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Modo: Corpus Pro

APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. CUENTA CON FACULTADES PARA RECONOCER, EN NOMBRE DE SU MANDANTE, LA FIRMA QUE CALZA LA PROMOCIÓN CON LA QUE ÉSTE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN AL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: QUEJA 115/2022. · Registro digital (IUS): 30945
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-09-30
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, Pág.5047.

QUEJA 115/2022. 30 DE JUNIO DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: ALAN IVÁN TORRES HINOJOSA.

CONSIDERANDO:

1. SEGUNDO.—Análisis de los motivos de disenso. Este Tribunal Colegiado de Circuito, una vez impuesto de los agravios correspondientes, así como de las demás constancias pertinentes, arriba a la conclusión que resulta fundado el recurso de queja interpuesto.

2. Con la intención de reconstruir las consideraciones que sustentan la calificativa anterior, se procede a hacer un reasunto sobre el acto reclamado, auto de prevención, trámite que culminó en tener por no presentada la demanda de amparo, así como los agravios expresados, para posteriormente realizar su estudio.

Hechos

3. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado ese mismo día al Juzgado Decimoquinto de Distrito, ambos con sede en esta ciudad **********, presentó demanda de amparo en la vía indirecta en la que reclamó de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la sentencia adoptada en el toca ********** el veintidós de febrero del año en curso, que revocó la de primer grado que aprobó la planilla de gastos y costas en el juicio **********.

4. La demanda fue radicada el nueve de marzo de dos mil veintidós, bajo el número de amparo indirecto **********, en donde se ordenó requerir a la persona quejosa para que al momento de la notificación o dentro del término de cinco días, cumpliera bajo protesta de decir verdad, con ampliar los antecedentes del acto reclamado y especifica:

"a) Deberá indicar qué fue lo que se determinó en la resolución de veintidós de febrero del año en curso, dictada por la Sala responsable, esto es, para qué efecto se revocó la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio **********, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, esto es, si se repuso el procedimiento o si la alzada reasumió jurisdicción y resolvió en segunda instancia.

"b) De igual manera, deberá indicar la fecha en que tuvo conocimiento del acto que por esta vía se combate.

"c) Deberá precisar qué tipo de juicio es el radicado con el número **********, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, esto es, si es ejecutivo mercantil, ordinario mercantil o civil."

5. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir cabalmente se tendría por no presentada la demanda, en términos del artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

6. Mediante escrito presentado el once de marzo siguiente, la persona quejosa presentó escrito con el cual pretendió dar cumplimiento al requerimiento en mención; sin embargo, en acuerdo de catorce de marzo posterior, se le tuvo por no cumplida, ante la omisión de realizar las manifestaciones bajo protesta de decir verdad.

7. Así las cosas, mediante una segunda promoción presentada el quince de marzo del año en mención, ********** pretendió cumplir el requerimiento formulado; sin embargo, en acuerdo de dieciséis del mismo mes y año, la Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado, ante la estimación de que la firma que calzaba dicho ocurso difería notablemente de la que obraba en el escrito inicial de demanda, reservó proveer sobre el mismo y ordenó requerir a la persona quejosa para que, dentro del término de tres días, compareciera a fin de reconocer la firma.

8. En ese tenor, mediante promoción electrónica presentada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, **********, el apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona quejosa, conferido específicamente para poder reconocer firmas en el juicio de amparo del que deriva la presente queja, ratificó a nombre de su mandante el escrito aclaratorio presentado el día quince de marzo previo, lo cual señaló hacerlo de esa forma ante el principio de economía procesal y prevención del riesgo de contagio, toda vez que la persona quejosa radicaba en la ciudad de Tuxpan, Veracruz y el traslado en transporte público representaba peligro de contagio, además de sufrir de una hernia discal L4-S1.

9. No obstante, en proveído de veinticuatro de marzo de la presente anualidad, ante la falta de comparecencia para reconocer la firma que calzaba el ocurso de prevención, hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no presentado dicho escrito con el que se pretendía cumplir con la prevención. Por su parte, ante la falta de desahogo del requerimiento, se hizo efectivo el apercibimiento decretado previamente y se le tuvo por no presentada la demanda de amparo, para lo cual, acordó en modo desfavorable la promoción electrónica dirigida por el apoderado legal, porque no había sido él quien suscribió la promoción y porque se le había requerido a la directa quejosa para que la ratificara.

