QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE MODIFICA LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HABRÁ DE CUMPLIR.
QUEJA 50/2012. SUBADMINISTRADOR "4" DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE MEXICALI. 22 DE JUNIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RUBÉN DAVID AGUILAR SANTIBÁÑEZ. SECRETARIA: MÓNICA LIZZETH MUÑOZ FÉLIX.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El recurso de queja promovido por el subadministrador "4" adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, por conducto de su delegada, es improcedente, por las razones que a continuación se exponen.
En efecto, del escrito mediante el cual se interpone el recurso de queja, se advierte que el subadministrador "4" adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, en su calidad de autoridad responsable, ahora recurrente, promueve recurso de queja, con fundamento en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en contra del auto de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********** del índice del juzgado citado; auto impugnado en contra del cual, el recurrente alega que se le requirió para que diera cumplimiento en términos distintos a los alcances dispuestos mediante las diversas sentencias interlocutorias de fechas 10 y 22 de diciembre de dos mil diez, 4 y 25 enero, 3 de febrero, 7 de marzo, 5 de abril, 28 de mayo, 20 de julio, 19, 26 y 30 de septiembre, 7, 17 y 25 de octubre, 25 de noviembre, todos de dos mil once, y 28 de marzo de dos mil doce, toda vez que, únicamente se determina conceder los efectos de la suspensión definitiva de los actos reclamados a la empresa quejosa denominada **********, y no así a favor de terceras personas, por lo que a su consideración, el auto de dieciséis de abril del presente año, de ninguna manera aclara los alcances de las citadas sentencias interlocutorias, sino que contrario a emitir una simple aclaración de alcances, en perjuicio de esta autoridad recurrente, requiere un cumplimiento en términos y condiciones totalmente distintos, y que no fueron materia de pronunciamiento, por tanto, el a quo indebidamente modificó la suspensión definitiva originalmente concedida a la parte quejosa, ya que dicha determinación quedó fuera de los efectos para los cuales el Juez de Distrito concedió la suspensión de los actos reclamados.
Ahora bien, al respecto conviene precisar que, el artículo 140 de la Ley de Amparo establece que en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito "puede modificar o revocar el auto que haya concedido o negado la suspensión cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento."
Así también, debe tenerse presente que el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo prevé que el recurso de revisión procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales:
a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;
b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y
c) Nieguen la revocación o modificación del auto en que se conceda o niegue la suspensión definitiva.
Por su parte, el artículo 95, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, señala que el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal responsable, en su caso, que:
1) Se dicten durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y, que por su naturaleza trascendental y grave, puedan ocasionar daño o perjuicio a las partes no reparable en la sentencia definitiva; o
2) Se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las referidas autoridades, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con arreglo a la ley.
Del análisis armónico de lo previsto en los numerales en comento, se colige que tratándose de la suspensión del acto reclamado, el recurso de revisión procede únicamente contra resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, lo que de suyo implica un análisis de las pruebas aportadas por las partes en el incidente respectivo, ya sea para conceder o negar la referida medida suspensional, o bien, para revocar o modificar dicha determinación cautelar.
Por exclusión, todas aquellas determinaciones que se dicten durante el trámite del incidente respectivo y que no decidan sobre el otorgamiento, modificación o revocación de la suspensión definitiva del acto reclamado, serán impugnables a través del recurso de queja, siempre que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva.
Por consiguiente, es dable concluir que el auto impugnado por la autoridad responsable que a su consideración modificó las resoluciones incidentales de fechas 10 y 22 de diciembre de dos mil diez, 4 y 25 de enero, 3 de febrero, 7 de marzo, 5 de abril, 28 de mayo, 20 de julio, 19, 26 y 30 de septiembre, 7, 17 y 25 de octubre, 25 de noviembre, todos de dos mil once, y 28 de marzo de dos mil doce, respectivamente, mediante las cuales se concedió a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, no encuadra dentro de los supuestos de procedencia del recurso de queja que prevé el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en tanto que a estimación de la recurrente con el pronunciamiento del auto impugnado se modificó la medida cautelar definitiva que se otorgó a la quejosa.
Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 333, con registro IUS 173,875, de rubro y texto siguientes:
"Novena Época
"Registro: 173875
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, noviembre de 2006
"Materia(s): Común
"Tesis: 2a./J. 156/2006
"Página: 333
"SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE DESECHA DE PLANO EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE O NIEGA, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA.-De los artículos 83, fracción II, y 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de la suspensión del acto reclamado, el recurso de revisión procede únicamente contra resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, lo que de suyo implica un análisis de las pruebas aportadas por las partes en el incidente respectivo, ya sea para conceder o negar la referida medida suspensional, o bien, para revocar o modificar dicha determinación y, por exclusión, los autos o resoluciones que se dicten durante el trámite del incidente respectivo y que no decidan sobre el otorgamiento, modificación o revocación de la suspensión definitiva del acto reclamado, serán impugnables a través del recurso de queja, siempre que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. En esa tesitura, contra el auto que desecha el incidente de modificación o revocación de la resolución que concede o niega la suspensión (provisional o definitiva) del acto reclamado, procede el recurso de queja, ya que al excluir cualquier pronunciamiento sobre la determinación que se pretende modificar o revocar, constituye un auto de trámite dictado dentro del incidente de suspensión, que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puede ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, pues no debe soslayarse que por virtud del desechamiento del aludido incidente, el auto que concede o niega la suspensión surte efectos hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio principal.
