QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. SI SE INTERPONE CONTRA UN AUTO QUE FUE MATERIA DE ESTUDIO DE UNO DIVERSO RESUELTO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE, PROCEDE DESECHARLA DE PLANO AL CONSTITUIR UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA.
QUEJA 33/2012. SUBADMINISTRADOR "6" DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE MEXICALI. 22 DE JUNIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RUBÉN DAVID AGUILAR SANTIBÁÑEZ. SECRETARIO: ISRAEL SERRANO CAMPOS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En el presente asunto conviene precisar que mediante auto de dieciséis de abril de dos mil doce, la presidencia de este tribunal admitió a trámite el presente recurso de queja, en el que se señaló que había sido promovido por el subadministrador "7" de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, Baja California; no obstante lo anterior, este tribunal advierte de la lectura del propio medio de impugnación que, el mismo se promovió por el subadministrador "6" de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, Baja California.
Asimismo, en el asunto que nos ocupa, no habrán de transcribirse ni analizarse las consideraciones que sustentan el auto recurrido ni los agravios propuestos en su contra, porque procede desechar por improcedente el presente recurso de queja promovido por la autoridad recurrente indicada en el resultando primero de la presente resolución.
Ello es así, ya que el presente recurso de queja fue planteado contra el auto de veintiséis de marzo de dos mil doce, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo **********, mediante el cual el a quo admitió a trámite la ampliación de la demanda de garantías interpuesta por la quejosa **********, en relación con diversas autoridades responsables a las señaladas en su escrito inicial de demanda.
Ahora bien, constituye un hecho notorio para este Tribunal Colegiado, que mediante sesión de Pleno de veintiuno de junio de dos mil doce, este propio órgano jurisdiccional resolvió declarar infundado el diverso recurso de queja 28/2012, que interpuso el **********, en contra del proveído de veintiséis de marzo de dos mil doce, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número **********, promovido por **********.
La referida ejecutoria es del tenor literal siguiente:
(Se transcribe ejecutoria relativa a la queja 28/2012)
"Queja administrativa 28/2012
"Quejoso: **********
"Recurrente: Subadministrador ‘1’ de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali.
"Magistrado Ponente: Rubén David Aguilar Santibáñez.
"Secretario: Israel Serrano Campos
"Mexicali, Baja California, acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil doce.
"Vista para resolver la queja administrativa número 28/2012; y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil doce en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en esta ciudad y recibido por este Tribunal Colegiado, el nueve del mismo mes y año, el subadministrador ‘1’ de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, con fundamento en el artículo 95, fracción VI y 97, fracción II, de la Ley de Amparo, interpuso el presente recurso de queja en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil doce, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente **********.
"SEGUNDO. Por acuerdo de diez de abril de dos mil doce, este órgano colegiado ordenó tramitar el recurso de mérito, registrándose con el toca número **********, y requirió al Juez recurrido para que rindiera su informe justificado dentro de un término de tres días y anexara todas las actuaciones necesarias para la resolución del presente recurso, así como la constancia de notificación realizada a la parte recurrente.
"TERCERO. Por auto de trece de abril del año en curso, este Tribunal Colegiado admitió el recurso de que se trata, que se tramitó según consta de autos y ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento.
"Mediante proveído de veintiséis de abril del año en cita, se ordenó turnar los autos al Magistrado Rubén David Aguilar Santibáñez, para que formulara proyecto de resolución.
"CUARTO. Por oficio número CCJ/ST/6786/2011, signado por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se autorizó al licenciado Miguel Ángel Montalvo Vázquez, secretario de este órgano jurisdiccional, para que desempeñe las funciones de Magistrado de Circuito.
"CONSIDERANDO:
"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82, 95, fracción VI, 97, fracción II y 99 de la Ley de Amparo; 37, fracción III, 39, 41, fracción III y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General Número 11/2011 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintitrés de marzo de dos mil once, sobre la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
"SEGUNDO. El recurso de queja que se examina fue interpuesto dentro del término de cinco días que establece el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el auto impugnado se notificó al recurrente el veintisiete de marzo de dos mil doce, y el escrito de expresión de agravios fue presentada el tres de abril del mismo año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, por lo que fue oportuno el recurso de queja.
