RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA (ACTUALMENTE CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY VIGENTE). PROCEDE CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Y SE INTRODUCEN CUESTIONES NOVEDOSAS NO CONSIDERADAS EN LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RELATIVA, QUE LA ALTERAN O MODIFICAN, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA UN APERCIBIMIENTO ESPECÍFICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO RAMOS SALAS, SALVADOR TAPIA GARCÍA Y JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. DISIDENTES: ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ Y GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO. PONENTE: JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. SECRETARIO: EVERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de este circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce. Ello, porque el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas entre tres Tribunales Colegiados pertenecientes a este circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima, dado que el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis las sustentadas por los Tribunales Colegiados del Circuito correspondientes, ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
Y en el presente caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por conducto de su Magistrado presidente, cuyo órgano jurisdiccional intervino en uno de los asuntos que originaron los criterios que posiblemente sean contradictorios.
TERCERO. Con el propósito de establecer si en este caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, es pertinente que, en primer lugar, se transcriban las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa **********, en sesión de nueve de noviembre de dos mil doce -en lo que a este estudio interesa-, determinó lo siguiente:
"CUARTO. Este Tribunal Colegiado estima innecesario el análisis de los agravios en que se sustenta el presente recurso de queja, en virtud de que el mismo deviene improcedente.
"Para un claro entendimiento del asunto que se trata, es necesario puntualizar que los administradores de las Aduanas de Mexicali, San Luis Río Colorado y Sonoyta, por conducto del administrador local jurídico de Mexicali, Baja California, combaten a través de este medio de impugnación el proveído dictado el diecisiete de septiembre de dos mil doce, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, a través del cual se requiere a las autoridades responsables el cumplimiento a la medida cautelar definitiva, en virtud de que, desde su punto de vista, en éste el a quo, injustificadamente, modificó los efectos para los cuales inicialmente se concedió la medida cautelar.
"Ahora, la improcedencia del recurso se determina en atención a que el auto impugnado no encuadra en los supuestos que para tal fin establece el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, al estimarse que el mismo no tiene una naturaleza trascendental y grave que provoque a la inconforme un daño o perjuicio no reparable.
"Cierto, las hipótesis de procedencia del remedio procesal de mérito se encuentran establecidas en el indicado normativo, cuyo contenido es:
"‘El recurso de queja es procedente:
"‘...
"‘VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.’
"Como se colige de la disposición transcrita, la procedencia del recurso de queja en el aludido supuesto se surte de manera genérica cuando se reúnen los requisitos consistentes en que:
"a) Se trate de una resolución dictada por el Juez de Distrito o el superior del tribunal en los casos a que se refiere el artículo 37 de la legislación en comento.
"b) Dicha determinación se haya dictado durante el trámite del juicio de amparo o del incidente de suspensión.
"c) Contra esa decisión no sea procedente el recurso de revisión conforme al numeral 83 del ordenamiento invocado.
"d) Sea una resolución que por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.
"e) La determinación dictada después de fallado el juicio en primera instancia, no pueda repararse por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia.
"De ahí que -en lo que interesa-, se advierta que este supuesto de procedencia de la queja se agota al versar sobre determinaciones adoptadas durante el trámite del incidente de suspensión, que expresamente no admitan recurso de revisión y tengan una naturaleza trascendental y grave que pudieran causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable.
"Asimismo, conviene precisar que el cardinal 143 de la ley en cita estatuye:
"‘Artículo 143. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley.
"‘Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad caucional conforme al artículo 136.’
"La disposición normativa antes transcrita, contempla los medios procesales al alcance de los órganos de control constitucional, a fin de que se dé cumplimiento a la medida suspensional; estas figuras, a su vez, se encuentran en los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 del cuerpo normativo en consulta, cuyo texto legal es:
"‘Artículo 104. En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes.
"‘En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior.
"‘En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.’
"‘Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. ...’
"‘Artículo 107. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observarán (sic) también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.
"‘Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo.’
"‘Artículo 111. Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de que el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de que se trata dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario de su dependencia, para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo Juez de Distrito o el Magistrado designado por el Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele cumplimiento, para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el Juez de Distrito o Magistrado de Circuito respectivo, podrán salir del lugar de su residencia sin recabar autorización de la Suprema Corte, bastando que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria.
