RECURSO DE QUEJA. EL INTERPUESTO CONTRA EL PROVEÍDO QUE, POR EXCEPCIÓN, FIJA LA GARANTÍA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, DEBE TRAMITARSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESE EMITIDO CON POSTERIORIDAD AL QUE CONCEDE ESA MEDIDA CAUTELAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR MURGUÍA MUNGUÍA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. DISIDENTES: RENÉ OLVERA GAMBOA Y OSCAR NARANJO AHUMADA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. ENCARGADO DEL ENGROSE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión virtual de diecinueve de octubre de dos mil veinte.
VISTOS los autos para resolver la denuncia de contradicción de tesis 34/2019, y;
RESULTANDO
1. Mediante oficio **********, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito remitieron el escrito de **********, autorizado de **********, Asociación Civil (quejosa en el juicio de amparo 826/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco), en el que denuncia la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 259/2019 (derivado del incidente de suspensión relativo al juicio constitucional aludido y en donde la quejosa invocada resulta ser la recurrente) y el diverso sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al decidir sobre el recurso de queja 158/2019.
2. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito registró la denuncia de contradicción de tesis con el número de expediente 34/2019 y solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito aludido, remita constancias de las que se desprenda que el denunciante, **********, tiene el carácter que ostenta.
3. Mediante proveído de trece de noviembre del año próximo pasado, la presidencia de este Pleno de Circuito, tuvo por recibido el oficio **********, signado por el entonces Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y sus anexos (diversas copias certificadas de constancias que integran la queja 259/2019); en donde se tuvo por acreditada la legitimación legal de **********, para denunciar la posible contradicción de tesis con fundamento en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En el mismo acuerdo de trece de noviembre, se admitió la denuncia de que se trata, debido a que ya se habían tenido por recibidas las copias certificadas de la queja 259/2019, del índice del Tribunal Colegiado citado, únicamente se solicitó a la presidencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera –entre otras constancias– copia certificada de la sentencia dictada en el recurso de queja 158/2019.
También el presidente aludido pidió a los Tribunales Colegiados contendientes informaran si sus criterios, sustentados en dichos asuntos, materia de la denuncia, se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados; solicitó a otros órganos jurisdiccionales diversas constancias que pudieran incidir en la contradicción de tesis en cuestión, en específico, al Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (la impugnada en la referida queja 259/2019), y al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la determinación dictada en el recurso de queja 256/2019, relativa a la devolución de los autos al juzgado de origen, para que se trámite el asunto como "queja urgente".
Finalmente, dicho presidente ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no, de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis; y mandó se informe al respecto, a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
4. En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el entonces presidente del Pleno citado tuvo al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito remitiendo copia certificada de la ejecutoria que le fuera solicitada (de la queja 158/2019) e informando que el criterio ahí sustentado se encuentra vigente.
5. Por auto de presidencia del trece de diciembre inmediato, se tuvo por recibido el oficio del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.
6. Mediante acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, el entonces presidente del Pleno invocado tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informando que el criterio sustentado en la queja 259/2019, se encuentra vigente y también tuvo por recibidas las copias certificadas del acuerdo impugnado en dicho recurso de queja, de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, las remitidas por el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
7. En proveído de veinte de enero de la presente anualidad, el entonces presidente del Pleno tuvo por recibidas las constancias del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en concreto, diversas constancias que integran el recurso de queja 256/2019.
8. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito turnó los autos de la presente contradicción de tesis a su ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
I. Competencia.—Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito.
II. Legitimación.—La contradicción de tesis fue denunciada por **********, autorizado de **********, Asociación Civil (quejosa en el citado juicio de amparo 826/2019 y recurrente en la aludida queja 259/2019), quien cuenta con legitimación para tal efecto, conforme a las reglas establecidas en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
III. Criterios contendientes.—Con el fin de dilucidar el tema de contradicción, es pertinente tener en cuenta lo considerado en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados combatientes, teniendo presente que en las citadas quejas 158/2019 y 259/2019, acaecieron hechos similares.
En concreto, de ambos asuntos se desprende que los Tribunales Colegiados resolvieron distintos recursos de queja, de los denominados "urgentes", en donde ponderaron que es procedente la suspensión provisional solicitada y la otorgaron, pero vincularon al Juez de Distrito respectivo a que fijara la garantía necesaria para que continuara surtiendo efectos; luego, devueltos los autos a los Jueces federales correspondientes, los respectivos titulares, en atención a dichos fallos (a los que conceden las medidas cautelares aludidas), analizaron la procedencia de la fijación de una fianza para que surtan efectos las suspensiones invocadas, para lo que determinaron fijar la respectiva garantía; y en contra de esas resoluciones se presentaron los recursos de queja a los que recayeron los criterios contendientes.
