SALARIOS Y PRESTACIONES QUE REGIRÁN PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS A PARTIR DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR, EN EL AUTO INICIAL DEL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, SI EL ACUERDO NÚMERO DCAS-2572-2015, QUE LOS PREVÉ Y QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO QUINTO AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO, JOSÉ MORALES CONTRERAS, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ELÍAS ÁLVAREZ TORRES, JORGE FARRERA VILLALOBOS, RANULFO CASTILLO MENDOZA, RICARDO CASTILLO MUÑOZ, ARISTEO MARTÍNEZ CRUZ, VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ, HÉCTOR LANDA RAZO, TARSICIO AGUILERA TRONCOSO, HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ Y ANDRÉS SÁNCHEZ BERNAL. PONENTE: VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ MANUEL DIOSDADO LUNA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
El Pleno en Materia de Trabajo de este Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 3 y 8 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince; por tratarse de una contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al formularse por uno de los integrantes del Quinto Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Criterios contendientes.
Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus determinaciones.
En beneficio de una mayor comprensión, se procede a reseñar las ejecutorias en conflicto, conforme nacieron a la vida jurídica, así tenemos que:
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de seis de septiembre de dos mil dieciséis, al conocer del recurso de queja 103/2016, resolvió, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO.-El agravio hecho valer por el recurrente, es en parte infundado y en otra inoperante, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
"En una parte del único agravio, el recurrente aduce que el Juez de Distrito hizo un análisis incongruente de la demanda, aplicando inexactamente los artículos 5, 61 y 133 de la Ley de Amparo, al considerar erróneamente que la autoridad señalada como responsable no tenía tal carácter para efectos del juicio de amparo al existir entre las partes una relación de coordinación, siendo que al percibir una pensión por jubilación, el acto reclamado era de naturaleza administrativa y, como no existe un vínculo laboral con Petróleos Mexicanos, la relación que acontece es de supra a subordinación; además de que el artículo 17 constitucional tutela el derecho del gobernado de plantear ante un órgano jurisdiccional cualquier controversia, por lo que a falta de reglamentación específica en un caso concreto, debe estimarse procedente el juicio de amparo.
"Continúa alegando que la autoridad señalada como responsable es un organismo público descentralizado de la administración pública, cuyo actuar se encuentra subordinado a la administración pública centralizada, pero que derivado de la reforma energética, se transformó en una empresa productiva del estado que goza de autonomía técnica, presupuestaria, operativa y de gestión, por lo que los actos que emite son en un plano de supra a subordinación.
"Además, señala que el juicio de amparo es procedente contra actos de un organismo público descentralizado de la administración pública, ya que la jubilación como derecho extralegal deviene de un acuerdo de voluntades, que además, está sujeto a cambios o reajustes por imperio administrativo de la autoridad responsable, lo que constituye un acto de autoridad susceptible de ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto, en consecuencia, no se debe acudir obligatoriamente a los tribunales ordinarios.
"Devienen infundados los argumentos anteriores, ya que en el juicio de amparo indirecto número 1467/2016-IV, el quejoso, ahora recurrente, señaló como actos reclamados de Petróleos Mexicanos y, su subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, gerente Jurídico Laboral, director Corporativo de Administración y Servicios y jefe de la Unidad de Administración de Personal, la inconstitucionalidad del acuerdo DCAS-2572-2015 como norma heteroaplicativa y, como primer acto de aplicación, el cálculo y pago incorrecto de su liquidación pensionaria a partir del tres de noviembre de dos mil quince.
"Ahora, el Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al emitir la resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, determinó desechar la demanda de amparo, al indicar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que las autoridades señaladas no tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, al tratarse de un vínculo contractual laboral entre empresa y ex trabajador, ahora jubilado, derivado de la existencia previa de un vínculo obrero-patrón, por lo que dichas autoridades no actuaban con su potestad de imperio y no existía una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, de ahí que el juicio de amparo no era el medio idóneo para combatir el acto reclamado, ya que el impetrante tiene a su alcance la vía procesal ordinaria.
"Determinación que se estima correcta y apegada a derecho, en atención a que para que dicho acto sea reclamable mediante el juicio de amparo, debe provenir de una autoridad que lo dicte en ejercicio de su facultad de imperio.
"En ese sentido, los artículos 61, fracción XXIII y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en lo conducente, establecen lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.’
"De los preceptos mencionados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando a quien se le imputan los actos reclamados no tenga el carácter de autoridad responsable, que es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Ahora, de los autos del juicio del que emana el acuerdo recurrido, se advierte que **********, promovió demanda de amparo, contra los actos de Petróleos Mexicanos y, su subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, gerente Jurídico Laboral, director Corporativo de Administración y Servicios y, jefe de la Unidad de Administración de Personal; actos que hizo consistir en: ‘la inconstitucionalidad del acuerdo DCAS-2572-2015 como norma heteroaplicativa, para los efectos del presente juicio de amparo; se señala como primer acto de aplicación, el cálculo y pago de mi liquidación pensionaria a partir del tres de noviembre de dos mil quince...’
