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Modo: Corpus Pro

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONLLEVA PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE DEFENSA, PARA EVITAR DILACIONES EN SU RESOLUCIÓN.

Tipo de asunto: QUEJA 421/2023. · Registro digital (IUS): 32329
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-04-12
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo V, Pág.4253.

QUEJA 421/2023. 12 DE DICIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIO: GABRIEL DE JESÚS MONTES CHÁVEZ.

CONSIDERANDO:

NOVENO.—Los agravios son fundados.

Las quejosas sostienen en el escrito de agravios –y su ampliación– que el acuerdo recurrido es ilegal al transgredir de manera expresa los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva en sus variantes de justicia pronta y completa, toda vez que dicho auto constituye un obstáculo que impide el acceso a la justicia, derivado de una interpretación rigorista y restrictiva de la norma que regula la procedencia del juicio de amparo.

Afirman que la Jueza de Distrito indebidamente determinó tener por no presentada la demanda al estimar que no se cumplimentó una prevención injustificada, lo que, a su consideración, muestra una "... falta de compromiso a la función jurisdiccional –pues aparentemente– nos encontramos litigando en contra de funcionarios que no quieren impartir justicia".

En ese orden, alegan que la A quo determinó injustificadamente separar la litis presentada en el juicio de amparo, aunado a que decidió no tener en cuenta el carácter que ********** ya tenía reconocido ante esa misma Juzgadora Federal, en el juicio de amparo donde se presentó la ampliación de demanda.

Por tanto, refieren que la promovente no tenía obligación alguna de especificar su carácter y acreditarlo al presentar una ampliación de demanda, pues ello ya estaba cabalmente reconocido en autos del juicio de amparo **********, por la Jueza Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

Máxime que la Jueza de Distrito tenía la obligación –al momento de proveer sobre una demanda de amparo– de llevar un análisis detallado e integral de ésta, como lo era precisamente la promoción del juicio de amparo indirecto ********** ante ese mismo órgano jurisdiccional, por lo que inexcusablemente conocía el carácter de la promovente y los antecedentes de los actos reclamados, por lo que la prevención era arbitraria e injustificada.

Asimismo, refieren que no obstante lo innecesario de la prevención por personalidad, la misma sí fue desahogada por la parte quejosa a pesar de que la Jueza Federal ignoró los documentos que ya obraban en el juicio de amparo **********, por la Jueza Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

En ese escenario, al momento ordenar oficiosamente la tramitación de una ampliación como demanda nueva, la Jueza de Distrito tenía la obligación de "... remitir de forma completa las constancias y pruebas ofrecidas para formar el nuevo expediente ...", donde precisamente constaban los documentos con los cuales la propia Juzgadora ya había reconocido la personalidad de **********, como apoderada legal de ********** y Albacea de la sucesión testamentaria a bienes de **********, en autos del juicio de amparo **********.

Como se adelantó, asiste razón a la parte quejosa.

Se explica.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció –al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011– que las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional en México, cuyo objetivo principal es la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.

En dicho precedente se afirmó que este cambio trascendental exige a todos los operadores jurídicos un minucioso análisis del nuevo texto constitucional para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de éste.

Al respecto, se destaca que el Máximo Tribunal estableció que el nuevo texto del artículo 1o. constitucional establece que:

i) Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

ii) Las personas también gozan de las garantías previstas tanto en la propia Constitución como en tratados, para exigir la tutela de sus derechos humanos;

iii) Que como herramientas interpretativas se impone que las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos, y que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, esto es, acorde con el principio pro persona.

Asimismo, al resolver la contradicción de tesis arriba referida, se determinó que el principio pro persona constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos humanos que busca, principalmente, resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas –e interpretaciones disponibles de las mismas– que resulten aplicables respecto de un mismo derecho.

En este sentido, adoptando como premisa la inviabilidad de resolver este tipo de situaciones con apoyo en los criterios tradicionales de interpretación y resolución de antinomias, el Poder Reformador otorgó rango constitucional al principio pro persona como elemento armonizador y dinámico para la interpretación y aplicación de normas de derechos humanos.(8)

Es así como, entre otros, este nuevo paradigma constitucional obliga a reevaluar criterios jurisdiccionales, interpretaciones constitucionales y legales, para emitir nuevos pronunciamientos que sean vigentes y acordes con el nuevo marco normativo, imponiéndose como obligatorio que dichos criterios favorezcan a las personas la protección más amplia.