"TERCERO. El auto impugnado de veintiséis de marzo de dos mil doce, es del tenor literal siguiente:
"‘... Mexicali, Baja California, a veintiséis de marzo de dos mil doce. Con el escrito de cuenta se tiene a *********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, ampliando la demanda de garantías contra actos de las autoridades responsables, administrador general de Auditoría Fiscal Federal, administrador central de Comercio Exterior dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, administradores de Planeación y Programación 1, 2, 3 y 4, administrador central de Fiscalización Estratégica, administradores de Fiscalización Estratégica 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, coordinador de Comercio Exterior, administrador general de Grandes Contribuyentes, administrador central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, administradores de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente 1, 2, 3, 4 y 5, administrador central de Fiscalización al Sector Financiero, administradores de Fiscalización al Sector Financiero 1, 2, 3, 4 y 5, administrador central de Fiscalización Internacional, administradores de Fiscalización Internacional 1, 2, 3 y 4, administrador central de Fiscalización de Precios de Transferencia, administradores de Fiscalización de Precios de Transferencia 1, 2, 3 y 4, administrador central de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos, administradores de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos 1, 2, 3, 4 y 5, administrador central de Fiscalización de Comercio Exterior, administradores de Fiscalización de Comercio Exterior 1, 2, 3 y 4, administradores de Comercio Exterior 1, 2, 3, 4 y 5, dependientes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, todas con residencia en México, Distrito Federal, administrador local de Auditoría Fiscal, subadministradores locales de Auditoría Fiscal Federal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos de la Administración Local de Auditoría Fiscal Federal, ambos de esta ciudad de Mexicali, Baja California y administradores locales de Auditoría Fiscal de Tijuana, Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora, Nogales, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Piedras Negras, Coahuila, Matamoros Tamaulipas y Ciudad Reynosa, Tamaulipas. En consecuencia, requiéraseles para que rindan su informe justificado, quienes deberán rendirlo dentro del término de cinco días siguientes al que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio de garantías, y acompañarán, en su caso, copia legible y debidamente certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que, en caso de ser omisa a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 149 de la ley de la materia, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado vía correo electrónico a las siguientes direcciones: 3jdo15cto@cjf.gob.mx y/o 3jdto15cto@gmail.com, en este caso deberán señalar teléfono y nombre de un funcionario que verifique el envío para efectos de la certificación correspondiente. Así también deberán expresar si autorizan dicho medio electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones. Hágase del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con diez minutos del día veinte de abril de dos mil doce, para su verificativo. Se cita al respecto, la jurisprudencia I.2o.A. J/17, consultable en la página 972 del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra dice: «DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDADES PARA FORMULARLA. La demanda de garantías puede ampliarse dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo y otra posibilidad de hacerlo surge cuando al rendir el informe justificado las autoridades responsables manifiestan la existencia de actos distintos de los reclamados, de los cuales no tenía conocimiento el quejoso, o cuando hacen saber la participación de otras autoridades en la realización de los actos que se reclaman, porque, en ese caso, el conocimiento de los nuevos actos o de la participación de otras autoridades, por parte del afectado, tiene lugar en el momento en que se da vista con el informe justificado que contenga esos datos y, por ende, a partir de esa fecha le empieza a correr el término para ejercer la acción constitucional de amparo, ya promoviendo un nuevo juicio de garantías, ya a través de la ampliación de la demanda en trámite.». Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final de la fracción IV del numeral 74 de la ley de la materia, se hace saber a la parte quejosa y a las autoridades responsables, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de notoria improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral invocado al inicio de este párrafo, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según la gravedad del caso. Por otra parte, y en virtud de que el promovente solicita la suspensión del acto reclamado de las autoridades señaladas como responsables, con dos copias del escrito de cuenta provéase lo que corresponda en el incidente de suspensión. Por último, dése al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le compete. Notifíquese y cúmplase. ...’