"Asimismo, de los antecedentes narrados en la propia demanda de amparo, se advierte lo siguiente:
"‘1. Al impetrante, las autoridades señaladas como responsables le realizan pagos y le otorgan beneficios en especie de liquidación pensionaria mensual, por haber dado por terminada la relación contractual privada con Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. ...
"‘2. ...el único documento legalmente aplicable para calcular el otorgamiento y pago del personal ya jubilado de confianza son precisamente: los Reglamentos de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente hasta el 31 de julio del 2000 y el que entró en vigor a partir del 1 de agosto del 2000. Emitidos con todas las facultades de las normas internas que regulan el actuar administrativo de la responsable por el C. Director General de Petróleos Mexicanos. ...
"‘3. El Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que entró en vigor a partir del 1 de agosto del 2000 le otorga al aquí quejoso, desde entonces un derecho adquirido, de acuerdo a los artículos 26, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 82 y 83 del citado reglamento, de manera que los incrementos a la pensión y demás prestaciones que como jubilado gozo, deben reflejar el porcentaje de los incrementos concedidos al personal de confianza en activo, incluyendo adicionalmente el pago del concepto canasta básica, el pago del reembolso del cien por ciento de ciento treinta y cinco kilogramos de gas doméstico, calculado al precio de venta al público más el cincuenta por ciento del precio al distribuidor del importe de mil litros de gasolina Nova-Plus o su equivalente y de seis litros de aceite Brio Verde por mes, previsto en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por ser el reglamento vigente al momento de la jubilación del aquí impetrante; este dato no es menor, pues al darme cuenta de que lo anterior no está siendo aplicado en nuestro beneficio, fue que inquirí el pasado día 11 de julio del 2016 verbalmente al personal actuante del centro de trabajo donde recibo mi catorcena, informándome que a mí se me está pagando de acuerdo a la comunicación que acompaña el oficio unido DCAS-SRLSP 00690-2015 relacionado con el acuerdo número DCAS-2572-2015 el cual refiere el asunto: «Salarios y prestaciones que regirán para el personal de confianza de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y empresas productivas subsidiarias a partir del 1 de agosto del 2015». ...
"‘5. El acuerdo DCAS-2572-2015 es una norma que dentro del presente amparo se tacha de inconstitucional, ocasionando al quejoso un porcentaje de pago menor como jubilado. Por lo cual, es clara la afectación directa que ocasiona la responsable Petróleos Mexicanos al impetrante, no así a la sociedad en general...’ (fojas 25 y 26 de los autos)
"Lo que se corrobora con la lectura de los conceptos de violación formulados por el recurrente en el juicio de amparo indirecto, los cuales van encaminados a combatir la aplicación del acuerdo DCAS-2572-2015, en lugar del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en vigor a partir del uno de agosto de dos mil y, por ende, el cálculo y pago incorrecto de su pensión jubilatoria.
"De lo que se tiene que el propio quejoso manifestó que trabajó para Petróleos Mexicanos y, posteriormente, fue jubilado por dicho ente jurídico, percibiendo una pensión en términos del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
"Cabe aclarar que la empresa propiedad del Estado citada, tiene entre sus funciones, proveer a sus trabajadores de la seguridad social correspondiente, lo cual incluye otorgar pensiones, entre otros casos, con motivo de la jubilación por años de servicios.
"Por tanto, resulta inconcuso que al reclamar de las autoridades citadas la cuantificación y pago incorrecto de su pensión jubilatoria, la relación que se configura es la de ex patrón-jubilado, derivada de la existencia previa de una obrero-patronal.
"Ahora, tal como quedó establecido, una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquella que con fundamento en una norma legal, emite actos unilaterales, mediante los cuales ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; ello, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado.
"Es decir, para que una autoridad tenga la calidad de responsable para efectos del juicio de amparo, debe actuar con su potestad de imperio, en una relación de supra a subordinación, las cuales se configuran entre los gobernantes y gobernados, pero los primeros, actúan en un plano superior respecto de los segundos y, se caracteriza por la unilateralidad por parte del Estado.
"Sin embargo, en el caso, contrario a lo manifestado por el recurrente, el hecho de que al jubilarse, Petróleos Mexicanos haya dejado de fungir como su patrón, no implica que la relación entre ambos pase de ser de coordinación a supra a subordinación, en virtud de que el beneficio de la jubilación es derivado de la relación laboral, lo que los mantiene en un plano de igualdad respecto de dicho beneficio.
