ALEGATOS EN EL RECURSO DE QUEJA. AL NO ESTAR EXPRESAMENTE REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ABORDAR SU EXAMEN.
QUEJA 88/2019. 8 DE AGOSTO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: SILVIA VALESKA SOBERANES SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Estudio del asunto. Los agravios expuestos por la recurrente son ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su beneficio, con fundamento en la fracción V y penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que la inconforme resulta ser la beneficiaria de la parte obrera fallecida.
Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 199/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 697, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 168016, que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD Y DE QUIENES FIGUREN COMO DEMANDADOS. Si se tiene en cuenta, por un lado, que la institución de la suplencia de la queja deficiente ha tenido una evolución tanto legal como jurisprudencial para ampliar su ámbito de aplicación y, por otro, que en materia laboral actualmente se aplica de manera total y aun en suplencia de conceptos de violación o agravios a favor de la clase trabajadora, es indudable que la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe comprender a los beneficiarios de los trabajadores, independientemente de su edad, cuando acudan al juicio de garantías o a los recursos que derivan del ordenamiento citado en defensa de los derechos que les corresponden como beneficiarios de un trabajador fallecido, sin importar quienes figuren como demandados, esto es, si la reclamación se entabló contra el patrón, una institución de seguridad social o cualquier otro obligado, pues en este caso su situación debe asimilarse a la del trabajador, ya que de no considerarse así se estaría desconociendo, a priori, que los reclamantes son beneficiarios directos de éste, sin permitir al juzgador, a través del ejercicio de esa facultad, descubrir la verdad legal en torno a su calidad de derechohabientes del trabajador fallecido y sobre los derechos controvertidos."
Para evidenciar lo ineficaz de los agravios expuestos, se estima procedente hacer mención de los antecedentes relevantes de la resolución recurrida, de los cuales se obtiene lo siguiente:
a) **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, que hizo consistir en lo siguiente:
"Dilación procesal en la ejecución del laudo dentro de los autos del juicio laboral ordinario número ********** del índice de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz y que hoy le expongo como acto reclamado, y tome en cuenta en la suspensión del acto, que a pesar de solicitarle el embargo precautorio y de promoverle su ejecución y sus ajustes de liquidación, la Junta ha sido omisa en aplicar para su ejecución, con las providencias cautelares; es más, excediendo en su aplicación, al solicitarle desde el año pasado 2018, con un escrito de petición, en incidente, en el que le reiteraba que se apliquen las medidas precautorias y cautelares, para el efectivo pago del cumplimiento del laudo, por el perjuicio y daño que se me cometió por la parte demandada; sin embargo, en la petición que se entregó con fecha ocho de enero del año 2018, se anunció un acuerdo por la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, desde el pasado veintidós de febrero del año dos mil diecinueve, dicho acuerdo no se me enteró en su momento, toda vez que han transcurrido más de 15 meses de enterarme de dicho acuerdo que dice ‘en relación a mi solicitud del incidente de liquidación deberá estarse a lo ordenado en el proveído de fecha ocho de diciembre del año dos mil catorce’ y me aplica un efecto de prescripción si no impulso el procedimiento de ejecución. Por ello acudo ante su investidura de juzgador de garantía de legalidad y de constitucional, para que estos actos se me eximan de más perjuicios en mi persona, patrimonio, posesión y familia de conformidad a lo que establece el numeral 1o., en relación con el numeral 4o., en relación con los numerales 103, fracción I, 107 fracción I, y 133 de nuestra Constitución General de la República, y en relación con el numeral 1o., y con los numerales 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., en relación con los artículos 27, 28, 29 en suplencia de la queja de conformidad con lo que establece el numeral 79, en relación con los artículos 122, 123, 124, 125, 126, 127 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se le pida una garantía para que se cumpla la ejecución del juicio laboral dentro de los autos del expediente número ********** del índice de la Junta Número Ocho de la Especial de Conciliación y Arbitraje, para que en medida de providencia cautelar se le aplique a la demandada **********, o bien, a quien fungió en autos como apoderado legal de dicha empresa, siendo el C. **********, para asegurar el pago definitivo del laudo." (fojas 11 y 12 del juicio de amparo indirecto)
b) El Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, previno a la promovente del amparo a efecto de que dentro del término de cinco días hábiles aclarara su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo indicado, se tendría por no presentada, como se advierte de la siguiente transcripción:
"Primero. La fecha en que presentó la su (sic) ‘escrito de petición, en incidente, en el que le reiteraba que se apliquen las medidas precautorias y cautelares, para el efectivo pago del cumplimiento del laudo.’
