DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA PREVENCIÓN PARA QUE SE NARREN CRONOLÓGICAMENTE LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO ÉSTOS ERAN CLAROS DESDE EL ESCRITO INICIAL, CONTRAVIENE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EN SU VERTIENTE DE RECURSO EFECTIVO.
QUEJA 136/2017. 26 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ROMERO GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Es esencialmente fundado lo que alega la recurrente en el único agravio, en el sentido de que la prevención realizada por la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es injustificada, pues señala, principalmente, que en su escrito inicial de demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como la fecha del auto mediante el cual se notificó por lista; asimismo, la fecha de publicación, el oficio mediante el cual se impuso la multa de referencia y, por ende, se tuvo conocimiento del acto reclamado.
Al respecto, se efectuará el análisis correspondiente bajo la causa de pedir y atendiendo a lo que disponen los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Ley de Amparo; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cabe precisar (sic), se abordará el análisis del agravio expresado por la inconforme, toda vez que en el mismo expresa la causa de pedir, sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja, puesto que en el escrito de expresión de agravios la recurrente precisa con claridad la lesión o agravio que le provocan las consideraciones efectuadas por la Juez de Distrito al emitir el auto recurrido, así como los motivos que generan esa afectación, y realiza razonamientos jurídicos tendentes a demostrar sus apreciaciones, ello independientemente de que sean fundados o no; de lo que resulta inconcuso que la recurrente en su escrito de agravios, expresa claramente la causa de pedir.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 69/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.-Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."
Consecuentemente, al haber expresado la recurrente claramente la causa de pedir, este Tribunal Colegiado se encuentra constreñido al análisis de los agravios expresados, sin que con ello, como se dijo, se supla la deficiencia en la expresión de los agravios.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXII/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 419, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE LA MATERIA.-La circunstancia de que al conocer de un recurso dentro de un juicio de amparo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o un Tribunal Colegiado de Circuito atiendan a la causa de pedir expresada, conforme lo dispone la tesis de jurisprudencia P./J. 69/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, de rubro: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’, no equivale a suplir su deficiencia en términos de lo previsto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es la lesión o el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación, a diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o bien, realizado esto último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Además, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar el o los motivos que sustentan su afirmación."
Ahora bien, el artículo 17 constitucional refiere:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
"El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los Jueces Federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
"Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
"Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.
"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
"La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."
Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen:
"Artículo 8...
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter..."
"Artículo 25...
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."
En la especie, la a quo sostuvo en el acuerdo recurrido que:
Visto el estado procesal que guardaban los autos, se desprendía que la promovente del amparo ********** no dio cumplimiento al requerimiento realizado por auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete; que, por tanto, era legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, en virtud de que era indispensable para la admisión de la demanda que se cumplieran cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, ya que, de no hacerlo así, como en el caso aconteció, al no haber precisado el acto que en específico reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables en la instancia constitucional, ni haber narrado en forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, entre los que debió precisar la fecha de la multa impuesta, así como el número del procedimiento del que deriva, la consecuencia jurídica era tener por no presentada la demanda de amparo.
Ahora, para mejor comprensión de este asunto, de las copias certificadas del juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla obran, entre otras y en lo conducente, las constancias siguientes:
1. Por escrito que se recibió el veintiséis de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que por razón de turno correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ********** promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes:
"III. Autoridades responsables: Autoridad responsable ordenadora: "A) El delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración, con domicilio en 11 Oriente, número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla.-Autoridad responsable ejecutora: A) Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, con domicilio en Vía Atlixcáyotl, número 1101, Cis edificio Sur primer piso, Reserva Territorial Atlixcáyotl, colonia Concepción Las Lajas, Puebla, Puebla.-IV. Ley o acto que de cada autoridad se reclama: 1. De la autoridad ordenadora se reclama la imposición arbitraria e ilegal de una sanción económica, consistente en 16 unidades de medida de actualización, que asciende a la cantidad de $**********, contenida en el oficio que se tuvo por recibido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante auto de 29 de marzo de 2017, notificado por listas el 30 siguiente.-2. De la autoridad ejecutora se reclaman todos los actos de ejecución tendientes a hacer efectiva la sanción económica impuesta por la ordenadora y señalada en el punto que antecede." (fojas 10 a 21)
2. Acuerdo de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por el cual se previno a la quejosa, respecto de su escrito inicial de demanda, para el efecto de que precisara los actos reclamados a cada una de las autoridades que señalaba como responsables, y narrara en forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, entre los que debería precisar la fecha de la multa impuesta, así como el número del procedimiento por el cual deriva, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. (fojas 22 a 25)
3. Escrito de diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual la quejosa realizó manifestaciones en relación con la prevención que se le hizo, en el que declaró:
"1. La sanción económica que se reclama deriva del expediente de responsabilidad administrativa radicado con el número **********.