"‘Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado, mediante el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la ejecutoria y la autoridad responsable, se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda dentro de un término prudente, que no podrá exceder de tres días, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, mandarán ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que les giren conforme a esta disposición, los Jueces federales o la autoridad que haya conocido del juicio.’
"Como se observa, los preceptos transcritos aluden a las directrices que, al efecto, pueden tomar los tribunales de amparo con la finalidad de cumplir el fallo protector.
"Por consiguiente, si el legislador incorporó estas facultades y obligaciones al mencionado 143, esto se debió a que estimó pertinente dotar a los órganos de control constitucional del mismo marco jurídico de actuación frente al acatamiento de las determinaciones emitidas en el incidente de suspensión.
"En esa tesitura, es oportuno apuntar que sobre los procedimientos de ejecución de sentencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que los autos a través de los cuales se impugnen los proveídos en los que se efectúan requerimientos para acatar las sentencias amparadoras no son recurribles mediante la queja, en virtud de que éstos no tienen carácter de irreparables, al ser subsanables mediante ulteriores medios de defensa.
"La jurisprudencia 1a./J. 61/2003, en la que se contienen los razonamientos a que se hace referencia, es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, página 52, bajo el rubro y texto:
"‘QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. Por disposición del artículo 105, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución General de la República, la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, requiriendo, de oficio o instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento debe realizarse directamente a ella. Y, cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. Luego, cuando no se obedece la ejecutoria, a pesar de los requerimientos referidos, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley. Por tanto, es dable considerar que en dicho dispositivo se encuentra implícita la facultad consistente en requerir a todas aquellas autoridades, o partes en el juicio de garantías, que de alguna forma se encuentren vinculadas con dicho objetivo; y si a pesar de haber agotado todos los medios existentes la autoridad es renuente en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se enviarán, como ya se estableció, los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que no se satisfagan los supuestos de procedencia del recurso previsto en la citada fracción VI, del artículo 95, de la Ley de Amparo, que se hacen consistir en que la resolución recurrida no admita expresamente el recurso de revisión y los daños y perjuicios que aquélla pudiere ocasionar no sean susceptibles de reparación en la sentencia definitiva; o bien, que las resoluciones dictadas después de fallado el juicio en primera instancia, no sean reparables por el Juez de Distrito, el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya se vio, el auto de requerimiento que se impugna, en su caso, es susceptible de ser reparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ulterior recurso; y, por ende, la queja resulta improcedente.’
"De tal manera que, si en un hermenéutico ejercicio interpretativo se análoga los deberes de vigilancia que les asiste a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en cuanto al cumplimiento de los fallos protectores, con la observancia de la suspensión, se concluye que contra todo proveído que se adopte en el sentido de requerir el cumplimiento de la medida cautelar, no podrá proceder el recurso de queja, pues los aludidos acuerdos no tienen el carácter de irreparables, aunado a que son dictados en el marco legal del arábigo 143 de la legislación en comento.
"Esto es así, pues el recién indicado normativo salvaguarda la figura de la suspensión definitiva como una institución jurídica de gran importancia, por el hecho de tener como finalidad el preservar la materia del juicio; de ahí la justificación de lo incólume de las directrices a adoptar para su cumplimiento.
"Conforme a lo anterior, este órgano de justicia estima que no se cumple con los requisitos de procedencia del recurso de queja, puesto que si el sentido del auto impugnado es un requerimiento a las autoridades demandadas para la observancia a la suspensión definitiva; éste, en modo alguno, puede constituir una resolución que por su naturaleza transcendental y grave, pueda causar daño o perjuicio irreparable.
"Lo anterior, en virtud de que el resolutor de primer grado emitió la citada providencia dentro del marco de facultades que para tal fin le brinda el indicado artículo 143 de la ley de la materia, el cual autoriza a los tribunales de garantías para dictar éstas, con la finalidad de lograr el cumplimiento a la medida cautelar; tan es así, que la referida disposición señala como rectores de su proceder los diversos dispositivos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley.
