QUEJA. ES IMPROCEDENTE LA QUE SE INTERPONE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, Y EN CONTRA DE ACTUACIONES QUE TIENDAN A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO.
QUEJA 98/2008. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN. 30 DE OCTUBRE DE 2008. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RODOLFO R. RÍOS VÁZQUEZ. SECRETARIA: ANA MARÍA CHIBLI MACÍAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Resulta innecesario analizar las argumentaciones de agravio que se exponen contra el auto recurrido en esta queja, toda vez que ésta debe desecharse por improcedente.
Previo a indicar las razones por las cuáles se considera que lo anterior es así, se estima conveniente señalar, de manera breve, los antecedentes del caso:
En el juicio de garantías del cual emana el proveído que se combate, el Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la empresa Grupo Automotriz Equilibrio, Sociedad Anónima de Capital Variable, al estimar que el acto reclamado, consistente en el acuerdo de seis de septiembre de dos mil cuatro, dictado por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León (en el que básicamente instruyó al secretario de Finanzas y tesorero general que evite la vigencia de los juegos de placas y tarjetas de circulación que hubiesen sido expedidas para la prestación del servicio público de pasajeros, dentro del periodo comprendido del cuatro de octubre de dos mil tres a la fecha de publicación del acuerdo impugnado), transgredía el artículo 88 de la Constitución Estatal y la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna, al no encontrarse refrendado por el Secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León. Como efecto del fallo protector, el juzgador determinó que éstos consistían en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el acuerdo de mérito, que se le permitiera realizar el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y se le expidieran las placas correspondientes a los años dos mil cinco y dos mil seis.
Sentencia la anterior que fue recurrida por el gobernador del Estado y otras autoridades, y confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, en el expediente de amparo en revisión número 8/2007, resuelto por mayoría de votos el nueve de febrero de dos mil siete.
Ahora, los tres tomos que integran el presente recurso de queja revelan que, a fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria, el Juez Federal ha emitido innumerables autos en los que requiere el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables, sin que así lo haya logrado; incluso, obra agregado en el tomo II, fojas 1642 a 1660, el incidente de inejecución de sentencia número 3/2007, del índice del mencionado Tercer Tribunal Colegiado, quien determinó que era improcedente y ordenó la devolución al juzgado del conocimiento para que, básicamente, agotara las formalidades prescritas en el artículo 105 de la Ley de Amparo, y tomara en cuenta que los superiores jerárquicos de los directores tanto de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, como del Instituto de Control Vehicular, son las juntas de gobierno conformadas por los funcionarios que describen la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de esta entidad federativa y la diversa Ley que crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.
Por virtud de lo resuelto en la ejecutoria recaída al incidente de inejecución atrás mencionado, el Juez de amparo ha venido dictando proveídos ajustados a aquélla, que han sido recurridos a través de diversos recursos de queja, de los que ha conocido el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de esta ciudad.
En el caso, el antecedente inmediato anterior del auto materia del presente medio de impugnación (de seis de agosto de dos mil ocho), es el oficio AET-DG-482/08, a través del cual el director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público en Nuevo León y secretario técnico de la Junta de Gobierno de esa misma dependencia, informa al Juez de amparo que con el carácter de secretario técnico de la Junta de Gobierno de la referida agencia, ha solicitado el acuerdo del gobernador del Estado y presidente de esa propia junta, para convocar a una sesión extraordinaria en la que se someterá a consideración de los asistentes el requerimiento de cumplimiento a la ejecutoria (tomo III, foja 1784).
Oficio al que recayó el auto combatido (tomo III, foja 1786), transcrito con antelación y cuya lectura evidencia que, en primer término, el a quo precisó que debía decirse a la autoridad ocursante que no estaba facultada para considerar la procedencia o no del requerimiento de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que constituye un mandato judicial, en el que ya se le indicó que la sesión a que debe convocarse es para acatar la ejecutoria, no para acordar alguna acción que dilate el cumplimiento de aquella y, posteriormente, le requirió a esa propia autoridad, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que tuviera conocimiento de ese acuerdo, llevara a cabo la sesión de mérito, allegara el acta correspondiente e informara inmediatamente sobre el cumplimiento del fallo protector, apercibiéndole en el sentido de que, en caso de hacerlo así, se procedería en su contra de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Amparo; esto es, el proveído de mérito versa fundamentalmente sobre un nuevo requerimiento para que la autoridad responsable cumpla con la ejecutoria de amparo.