"2. El oficio **********, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de amparo **********, y del que se desprende la imposición de la sanción económica que se reclama en el presente juicio, fue notificado por lista el treinta de marzo de dos mil diecisiete.
"3. De la autoridad ordenadora, delegado de la Contraloría de la Secretaría de Finanzas y Administración, se reclama la imposición de la multa señalada en el punto inmediato anterior y, de la autoridad ejecutora, director de Recaudación, se reclaman todas las gestiones tendentes a llevar a cabo la ejecución de la multa impuesta por la ordenadora.
"4. Acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó el escrito de referencia y se le hizo saber a la quejosa que no desahogó totalmente la prevención, pues se precisó que si bien señala los actos que reclama a cada una de las autoridades, lo cierto es que por cuanto hace a los antecedentes requeridos, únicamente se limita a mencionar que la sanción económica que reclama deriva del expediente de responsabilidad administrativa **********, y que la autoridad responsable -sin referir cuál- pretendió dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, mediante oficio **********, sin precisar si la multa fue emitida el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete en el citado expediente administrativo; por tanto, se estimó que al ser omisa en narrar los antecedentes del acto, se tenía por no cumplida la prevención y seguía transcurriendo el término para el desahogo del requerimiento. (fojas 32 a 33)
"5. Acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento formulado en los acuerdos de veintiocho de abril y doce de mayo de dos mil diecisiete, y se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Esa determinación constituye la materia del presente recurso de queja."
De lo narrado se desprende que la a quo determinó tener por no presentada la demanda, toda vez que la quejosa no desahogó la prevención; es decir, no precisó los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables, no narró en forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, tampoco precisó la fecha de la multa impuesta, ni señaló el procedimiento del cual deriva.
De un análisis integral de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto **********, se observa que en la demanda de amparo, la quejosa cumplió con los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo y, asimismo, bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que le constaban, información que sería complementada con los informes justificados que rindieran las autoridades responsables; por tanto, el requerimiento que se le hizo a la quejosa resulta excesivo y desproporcionado en la medida en que la peticionaria, desde que presentó su demanda, cumplió con dichos requisitos.
En efecto, el artículo 108, fracción V, (sic) de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"...
"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;
"V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación."
Por su parte, el artículo 114, fracción II, del propio ordenamiento, indica:
"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:
"...
"II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley."
Tal requisito de las fracciones IV y V del artículo 108 aludido, quedó colmado por la quejosa desde el ocurso inicial, donde manifestó:
"III Autoridades responsables:
"Autoridad responsable ordenadora:
"A) El delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración...
"Autoridad responsable ejecutora:
"A) Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla...
"IV. Ley o acto que de cada autoridad se reclama:
"1. De la autoridad ordenadora se reclama la imposición arbitraria e ilegal de una sanción económica consistente en dieciséis unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $**********, contenida en el oficio que tuvo por recibido el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, notificada por listas el treinta siguiente.
"2. De la autoridad ejecutora se reclaman todos los actos de ejecución tendientes a hacer efectiva la sanción económica impuesta por la ordenadora y señalada en el punto que antecede.
"...
"Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, a continuación manifiesto los hechos que me constan y constituyen los antecedentes de los actos reclamados:
"1. Que la suscrita desempeñé el cargo de directora de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, del uno de junio de dos mil dieciséis, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.
"2. Mediante oficio **********, de trece de octubre de dos mil dieciséis, la entonces delegada de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración, bajo argumentos carentes de la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades la Constitución Federal, impuso a la suscrita, como medio de apremio, una sanción económica consistente en dieciséis unidades de medida y actualización, misma que al cuantificarse en moneda, asciende a la cantidad de $**********.