10. Dicha determinación constituye el auto recurrido a través del presente recurso. Contra los razonamientos expuestos, la parte recurrente expresa como agravios lo que enseguida se resume de la forma siguiente:

a) El auto recurrido vulnera el artículo 6o. de la Ley de Amparo, porque la ratificación que realizó del escrito de quince de marzo del año en curso, la hizo en calidad de apoderado legal y no en forma personal, pues cuenta con esas facultades. Que el auto de dieciséis de marzo no exigió a la quejosa ser ella quien personalmente ratificara dicho escrito y se expusieron las razones por las cuales la quejosa no podía trasladarse desde la ciudad de Tuxpán, Veracruz.

b) La prevención formulada mediante acuerdo de nueve de marzo del presente año era innecesaria, porque de la lectura de la demanda se puede constatar para qué efecto se había revocado la sentencia de segundo grado reclamada, la fecha de conocimiento, así como el tipo de juicio.

c) Aunado a lo anterior, en el caso no se actualizaban ningunos de los requisitos del artículo 114 de la Ley de Amparo para prevenir al quejoso.

d) El artículo 114 contiene una sanción contraria a los artículos 17 de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso, pudo admitirse la demanda y solucionar el fondo, porque el informe justificado aclararía cualquier duda; por lo que la falta no es acorde con la sanción y no permite al juzgador realizar una ponderación a la sanción que en el caso fue desproporcional.

11. A continuación se procede al análisis de los agravios, para lo cual se hará referencia a cómo han quedado precisados, de acuerdo con su prelación lógica, como lo estatuye el artículo 76 de la Ley de Amparo,(1) en la medida en que resulte necesario.

Criterio

12. Este órgano colegiado considera que el agravio resumido en el inciso a) resulta fundado y suficiente suplido en su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo;(2) porque la firma que obra en un escrito de desahogo de prevención, puede ser reconocida por el apoderado legal a través de medios escritos.

Justificación

13. Derivado de dicho planteamiento, las cuestiones litigiosas a resolver consisten en lo siguiente:

En el marco de un procedimiento de amparo ¿Puede un apoderado legal con cláusula especial reconocer la firma suscrita en un documento por su mandante?

14. En criterio de este órgano colegiado la respuesta a dicha pregunta es afirmativa, tal como se procede a justificar.

15. Si bien uno de los principios del juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, contemplado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) en virtud del cual, la promoción del juicio de amparo debe ser instada por la persona o grupo de personas que el acto de autoridad tildado de inconstitucional cause una afectación, el artículo 6o. de la Ley de Amparo(4) prevé que el juicio pueda promoverse por sí, por representante legal o por apoderado e, incluso, por cualquier persona en los casos especiales previstos por la propia ley.

16. Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que tanto la persona quejosa como la tercero interesada autoricen a cualquiera con capacidad para oír notificaciones en su nombre, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, así como cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del mandante o únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos.

17. Es decir, pese a que el principio de instancia de parte agraviada supone la mediación de la persona afectada para la promoción de la demanda, su continuación y que los efectos de la sentencia se concreten en ella, lo cierto es que la Ley de Amparo disocia ese elemento sustantivo del juicio con aquel formal relativo a la actuación en nombre de dicha persona quejosa, pues reconoce el derecho de actuar a través de figuras jurídicas como el mandato, la representación legal y el patrocinio. Esto es, la normativa reconoce la legitimación procesal como figura operable en el juicio de amparo.

18. Ahora bien, en términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo(5) resulta necesario acudir al contenido de los artículos 2553,(6) 2554(7) y 2587(8) del Código Civil Federal(9) que regulan la institución del mandato y de cuyo contenido se obtiene que basta que a la persona facultada se le confiera poder general para pleitos y cobranzas con disposición que refiera a todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entienda conferido sin limitación alguna y, con ello, en representación del directo quejoso pueda reconocer la firma que calza un documento, ya que la ley no estipula que se requiera cláusula especial para ello.