Las directrices referidas, implican el deber de aplicar e interpretar, acudiendo a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se trata de establecer limitaciones legítimas para su ejercicio o para su suspensión extraordinaria.

De lo anterior se sigue que dicho principio permite que, ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, se opte por la que protege en términos más amplios.

Así, este nuevo paradigma constitucional, impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica tratar a todas las personas por igual y considerar que el ejercicio de un derecho necesariamente implica que se respeten y protejan los derechos vinculados al mismo, así como evitar cualquier retroceso de los medios establecidos para su ejercicio, tutela, reparación y efectividad.(9)

Ahora, ese mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de la jurisprudencia 11/2013, analizó el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo; para determinar, que:

"La tutela jurisdiccional, consiste en el derecho de toda persona de acceder a tribunales independientes e imparciales para plantear una pretensión o defenderse de ella mediante un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos de las partes y que concluya con la emisión de una resolución que dirima el conflicto.

"Dadas sus características, la tutela judicial efectiva es una garantía compleja que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución.

"Al fallar la contradicción de tesis 35/2005-PL, el Pleno de este Máximo Tribunal, estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva, se trata, entre otras cosas, de un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz, de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el derecho de audiencia y el debido proceso.

"En tal virtud, el respeto irrestricto a la garantía de tutela judicial efectiva, implica la prosecución del proceso, pues sólo de esta manera se asegura que se respete debidamente el derecho de audiencia y debido proceso de los individuos.

"Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la justicia se circunscribe como el derecho esencial y base que permite la tutela jurisdiccional efectiva en todas sus facetas, lo que caracteriza su importancia y la trascendencia de su protección.

"En efecto, garantizar el derecho de acceso a la justicia implica que, bajo los supuestos y parámetros que establezca la ley, los órganos jurisdiccionales deberán movilizar su maquinaria para dar solución al conflicto o cuestión jurídica planteada.

"Esto es así, pues el acceso a la justicia es el derecho fundamental que toda persona tiene de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente establecidos. El ejercicio de este derecho se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es del siguiente tenor:

"‘Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’

"Dicho precepto constitucional, esclarece los alcances de este derecho, al señalar los elementos esenciales que lo conforman.

"De esta forma, el precepto en estudio impone la necesidad no sólo de que los tribunales que diriman las controversias se establezcan previamente, sino la obligación de que dichos tribunales, en el ejercicio de sus funciones, se apeguen a los plazos y términos que establezcan las leyes, mismos que deben ser respetados tanto por la autoridad como por las partes en los procesos jurisdiccionales."

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las que se encuentra el establecimiento, en normas jurídicas, de las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a cada etapa del proceso.

Al respecto, destaca que el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el principio de efectividad de los medios de defensa previstos en la Constitución o en la ley, para garantizar esos derechos.(10)

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que de acuerdo al citado principio "no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios", lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación "que configure un cuadro de negación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión."(11)

En esa tesitura, este Tribunal Colegiado estima que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales, el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, motivo por el cual, debe abstenerse de condicionar su procedencia a requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que se persigue con la exigencia constitucional de establecer parámetros en la ley para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, los cuales deben ser generales, razonables y objetivos.

Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en los siguientes términos:

"A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. ... Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación."(12)

Como puede observarse, desde esta faceta el derecho de acceso a la justicia también conlleva la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos tengan la capacidad real para lograr la protección de dichos derechos.

Por tanto, para considerar que existe el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que se eliminen para su admisión y tramitación cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten carentes de razonabilidad o exagerados, y que, además, resulte realmente ágil y sencillo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.(13)

En ese orden, no debe perderse de vista que el derecho humano de acceso efectivo a la justicia y la inclusión del plazo razonable como elemento intrínseco de éste, son pilares fundamentales de un estado democrático, los cuales se originaron a la par del propio desarrollo del derecho como ciencia.

Cierto –a manera de ejemplo– valga destacar que al respecto Séneca expresó "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", en tanto que durante la época de Constantino y Justiniano se estableció que "a fin de que los litigios no se hagan casi interminables y excedan de la duración en la causa" durarían entre uno y dos años, de manera que dentro de este plazo tenía que concluirse la causa bajo pena de tergiversación.(14)

Al respecto, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación –al resolver el amparo directo en revisión 993/2015– precisó que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran:

1) Una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción;

2) Otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y,

3) Una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél.