"3. Con fecha cuatro de noviembre se interpuso juicio de amparo indirecto en contra del oficio de referencia, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, bajo el número de expediente **********.
"4. Por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó la separación de juicios, y el tres de enero del año dos mil diecisiete, respecto del acto reclamado consistente en la multa administrativa y su ejecución derivada del oficio **********, se registró la demanda de amparo bajo el número de expediente **********, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales.
"5. Mediante sentencia definitiva de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, notificada legalmente el veintisiete siguiente, la Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla resolvió, en lo conducente:
"‘ÚNICO: La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, mismas que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del último considerando de esta propia resolución.’
"6. Mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad judicial declaró que la sentencia había causado ejecutoria; asimismo, requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo **********.
"7. Mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, notificado por listas el treinta siguiente, se tuvo por recibido el oficio emitido por la autoridad responsable ordenadora, en vía de cumplimiento de la sentencia definitiva, mediante la cual impuso una nueva sanción económica a la suscrita que deviene a todas luces ilegal y que es materia del presente juicio de amparo."
En tal virtud, al no existir tal irregularidad en el escrito de mérito, en tanto la quejosa colmó los requisitos que establece el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, la Juez Federal no debió haber formulado dicho requerimiento.
Al respecto, cabe destacar que el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, está consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias, evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
En ese orden de ideas, los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstas, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.
Así las cosas, bajo ese parámetro, si la Juez de Distrito requiere a la peticionaria de derechos para que enmiende su escrito inicial, bajo apreciaciones injustificadas, solicitándole que precise, entre otras cuestiones, los actos reclamados atribuibles a cada autoridad responsable, así como que narre en forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, entre los que precisará la fecha de la multa impuesta y el número de procedimiento del cual deriva, no obstante que dichos datos eran claros desde el escrito inicial de demanda, se considera, como ya se dijo, injustificado y excesivo el requerimiento relativo; sin dejar de soslayar que por escrito recibido el diez de mayo del año en curso, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la aquí recurrente cumplió con la prevención realizada (pues incluso, como ya se vio, señaló que la sanción económica que se le reclama deriva del expediente de responsabilidad administrativa radicado con el número **********, y precisó el número de oficio -**********- y su fecha -veintisiete de marzo de dos mil diecisiete-) y a criterio del juzgador **********, no cumplió con el requerimiento formulado.
Lo anterior, porque una prevención injustificada, contraria al mencionado derecho humano de tutela judicial efectiva que, como se estableció, pugna por evitar formalismos e interpretaciones innecesarias y ociosas.
Al respecto se comparte, en lo conducente, la jurisprudencia II.1o. J/3 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Tomo III, julio de 2016, página 2015 « y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de julio de 2016 a las 10:05 horas», de la cual se desprende:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN. DEBE DECLARARSE FUNDADO, SI DICHA SANCIÓN PROCESAL TIENE COMO PRESUPUESTO UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA, CONTRARIA AL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare su demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En caso de que no se subsanen las irregularidades detectadas por el juzgador dentro del plazo de cinco días, la sanción procesal que dicho numeral prevé es que se tenga por no presentada la demanda. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Bajo ese parámetro, si el Juez de Distrito requiere al quejoso para que enmiende su escrito inicial, bajo apreciaciones injustificadas, solicitándole que precise, entre otras cuestiones, el acto reclamado y la autoridad responsable, no obstante que dichos datos eran claros desde un inicio, el recurso de queja que se interponga contra el auto que tenga por no presentada la demanda por no haberse desahogado tal requerimiento para su aclaración, debe declararse fundado, pues la sanción procesal que se impugna tiene como presupuesto una prevención injustificada, de suyo, contraria al mencionado derecho humano de tutela judicial efectiva que, como se dijo, pugna por evitar formalismos e interpretaciones innecesarias y ociosas."
En consecuencia, procede declarar fundado el presente recurso de queja y ordenar al Juez de Distrito que, atento a lo expuesto en esta ejecutoria, provea sobre la admisión de la demanda de amparo.
Es aplicable, al caso, la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja interpuesto por **********, en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto **********, de su índice.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, remítanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Ybraín Hernández Lima, José Francisco Cilia López y María Leonor Pacheco Figueroa, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 110, 113, 118, 119, 120 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27526-c21cc64c/demanda-de-amparo-indirecto-la-prevencion-para-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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