"Segundo. Qué medidas precautorias y cautelares solicitó.
"Tercero. Si le recayó algún acuerdo, decreto o resolución; la fecha de su emisión, y en su caso, la fecha y modo en que le fue notificado.
"Cuarto. Cuáles son las peticiones que en forma de promoción indica que: ‘le he estado pidiendo que se ejecute el laudo, sin lograr un cambio a favor por parte de la Junta en comento’ que ésta omite atender.
"Quinto. Si les recayó algún acuerdo, decreto o resolución, la fecha de su emisión y, en su caso, la fecha y modo en que le fue notificado.
"En la inteligencia de que, además, deberá acompañar las copias necesarias de su escrito de aclaración para correr traslado a las partes, conforme al artículo 110 de la Ley de Amparo." (foja 21 vuelta ídem).
c) Posteriormente, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del citado Juzgado de Distrito el seis de mayo del año en curso, la quejosa pretendió dar cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, como se aprecia de las imágenes que a continuación se insertan:
SE SUPRIMEN IMÁGENES
d) Por auto de siete de mayo siguiente, el Juez de Distrito estimó que la quejosa, aquí recurrente, no había dado cumplimiento cabal a ninguno de los cinco puntos sobre los que versó la prevención que le realizara en auto de veintiséis de abril anterior, y dado que se encontraba transcurriendo el plazo de cinco días hábiles que le fue otorgado para ello, lo suspendió con la presentación del escrito de referencia, e hizo del conocimiento de aquélla que le restaban cuatro días para cumplir correctamente con la prevención. (fojas 35 y 36 ídem)
e) Luego, al haber transcurrido el plazo señalado sin que la quejosa, aquí recurrente, diera cabal cumplimiento a la prevención formulada, el a quo, por auto de veintiuno de mayo siguiente, hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no presentada la demanda de amparo. (foja 41 ibídem)
Hasta aquí los antecedentes del caso.
Puntualizado lo anterior, resulta ineficaz lo aducido por la recurrente en vía de agravios, puesto que las manifestaciones que vierte en ellos son dogmáticas en parte, y otras constituyen una reiteración de los conceptos de violación que hizo valer en la demanda de amparo, con los cuales no controvierte todas y cada una de las consideraciones contenidas en el acuerdo recurrido, pues no expone argumentación o razonamiento lógico jurídico alguno que controvierta las consideraciones del Juez de Distrito que motivaron su determinación de tener por no presentada la demanda de amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 109/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, página 77, con número de registro digital: 166748, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida."
Además de los antecedentes antes narrados, se colige que el auto recurrido es objetivamente correcto.
Antes de establecer las razones por las que se arriba a dicha determinación, es pertinente puntualizar que al estar entrelazados el proveído de aclaración, el auto que determinó que subsistía el requerimiento y el último que tuvo por no presentada la demanda de amparo, todos pueden ser objeto de análisis en este medio de defensa, para desentrañar en su justa dimensión lo determinado por el Juez de Distrito.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 97/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 197241, que dice:
"REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA. Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo."
Así como la tesis VI.1o.A.21 K (10a.), que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1708, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 2004300, que se lee:
"QUEJA EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA (APLICACIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige el inciso e), fracción I del artículo 97 de la misma ley, en la medida en que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. Así, el perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja previsto en el inciso e), fracción I del artículo 97 de la ley de la materia y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede dicho recurso conforme a lo dispuesto en el inciso a), fracción I del citado precepto legal, se concluye que en la queja en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda."