De ahí que el derecho de acceso a la justicia implica concomitantemente una puerta de entrada al aparato judicial –la acción– un camino a recorrer –el proceso y el debido proceso– y una puerta de salida, la cual se traduce en la sentencia, fundada en derecho y ejecutable, que conlleva que se cumpla lo previsto en la sentencia.

En esa tónica, destaca que el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el principio de efectividad de los medios de defensa previstos en la Constitución o en la ley, para garantizar esos derechos.(15)

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que de acuerdo con el citado principio "no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios", lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación "que configure un cuadro de negación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión." (16)

Lo anterior, se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes,(17) dado que el Estado tiene la responsabilidad no sólo de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, sino también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales.(18)

En ese contexto –se insiste– la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia emitida el veintiuno de junio de dos mil dos, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago consideró que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales y para que en un proceso existan verdaderas garantías judiciales, es preciso que en él se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, y a fin de preservar derecho a un recurso efectivo, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es indispensable que dicho recurso se tramite conforme a las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 8 de la Convención.

En el marco de lo anterior, este Tribunal Colegiado retoma lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 83/2019, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.

En dicho precedente, el Máximo Tribunal del País estableció –en lo que aquí interesa– que la ampliación de la demanda ha sido definida por como un acto procesal cuyo objeto consiste en adicionar o modificar lo expuesto en el escrito general, a fin de incorporar a la litis, elementos vinculados para que también los resuelva el juzgador.

Así, el artículo 111 de la Ley de Amparo prevé expresamente la posibilidad de ampliar una demanda, bajo dos hipótesis: 1) que no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, 2) que, con independencia de lo anterior, en los juicios de amparo indirecto, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, supuesto que está condicionado a que no se haya celebrado la audiencia y se promueva la ampliación dentro de los plazos previstos en el artículo 17 del mismo ordenamiento, o presentar nueva demanda.

Por tanto, la ampliación de la demanda en cualquiera de sus supuestos procede ante nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables o la necesidad de presentar nuevos conceptos de violación derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, de ahí que la novedad y la relación con los actos reclamados –sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– sean el factor determinante.

En ese contexto, es cierto que el numeral 62 de la Ley de Amparo establece el análisis oficioso de las causas de improcedencia y el diverso 113 posibilita al juzgador de amparo a desechar una demanda de plano, o sin mayor trámite, bajo la condición ineludible de que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, y al efecto –dentro de la referida contradicción– se resolvió:

"47. De modo que si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, no podrá ser desechada, sino que atendiendo al principio pro actione y en aras de respetar el derecho de acceso a la justicia, cuya relevancia es sumamente trascendente por tratarse de una acción que tiene como propósito la salvaguarda de los derechos fundamentales, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia podrá desecharla. "48. Resulta conveniente destacar que la actuación del juez ante quien se promueve una demanda como ampliación, no implica en modo alguno reencauzar la vía, como incorrectamente lo consideró el Tribunal Colegiado denunciante. Por el contrario, se estima que la vía ejercida es la misma, esto es, el amparo indirecto, pero al no actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo para que se tramite como una ampliación de demanda, se ordena darle trámite como un demanda de amparo independiente."

Ahora bien, cuando el Juez de Distrito, formula una prevención a la quejosa respecto de un elemento o elementos que considera indispensables para dar trámite a la demanda de amparo, en el recurso correspondiente, debe examinarse su justificación o razonabilidad, en aras de privilegiar el derecho de acceso a la tutela judicial.

Ello es así, en atención a que en los casos a través de los cuales se determina tener por no presentada una demanda de amparo –como ya ha sostenido en el presente fallo– el acuerdo de prevención forma parte de la materia del recurso, de ahí que, válidamente este Órgano Colegiado pueda examinar su legalidad, a propósito de que su incumplimiento es la base de la determinación que se impugna.

En ese tenor, lo cierto es que, en la especie, la Jueza de Distrito estimó que la quejosa no tenía acreditada su personalidad –en vista de que no anexó los documentos idóneos para ello– a una ampliación, esto desde la perspectiva que la ahora recurrente no presentó una demanda nueva.

