AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE.
QUEJA 115/2019. 6 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GUILLERMO CUAUTLE VARGAS. PONENTE: MANUEL MUÑOZ BASTIDA. SECRETARIA: PERLA DEYANIRA PINEDA CRUZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio.
Los agravios que anteceden son infundados en una parte y fundados en otra, por las razones que con posterioridad se expondrán.
En cuanto aquí interesa, los antecedentes que sirven de base para la solución del asunto son los siguientes:
1. **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, de quien reclamó el auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de cobro de honorarios deducido del expediente **********, que decretó la caducidad del referido incidente y se ordenó darlo de baja de la pantalla de incidentes en trámite del Sistema de Gestión de Juzgados Civiles.
2. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, admitió a trámite la demanda.
3. Por escrito recibido el ocho de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, el quejoso **********, amplió su demanda en la que señaló como acto reclamado el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, que negó concederle, como medida de aseguramiento, el depósito ante el juzgado responsable, del monto de la condena, lo que se desprende de la presente transcripción:
"En Altamira, Tamaulipas, a (19) diecinueve de diciembre del año (2018) dos mil dieciocho, aquel tenor:
"...Téngase por presentado al licenciado **********, con su escrito de cuenta, mediante el cual solicita que se provea sobre la medida solicitada a fin de que la codemandada **********, S.A., deposite el pago de la condena ante el órgano jurisdiccional y quede en depósito hasta en tanto se cumpla con la resolución que recaiga, apercibida de doble pago en caso de desobediencia, insistiendo en que se acuerde la misma, mandando requerirle a la demandada en su domicilio. Visto lo anterior, se dice al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad (sic) su petición, en atención a que el presente incidente tiene como finalidad el pago de honorarios del ocursante, siendo ésta una acción personal y no una acción real sobre bienes muebles o inmuebles, por lo que no se satisfacen las hipótesis establecidas en el artículo 251 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, para que sea procedente decretar la medida de aseguramiento que solicitó dentro de la presente incidencia."
4. A dicha petición recayó el auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, en el que el referido Juez Federal previno al quejoso para que precisara los aspectos en los que consistía su ampliación, esto es, si ésta versaba sobre conceptos de violación, actos reclamados o autoridad responsable.
5. Por escrito recibido el once de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, el quejoso **********, dio cumplimiento al requerimiento referido en el párrafo anterior, en el que señaló que la ampliación era respecto de la autoridad responsable, acto reclamado y conceptos de violación.
6. Mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, tuvo por recibido el escrito de ampliación de demanda; sin embargo, negó la admisión de dicha ampliación, al considerar que: "el acto reclamado que pretende ampliar, no guarda vinculación con la litis inicialmente propuesta, de manera que no es dable admitir la ampliación de la demanda de amparo en los términos propuestos."
En ese contexto, los agravios formulados por la parte recurrente, en parte son infundados, pues resulta ajustado a derecho que el Juez de Distrito estimara que el acto que reclamó el quejoso en su ampliación de demanda de amparo indirecto, consistente en la negativa de concederle como medida de aseguramiento el depósito en el juzgado responsable del monto de la condena, no guarda relación con los actos reclamados en la demanda de amparo, pues éstos versan sobre la determinación de caducidad del incidente y su baja de la pantalla de incidentes en trámite del Sistema de Gestión de Juzgados Civiles, de modo que la subsistencia de uno no depende del otro, pues las violaciones que, en su caso, se pudieran decretar son independientes.
En efecto, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:
"I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
"II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial.
"En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda."
El contenido de este precepto se soporta en los principios jurídicos de economía procesal y de concentración, que resultan aplicables al juicio de amparo, conforme a los cuales es exigible que en la conducción de un enjuiciamiento se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado y ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones.
Es por eso que, si una vez presentada una demanda de amparo el quejoso estima conveniente formular nuevos aspectos de impugnación, debe instar nuevamente, en cuyo caso, si se trata del mismo acto, de las mismas autoridades o de una cuestión que guarde relación con lo planteado, pueda hacerlo como una ampliación de la demanda inicialmente interpuesta, a condición de que no se haya agotado el plazo para ello.