19. Ello, pues es verdad que por una cuestión de lógica simple una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió,(10) porque partiendo de la buena fe, es ella quien cuenta con el conocimiento de la realización de los actos personales y que puedan depararse consecuencias jurídicas a su persona; sin embargo, nada garantiza que una vez reconocida la firma por la persona a quien se le atribuye materialmente la impresión del signo gráfico de origen dudoso, esa afirmación sea verdadera.

20. En ese sentido, el que el reconocimiento de una firma únicamente pueda llevarse a cabo por quien la suscribió, no es una premisa que se legitime en que: los actos que realiza una persona únicamente pueden ser conocidos por esa persona, porque ello negaría la premisa racional de que terceras personas puedan contar con ese conocimiento, como ocurre de hecho. Además, el reconocimiento de la firma como propia no es un medio de adquisición de la verdad material o histórica ya que, pese al reconocimiento, existe la posibilidad de que ello no corresponda con la realidad.

21. Así, la legitimación de que la firma sólo puede ser reconocida por quien la suscribió es una premisa que se sustenta, más bien, en la capacidad jurídica para obligarse con consecuencias. Ello, porque pese a que terceras personas cuenten con funcionalidad biológica para conocer los hechos y la realidad más allá de su persona, el derecho no reconoce que terceras personas puedan obligar en nombre de otra sin preexistir algún tipo de representación válida.

22. En consecuencia, partiendo del supuesto que para reconocer una firma como propia se requiere conocimiento, pero sobre todo capacidad, el apoderado general para pleitos y cobranzas sí puede reconocer la firma que obra en determinado documento como propia de su mandante; ello, porque el conocimiento de los actos realizados por el mandante no es una cuestión que sólo pueda tenerse por él, sino que materialmente esa información puede ser adquirida por cualquier tercero; de ahí que una vez facultada a una tercera persona para contraer obligaciones, no existe impedimento material ni jurídico para reconocer firmas a nombre del mandante.

23. Esta posibilidad jurídica no es propia de los contratos de mandato, ya que en los supuestos de personas morales o en las sucesiones la ley estipula que el reconocimiento puede llevarse a cabo por terceras personas.(11)

24. Incluso, a mayor abundamiento, si el Código Civil Federal dispone que el apoderado puede reconocer hechos propios (absolver posiciones), ello es equiparable a reconocer las firmas que calzan documentos, puesto que los efectos que producen son similares y la suscripción de un documento es un hecho propio.

25. Por tanto, la pregunta formulada en modo retórico se responde en sentido afirmativo al tenor de los artículos 2553, 2554 y 2587 del Código Civil Federal, porque no es necesario, siquiera, contar con cláusula especial para que el apoderado general para pleitos y cobranzas reconozca en nombre de su mandante la firma que calza un documento.

26. En consecuencia, este órgano colegiado considera que el apoderado legal puede cumplir con la prevención formulada por la persona juzgadora de amparo para que reconozca la firma impresa en un ocurso de cumplimiento de prevención de demanda, en forma escrita y en nombre de su mandante. Por ello, se sustenta el criterio siguiente:

Hechos: Se requirió a la persona quejosa compareciera personalmente ante el Juzgado de Distrito a ratificar la firma que calzaba la promoción con la cual pretendía dar cumplimiento a la prevención que se le formuló, para regularizar el escrito de demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentado. Ante ese requerimiento, la persona quejosa confirió un poder general para pleitos y cobranzas en forma especial para que se reconociera la firma, lo cual se realizó por éste a través de promoción electrónica; sin embargo, el Juzgado de Distrito indicó que este apoderado legal no podía ratificar la firma a nombre de su apoderado, porque él no la había suscrito, por lo que se hicieron efectivos los apercibimientos que culminaron en el desechamiento de la demanda. En contra de éste se presentó queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo.

Criterio jurídico: El apoderado legal para pleitos y cobranzas cuenta con facultades para reconocer en nombre de su apoderado la firma con la que se pretende dar cumplimiento a la prevención al escrito de demanda de amparo indirecto.

