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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉL QUIEN RECLAMA QUE EN EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN DIVERSO JUICIO DEL ÍNDICE DEL MISMO JUZGADO DE DISTRITO, SE EXPRESARON CONSIDERACIONES PARA SOSTENER LA LEGALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: QUEJA 5/2014. · Registro digital (IUS): 25035
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-05-16
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Pág. 2041.

QUEJA 5/2014. 13 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: LORENZO PALMA HIDALGO. ENCARGADO DEL ENGROSE: ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN. SECRETARIA: MARÍA YOLANDA ASCENCIO LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Determinación que adopta este tribunal.

Por razones diferentes a las que invocó el Juez de amparo, lo procedente es (sic) sin examinar los agravios transcritos, ya que se advierte de oficio la existencia de una diversa causa de improcedencia a la invocada por el a quo.

Previamente, se considera útil narrar que **********, en la demanda de amparo correspondiente al expediente ********** (que se desechó), reclamó del agente del Ministerio Público número 6 seis de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, turno matutino, dependiente del fiscal general del Estado de Jalisco y otra autoridad, los siguientes actos:

a) Ejecutar materialmente a las quince horas con cuarenta minutos, lo dispuesto en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil trece, dentro de la averiguación previa **********, sobre bienes muebles e inmuebles cuyos legítimos dueños y poseedores son absolutamente diferentes a los que señalan y precisan en el acuerdo referido; y,

b) Asimismo, el haberse excedido la autoridad responsable en sus facultades al emitir juicio y expresar criterios resolutivos a modo de sentencia en su contra en el oficio **********, de veinticuatro de octubre del año próximo pasado, que contiene el informe justificado rendido ante la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el expediente de amparo **********, del que se desprenden señalamientos contundentes de la responsable, con clara animadversión a su persona, como son que la quejosa no acreditó ser ni la legítima propietaria, ni poseedora de la superficie de terreno donde se ejecutó materialmente el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil trece, el cual tiene diversos datos de identidad totalmente diferentes a los que reclama como de su propiedad, como se acredita en actuaciones de la averiguación previa **********.

De los antecedentes de dicho libelo constitucional, expediente **********, se dice:

1. De las copias certificadas del expediente **********, del índice del mismo Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, se desprende el primer testimonio, de la escritura pública número ********** de ********** de ********** de **********, en la que adquirió por adjudicación judicial de la sucesión testamentaria a bienes de **********, diversos bienes inmuebles, entre los cuales, se cuenta fracción del predio rústico denominado los ********** "**********", con superficie aproximada de 61-25-00 hectáreas, y que después de realizarse trabajos topográficos en el mismo, resultó una superficie aproximada de 57-93-78.18 hectáreas.

2. Así como un legajo de copias certificadas del expediente ********** radicado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Segundo Partido Judicial, con residencia en Chapala, Jalisco, mediante el cual se tramitaron las diligencias de apeo o deslinde del inmueble antes mencionado, del cual ha detentado la posesión material, jurídica y virtual, en forma pública, pacífica, de buena fe y a título de propietario, desde la fecha que adquirió.

3. La autoridad responsable, al rendir su informe previo en el incidente de suspensión, relativo al principal **********, afirmó, haber perpetrado el acto reclamado por la quejosa, consistente en el aseguramiento, clausura y desposesión del predio rústico denominado "**********", y del cual es legítima propietaria y poseedora desde mil novecientos setenta, así como de varios bienes muebles, tales como una camioneta, marca **********, modelo **********, color **********, con placas de circulación ********** del Estado de **********, registrada ante la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial de ese Estado, a nombre de la quejosa, un contenedor, una motosierra, marca **********, mesas, sillas, tambos de 200 lts., polines y montenes de acero, herramientas de campo, convertidor de corriente alterna, sin haberle otorgado previamente el legítimo derecho de defenderse, ya que dichos actos derivaron de la averiguación previa número **********, tramitada ante la responsable.

4. En dicho incidente se le concedió la suspensión, tanto provisional como definitiva, para entregarle nuevamente la posesión material del predio rústico, objeto del juicio de amparo, por haber acreditado legítimamente su derecho, y haberla tenido desde antes de consumarse el acto reclamado, con la restricción de no poder disponer de su propiedad, para que continuara asegurada por la responsable y a su disposición, hasta en tanto no se resolviera lo contrario o lo conducente.

5. En denuncia por escrito de diecisiete de agosto de dos mil trece, presentada por su hijo **********, ante el Ministerio Público de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se informó de la probable comisión del delito de despojo en grado de tentativa, en contra de quien o quienes resulten responsables, relacionados con el predio rústico de su propiedad y sobre el cual ejecutaron los actos reclamados, denuncia que fue totalmente ignorada por la autoridad ministerial, como se desprende de la averiguación previa **********, como en el juicio de amparo número **********.