Una situación diversa se presenta cuando, con posteridad al inicio de un juicio de amparo, el promovente tiene conocimiento de nuevos actos que estima lesivos a sus derechos.
En ese supuesto, la fecha en que tenga conocimiento de ellos será el referente para la promoción del amparo y en orden a los principios jurídicos mencionados, tiene la opción de plantear el nuevo amparo como una ampliación si entre los actos reclamados en la demanda inicial y en la nueva existe una relación de conexidad o interdependencia que dé pauta para estimar favorable que se sustancien en forma conjunta y se decidan en una sola sentencia, lo que podría imprimir mayor agilidad en su tramitación e, incluso, evitar el dictado de resoluciones contradictorias.
De lo hasta aquí expuesto puede afirmarse que siempre que se modifique la materia de litigio, debe ser mediante una demanda que dé lugar a un nuevo juicio, o bien, mediante una ampliación a la demanda inicial, siempre y cuando exista esa relación de conexidad, esto último en observancia a los principios de concentración y economía procesal, es decir, si no hay conexidad habrá un nuevo juicio.
La segunda hipótesis es la que interesa en el presente caso, en virtud de que el Juez de Distrito desechó la ampliación de la demanda, al considerar que el acto señalado como reclamado no guarda estrecha relación con los reclamados en la demanda de amparo inicial.
En el caso, la parte recurrente aduce, en esencia, que contrario a lo considerado por el Juzgado de Distrito, los actos señalados como reclamados en la demanda de amparo, sí guardan estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial; sin embargo, no asiste razón a la parte recurrente pues, como se explicó en párrafos precedentes, la determinación de caducar la instancia en el incidente de honorarios y darlo de baja de la pantalla de incidentes, no se relaciona con la negativa de conceder al quejoso la medida de aseguramiento que solicitó, consistente en depositar en el juzgado responsable el monto de la condena; por lo que no se actualiza la estrecha relación, al haberse negado su existencia.
En efecto, los actos reclamados en la demanda y en la ampliación son autónomos, así, las violaciones que, en su caso, se pudieran decretar son independientes; de ahí que no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo.
Por consiguiente, resulta ajustado a derecho que el Juez de Distrito considerara que la ampliación de demanda no guarda relación o vinculación de causa-efecto con los actos previamente reclamados en la demanda de amparo y en la ampliación de demanda.
No obstante lo anterior, si al promoverse una ampliación de demanda de amparo no se acredita la estrecha relación de los actos reclamados en la ampliación con los inicialmente reclamados, debe proveerse su trámite como demanda independiente, en aras de salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
En efecto, en caso de que no se justifique la relación estrecha entre la demanda inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor de la quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal y proveer lo conducente para que sea tramitada como una nueva demanda, en virtud de que al reclamar procedimientos distintos, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, deben tramitarse de manera independiente.
Así, cuando no hay mérito para la ampliación de la demanda, en el caso, por conexidad de los actos reclamados, como lo hace valer el inconforme, en aras de salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y atento al principio pro persona, se deben tomar en cuenta los actos reclamados y proveer lo conducente para que el asunto se registre y tramite como una nueva demanda.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 536, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia: constitucional «registro digital: 2007064 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», de título y subtítulo y texto siguientes:
"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados."
Al respecto, también conviene traer a colación la reforma que sufrió el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado el quince de diciembre de dos mil diecisiete, que entró en vigor a los ciento ochenta días posteriores, esto es, el trece de junio de dos mil dieciocho, del cual se destaca la adición del párrafo tercero del citado numeral, que establece:
"Artículo 17. ...
"Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales."
De la exposición de motivos, se advierte la intención del Constituyente de garantizar el acceso efectivo a la justicia a través de un recurso sencillo, rápido y efectivo, lo cual consideró que no se cumple con tutelar solamente el acceso formal a un recurso y que se produzca la decisión definitiva, ya que en nuestro país existe una cultura procesalista, lo que genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado, sin resolver, la controversia efectivamente planteada.
