios contendientes, se advierte en ambos casos que la parte tercera interesada interpuso recurso de queja en contra del acuerdo dictado por la autoridad señalada como responsable en el que rechazó la solicitud de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo directo, y que al pronunciarse, cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, en torno al tema de la procedencia del medio de impugnación, sí emitieron consideraciones opuestas, pues mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito desechó el recurso de queja al estimar que era improcedente por no encontrarse dentro de las hipótesis previstas en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito realizó una interpretación sistemática entre la Ley de Amparo, la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para sostener que el recurso de queja es procedente para impugnar la determinación que rechaza una solicitud de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado.
49. Como se advierte, ambos Tribunales Colegiados se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, esencialmente vinculada con la procedencia del recurso de queja en contra del acuerdo emitido por la autoridad responsable –en amparo directo– mediante el cual determina no acordar de conformidad la solicitud del tercero interesado de ordenar dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado y ejecutar la sentencia reclamada.
50. Por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito sostuvo que el recurso de queja no es procedente en contra del acuerdo impugnado porque no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que determinó desecharlo.
51. A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que, aunque el acuerdo impugnado no se ubique en ninguno de los supuestos normativos que establece el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, el medio de impugnación es procedente por constituir un caso análogo a los establecidos en dicha hipótesis.
52. En virtud de lo anterior, es evidente la existencia de dos posturas discrepantes respecto a un mismo punto jurídico, de manera que es posible encuadrar el punto de contradicción a través de la siguiente pregunta: ¿Es procedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de la autoridad responsable, en amparo directo, en el que determina no acordar de conformidad la solicitud de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado?
53. QUINTO.—Estudio de fondo. Como se adelantó, la presente contradicción de tesis tiene una finalidad de unificación de criterios a efecto de dar certeza sobre un tema específico que, en este caso, consiste en determinar si el recurso de queja es procedente para impugnar los proveídos de la autoridad responsable –en amparo directo– que niegan la solicitud formulada para que se deje sin efectos la suspensión del acto reclamado.
54. Para dar respuesta a la pregunta que se formula en esta contradicción de tesis, es necesario recordar los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, que se erigen como pilares fundamentales de un Estado constitucional de derecho, así como las principales características de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo.
55. A. Derecho de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.
56. Este Tribunal Pleno ha sostenido en la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013(14) que el derecho de tutela judicial efectiva consiste en la prerrogativa de toda persona de acceder a tribunales independientes e imparciales para plantear una pretensión o defenderse de ella mediante un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos de las partes y que concluya con la emisión de una resolución que dirima el conflicto.
57. En este sentido, se reiteró que se trata de un derecho complejo que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución.
58. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 35/2005-PL,(15) esta Suprema Corte determinó que el derecho de tutela judicial efectiva es un derecho gradual que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz, de modo que las sucesivas etapas en las que este derecho se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, que son el derecho de audiencia y el debido proceso.
59. Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la justicia se circunscribe como el derecho esencial y base que permite la tutela jurisdiccional efectiva en todas sus facetas, lo que caracteriza su importancia y la trascendencia de su protección.
60. En efecto, garantizar el derecho de acceso a la justicia implica que, bajo los supuestos y parámetros que establezca la ley, los órganos jurisdiccion
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32023-3fca2c12/recurso-de-queja-en-amparo-directo-interpuesto-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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