6. Sorpresivamente el oficio ********** de veinticuatro de octubre de dos mil trece, el agente del Ministerio Público número seis responsable, rindió su informe justificado, ante el Juez de amparo, en el expediente **********, donde negó categóricamente haber perpetrado el acto reclamado, por la impetrante de amparo, enfatizando reiteradamente que el predio materia del aseguramiento, del acuerdo de diecinueve de agosto del año próximo pasado, dentro de la averiguación previa número **********, no es el mismo, ni tiene similitud con aquel del cual es legítima propietaria y poseedora.

7. Asimismo, transcribió los fragmentos del informe justificado, del que se duele.

El conocimiento de la demanda de amparo narrada, correspondió a la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con número de expediente **********, y en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil trece, requirió a la quejosa para que en el término de cinco días, a partir de que tuviera conocimiento de dicho proveído, manifestara si ratificaba o no la firma que calza en su escrito de demanda, en caso contrario tendría por no presentada la demanda de amparo (fojas 50-52).

Mediante acuerdo de dos de diciembre del año en cita, se tuvo por ratificada la firma plasmada en el libelo constitucional, y ordenó dar trámite, y de nueva cuenta se requirió a la impetrante de amparo, para que en el término otorgado de cinco días, siguientes a que surtiera efectos la notificación, aclarara los actos reclamados y señalara por cual debía seguirse el juicio constitucional (fojas 55 a 56 del juicio de amparo).

En cumplimiento de lo anterior, la quejosa, en escrito presentado el nueve de diciembre del año citado, aclaró su demanda, en el sentido de que el acto reclamado a la agente del Ministerio Público responsable, lo constituía:

El haberse excedido en sus facultades al emitir juicio y expresar criterios resolutivos a modo de sentencia en su contra, mediante oficio **********, de veinticuatro de octubre de dos mil trece, que contiene el informe justificado que la responsable rindió ante la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el diverso amparo indirecto **********, documento del que se duele, que dicha autoridad argumentó:

1. Que la quejosa miente y falta a la verdad, porque la agente del Ministerio Público no ordenó ni ejecutó aseguramiento del predio que alude de su propiedad.

2. Tampoco es cierto que ella ejerciera el derecho de posesión sobre la superficie del terreno, ni tampoco sobre el terreno en el que se ordenó el aseguramiento, por lo que utiliza la justicia para legalizar un acto ilícito.

3. La quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio constitucional, primero porque la escritura pública que exhibió al juicio de amparo refiere a un predio diferente del que fue asegurado; segundo, porque no es cierto que posea dicho predio desde mil novecientos setenta, ya que nadie dice que ella sea la poseedora; y tercero porque aparentemente un tercero se está aprovechando de su situación, dado que con la simple detentación, se logró del juzgado de amparo, una suspensión indebida, sobre todo por lo dicho en los puntos primero y segundo narrados.

Ahora bien, con respecto a ese libelo constitucional en el juicio de amparo indirecto **********, el órgano de control constitucional, desechó por improcedente, en razón de que a su punto de vista, se refería al mismo acto que es materia del diverso juicio de amparo indirecto **********, del índice del mismo Juzgado de Distrito de Amparo, promovido por la propia quejosa **********, el cual se encuentra pendiente de resolución, por lo que desechó la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción X, así como el diverso numeral 113, ambos de la nueva Ley de Amparo, que establecen, la causal de improcedencia por litispendencia.

Ahora bien, es preciso distinguir cada uno de los amparos indirectos materia de análisis, de la siguiente manera:

Ver distinción

Ahora bien, como se advierte, en la demanda de amparo, expediente **********, la quejosa en la aclaración de demanda, señala como autoridad ordenadora a la agente número 6 del Ministerio Público de Tlajomulco de Zúñiga, turno matutino, del Estado de Jalisco, de la que reclamó el informe justificado de veinticuatro de octubre de dos mil trece, que se remitió al amparo indirecto **********, del índice del mismo Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Jalisco; en el que "informó que la quejosa miente y falta a la verdad, porque no ordenó ni ejecutó el aseguramiento en el predio a que alude ésta; que no es verdad que ejerce derecho de posesión sobre la superficie de terreno que refiere, ni tampoco sobre el que se ordenó su aseguramiento, y que se ostenta como propietaria y no como poseedora, por lo que usa la justicia para legalizar un acto ilícito; asimismo señaló que la impetrante del amparo carecía de interés jurídico por las razones precisadas en líneas precedentes."