Asimismo, el Constituyente advirtió que en la impartición de justicia generalmente se presentan dos categorías de obstáculos de acceso a la justicia: i) excesivas formalidades previstas en la legislación y ii) la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia, por ello consideró que las resoluciones emitidas por los tribunales, a fin de purgar vicios formales o procesales intrascendentes al sentido del fallo, son inconsistentes con el principio de justicia pronta, pues sólo postergan la solución final del asunto, lo cual impacta en la eficacia del sistema jurisdiccional porque las controversias que pueden decidirse de una sola vez son sucesivamente planteadas cuando las violaciones formales o de procedimiento son reparadas, circunstancia que refleja que los gobernados no han obtenido solución definitiva sobre las pretensiones originalmente planteadas, lo que origina que se incumpla con el principio de justicia completa, porque se evita un pronunciamiento de fondo respecto de las cuestiones debatidas.
Por tanto, el Constituyente consideró adecuado llevar a cabo una reforma que elevara a rango constitucional el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto, lo cual implica exigir un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que concluya, efectivamente, la controversia y la aplicación del derecho sustancial, con lo cual se evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto.
Asimismo, el Constituyente destacó que dicha reforma no implica pasar por alto el mandato del párrafo segundo del artículo 17 constitucional, de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, o bien, que los tribunales dejen de observar los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, ya que daría lugar a un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, esto es, a pesar de la reforma, los juzgadores deben apegarse a los principios que rigen la función judicial, como el de debido proceso y el de equidad procesal, que garantizan la seguridad jurídica y credibilidad en los órganos que administran justicia, pues la adición del tercer párrafo en el artículo 17 constitucional, no pretende la eliminación de toda formalidad, ni soslayar disposiciones legales, sino sólo eliminar formalismos que sean obstáculos para hacer justicia completa y expedita.
Acorde con la intención del Constituyente de adicionar el tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de imponer el deber para las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto, se considera que de una interpretación pro homine de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, si la ampliación de demanda procede cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, entonces, si no guardan esa relación, se entiende que debe promoverse una demanda de amparo distinta; de ahí que el juzgador debe proveer lo conducente para que la ampliación se registre como una demanda de amparo, para que sea turnada al propio juzgado a fin de que se pronuncie al respecto pues, de otra forma, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, dado que al tratarse de actos independientes, se le estaría obligando a promover un juicio de amparo distinto respecto de esos actos, con la posible consecuencia de que haya transcurrido el plazo para ello.
Lo anterior es así, en tanto que no se afecta la igualdad entre las partes ni el debido proceso o algún otro derecho, ya que no se deja en estado de indefensión a las partes, además se cumpliría con el imperativo impuesto en el mencionado precepto constitucional de preferir o privilegiar el estudio de fondo, sobre los aspectos formales.
Cobra aplicación, al respecto, la tesis aislada I.1o.A.E.69 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, que se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, Décima Época, página 1870 «registro digital: 2014243 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas» de título y subtítulo y tenor siguientes:
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente."
Atento a lo hasta aquí expresado, procede revocar el acuerdo recurrido y ordenar al Juez de amparo realizar la separación de los juicios y proveer lo conducente para que la ampliación se registre y tramite como una nueva demanda en el mismo Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, dado que existe identidad de partes y es necesario que se resuelvan por el mismo órgano jurisdiccional.
Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
RESUELVE:
PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, por las razones expuestas en el último considerando.
SEGUNDO.—Se revoca el acuerdo recurrido y se ordena al Juez de amparo realizar la separación de los juicios y proveer lo conducente para que la ampliación se registre y tramite como una nueva demanda en el mismo Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, dado que existe identidad de partes y es necesario que se resuelvan por el mismo órgano jurisdiccional.
Notifíquese como corresponda; anótese en el libro de gobierno; con el testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito por mayoría de votos de los Magistrados Manuel Muñoz Bastida y Miguel Ángel Mancilla Núñez; contra el voto particular del Magistrado Guillermo Cuautle Vargas; siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29345-7d0cc6ff/ampliacion-de-la-demanda-de-amparo-indirecto-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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