Justificación: Pese a que el principio de instancia de parte agraviada supone la mediación de la persona afectada para la promoción de la demanda, su continuación y que los efectos de la sentencia se concreten en ella, lo cierto es que la Ley de Amparo disocia ese elemento sustantivo del juicio con aquel formal relativo a la actuación en nombre de dicha persona quejosa, pues reconoce el derecho de actuar a través de figuras jurídicas como el mandato, la representación legal y el patrocinio. De esta forma, en términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo(12) resulta necesario acudir al contenido de los artículos 2553,(13) 2554(14) y 2587(15) del Código Civil Federal(16) que regulan la institución del mandato y de cuyo contenido se obtiene que basta que a la persona facultada se le confiera poder general para pleitos y cobranzas con disposición que refiera a todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entienda conferido sin limitación alguna y, con ello, en representación del directo quejoso, pueda reconocer la firma que calza un documento, ya que la ley no estipula que se requiera cláusula especial para ello. Ello, pues el que el reconocimiento de una firma únicamente pueda llevarse a cabo por quien la suscribió, no es una premisa que se legitime en que: los actos que realiza una persona únicamente pueden ser conocidos por esa persona, porque ello negaría la premisa racional de que terceras personas puedan contar con ese conocimiento, como ocurre de hecho. Más bien, esa premisa se legitima en la capacidad jurídica para obligarse con consecuencias de derecho. Lo anterior, porque pese a que terceras personas cuenten con funcionalidad biológica para conocer los hechos y la realidad más allá de su persona, el derecho no reconoce que terceras personas puedan obligar en nombre de otra sin preexistir algún tipo de representación válida. En consecuencia, una vez facultada a una tercera persona para contraer obligaciones o actuar en nombre de la persona quejosa, no existe impedimento material ni jurídico para reconocer firmas a nombre del mandante.

Solución del caso concreto

27. Ahora bien, en el caso concreto, este órgano colegiado no comparte el criterio adoptado por la Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, que hizo efectivo un primer apercibimiento relativo a no tener por presentado el escrito de quince de marzo de dos mil veintidós con que se pretendió cumplir una prevención y, en consecuencia, hizo efectivo un segundo apercibimiento y tuvo por no presentada la demanda de amparo.

28. Ello, porque para tener por no presentado el escrito de quince de marzo de dos mil veintidós, señaló que el C. **********, en carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de la quejosa **********, no podía reconocer la firma que lo calzaba: 1) en virtud de no haber sido él quien lo había firmado; y, 2) porque se había requerido a la quejosa lo ratificará.

29. Ello, porque como se señaló en párrafos anteriores, ninguna disposición legal niega expresamente la posibilidad de que el apoderado legal para pleitos y cobranzas tenga facultad para reconocer la firma que obra en un documento, pues el reconocimiento de la autoría o autenticidad de una firma no es un acto personalísimo que sólo pueda ser conocido por el o la suscriptora, sino que se trata de una cuestión de capacidad para obligarse en nombre de un tercero.

30. Así, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que fue autentificada la firma que obra en el escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintidós de mérito, con la ratificación que realizó el C. **********, a nombre de **********, con el carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas.

31. Calidad que acreditó al tenor del instrumento público número ********** de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, pasada ante la fe del notario público número diez en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, pues éste fue anexado al escrito de promoción con firma electrónica y se manifestó tratarse de una reproducción íntegra e inalterada, del cual se desprende que cuenta con facultades para reconocer la firma de su mandante porque le fue otorgado para que, de manera conjunta o separada (con los demás apoderados) la representase, entre otros, en el juicio de amparo del que deriva la presente queja, con todas las facultades generales y especiales que requiriesen poder o cláusula especial conforme a la ley y sin limitación, como se ilustra con la transcripción correspondiente:

"Cláusulas

"Primera. La señora ********** otorga en favor de los señores **********, ********** un poder general para pleitos y cobranzas, general en cuanto a sus facultades y especial en cuanto a su objeto, para que la representen de manera conjunta o separadamente, judicial o extrajudicialmente con todas las facultades generales y aun las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, sin ninguna limitación y con la amplitud de facultades a que se contrae el primer párrafo del artículo 2487 (dos mil cuatrocientos ochenta y siete) del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz y del diverso 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos y concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana.