Por tanto, de lo narrado, se desprende que el acto reclamado en el juicio constitucional **********, recae en las manifestaciones de la autoridad responsable hechas en el informe justificado emitido en el oficio **********, de veinticuatro de octubre de dos mil trece, rendido ante la Juez de Distrito, en el amparo indirecto número **********.

Por ende, al tratarse de las manifestaciones de la autoridad responsable, al rendir el informe justificado, en las que expresa argumentos de los que se duele la quejosa, "como son el que la tacharon de mentirosa y de que falta a la verdad, porque no es poseedora del inmueble que ella describe ser propietaria, ni tampoco poseedora del inmueble que fue objeto del aseguramiento, y que ésta utilizó a la justicia para legalizar un acto ilícito; así como de que carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo **********, porque la escritura que exhibe se refiere a un predio diferente; además de que no es cierto que sea poseedora del inmueble desde mil novecientos setenta, y que nadie dice que ella sea la poseedora; la cual se ostenta en su demanda como propietaria y no como poseedora, y que hay un tercero que se está aprovechando de esa situación, con una suspensión concedida indebidamente."

Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte una causa de improcedencia distinta a la observada por el a quo, por ser de estudio oficioso y de orden público, se adquiere plenitud jurisdiccional para analizar la que verdaderamente se estime actualizada.

Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis 2a./J. 153/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(1) de rubro y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo, en primera o segunda instancia, tiene el deber de analizar las causas de improcedencia, incluso oficiosamente, por ser de orden público, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, lo que concurre con la regla contenida en el artículo 91, fracción III, de la ley de la materia, consistente en que el órgano que examina el juicio de amparo en segunda instancia, puede estudiar las causas de improcedencia que advierta, aunque no hayan sido consideradas por el Juez; lo anterior permite concluir que un Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para confirmar el desechamiento de una demanda de amparo, apoyado en una causa de improcedencia diferente a la observada por el Juez de Distrito, en la inteligencia de que debe ceñirse a lo prevenido en el artículo 145 de la ley de la materia, por ser un requisito propio del momento procesal en que se actúa, y por tanto, el motivo de improcedencia que aprecie bajo una visión distinta a la del a quo, debe ser manifiesto e indudable. Es más, ningún sentido práctico positivo tendría que el Tribunal Colegiado, pese a haber advertido una causa de improcedencia manifiesta e indudable, concluyera que procede admitir la demanda ante la desestimación de la causal de improcedencia invocada por el Juez, pues con ello, solamente se lograría la tramitación de juicios infructuosos, en contravención a la garantía de celeridad en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

En efecto, el artículo 64, párrafo segundo, de la citada ley dispone que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

En el caso, al advertirse por este tribunal una causa de improcedencia distinta a la apreciada por el Juez recurrido, en acato a lo dispuesto en el párrafo y artículo invocados, por acuerdo plenario de veintisiete de febrero del año en curso, se ordenó dar vista personalmente a la quejosa, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho convenga.

Por ende, dentro del término otorgado para la vista, la recurrente presentó escrito de manifestaciones, el cual se tuvo por recibido en acuerdo de siete de marzo del año en curso, y se regresó el asunto a esta ponencia para dictar resolución, conforme lo prevé el artículo 101, párrafo quinto, de la nueva Ley de Amparo.

Partiendo de las anteriores premisas y tomando en cuenta que el acto reclamado en la demanda que dio pie al presente recurso de queja, se hace consistir.

Oficio ********** de veinticuatro de octubre del año próximo pasado, que contiene el informe justificado rendido ante la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el expediente de amparo **********; del que se "desprenden señalamientos contundentes de la responsable, con clara animadversión a su persona, como son que la quejosa no acreditó ser ni la legítima propietaria, ni poseedora de la superficie de terreno donde se ejecutó materialmente el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil trece, el cual tiene diversos datos de identidad totalmente diferentes a los que reclama como de su propiedad, como se acredita en "actuaciones de la averiguación previa **********."

Este tribunal advierte que la causal de improcedencia que se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la nueva Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de la vigencia. ..."

Lo anterior, debido a que bajo el marco jurídico actual no se arriba a la convicción de que el quejoso tenga interés jurídico respecto del informe justificado emitido por el Ministerio Público, en un diverso juicio de amparo.

Al respecto, cabe citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prescribe:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..."

A su vez, el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, define al interés jurídico al examinar la parte procesal relativa al quejoso, en los términos siguientes:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley ..."

En ese tenor, cabe destacar que el interés jurídico está definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), la cual se puede consultar en la foja 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, bajo el rubro y texto siguientes:

"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ‘teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo’, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."