En lo que aquí interesa del recurso de queja 259/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se observa que la parte quejosa lo interpuso con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo (como "queja urgente"); que se impugna el auto en donde el Juez Federal fijó la garantía para que siga surtiendo efectos la medida suspensional provisional otorgada por ese mismo Tribunal Colegiado en una diversa queja, también de las conocidas como "urgentes"; que el Juez de Distrito analizó lo concerniente a fijar la fianza en atención a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en dicha determinación que otorgó la suspensión citada; y que el Tribunal Colegiado resolvió de forma implícita que el recurso de queja 259/2019, es procedente con sustento en lo dispuesto por ese precepto 97, fracción I, inciso b). Máxime que, para el cómputo de la presentación de ese recurso, el Tribunal Colegiado consideró el término de cuarenta y ocho horas, el cual es sólo para ese tipo de quejas "urgentes" y con ese fundamento [numeral 97, fracción I, inciso b)] conoció y resolvió el recurso.
De la queja 158/2019, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se observa que la parte quejosa la interpuso con sustento en el arábigo 97, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo (queja "normal", contra lo inherente a las fianzas); que se impugna el auto en donde el Juez Federal fijó la garantía para que siga surtiendo efectos la medida suspensional provisional otorgada, en parte, por otro Tribunal Colegiado en una diversa queja de las conocidas como "urgentes"; que el Juez de Distrito en atención a lo ordenado por aquel Tribunal Colegiado en dicho fallo, fijó la garantía, para que siga surtiendo efectos la suspensión citada; y que dicho Tribunal Colegiado resolvió que el recurso de queja es procedente con fundamento en lo dispuesto por ese dispositivo 97, fracción I, inciso c), de forma literal determinó:
"TERCERO.—Procedencia. El recurso de queja es procedente de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, al interponerse contra el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Decimoprimero (sic) de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 427/2019, de su índice, en el que se estableció la garantía a la parte quejosa de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo.—No se pasa por alto, que en el proveído recurrido existen razonamientos referidos a la modificación de la suspensión; sin embargo, el juzgador, únicamente hizo referencia a ellos, respecto de la decisión del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien al resolver el recurso de queja 68/2019, fue quien se ocupó del análisis de los elementos de la suspensión.—Por lo tanto, si en el auto recurrido no se desarrolla propiamente un estudio en torno a la determinación toral de la medida suspensional y por lo tanto, no se abordó el análisis de los requisitos y elementos de esa figura; por ello, no puede encuadrarse en el inciso b) del propio precepto; por lo que, se insiste, encuadra en el inciso c) del mismo numeral.—En la inteligencia de que este asunto, se resuelve conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, vigente al momento de la presentación de la demanda de amparo, que fue el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve."
De dicho fallo emanó la tesis aislada III.6o.A.9 K (10a.), de ese Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro Setenta y Uno, Tomo IV, de octubre de dos mil diecinueve, página tres mil seiscientos veinte, que dispone:
"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE FIJA LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. El artículo 97, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo establece lo siguiente: ‘Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: ...c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes.’. En ese sentido, dicho medio de defensa procede contra el auto del Juez de Distrito en el que fija la garantía para que surta efectos la suspensión provisional, cuando puedan ocasionarse daños o perjuicios a terceros, sin que para establecer su procedencia conforme a la hipótesis señalada puedan tomarse en consideración otros razonamientos contenidos en la resolución recurrida, relativos a los requisitos y elementos de la concesión de la medida cautelar, que sólo se expresan como parte de una decisión anteriormente dictada, pues esa referencia no implica el análisis de éstos."
IV. Existencia de la contradicción de tesis.—En principio, resulta oportuno puntualizar que el objetivo de la resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.
Así, para determinar si en la especie existe o no contradicción de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el propósito de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:
a) Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y;
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Sobre el tópico se atiende a la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, en la página ciento veintidós, cuyo contenido dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Este Pleno de Circuito considera que sí se materializan los requisitos indicados que justifican la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
Este supuesto se actualiza en la especie, porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial interpretativo, para resolver sobre una similar cuestión litigiosa, esto es, sobre si el recurso de queja es o no de los denominados "urgentes".
Segundo requisito: Punto de toque o diferendo de criterios interpretativos.