"Esto, ya que si se atiende a la teleología del referido cardinal 143 ídem, se colige que, al hacer referencia a los recién invocados numerales, el legislador contempló con la misma importancia al hecho de que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo como a las determinaciones adoptadas en el incidente de suspensión, ya que aun cuando el contexto jurídico en el que ambas se dictan es distinto, lo cierto es que comulgan en el aspecto alusivo a la obligación de las autoridades responsables de acatar lo que, al respecto, dicte la autoridad de amparo.
"Ello, pues en ambos casos, la inobservancia de estas resoluciones podría generar significativos daños y perjuicios en la esfera de los gobernados, además de poner de manifiesto una total vulneración al orden público y a la soberanía que ejerce el Estado, a través de las decisiones que jurisdiccionalmente adopten los tribunales de la Federación.
"Sobre esta premisa si, en el caso, la suspensión definitiva entrañaba una obligación de las inconformes de abstenerse de actuar, es decir, de ejecutar el acto reclamado, y el Juez de garantías -al advertir la posibilidad de su incumplimiento- instruyó que se respetara la citada medida suspensional, es claro que la providencia combatida no irroga perjuicio alguno a las responsables, ya que ésta (sic), per se, se encuentran compelidas a acatar las disposiciones relativas a las medidas cautelares dictadas con motivo de la tramitación del juicio de amparo subyacente.
"Ahora bien, esta decisión no implica que se vede el derecho de las autoridades disidentes a inconformarse en lo que respecta a la modificación que a su parecer sufrió la suspensión definitiva.
"Esto, ya que en caso de que en las recurrentes subsista la inconformidad relativa a la supuesta alteración de los efectos de la suspensión, se precisa que el escenario jurídico para impugnar ese aspecto tendría que descansar en la denuncia que por violación a la misma, que al efecto promoviera el quejoso, la cual, por su tramitación incidental, ameritaría la rendición de un informe sobre su actuar al Juez de Distrito, en el que realice las alegaciones que estime pertinentes y si, al concluirse dicha incidencia, se dictara una resolución en su perjuicio en la que se les conminara a cumplir con lineamientos que considerara distintos a los que en un principio se establecieron para su concesión, contarían con pleno derecho para ejercer contra dicha interlocutoria, el recurso legalmente idóneo.
"Por otra parte, cabe señalar que el hecho de que el Juez de Distrito haya apercibido a la responsable que, en caso de incumplir con la suspensión definitiva otorgada, se haría acreedor a una multa, no torna procedente el recurso de queja, ya que dicho apercibimiento no le causa agravio alguno, pues no es sino hasta que la autoridad incumpla con lo ordenado, que se haría efectiva la multa a la autoridad, momento en el cual podría reclamarla.
"De ahí que en las condiciones apuntadas y hasta la fase procesal de la que este órgano tiene conocimiento, se torne improcedente el medio de impugnación que las autoridades recurrentes interpusieron contra la providencia de diecisiete de septiembre de dos mil doce, combatida en esta instancia.
"Sin que obste el hecho de que mediante auto de presidencia de cuatro de octubre del año en curso, se haya admitido a trámite, ya que, al momento de dictar la resolución -que es cuando se tienen todos los elementos para pronunciarse al respecto- el Pleno del tribunal está facultado para estudiar y determinar la procedencia del recurso.
"Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 29/2006, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil seis, página 188, que se transcribe a continuación:
"‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito, o del superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos previstos en el artículo 37 de esa ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 del mencionado ordenamiento y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley. En ese sentido, si al momento de dictar la resolución final los integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito advierten que la queja no satisface los requisitos de procedencia mencionados deberán desechar el recurso, sin que sea obstáculo para ello el hecho de que su presidente lo haya admitido a trámite, ya que al momento de dictar la resolución -que es cuando se tienen todos los elementos para pronunciarse al respecto- el Pleno del Tribunal está facultado para estudiar y determinar la procedencia del recurso; además, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que los autos dictados por el presidente de un órgano colegiado no causan estado.’."
(Lo destacado con negritas y subrayado pertenece a este tribunal).
