RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, debido a que el tema a dilucidar, aun cuando corresponde a la materia común, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, resulta aplicable el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que a continuación se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, Número de Registro IUS: 2000331]
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Jueces de Distrito. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto, así como referirnos a las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
I. Por lo que hace al recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, tenemos como antecedentes, los siguientes:
1. ********** y otros, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de actos del Juez Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, actualmente Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el acto consistente en la orden de inscripción de embargo en el juicio ejecutivo mercantil **********, respecto del inmueble que se describe en la demanda; así como la ejecución de esa anotación atribuida al registrador público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.
2. Tocó conocer de la demanda de amparo al Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien previos requerimientos realizados a la parte quejosa, mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil trece, desechó de plano la demanda de amparo, bajo el argumento de que previo a la promoción de dicho juicio los quejosos debieron agotar el recurso ordinario de revocación, de ahí que tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
3. En contra de esa determinación los quejosos interpusieron recurso de queja, que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de veintinueve de enero de dos mil catorce, declaró fundado el recurso, revocó la resolución recurrida y se pronunció sobre la admisión de la demanda y la medida cautelar correspondiente, en los términos que a continuación se transcriben:
"... En consecuencia, resulta procedente levantar el desechamiento de la demanda decretada en el auto sujeto a revisión y con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, es procedente dictar la resolución correspondiente.
"SÉPTIMO. Este Tribunal Colegiado advierte que el artículo 103 de la Ley de Amparo vigente, contiene dos supuestos cuando se declara fundado el recurso de queja, a saber:
"a) Procede dictar la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío.
"b) Salvo cuando la resolución implica la reposición del procedimiento.
"En el caso del primer supuesto, el reenvío se ha considerado por la doctrina procesal, como la institución que permite que el tribunal de apelación o de alzada reasuma jurisdicción, a fin de evitar que los asuntos sean devueltos a los Jueces de primera instancia; se busca observar el principio de economía procesal. En ese sentido, es el órgano de segundo grado el que emite una resolución en sustitución del Juez del procedimiento.
"En el segundo supuesto, se advierte que no se asume esa obligación, porque existe un evento procesal que lo impide.
"Ahora, este tribunal considera que en el caso de la queja interpuesta al resultar fundada, por considerarse ilegal el desechamiento de plano de la demanda con apoyo en una causal de improcedencia que no se configura; entonces, se actualiza el supuesto señalado en el inciso a), aludido con antelación; por tanto, procede dictar el auto que corresponde, el cual se dicta en los siguientes términos:
"‘Toluca, Estado de México (fecha de la sesión en que se resuelve el asunto).
"‘Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, actualmente Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistentes en:
"‘a) La orden de inscripción de embargo respecto del inmueble ubicado en **********, dictada en el juicio ejecutivo mercantil **********, tramitado en el referido órgano jurisdiccional; y
"‘b) La ejecución de dicha orden.
"‘Con fundamento en los artículos 1o. y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o., fracción I, 6, 35, 37, 107, fracción IV, 108, 110, 115, 117, 119, 126 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda.
"‘Dése al representante social de la adscripción la intervención que legalmente le compete.
"‘Por separado y duplicado fórmese el incidente de suspensión.
"‘Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional.
"‘Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 75 de la ley de la materia, remita copia certificada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de diez a ciento cincuenta días de salario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la misma ley.
"‘Sanción económica que también le será aplicada en el supuesto de que no rinda su informe correspondiente dentro del plazo otorgado en el presente proveído.
"‘Conforme a los numerales 63, 64 y 65 del ordenamiento legal multicitado, se exhorta a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así al Juzgado de Distrito, pues de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de salario, en términos del artículo 251.
"‘Se comisiona al actuario judicial para que se constituya en el domicilio de la tercera interesada **********, ubicado en **********.
"‘Lo anterior, a efecto de que la emplace al presente juicio y le haga saber la instauración del mismo, así como el derecho que tiene para apersonarse en él, ofrecer pruebas y formular alegatos, la fecha que se fije para la celebración de la audiencia constitucional; además la requiera para que, dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de la lista que se fija en los estrados del Juzgado de Distrito.
"‘No ha lugar a tener como tercera interesada a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), pues de los antecedentes que los quejosos narraron bajo protesta de decir verdad no se advierte que tengan tal carácter en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo.
"‘Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o. se habilita al actuario judicial para realizar los emplazamientos respectivos en el presente juicio aun en días y horas inhábiles.
"‘Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el **********.
"‘Tal como se precisó en el auto de cuatro de noviembre de dos mil trece, dictado por el Juez de Distrito, se tiene como representante común de los quejosos a **********.