También se materializa esta hipótesis, en tanto que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones disímbolas en cuanto a que uno de ellos, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estimó que procede el recurso de queja contra el auto en donde el Juez Federal sólo fijó la garantía para que siga surtiendo efectos la medida suspensional provisional otorgada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo (como "queja urgente") y el otro, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, determinó expresamente que contra esa determinación procede ese recurso, pero con fundamento en el inciso c) de esa fracción y precepto ("queja normal").
La reseña de criterios sostenidos por los tribunales aquí contendientes, se insiste, materializan el segundo supuesto para que exista la contradicción de tesis denunciada, porque, como resultado de sus respectivos ejercicios interpretativos sobre una similar cuestión litigiosa, arribaron a conclusiones disímbolas.
Tercer requisito: Surgimiento de la cuestión jurídica que detona la existencia de la contradicción. De acuerdo con las premisas apuntadas, surge la cuestión jurídica siguiente:
¿En qué supuesto de procedencia se ubica el recurso de queja interpuesto contra la determinación del Juez de Distrito donde sólo fija garantía para que surta efectos la suspensión provisional otorgada, esto es, en el previsto en el inciso b) de la fracción I del numeral 97 de la ley de la materia o en el contemplado en el diverso inciso c) del propio arábigo?
Planteado el anterior cuestionamiento jurídico, resulta propio acotar que este Pleno de Circuito sólo se pronunciará en cuanto a ese aspecto se refiere.
V. Estudio de la contradicción de tesis.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el sentido de que contra la resolución del Juez de Distrito dictada con posterioridad al otorgamiento de la suspensión provisional, en donde fija garantía para que siga surtiendo efectos dicha medida cautelar, procede el recurso de queja previsto en el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo.
Esa disposición normativa establece lo siguiente:
"Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"...
"b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;"
La interpretación gramatical de la anterior porción normativa permite colegir que la queja procede, entre otros casos, contra los acuerdos en los que se conceda o niegue la suspensión provisional.
Pues bien, atendiendo las reglas adjetivas que rigen el juicio de amparo indirecto, se obtiene que al momento de otorgar la suspensión del acto, el juzgador deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y especificar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo; es decir, precisar en forma clara y precisa los efectos de la suspensión y describir cuáles son las acciones u omisiones que se esperan de la autoridad responsable. Asimismo, de ser el caso, deberán indicarse cuáles son los requisitos para que continúen sus efectos (garantía) y, por último, especificarse los casos en que éstas no surtirán.
De ahí que cuando a través del recurso de queja pretenda controvertirse alguno de los aspectos que el juzgador debe resolver en forma integral al conceder la medida suspensiva provisional, tales como los requisitos de procedencia, los efectos de la suspensión, o bien, la garantía que se fije o las previsiones para que no se abuse de ella; el fundamento para la interposición del señalado recurso debe ser el referido inciso b) de la fracción I del artículo 97.
Lo anterior resulta aplicable en el caso del proveído del Juez de Distrito en el que, con posterioridad a la resolución que concede la suspensión provisional, fija garantía como requisito de eficacia; pues con todo y que, por excepción, esas determinaciones se hubiesen emitido en distintos momentos, finalmente constituyen un conjunto indisoluble que, por lo mismo, debe impugnarse a través del mismo medio de defensa y con las mismas reglas.
Se sostiene este aserto, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2015, estableció literalmente que, "...la fijación de la garantía, como requisito de efectividad de la concesión de la suspensión de los actos reclamados, forma parte de la resolución que otorga dicha medida cautelar, por ser condicionamiento de su eficacia."