"Segunda. El poder aquí otorgado se utilizará única y exclusivamente para que los apoderados de manera conjunta o separadamente la representen en todo lo relacionado al juicio ********** (**********) del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, toca ********** (**********) de la Segunda Sala y el amparo ********** (**********) del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, estos dos últimos con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, y cualquier otro recurso ordinario y extraordinario que derive del juicio ********** (**********), por lo que de una manera enunciativa mas no limitativa, los apoderados gozarán de las siguientes facultades: "...

"X. Reconocer firmas y documentos de la poderdante y redargüir de falsas a las que se presenten por la contraria."

32. Es decir, aun cuando se trata de un poder confeccionado en fecha posterior al de la presentación de la demanda, de la lectura de su objeto y sus cláusulas se desprende que fue otorgado de forma especial para que se pudieran reconocer firmas dentro del juicio de amparo del que deriva la presente queja. De ahí que se considere que dicho poder concede facultad bastante para que el apoderado legal se encontrase capacitado para reconocer la firma que calza el escrito de quince de marzo de dos mil veintidós.

33. En conclusión, vistos los agravios formulados por **********, por conducto de su apoderado legal, este órgano colegiado considera que la presente queja resulta fundada.

34. En consecuencia, lo procedente es ordenar al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de origen para que se pronuncie en consecuencia sobre el cumplimiento de la prevención de la demanda.

35. Ello, ya que si bien el artículo 103 de la Ley de Amparo señala que si el recurso de queja resulta fundado, el tribunal revisor dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvió, empero, dada la naturaleza de la litis en el caso, se encuentra de por medio proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento de amparo, lo que implica que este Tribunal Colegiado de Circuito no puede asumir la jurisdicción que a la Jueza de Distrito corresponde.

36. Sustenta lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR."

37. Finalmente, ante lo fundado del agravio resumido en el inciso a), resulta innecesario el estudio de los restantes agravios, porque a nada práctico conduciría su estudio porque no podría mejorar el efecto de la revocación del auto impugnado.

38. Por su contenido, ilustra lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Séptima Época

"Registro digital: 387680

"Instancia: Tercera Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Informes

"Informe 1982, Parte II

"Materia: común

"Tesis: 3

"Página: 8

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

39. TERCERO.—Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.

40. Se hace del conocimiento de las partes que para recoger las copias autorizadas de la sentencia, deberán tramitar una cita para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional en el programa "Agenda OJ", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

41. Asimismo, de conformidad con el memorándum SEA/CAR/AR-XAL/34/2020, signado por el administrador regional Alejandro Cabrera Domínguez, relacionado con las medidas administrativas correspondientes para la entrega de copias, deberán comunicarse a los teléfonos 55 55 49 16 13, 55 55 49 53 39 y/o al correo electrónico asoc.jubpen_pfj@yahoo.com.mx, con la finalidad de programar su cita para la generación de las copias por parte del personal del centro de fotocopiado con cuarenta y ocho horas de anticipación, la cual será responsabilidad de la parte promovente que coincida con la que genere para la entrada a las instalaciones de la sede del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad.

42. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE:

ÚNICO.—Resulta fundado el recurso de queja interpuesto por **********, por conducto de su apoderado legal, contra el auto pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, en los autos del juicio de amparo **********, de su índice.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno; remítase copia de la sentencia que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) vía interconexión y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los ciudadanos Magistrados José Manuel De Alba De Alba e Isidro Pedro Alcántara Valdés, en contra del voto particular del Magistrado Alfredo Sánchez Castelán. Fue relator el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis aislada de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS EN MATERIA MERCANTIL, RECONOCIMIENTO DE." citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 20, Séptima Parte, agosto de 1970, página 13, con número de registro digital: 246299.

Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 93/2008, P./J. 34/2018 (10a.), 2a./J. 73/2014 (10a.) y 2a./J. 6/2021 (11a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 476; en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas, 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y 29 de octubre de 2021 a las 10:39 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 62, Tomo I, enero de 2019, página 9 y 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901 y Undécima Época, Libro 6, Tomo II, octubre de 2021, página 2013, con números de registro digital: 167401, 2018980, 2007069 y 2023717, respectivamente.

________________

1. "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."

2. En términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". Aplicada en su ratio decidendi al caso concreto.

3. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."

4. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.

"Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita."

5. "Artículo 12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen.

"En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30945-9da5bbeb/apoderado-legal-para-pleitos-y-cobranzas-cuenta-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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