En ese sentido, para que pueda considerarse legal la sanción procesal impuesta por el Juez de amparo de tener por no presentada la demanda, debe tener como presupuesto una prevención justificada y procedente.
Ello se estima así, pues el artículo 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare su demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; y que en caso de que no se subsanen las irregularidades detectadas por el juzgador dentro del plazo de cinco días, la sanción procesal que dicho numeral prevé es que se tenga por no presentada la demanda.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.
Bajo ese parámetro, el Juez de Distrito debe requerir al quejoso para que enmiende su escrito inicial, sólo bajo apreciaciones justificadas y no ociosas, solicitándole que precise, entre otras cuestiones, el acto reclamado cuando éste resulte vago, ambiguo o confuso, o incluso contradictorio con lo narrado en sus conceptos de violación, pues la sanción procesal prevista en el numeral invocado únicamente puede prosperar cuando tiene como presupuesto una prevención justificada, de lo contrario se vulneraría el mencionado derecho humano a la tutela judicial efectiva.
En el particular, como se evidenció, el acto reclamado se hizo consistir, en esencia, en la dilación procesal en la ejecución del laudo dictado en los autos del juicio laboral ********** del índice de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, porque dicha Junta omitió aplicar las medidas cautelares que ha solicitado para garantizar su cumplimiento y llevar a cabo los actos correspondientes que ha peticionado para lograr su ejecución, lo que resultó ambiguo o genérico y dio lugar a que el Juez Federal, acorde con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, realizara la prevención relativa.
Ello es así, pues la sola manifestación en el sentido de que la Junta responsable ha sido omisa en aplicar las medidas cautelares solicitadas o llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo, resulta genérica, pues en el capítulo de actos reclamados, en el diverso de conceptos de violación o en alguna otra parte del ocurso inicial, no precisó qué medida o providencia cautelar peticionó, ni qué promoción en concreto presentó ante la responsable solicitando la ejecución del laudo respectivo, que ésta hubiese dejado de atender sin causa justificada.
En efecto, para que una omisión se considere concreta es necesaria la existencia de:
a) Una causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia.
b) Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora; y
c) La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad.
Respecto de la causa generadora del acto de autoridad, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito de agravios se advierte que ésta se fincó en el señalamiento del laudo; sin embargo, si se parte de la base de que éste no contiene una orden concreta para que la autoridad responsable se pronuncie sobre alguna providencia cautelar o medida de apremio en específico para garantizar o lograr su ejecución, en términos de lo previsto por la Ley Federal del Trabajo, o de alguna otra prevista en un diverso ordenamiento y de que el procedimiento de ejecución es a petición del ejecutante y no oficioso; entonces, es de concluirse que el laudo no puede considerarse como causa generadora del acto de autoridad esperado.
Además, la circunstancia de que el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo establezca que los presidentes de la Juntas dictarán las medidas respectivas para proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y dictar las medidas procedentes, eso en modo alguno significa que deba proceder de determinada manera, porque el dictado de las medidas procedentes es una cuestión genérica a la que se le dará contenido específico dependiendo del caso concreto y la previa petición del ejecutante.
Lo anterior se advierte de las tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) y 2a./J. 16/2011 (10a.), emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 2771 y 2772, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro digital: 2000011 y 2000025, que en su orden, respectivamente, dicen:
"EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Énfasis añadido. "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo."
Por tanto, como en el caso se reclamó de forma genérica la dilación u omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral **********, resulta evidente que la prevención realizada por el Juez Federal en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve fue legal pues, al no haber expresado la quejosa, aquí recurrente, específicamente qué providencias cautelares o medios de apremio solicitó para que se garantizara o lograra el cumplimiento del laudo emitido en el juicio natural, y si a éstos recayó un acuerdo o determinación y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de los mismos; es inconcuso que el órgano jurisdiccional no podía proveer sobre la procedencia de la demanda, dado que, se itera, la dilación en la ejecución del laudo fue reclamada de forma genérica; por tanto, se estima justificado que haya prevenido a la quejosa en los términos en que lo hizo a efecto de poder establecer los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo.