De conformidad con el criterio orientador antes transcrito el interés jurídico se compone de los elementos siguientes:

a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y,

b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente.

Bajo ese contexto, si el acto reclamado es el informe justificado, rendido en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del mismo Juez de Distrito recurrido, en el cual la autoridad responsable, hace argumentaciones, incluso hace valer una causal de improcedencia del aludido juicio de amparo, en ejercicio de un derecho subjetivo como parte que es en su carácter de autoridad responsable de conformidad con el artículo 117 en relación con el 85, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; de ahí que no se trata de un acto que provenga de autoridad, ni tampoco de un nuevo acto o distinto, o desvinculado del juicio de amparo, sino de un informe que rinde la autoridad responsable, que es parte en el juicio de amparo.

En esos términos la inconforme no sufrió menoscabo alguno con la emisión del que señala como acto reclamado, por lo que no se tuvo por acreditado el interés jurídico para instar a la vía constitucional.

En efecto, el informe con justificación persigue un doble fin: por una parte, representa un elemento esencial para determinar la existencia del acto reclamado y, por otra, constituye un derecho de la autoridad responsable para hacer valer la improcedencia del juicio o sostener la constitucionalidad de sus actos. En su segundo aspecto en el informe se expresaron las consideraciones que la autoridad responsable señaló para sostener la legalidad del acto reclamado.

En consecuencia, el Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 113 de la referida Ley de Amparo, está facultado para reasumir jurisdicción e invocar la causal de improcedencia que efectivamente se actualice, para concluir con la declaratoria de que es infundado el recurso de queja, aun cuando por diverso motivo legal al sostenido por el Juez de Distrito, y desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia.

Al respecto es aplicable en lo conducente la tesis(2) que este tribunal comparte que dice:

"QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO Y DESECHAR LA DEMANDA POR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-Si bien procesalmente en el recurso de queja el Tribunal Colegiado, como regla general, ante la ilegalidad del auto recurrido no reasumía jurisdicción, con motivo de la regulación en la nueva Ley de Amparo de los recursos de revisión y de queja, que el primero de ellos ya no prevé la hipótesis de procedencia contra el auto desechatorio de una demanda de amparo (artículo 81), supuesto que ahora se ubica en el recurso de queja [artículo 97, fracción I, inciso a)], ello justifica la prevalencia de la técnica de la improcedencia que regía en el recurso de revisión de la legislación anterior, la cual debe trasladarse al recurso de queja de la actual Ley de Amparo, motivo por el que en éste es válido aplicar su artículo 62, que impone la obligación de examinar en cualquier instancia en la que se encuentre el juicio las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, de manera que si el Juez de Distrito, para desechar de plano la demanda de garantías, por su manifiesta e indudable improcedencia, invoca una causal inaplicable al caso concreto, el Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 113 de la referida ley, está facultado para reasumir jurisdicción e invocar la causal de improcedencia que efectivamente se actualice, para concluir con la declaratoria de que es infundado el recurso de queja, aun cuando por diverso motivo legal al sostenido por el Juez de Distrito, y desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia."

En otro aspecto, la inconforme aduce en su escrito de manifestaciones, de acuerdo a la vista otorgada, que no se respeta el principio pro homine, aplicado al caso concreto, dado que el Juez debió aplicar el contenido del artículo 111 de la nueva Ley de Amparo y no el diverso 61, fracción X, del mismo ordenamiento legal.

Lo anterior es infundado, toda vez que la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la nueva Ley de Amparo, que se actualiza, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el "Pacto de San José de Costa Rica", ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que los actos en el juicio de amparo, por sus consecuencias, son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción XII del artículo 61, no significa que el juicio de amparo ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción I del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además de que no se trata de una vulneración a dicho principio, porque la regla interpretativa de éste, implica que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Sin embargo, en el caso, como se dijo con anterioridad, dicho principio no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto, y como se analizó con anterioridad el acto reclamado, no es de los considerados, emitido por autoridad, sino como una de las partes del juicio de amparo; de ahí que no se trate de la actualización de la antinomia sobre dicha materia.

Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis número 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(3) de rubro y texto siguientes:

"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.-Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."

Por lo anterior, lo que se sostiene en esta ejecutoria no es contrario al contenido de las tesis que cita la recurrente en sus motivos de inconformidad.

Cabe señalar que los criterios de tesis y jurisprudencia que se invocan, integrados conforme a la legislación anterior, tal ejercicio se permitió en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, que señala:

"Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

Bajo esas condiciones, ante lo infundado e insuficiente de los agravios que se exami

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25035-f4b01214/interes-juridico-en-el-amparo-indirecto-carece-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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