"CUARTO. La autoridad recurrente expresa los agravios siguientes:
"‘... Primero. Causa agravio a estas autoridades recurrentes el acuerdo de 26 de marzo de 2012 que se reclama, toda vez que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali, admite y tiene por ampliada la demanda de garantías propuesta por la quejosa en contravención a los criterios que para tal efecto ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dice lo anterior pues como ese órgano colegiado puede apreciar, la ampliación de la demanda de garantías no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo, por lo que su admisión se encuentra constreñida invariablemente al acatamiento de los criterios que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado respecto al tema. En este sentido, resulta oportuno considerar la tesis jurisprudencial P./J. 12/2003, de rubro: «AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE NO CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO.», mediante el cual el Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha razonado que la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original de demanda, para que sus nuevos argumentos formen parte de la controversia que deba resolver el Juez del conocimiento, por lo que en este orden de ideas, su admisión resulta indispensable sólo en los casos en los que ésta sea necesaria para que el juzgador emita una resolución adecuada respecto del conflicto originalmente planteado por el quejoso. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto los casos en los que debe considerarse la procedencia de la ampliación de demanda, emitiendo para tal efecto la diversa tesis jurisprudencial P./J. 15/2003, que es del tenor siguiente: «Novena Época, Registro: 183932, Instancia: Pleno, jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, Materia(s): Común, tesis P./J. 15/2003, página 12. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Contradicción de tesis 2/99-PL. Entre las sustentadas por las Salas Primera, Segunda y Auxiliar, por una parte, y por otra, la Cuarta Sala, todas de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3 de junio de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 15/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil tres.» (lo marcado y subrayado es nuestro) (sic). Con base en lo anterior, podemos apreciar que para determinar la procedencia de la ampliación de la demanda de garantías resulta imprescindible atender a los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, por lo que la ampliación de la demanda procede en el amparo indirecto cuando: Su admisión resulte indispensable para que el juzgador emita una resolución adecuada respecto al conflicto originalmente planteado por el quejoso. Del informe justificado rendido por las autoridades responsables se desprendan datos no conocidos por el quejoso. El acto reclamado en la ampliación de la demanda se fundamente o motive en el informe justificado rendido por las autoridades responsables. El quejoso por cualquier medio, tenga conocimiento del acto reclamado en ampliación de demanda, cuando éste se encuentre vinculado con el reclamado originalmente. Bajo estas premisas, no debe soslayarse que en el caso que nos ocupa, la quejosa acudió al juicio de amparo reclamando medularmente: «los actos que ejercen mediante el sistema SAAI (Sistema Aduanero Automatizado Integral), tendientes a impedir que la empresa quejosa realice importaciones de vehículos automotores usados al amparo de las disposiciones que en esta materia contempla el Tratado de Libre Comercio de América del Norte del que México es parte, no obstante que en la especie se cuenta con autorización y/o registro del padrón de importadores. ... la aplicación de las Reglas de Carácter General de Materia de Comercio Exterior y su Anexo 22, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio 2010, en lo que respecta a la regla 3.5.1, apartado B, en lo tocante a la importación de vehículos usados, regla 3.5.2, regla 3.5.3, regla 3.5.4, regla 3.5.5, regla 3.5.6, regla 3.5.7, regla 3.5.8 y regla 3.5.9, porque trastocan el derecho del suscrito a importar a la luz de las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ... la violación reiterada que en mi perjuicio cometen del artículo 64 de la Ley Aduanera, al impedir que el valor en aduana de los vehículos a importar, se determine en términos de lo dispuesto por dicho numeral, sino que buscan la aplicación del mecanismo denominado <precios estimados> conforme al anexo 2 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2005 y sus posteriores modificaciones, la última de ellas publicada el 29 de abril de 2009, en el Diario Oficial de la Federación. ... las medidas que pueden tomar en perjuicio de la quejosa por haber promovido el presente juicio de garantías, como puede ser, de manera enunciativa, el darla de baja del padrón de importadores, negarle el identificador o el justificar sus importadores.». Posteriormente y mediante diverso escrito de ampliación de demanda, el quejoso adicionó como reclamo al juicio de amparo planteado: 1. La expedición y aplicación del decreto que regula la importación definitiva de autos usados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 2011 que entró en vigor ese mismo día. Como su Señoría podrá apreciar, el acto reclamado en esta segunda ampliación de demanda por el impetrante, no se ajusta a lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la procedencia de la ampliación de demanda en el juicio de amparo indirecto, toda vez que, el acto reclamado que ahora hace valer: 1) No constituye un dato no conocido por la quejosa derivado del informe justificado rendido por las autoridades responsables. 