Por otra parte, también resulta objetivamente correcto que en el acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Federal haya tenido por no cumplida a cabalidad la prevención formulada en el auto anterior, pues aunque la quejosa sí acató los tres primeros puntos sobre los que versó la prevención; lo cierto es que no cumplió a cabalidad los dos últimos puntos.
Ello se sostiene así, puesto que tanto en el escrito de demanda como en el aclaratorio, la parte quejosa, aquí recurrente, indicó que solicitó la aplicación de diversas medidas cautelares por escrito de ocho de enero de dos mil dieciocho. (fojas 12 y 27 del expediente en que se actúa)
Por otra parte, al desahogar la prevención señaló que las providencias cautelares solicitadas eran las previstas en el título catorce, capítulo XV, de la Ley Federal del Trabajo, específicamente las contempladas en el artículo 857, consistentes en el arraigo del demandado y el embargo precautorio. (fojas 27 y 28 ídem)
En cuanto al punto tercero, precisó que a su petición recayó el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 12 y 29 ídem), y si bien no indicó la fecha en que éste le fue notificado, lo cierto es que ello se aprecia de la copia fotostática simple de la diligencia de notificación que de dicho acuerdo anexó tanto a su escrito de demanda, como al aclaratorio, lo que ocurrió el diez de abril de dos mil diecinueve. (fojas 17, 18, 33 y 34 ídem)
No obstante lo anterior, por lo que se refiere a los puntos cuarto y quinto, fue correcto que el a quo los tuviera por no cumplidos y, por ende, que estimara subsistente el requerimiento y apercibimiento decretados por el resto del plazo que le fue otorgado a la parte quejosa, aquí recurrente, para que los desahogara a cabalidad.
Ello es así, puesto que, como se aprecia del escrito aclaratorio de seis de mayo de dos mil diecinueve, la parte recurrente no estableció de manera clara y específica cuáles fueron los actos que solicitó de la Junta responsable para que llevara a cabo la ejecución del laudo dictado en el juicio natural, y que ésta hubiese sido omisa en realizarlos, ni tampoco indicó si a su solicitud recayó o no algún proveído o determinación, ni la fecha en que, en su caso, le fue notificado; lo que conlleva establecer que fue correcto que, al menos por lo que a éstos dos últimos puntos se refiere, el Juez Federal tuviera por no cumplida la prevención de mérito y, por ende, que subsistiera el requerimiento y apercibimiento hasta tanto concluyera el plazo que se le había otorgado para ello.
Y dado que la parte promovente no cumplió a cabalidad dicha prevención, al no haber exhibido escrito alguno dentro del plazo legal que tenía para ello, fue correcto que el Juez Federal mediante acuerdo de veintiuno de mayo de esta anualidad, estimara procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de tener por no presentada la demanda de amparo relativa.
No se inadvierte que de manera reiterada la parte recurrente, en vía de agravios, solicita la aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja; sin embargo, dicha figura jurídica no implica actuar al margen de la ley al declarar procedente lo improcedente cuando la parte quejosa no cumpla con prevenciones que estrictamente afectan la procedencia de dicha vía biinstancial de control constitucional, pues ello significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo previsto por la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del juicio de amparo.
Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 175753, con el rubro y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo."
Dicho de otra manera, lo aquí determinado no implica que se le esté negando a la promovente del amparo su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia y, en el caso a estudio, no cumplió con la prevención que se le hizo para establecer adecuadamente el acto reclamado y, por ende, la procedencia de la demanda de amparo.
Al respecto se cita, por lo ilustrativo de su contenido, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 2002537, cuya literalidad es la siguiente:
"IMPROCEDENCIA EN E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31690-857a02ad/alegatos-en-el-recurso-de-queja-al-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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