"‘Finalmente, hágase del conocimiento de las partes el derecho que tienen para manifestar ante el órgano de control constitucional si es su deseo que al momento que se haga pública la resolución que llegare a dictarse en el presente asunto, se den a conocer sus datos personales.
"‘Lo anterior, en cumplimiento al artículo 8o. del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental y con el fin de respetar el derecho de intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en términos del segundo párrafo del artículo mencionado en el primer término.
"‘Notifíquese y cúmplase.’
"Por otro lado, respecto a la suspensión provisional se provee lo siguiente:
"‘Toluca, Estado de México (fecha de la sesión en que se resuelve el asunto).
"‘Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número **********-II, promovido por **********, por su propio derecho contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, actualmente Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y del registrador público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.
"‘Los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, establecen:
"‘«Artículo 138.» (se transcribe)
"‘«Artículo 140.» (se transcribe)
"‘Por tanto, con apoyo en lo preceptuado por los referidos numerales, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son ciertos los hechos que se le atribuyen y que determinan la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo.
"‘En principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo; del contenido de los referidos preceptos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de garantías debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público.
"‘En el caso a estudio, los actos reclamados se hacen consistir en la orden de inscripción de embargo de un inmueble dictada en un juicio ejecutivo mercantil y su ejecución.
"‘En ese tenor, en atención a la naturaleza del acto reclamado se niega la suspensión provisional.
"‘Lo anterior, porque los quejosos omitieron probar su interés suspensional en el presente asunto, al menos de manera indiciaria o presuntiva, lo cual constituye una carga que les corresponde, precisamente porque son ellos quienes la solicitan y alegan tener derecho que se verá afectado con la ejecución del acto recamado (sic) y, en ese sentido, los documentos que acompañaron a la demanda de amparo no lo demostraron.
"‘Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos quince, Tomo XXIX, abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:
"‘«SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE.» (se transcribe)
"‘No deja de advertirse que la jurisprudencia invocada interpreta la Ley de Amparo abrogada, sin embargo, el artículo 6o. transitorio de la referida legislación, señala que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley.
"‘Ahora bien, la lectura de la demanda de amparo permite establecer que los peticionarios de amparo aducen que la orden de inscripción de embargo y su ejecución afecta sus derechos, particularmente porque derivado de la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil en el cual ellos figuraron como actores, embargaron un inmueble que se encontraba inscrito ante el Instituto de la Función Registral a nombre de **********, respecto del cual, en la sentencia dictada en dicho juicio, se ordenó que en caso de que la referida demandada omitiera realizar el pago de la suerte principal a la que fue condenada, se hiciera el remate de dicho bien; por tanto, estiman que ellos tienen derecho de preferencia de inscripción del embargo, respecto de aquella otra inscripción que se ordenó y se ejecutó en el diverso juicio ejecutivo mercantil **********, del que emanan los actos reclamados.
"‘No obstante lo anterior, a la demanda de amparo únicamente acompañaron un escrito recibido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el cual los aquí quejosos, solicitaron la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente **********; un volante de trámite universal del Instituto de la Función Registral del Estado de México cuyo solicitante es **********; un volante universal del referido instituto a nombre de la referida persona en cuyos datos de servicio se precisa: ‘**********, con un costo por la tramitación del servicio de mil trescientos veintiún pesos, así como un recibo de pago expedido por **********, por la referida cantidad y copia simple del mismo; además de una copia simple de un contrato de compraventa con reserva de dominio, de veinticuatro de febrero de dos mil uno, otorgado por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) a favor de **********.
"‘De este modo, se puede concluir que ninguna de las referidas pruebas demuestra la existencia del derecho que aducen los peticionarios de amparo en relación con los actos reclamados, razón por la cual, como se adelantó no demostraron su interés suspensional.
"‘Por otro lado, se comisiona al actuario judicial para que notifique el contenido del presente proveído a los terceros interesados.
"‘Lo anterior, a efecto de que además de notificar el presente proveído, los requiera para que dentro del plazo de tres días, señalen el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos de que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fija en los estrados del Juzgado de Distrito.
"‘Notifíquese y personalmente a los terceros interesados.’
"Es menester indicar que en lo relativo a las fechas de la audiencia constitucional e incidental, este órgano judicial no efectuó pronunciamiento, en razón de que ello se reserva al Juzgado de Distrito. Esto, en atención a que se trata de medidas de carácter administrativo que deberán fijarse atendiendo a la carga de trabajo y conforme al mecanismo que se tenga establecido para ello.
"Asimismo, el juzgado federal deberá encargarse de ejecutar las providencias necesarias a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el auto admisorio y en el incidente de suspensión. ..."