Ahora bien, la improcedencia del recurso que nos ocupa obedece a lo siguiente:
El funcionario estatal que la hace valer invoca como fundamento de la queja, los supuestos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción V del mismo dispositivo legal; hipótesis éstas que textualmente refieren:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"...
"V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;
"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley; ..."
Bien, por lo que toca a la primera de las fracciones transcritas, si bien la resolución que se ataca fue dictada por el Juez de Distrito después de fallado el juicio constitucional mediante sentencia ejecutoriada, lo cierto es que no se ubica dentro de los actos que prevé, pues versa sobre el recurso de queja que se interponga contra la resolución dictada por un Juez de Distrito en una queja por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia; es decir, se trata del recurso conocido como "queja de queja" o "requeja", lo cual no acontece en la especie, pues como se señaló, en la resolución controvertida, el juzgador federal básicamente requiere el cumplimiento de la ejecutoria.
Ahora, por cuanto a la diversa fracción VI, que también invoca la inconforme como fundamento de su queja, es menester destacar que sobre este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió pronunciamiento en el sentido de que aquélla (queja), que se promueva contra el requerimiento que se formule a la autoridad responsable para que cumpla con la sentencia que concedió el amparo, es improcedente. El criterio jurisprudencial del que se da noticia, es el que a continuación se inserta:
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, febrero de 2004
"Tesis: 1a./J. 61/2003
"Página: 52
"QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR.-Por disposición del artículo 105, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución General de la República, la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, requiriendo, de oficio o instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento debe realizarse directamente a ella. Y, cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. Luego, cuando no se obedece la ejecutoria, a pesar de los requerimientos referidos, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley. Por tanto, es dable considerar que en dicho dispositivo se encuentra implícita la facultad consistente en requerir a todas aquellas autoridades, o partes en el juicio de garantías, que de alguna forma se encuentren vinculadas con dicho objetivo; y si a pesar de haber agotado todos los medios existentes la autoridad es renuente en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se enviarán, como ya se estableció, los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que no se satisfagan los supuestos de procedencia del recurso previsto en la citada fracción VI, del artículo 95, de la Ley de Amparo, que se hacen consistir en que la resolución recurrida no admita expresamente el recurso de revisión y los daños y perjuicios que aquélla pudiere ocasionar no sean susceptibles de reparación en la sentencia definitiva; o bien, que las resoluciones dictadas después de fallado el juicio en primera instancia, no sean reparables por el Juez de Distrito, el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya se vio, el auto de requerimiento que se impugna, en su caso, es susceptible de ser reparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ulterior recurso; y, por ende, la queja resulta improcedente."
De esta manera, si la jurisprudencia anterior es de observancia obligatoria pare este cuerpo colegiado, según lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, su invocación es suficiente para decretar la improcedencia de la queja propuesta con fundamento en la fracción VI del numeral 95 de la Ley de Amparo, contra un auto en el que fundamentalmente se requiere a la responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues lo trascendente es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus Salas, ya se pronunció con relación al tema.
Entonces, con independencia de lo alegado en los agravios que conforman la queja, lo cierto es que la determinación de la procedencia o no del recurso, se basa en la naturaleza de la resolución de que se trate, pues estimar lo contrario, esto es, que tal cuestión (la procedencia o improcedencia del recurso), estuviere condicionada al contenido de los agravios formulados, sería tanto como desconocer los supuestos hipotéticos que el legislador estableció en las once fracciones que componen el artículo 95 de la Ley de Amparo, para la procedencia del recurso de queja ahí regulado.
En las relacionadas condiciones, y dado que las fracciones en que se sustentó la procedencia del presente medio de defensa no se configuran, lo que sigue es decretar el desechamiento del recurso de queja formulado.
Sin que sea óbice para concluir así, que en auto de presidencia de catorce de agosto del año en curso, se admitiera a trámite la queja, en virtud de que dicho proveído no causa estado ni obliga al tribunal cuando actúa en forma colegiada.
Sobre esto último es de invocarse, por analogía, la jurisprudencia P./J. 19/98, del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Tomo VII, marzo de 1998, página 19, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 95, fracción VI, 99 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha por improcedente el recurso de queja.
Notifíquese.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Eduardo López Pérez, Rodolfo R. Ríos Vázquez y Sergio Eduardo Alvarado Puente, siendo presidente el primero de los nombrados y el segundo como ponente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24879-065e46af/queja-es-improcedente-la-que-se-interpone-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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