"Contradicción de tesis 26/2006-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero del Décimo Segundo Circuito. 6 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
"Tesis de jurisprudencia 156/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de octubre de dos mil seis."
En las relatadas condiciones, al no actualizarse los supuestos de procedencia a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por improcedente el recurso de queja que nos ocupa.
Por consiguiente, ante la improcedencia del recurso planteado por la autoridad responsable recurrente, debe dejarse insubsistente el auto de presidencia de nueve de mayo de dos mil doce, en el que se ordenó su admisión, en virtud de que dicha determinación no causa estado; lo anterior en atención a que el auto de admisión de presidencia del Tribunal Colegiado es un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes que no causa estado, por lo que se refiere al Pleno de este tribunal, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente sólo tiene atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dicho órgano colegiado en Pleno decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos y, por lo mismo, el tribunal en Pleno deberá reexaminarlos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente (énfasis añadido):
"Novena Época
"Registro: 164840
"Instancia: Primera Sala
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, abril de 2010
"Materia(s): Común
"Tesis: 1a. LXXIX/2010
"Página: 406
"AUTOS DE PRESIDENCIA. A PESAR DE QUE POR REGLA GENERAL NO SON DETERMINACIONES QUE CAUSEN ESTADO RESPECTO DEL TRIBUNAL EN QUE SE DICTAN, SÍ PUEDEN QUEDAR FIRMES Y PRODUCIR CONSECUENCIAS PROCESALES DENTRO Y FUERA DEL PROCEDIMIENTO CUANDO PRECLUYE EL DERECHO A RECLAMARLOS, Y SE ASUMEN POR EL ÓRGANO COLEGIADO CONFIRMÁNDOLOS EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE.-Los autos de presidencia pronunciados durante la instrucción de los diferentes procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de composición colegiada no causan estado y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos; sin embargo, lo anterior no debe entenderse de manera que toda determinación contenida en esta clase de proveídos no causa estado ni tiene consecuencias procesales. Por el contrario, dichas actuaciones no dejan de representar resoluciones jurisdiccionales emitidas por autoridad competente que pueden causar perjuicio a las partes y definir un aspecto de derecho, por eso son impugnables a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, que de no interponerse ocasiona la preclusión en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que lleva a inferir que las decisiones contenidas en tales actuaciones se encuentren jurídicamente consentidas y producirían efectos procesales tanto en el procedimiento correspondiente como fuera de éste. Por tanto, si los autos de trámite de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito no causan estado frente a las determinaciones del Pleno del órgano jurisdiccional al que pertenecen, no menos cierto es que la razón de eso es que un proveído presidencial no representa, en sí mismo, una decisión jurisdiccional definitiva de dicho órgano, en tanto no sea confirmado por la totalidad de la composición del mismo, cuyas decisiones se toman por unanimidad o mayoría de votos conforme a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que ocurre -de manera especial- después de que se interponga el recurso de reclamación confirmando la determinación presidencial, y -de manera general- cuando se dicte la sentencia colegiada por el tribunal que concluya su intervención, sin ordenarse la reposición del procedimiento o la corrección de la decisión presidencial, lo cual representa una aceptación implícita del tribunal en relación con todas las actuaciones y decisiones procesales de trámite tomadas por su presidente durante la instrucción, pues si se presentan los supuestos citados, los autos presidenciales pueden quedar firmes y regir situaciones específicas surtiendo efectos no sólo en el procedimiento en el cual se dictaron, sino fuera de éste.
"Amparo directo en revisión 91/2010. Luisa Sánchez Ramírez. 3 de marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero."
En el mismo sentido se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver los recursos de queja 108/2011, 109/2011, 111/2011, 114/2011 y 115/2011, entre otros.
Por lo expuesto y fundado en los artículos 95, fracción VI, 97, fracción II y 99, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha por improcedente el recurso de queja interpuesto por el subadministrador "4" adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, en contra del auto de dieciséis de abril de dos mil doce, dictado en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno, con testimonio autorizado de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.
Así lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Rubén David Aguilar Santibáñez, Faustino Cervantes León y el secretario en funciones de Magistrado Miguel Ángel Montalvo Vázquez, autorizado mediante sesión de la Comisión de Carrera Judicial de veintinueve de noviembre de dos mil once, siendo presidente y ponente el mencionado en primer término.
Conforme a lo previsto en los artículos 1 a 6, 8, 18 a 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23768-99056cd3/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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