El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja administrativos **********, **********, **********, ********** y **********, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. El recurso de queja promovido por el subadministrador ‘4’, adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, por conducto de su delegada, es improcedente, por las razones que a continuación se exponen:
"En efecto, del escrito mediante el cual se interpone el recurso de queja, se advierte que el subadministrador ‘4’, adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, en su calidad de autoridad responsable, ahora recurrente, promueve recurso de queja, con fundamento en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en contra del auto de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número **********, del índice del juzgado citado; auto impugnado en contra del cual, el recurrente alega que se le requirió para que diera cumplimiento en términos distintos a los alcances dispuestos mediante las diversas sentencias interlocutorias de fechas 10 y 22 de diciembre de dos mil diez, 4 y 25 de enero, 3 de febrero, 7 de marzo, 5 de abril, 28 de mayo, 20 de julio, 19, 26 y 30 de septiembre, 7, 17 y 25 de octubre, 25 de noviembre, todos de dos mil once, y 28 de marzo de dos mil doce, toda vez que únicamente se determina conceder los efectos de la suspensión definitiva de los actos reclamados a la empresa quejosa denominada ********** y no así a favor de terceras personas, por lo que, a su consideración, el auto de dieciséis de abril del presente año, de ninguna manera aclara los alcances de las citadas sentencias interlocutorias, sino que contrario a emitir una simple aclaración de alcances, en perjuicio de esta autoridad recurrente, requiere un cumplimiento en términos y condiciones totalmente distintos, y que no fueron materia de pronunciamiento, por tanto, el a quo indebidamente modificó la suspensión definitiva originalmente concedida a la parte quejosa, ya que dicha determinación quedó fuera de los efectos para los cuales el Juez de Distrito concedió la suspensión de los actos reclamados.
"Ahora bien, al respecto, conviene precisar que el artículo 140 de la Ley de Amparo establece que en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito ‘puede modificar o revocar el auto que haya concedido o negado la suspensión cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.’
"Así también, debe tenerse presente que el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo prevé que el recurso de revisión procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales:
"a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;
"b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y,
"c) Nieguen la revocación o modificación del auto en que se conceda o niegue la suspensión definitiva.
"Por su parte, el artículo 95, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, señala que el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable, en su caso, que:
"1) Se dicten durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave, puedan ocasionar daño o perjuicio a las partes no reparable en la sentencia definitiva; o,
"2) Se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las referidas autoridades, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con arreglo a la ley.
"Del análisis armónico de lo previsto en los numerales en comento, se colige que, tratándose de la suspensión del acto reclamado, el recurso de revisión procede únicamente contra resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, lo que de suyo implica un análisis de las pruebas aportadas por las partes en el incidente respectivo, ya sea para conceder o negar la referida medida suspensional, o bien, para revocar o modificar dicha determinación cautelar.
"Por exclusión, todas aquellas determinaciones que se dicten durante el trámite del incidente respectivo y que no decidan sobre el otorgamiento, modificación o revocación de la suspensión definitiva del acto reclamado, serán impugnables a través del recurso de queja, siempre que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva.
"Por consiguiente, es dable concluir que el auto impugnado por la autoridad responsable que, a su consideración, modificó las resoluciones incidentales de fechas 10 y 22 de diciembre de dos mil diez, 4 y 25 de enero, 3 de febrero, 7 de marzo, 5 de abril, 28 de mayo, 20 de julio, 19, 26 y 30 de septiembre, 7, 17 y 25 de octubre, 25 de noviembre, todos de dos mil once, y 28 de marzo de dos mil doce, respectivamente, mediante las cuales se concedió a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, no encuadra dentro de los supuestos de procedencia del recurso de queja que prevé el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en tanto que, a estimación de la recurrente, con el pronunciamiento del auto impugnado se modificó la medida cautelar definitiva que se otorgó a la quejosa.
"Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 333, con registro IUS: 173875, de rubro y texto siguientes:
"‘Novena Época
"‘Registro: 173875
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XXIV, noviembre de 2006
"‘Materia: común
"‘Tesis: 2a./J. 156/2006
"‘Página: 333
"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE DESECHA DE PLANO EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE O NIEGA, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA. De los artículos 83, fracción II, y 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de la suspensión del acto reclamado, el recurso de revisión procede únicamente contra resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, lo que de suyo implica un análisis de las pruebas aportadas por las partes en el incidente respectivo, ya sea para conceder o negar la referida medida suspensional, o bien, para revocar o modificar dicha determinación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25293-0e39d88c/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-95 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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