2) No se fundamenta o motiva en el informe justificado rendido por las autoridades responsables. 3) Ni mucho menos se encuentra vinculado con el acto reclamado originalmente, por lo que la improcedencia de la ampliación que nos ocupa es flagrante. Al respecto, se precisa que no debe perderse de vista que la única pretensión del quejoso es crear confusión, toda vez que como quedará debidamente detallado en el presente ocurso, esta subadministración «1» de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, de ninguna manera cuenta con facultades inherentes al despacho aduanero, que sean ni mínimamente relacionadas con la operación aduanera, motivo por el cual resulta totalmente improcedente la admisión de la ampliación de demanda al hoy quejoso. Lo anterior se acredita con el contenido de los artículos 17 y 19, relativos al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en vigor, los cuales regulan las funciones inherentes a esta subadministración «1» de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, y dentro de los cuales puede apreciarse claramente que entre las funciones y facultades relativas a esta informante, de ninguna manera se contempla alguna facultad relativa al despacho y operación aduanera o a la prevalidación de pedimentos de importación o, en su caso, modulación de los mismos, al control o registro del padrón de importadores ni a ninguno de los acto (sic) que se reclama a esta autoridad, ya que las cuales en todo caso son propias y exclusivas de las autoridades aduaneras, como son las aduanas y no así de esta autoridad fiscalizadora. Así pues, es claro que el nuevo acto reclamado por el quejoso no cumple con los requisitos de procedencia que para la ampliación de la demanda ha previsto nuestro Máximo Tribunal, toda vez que la expedición y aplicación del decreto que regula la importación definitiva de autos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 2011, constituye un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo que indiscutiblemente no emana de los informes justificados rendidos por las responsables, mucho menos fue conocido por la quejosa derivado de que las responsables rindieron sus respectivos informes de ley. Inclusive, tampoco puede decirse que la expedición y aplicación del decreto que regula la importación definitiva de autos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 2011, encuentra vinculación con los actos reclamados que originalmente hizo valer la impetrante, pues no existe evidencia de que tengan su origen en la expedición y aplicación del decreto que regula la importación definitiva de autos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 2011, los señalados como actos reclamados, consistentes en: «los actos que ejercen mediante el sistema SAAI (Sistema Aduanero Automatizado Integral), tendientes a impedir que la empresa quejosa realice importaciones de vehículos automotores usados al amparo de las disposiciones que en esta materia contempla el Tratado de Libre Comercio de América del Norte del que México es parte, no obstante que en la especie se cuenta con autorización y/o registro del padrón de importadores ... la aplicación de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y su anexo 22, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2010, en lo que respecta a la regla 3.5.1, apartado B, en lo tocante a la importación de vehículos usados, regla 3.5.2, regla 3.5.3, regla 3.5.4, regla 3.5.5, regla 3.5.6, regla 3.5.7, regla 3.5.8 y regla 3.5.9, porque trastocan el derecho del suscrito a importar a la luz de las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ... la violación reiterada que en mi perjuicio cometen del artículo 64 de la Ley Aduanera, al impedir que el valor en aduana de los vehículos a importar, se determine en términos de lo dispuesto por dicho numeral, sino que buscan la aplicación del mecanismo denominado <precios estimados> conforme al anexo 2 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de febrero de 2005 y sus posteriores modificaciones, la última de ellas publicada el 29 de abril de 2009, en el Diario Oficial de la Federación. Las medidas que pueden tomar en perjuicio de la quejosa por haber promovido el presente juicio de garantías, como puede ser, de manera enunciativa, el darla de baja del padrón de importadores, negarle el identificador o el justificar sus importadores. ...». En este orden de ideas, no existe elemento jurídico que permita afirmar válidamente que resulta indispensable la admisión de la ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa para emitir una resolución adecuada respecto al confl