"Asimismo, el que la autoridad señalada como responsable sea un organismo público descentralizado de la administración pública y su actuar se encuentre subordinado a la administración pública centralizada, pero que derivado de la reforma energética, se haya transformado en empresa productiva del estado con autonomía técnica, presupuestaria, operativa y de gestión, no implica que la totalidad de los actos que emite sean en un plano de supra a subordinación, ya que en el presente caso, al derivarse la jubilación de la existencia previa de una relación laboral, la empresa se colocó en un plano de igualdad respecto del empleado, ahora jubilado, configurándose una relación de coordinación.
"Por tanto, al tratarse de un vínculo entre ex patrón y jubilado, derivado de la existencia previa de uno obrero-patronal, resulta inconcuso que las partes se encuentran en una relación de coordinación, misma que se establece entre particulares o entre una autoridad y un particular, que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para resolver las controversias suscitadas entre éstos, las normas generales establecen procedimientos ordinarios, como lo es el juicio laboral, mismo al que debió acudir el quejoso.
"En este contexto, las relaciones laborales y las derivadas de su existencia, suscitadas entre autoridades que forman parte del Estado, como en este caso lo son Petróleos Mexicanos y, su subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, gerente Jurídico Laboral, director Corporativo de Administración y Servicios y, jefe de la Unidad de Administración de Personal; y un particular, se rigen por las relaciones de coordinación, en que las dependencias del Estado, se colocan en un plano de igualdad respecto del gobernado, en este caso jubilado y, su actuar no se rige por su potestad de imperio.
"Luego, la cuantificación y pago correcto de la pensión jubilatoria forma parte de las obligaciones que tiene el ente jurídico, como órgano que presta seguridad social a sus trabajadores o ex empleados; en consecuencia, si en el caso el quejoso reclama de una empresa propiedad exclusiva del Estado y de sus órganos internos, la cuantificación y pago incorrecto de su pensión jubilatoria a partir del tres de noviembre de dos mil quince, resulta evidente que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no encontrarse ejercitando su facultad de imperio; de ahí que, son los medios de defensa ordinarios, los que otorgan las herramientas para la tutela de actos emitidos en un plano de coordinación; por tanto, resultan infundados los argumentos en estudio.
"En consecuencia, contrario a lo manifestado por el recurrente, se estima correcto que el Juez de Distrito haya desechado la demanda con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, al considerar que las autoridades señaladas como responsables, no tienen esa calidad para efectos del juicio de amparo, por lo que dicho medio de control constitucional resulta improcedente respecto de los actos que efectuaron en su calidad de ex patrón y jubilado.
"Ahora, igualmente resulta improcedente el juicio de amparo en contra del acto de aplicación reclamado por el quejoso, consistente en el otorgamiento y pago incorrecto de su pensión jubilatoria, en base al Acuerdo DCAS-2572-2015, relativo a ‘Salarios y prestaciones que regirán para el personal de confianza de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias a partir del uno de agosto de dos mil quince’, del que además reclamó su inconstitucionalidad.
"Ello, ya que independientemente de las razones que dio el Juez de Distrito, el artículo 107 de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, lo siguiente: ‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general...’
"De lo que se tiene que el juicio de amparo indirecto procede contra normas de carácter general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso, teniendo tal característica los tratados internacionales, leyes federales y locales, Constituciones de los Estados, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reglamentos federales y locales y, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.
"Ahora, resulta inconcuso que el acto reclamado por el quejoso en el juicio de amparo indirecto, consistente en la inconstitucionalidad del Acuerdo DCAS-2572-2015, relativo a ‘Salarios y prestaciones que regirán para el personal de confianza de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias a partir del uno de agosto de dos mil quince’, sólo rige para los trabajadores o ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias; es decir, que es un acto derivado de la necesidad de regular esa relación de índole laboral, en el plano de coordinación, lo que demuestra lo improcedente del amparo intentado en su contra.
"En otra parte del único concepto de violación, el recurrente señala que las autoridades responsables, mediante Acuerdo DCAS-2572-2015, que se refiere al asunto de salarios y prestaciones que regirán para el personal de confianza de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias a partir del uno de agosto de dos mil quince, desconoció sus derechos adquiridos que se desprenden del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que entró en vigor el primero de agosto de dos mil, dejándolo sin vigencia e imponiendo retroactivamente el acuerdo citado, lo que hizo unilateralmente.