De la referida solución a la divergencia de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, derivó la jurisprudencia 2a./J. 160/2015 (10a.), que es del siguiente tenor:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA NIEGA O LA CONCEDE, ES PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN Y NO EL DE QUEJA, AUN CUANDO SÓLO SE IMPUGNE LA GARANTÍA A LA QUE SE SUJETÓ SU EFECTIVIDAD (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte, mientras que los artículos 132 y 136 del propio ordenamiento prevén como requisito para su efectividad, cuando la suspensión de los actos reclamados pueda ocasionar daño o perjuicio a un tercero, el otorgamiento de garantía bastante para reparar la afectación que con aquélla llegue a causarse si el quejoso no obtiene sentencia favorable, cuyo importe será fijado por el Juez de Distrito, y que deberá constituirse dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión. Lo anterior implica que la fijación de la garantía, como requisito de efectividad de la concesión de la suspensión de los actos reclamados, forma parte de la resolución que otorga dicha medida cautelar, por ser condicionamiento de su eficacia. Consecuentemente, al disponer el artículo 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones de los Jueces de Distrito que decidan sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe entenderse que procede contra todo lo que tal resolución involucra, es decir, comprende la impugnación tanto de la decisión atinente a la satisfacción de los requisitos de procedencia de la medida cautelar, como del condicionamiento de la suspensión al que se haya sujetado su efectividad, como es la fijación de la garantía correspondiente, pues como esta última también forma parte integrante de dicha interlocutoria, no puede desvincularse de ella; es decir, el recurso de revisión será procedente contra la resolución que concede la suspensión definitiva aunque sólo se cuestione la garantía a la que se sujetó su efectividad, siendo, por tanto, improcedente el recurso de queja contra esa resolución, porque la procedencia del recurso de revisión excluye la del de queja, máxime que, en términos del artículo 97, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, la queja es procedente contra las resoluciones que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, o admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, siendo que la interlocutoria que decide sobre el otorgamiento de la suspensión no se ocupa de ese aspecto, sino únicamente de fijar el monto que debe cubrirse por concepto de garantía a favor del tercero interesado, lo cual es una cuestión previa, en tanto que la admisión o rechazo de una fianza o contrafianza necesariamente tendrá lugar en un auto posterior al dictado de la interlocutoria en la que se señale la garantía respectiva." (1)
Como se puede apreciar del anterior criterio jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de establecer la naturaleza del auto en donde se fija garantía, como requisito de efectividad de la suspensión definitiva, razonó que, en esos casos, el recurso procedente es el previsto en el artículo 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo,(2) es decir, la hipótesis relativa a la procedencia de la revisión contra las resoluciones de los Jueces de Distrito que decidan sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados.
Tales consideraciones del Alto Tribunal son aplicables por identidad de razón respecto de la suspensión provisional, ya que al igual que en la definitiva, la garantía que se fija como requisito de efectividad forma parte integrante de la decisión de otorgar la medida cautelar, aun cuando por las circunstancias del caso se establezca a través de un proveído diverso; lo que hace procedente en contra de éste el recurso de queja conforme al inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, mas no así el diverso del inciso c), de esa misma fracción, pues como se establece en la jurisprudencia acabada de citar, este último supuesto se refiere a la admisión o rechazo de una fianza o contrafianza, lo cual es una cuestión diversa y posterior a la fijación de la garantía respectiva.
Es oportuno referir, a propósito de la efectividad del recurso de queja conocido como "urgente o de 48 horas", que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 2a./J. 124/2019 (10a.)(3) ha señalado que la interpretación del referido precepto, deberá realizarse a la luz de los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, en su vertiente de acceso a la doble instancia, previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1 y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de donde se permite establecer, en cuanto a la eficacia de ese recurso y, en función del principio de peligro en la demora que lo rige, que el espectro de procedencia del recurso en cuestión, deberá ser más amplio y admitir diversas posibilidades y no necesariamente limitarse a la literalidad de la ley, es decir, con las resoluciones "...que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional."
Admitir una postura diferente, como la sostenida por uno de los órganos jurisdiccionales contendientes, es decir, que en contra de los actos en donde se fija garantía, procede el recurso de queja previsto en el inciso c) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, implicaría un eminente riesgo para la eficacia del recurso de queja "urgente", pues derivado de la tramitación ordinaria del remedio procesal de trato, pudieran presentarse una multiplicidad de eventos en los que la medida cautelar deje de surtir sus efectos por la falta de exhibición de la garantía fijada por el Juez de Distrito dentro de los cinco días a que hace alusión el artículo 136(4) de la Ley de Amparo; ello, precisamente por estar a expensas del resultado de ese recurso tramitado en la vía ordinaria.
Por último, debe aclararse que el criterio aquí adoptado, no implica que el recurso de queja previsto en el multicitado artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, es procedente en contra de cualquier determinación relacionada con la suspensión provisional que se emita con posterioridad a su otorgamiento; sino única y exclusivamente en aquellos casos, como los resueltos en los criterios contendientes, en los que por excepción el Juez de Distrito fija la garantía para que siga surtiendo efectos la medida cautelar a través de un auto posterior a aquel en el que la concede.
VI. Tesis de jurisprudencia.—Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, para el Tercer Circuito, la tesis de este Pleno de Circuito que se sustenta en la presente resolución, y que es del tenor siguiente:
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes decidieron de manera diferente, en relación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29624-7c46b8d0/recurso-de-queja-el-interpuesto-contra-el-proveido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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