Así, es detener en cuenta que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que será parte en el juicio el quejoso, "... quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo.", mientras que el diverso 6 del mismo ordenamiento legal precisa que el juicio de amparo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, sea que lo haga "por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley."

La representación de la parte quejosa deberá acreditarse en los términos que establezca la propia Ley de Amparo, según prevé su numeral 10, y en los casos en que no lo precise "la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles."

En ese orden, la propia Ley de Amparo –al regular el procedimiento del juicio de amparo indirecto– señala en su artículo 108, que este medio de control constitucional deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en el que se expresará, entre otras cosas, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación.

Luego, el numeral 110 de la Ley de la Materia exige que cuando se promueva el juicio por escrito que con la demanda se exhiban "copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio", aclarándose que el juzgador tendrá obligación de ordenar la expedición de las copias "cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos ..."

En ese escenario, al resolver la contradicción de tesis 224/2016,(19) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la personalidad constituye un presupuesto procesal y, por tanto, debe demostrarse desde la presentación de la demanda, requisito que de no ser satisfecho en ese momento –porque no se presente el documento relativo o porque el exhibido sea insuficiente– dará lugar a que el juzgador prevenga al peticionario del amparo para que subsane la deficiencia relativa en los términos establecidos en el numeral 114 del propio ordenamiento, lo que de no ocurrir provocará que se tenga por no presentada la demanda.

En consecuencia, si el acreditamiento pleno de la personalidad es requisito de la demanda que debe quedar satisfecho desde su presentación o al término del plazo de la prevención para que se subsane la omisión relativa a fin de que se tramite el procedimiento constitucional, de ahí que:

"... el documento con el que se satisface esa carga probatoria es parte integrante de la demanda y, por tanto, el quejoso está obligado a exhibir además de las copias de la demanda, las copias del documento o documentos que acrediten la representación de quien promueve a su nombre para que se les entregue a las demás partes en el juicio.

"Del criterio anterior, quedan excluidos, desde luego, los supuestos en que el propio artículo 110 de la Ley de Amparo señala que el quejoso no está obligado a presentar las copias de la demanda, como son aquellos en que el juzgador, de oficio, debe mandar expedir las copias, a saber, cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos; en los asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores o cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces o los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio."

En el marco de lo anterior, este Tribunal Colegiado destaca –como lo hace la parte recurrente– que el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, la Jueza Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, admitió la demanda presentada de manera electrónica por **********, con el número **********, de su índice.(20)

Así, si en ese juicio de amparo indirecto la Jueza Federal determinó remitir la ampliación a la Oficina de Correspondencia Común como demanda nueva –a fin de privilegiar el acceso efectivo a la Justicia de la parte quejosa– debió anexar aquellos documentos con los cuales tuvo por reconocida la personalidad de la promovente, en el juicio de amparo indirecto del cual deriva ésta.

Ello, en virtud de que, al promoverse una ampliación de demandada, la quejosa no está obligada a acreditar su personalidad, como si le mandata expresamente los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo cuando se trata de la promoción de una demanda por primera vez.

Lo anterior, es claro desde la perspectiva que la misma Ley de Amparo sí establece la obligación al Juez Federal de expedir las copias necesarias cuando la demanda se presente de manera electrónica, como en el caso se hizo, máxime que en la especie, la misma documentación con la cual se le reconoció el carácter a **********, al admitir la demanda que dio origen al juicio ********** fue aquella que se presentó por ésta al intentar cumplir con la prevención en el diverso **********.

Entonces, la prevención realizada por la Jueza Federal se considera ociosa, y más bien puso obstáculos al derecho de acceso a la justicia en un plazo razonable al observar que no fue deseo de la aquí recurrente presentar una nueva demanda, sino la de promover una ampliación.

Máxime que, ante la determinación de remitir esa ampliación como demanda nueva, la Jueza Federal estaba obligada a buscar su pronto trámite, para lo cual debió anexar copias certificadas de los documentos con los cuales se acreditó la personalidad de la promovente.

Al respecto se cita la Jurisprudencia 1a./J. 36/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento."(21)

Tal conclusión se asume al tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Pol

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32329-0909c2e0/derecho-de-acceso-a-la-justicia-conlleva-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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