cto originalmente planteado por la quejosa, mucho menos que se cumplen con los requisitos de procedencia a los que se ha hecho referencia, por lo que el auto reclamado en el presente recurso de queja deberá revocarse. Lo anterior es así, pues resulta evidente que la quejosa pretende ampliar la demanda respecto de un acto que no se encuentra vinculado con el acto reclamado que originalmente hizo valer, ni mucho menos con el de su primera ampliación, ni que lo haya conocido de los informes rendidos por las autoridades que señaló como responsables. Luego entonces, estamos ante el hecho de que no cumple con los criterios que ha establecido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la procedencia de la ampliación de la demanda, pues reclama un acto nuevo que está vinculado con los actos que señaló en su escrito inicial; debido en ese sentido, reclamar el referido decreto que regula la importación definitiva de autos usados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 2011, dentro de otro juicio. Luego, el impetrante de garantías acude a la ampliación de la demanda reclamando lo siguiente: El acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible y a la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, las regulaciones que se indican y sus respectivos procedimientos de evaluación de la conformidad y se reconocen como válidos para sus efectos de acreditar su cumplimiento de los puntos de ingreso al país los certificados que se señalan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2011. Los anteriores antecedentes evidencian la improcedencia de la ampliación de la demanda intentada, pues como sus Señorías podrán apreciar, el nuevo acto reclamado por el quejoso nada tiene que ver con los actos originalmente reclamados por la quejosa en el juicio que nos ocupa, pues el acuerdo referente a las NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-047-SEMARNAT-1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2011, constituye un dispositivo de carácter ecológico y ambiental que no encuentra relación con las condiciones de importación de vehículos usados previstas por el Ejecutivo Federal en los decretos de 24 de diciembre de 2008 y 1o. de julio de 2011, siendo que como sus Señorías podrán apreciar, el acuerdo ahora reclamado: 1) No emana ni constituye un dato no conocido por el quejoso a partir de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. 2) No tiene fundamento ni se motiva en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. 3) No se encuentra vinculado con el acto reclamado originalmente. Así es, «El acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible y a la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, las regulaciones que se indican y sus respectivos procedimientos de evaluación de la conformidad y se reconocen como válidos para efectos de acreditar su cumplimiento en los puntos de ingreso al país los certificados que se señalan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2011.», constituye un acto que no se ajusta a lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la procedencia de la ampliación de la demanda en un juicio de amparo indirecto, pues tal acto reclamado: 1) No constituye un dato no conocido por el quejoso del que se haya hecho conocedor derivado del informe justificado rendido por las autoridades responsables; 2) No se fundamenta o motiva en el informe justificado rendido por las autoridades responsables y mucho menos; 3) Se encuentra vinculado con el acto reclamado originalmente. Del mismo modo, no existe evidencia de que el supuesto impedimento de la quejosa de realizar importaciones de vehículos automotores usados al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la emisión y aplicación de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y sus anexos 2 y 22, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2010, tenga relación u origen en la expedición y aplicación del acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que nos ocupa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2011, máxime que como se ha dicho, el acuerdo de 20 de octubre de 2011 reclamado, se refiere a disposiciones de carácter ambiental encargadas de regular la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, cuestión que para nada tiene vinculación con el diverso decreto de 24 de diciembre de 2008 (que ya no se encuentra vigente), mucho menos en el diverso decreto de 1o. de julio de 2011; lo que hace evidente que los actos reclamados en la ampliación d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23769-ed49115f/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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