"Los argumentos anteriores devienen inoperantes, en virtud de que el recurrente con sus aseveraciones, pretende evidenciar la ilegalidad de los actos reclamados, consistentes en la inconstitucionalidad del acuerdo DCAS-2572-2015 como norma heteroaplicativa y, como primer acto de aplicación, el cálculo y pago incorrecto de su liquidación pensionaria a partir del tres de noviembre de dos mil quince, llevados a cabo por Petróleos Mexicanos y, su subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, gerente Jurídico Laboral, director Corporativo de Administración y Servicios y, jefe de la Unidad de Administración de Personal; y, no controvierte el razonamiento del a quo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente, porque las autoridades señaladas no tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, al tratarse de una relación ex patrón-jubilado, derivado de la existencia previa de una obrero-patronal, por lo que dichas autoridades no actuaban con su potestad de imperio, puesto que no existía una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que el juicio de amparo no era el medio idóneo para combatir el acto reclamado, ya que el impetrante tiene a su alcance la vía procesal ordinaria que se tramita ante las autoridades de trabajo competentes.
"En ese orden de ideas, si las alegaciones emitidas por el recurrente no se encuentran encaminadas a controvertir las consideraciones por las cuales el Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, determinó desechar la demanda de amparo indirecto, este órgano de segunda instancia constitucional, se encuentra legalmente impedido para realizar un pronunciamiento, respecto a la legalidad o posible ilegalidad de la resolución recurrida a la luz de los agravios que se hicieron valer, al tratarse de aspectos que al incidir en el fondo de la cuestión debatida, quedan subsumidos a la causa de improcedencia que en el presente caso se actualiza.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil ocho, Novena Época, materia común, de rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido.’
"Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis de jurisprudencia I.6o.T. J./109, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página dos mil sesenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil once, de rubro y texto siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO Y NO LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.-Si el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por estimar que no se combate un acto de imposible reparación, y el recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos relativos al fondo del asunto que no se abordó, debe concluirse que tales manifestaciones resultan inoperantes al no combatir las consideraciones relacionadas con la improcedencia del juicio.’"
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 106/2016, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis consideró, en lo conducente, en torno al acuerdo reclamado, DCAS-2572-2015, relativo a los salarios y prestaciones que regirán para el personal de confianza de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias a partir del uno de agosto de dos mil quince, con base en el cual se calcula y paga la pensión jubilatoria, lo que se cita a continuación:
"QUINTO.-Al margen de los agravios hechos valer por el autorizado del quejoso, este Tribunal Colegiado los suple en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
"En efecto, previamente debe decirse, que de las constancias que integran el expediente de amparo 1479/2016, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su numeral 2o., así como, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.’, se advierten los siguientes antecedentes:
"**********, promovió demanda de amparo contra los actos de las autoridades que señaló como a continuación se copian:
"‘III. Autoridades responsables:
"‘1. Petróleos Mexicanos...’
"‘2. Subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal de Petróleos Mexicanos...’
"‘3. Gerente Jurídico Laboral de Petróleos Mexicanos...’
"‘4. Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos...’
"‘5. Jefe de la Unidad de Administración de Personal Pemex Corporativo...’ (fojas catorce y quince -14 y 15-)
"‘IV. Actos reclamados:
"‘Precisión temporal: La inconstitucionalidad del Acuerdo DCAS-2572-2015 como norma heteroaplicativa, para los efectos del presente juicio de amparo; se señala como primer acto de aplicación el cálculo y pago de mi liquidación pensionaria a partir del tres de noviembre de 2015, manifestando bajo protesta de decir verdad, que tuve conocimiento de la aplicación el 25 de julio de 2016.
"‘1. El Acuerdo DCAS-2572-2015, como norma heteroaplicativa que impone al quejoso pagos y beneficios como personal de confianza jubilado a partir del 1 de agosto del 2015, sin que dicho acuerdo haya sido emitido por autoridad competente con facultades legales para ello.
"‘2. La omisión de considerar en los pagos y beneficios de liquidación pensionarla mensual el reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente al momento en que el quejoso dio por terminada la relación contractual privada con Petróleos Mexicanos.
"‘3. La omisión de otorgar el incremento anual correspondiente, al tenor del segundo párrafo del artículo 83 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente al momento en que el quejoso dio por terminada la relación contractual laboral, privada con Petróleos Mexicanos.
"‘4. La omisión de realizar el pago retroactivo que me corresponde con el incremento de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 83 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente al momento en que el quejoso dio por terminada la relación contractual laboral privada con Petróleos Mexicanos.
"‘5. La omisión de realizar el pago retroactivo que me corresponde con el incremento de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 83 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente al momento en que el quejoso dio por terminada la relación contractual laboral privada con Petróleos Mexicanos, en las respectivas pensiones jubilatorias correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015, así como de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2016, y las que en el futuro se me cubran.
"‘6. La falta de motivación y fundamentación en el Acuerdo DCAS-2572-2015, del porque se me paga el incremento de la pensión jubilatoria sin considerar el segundo párrafo del artículo 83 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente al momento en que el quejoso dio por terminada la relación contractual laboral privada con Petróleos Mexicanos.
"‘7. Los efectos y consecuencias d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27245-0a04f207/salarios-y-prestaciones-que-regiran-para-el-personal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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