II. En relación con el recurso de queja **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, se desprenden los siguientes antecedentes:
1. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por conducto de su apoderada legal, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Auxiliar de la Mesa Siete del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el acto consistente en la determinación de quince de noviembre de dos mil trece, en la que estimó improcedente el incidente de insumisión al arbitraje en el juicio laboral **********.
2. De la demanda de amparo conoció el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil trece, la desechó de plano al considerar que era manifiesta e indudablemente improcedente, con apoyo entre otros, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V y 170 aplicados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, esto porque el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación.
3. Esa determinación fue combatida por la parte quejosa mediante recurso de queja, que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de catorce de febrero de dos mil catorce, declaró fundado dicho medio de impugnación, razonando que el acto reclamado sí actualiza el supuesto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, porque la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de insumisión al arbitraje sí constituye un acto de imposible reparación porque afecta el derecho del patrón a negarse a reinstalar al servidor público y, en ese sentido, a someter la controversia ante la autoridad laboral cuando el servidor público demande la reinstalación, lo que no será materia de análisis del laudo que ponga fin a la contienda y, por tanto, no podrá repararse en éste; además de que es una determinación que afecta al patrón en grado predominante o superior.
4. Finalmente, en esa ejecutoria, el Colegiado precisó: "Por tanto, debe revocarse el auto recurrido a fin de que el Juez de Distrito dicte otro mediante el cual, en su caso, admita la demanda de garantías."
III. Respecto de la queja **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se describen los siguientes antecedentes:
1. **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra del **********, señalando como acto reclamado el oficio 098/2013, de catorce de mayo de dos mil trece, que contiene la determinación y cobro de adeudo por ajuste por error de facturación en el consumo anterior y refacturación por la cantidad de **********, así como apercibimiento de corte o suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica.
2. Esa demanda de amparo fue turnada al Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien por acuerdo de seis de junio de dos mil trece, la desechó de plano, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, del mismo ordenamiento, razonando que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado deriva de una relación entre particulares y, por tanto, ese acto no es de autoridad, citando al efecto las jurisprudencias 2a./J. 167/2011 (9a.) y 2a./J. 112/2010 emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de tres de octubre de dos mil trece, declaró fundado el recurso bajo el argumento de que los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad sí son susceptibles de combatirse por medio del juicio de amparo; así, sostuvo que los criterios invocados por el a quo no resultan aplicables, pues corresponden a interpretaciones del abrogado sistema de amparo, pues el vigente introduce un nuevo concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, que permite la impugnación de actos de particulares que vulneren derechos fundamentales, que sean equivalentes a los de autoridad y que estén determinados por una norma general, lo que afirmó, resulta aplicable a los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; asimismo, indicó que esa dependencia debe ser equiparada a una autoridad para efectos del amparo, pues materialmente sus actos son unilaterales y crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas y obligaciones.
4. Con base en esos razonamientos, el Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundado el motivo de notoria improcedencia invocado por el Juez de Distrito, en los siguientes términos:
"... En el orden de ideas anterior, siendo infundado el motivo de notoria improcedencia invocado por el Juez de Distrito se revoca el auto de desechamiento recurrido y se ordena al Juez que, de no existir diverso motivo de notoria improcedencia, admita a trámite la demanda relacionada a este asunto. ..."
IV. Por lo que ve al recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, tenemos como antecedentes, los siguientes:
1. **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra del gobernador del Estado de Nuevo León y otras autoridades; y señaló como actos reclamados los artículos 10, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del Personal al Servicio de la Educación, y 4, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, y su primer acto de aplicación consistente en el oficio número DRL/1653/12-13, que contiene su cambio de situación laboral de empleada de base a trabajadora de nómina de contrato.
2. La demanda referida fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil trece, la desechó con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ya que estimó que el acto de aplicación de los ordenamientos reclamados no es acto de autoridad, pues surgió como consecuencia de la relación laboral que tiene la quejosa con la Secretaría de Educación Pública del Estado.
3. En contra de esa determinación la quejosa interpuso recurso de queja, que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, quien por ejecutoria de cuatro de octubre de dos mil trece, declaró parcialmente fundados y suficientes los agravios aducidos en el recurso, razonando que no era posible establecer con certeza y plena convicción que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada por la a quo, pues se genera duda respecto de su operancia para considerar que el acto reclamado o de aplicación no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo y que, estimar lo contrario, implicaría privar a la quejosa de su derecho a instar el juicio contra un acto que considera, le causa perjuicio.
4. Con base en esa argumentación, dicho Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el recurso en los siguientes términos:
"... En las relatadas consideraciones, al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25151-30195e48/recurso-de-queja-contra-el-auto-que-desecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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