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AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.), DE RUBRO: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", NO RESULTA EXACTAMENTE APLICABLE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTÁ RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2017. · Registro digital (IUS): 27654
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-03-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Pág. 1481.

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.), DE RUBRO: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", NO RESULTA EXACTAMENTE APLICABLE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTÁ RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, RICARDO OLVERA GARCÍA, ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ Y AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ. PONENTE: RICARDO OLVERA GARCÍA. SECRETARIA: MARTHA IZALIA MIRANDA ARBONA.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio 1142, de cuatro de mayo de dos mil diecisiete recibido en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado de Circuito del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja ********** y **********, respectivamente, con el diverso emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el diverso recurso de queja **********.

SEGUNDO.-Por auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió la denuncia de posible contradicción de tesis.

TERCERO.-Los Tribunales Colegiados Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante los oficios sin número de once de mayo de dos mil diecisiete, **********, de doce del mes y año en cita y **********, de veinticinco del mismo mes y año, respectivamente, informaron la vigencia de los criterios contenidos en los medios de defensa antes mencionados.

CUARTO.-Mediante proveído de uno de junio de dos mil diecisiete, se turnó el asunto al Magistrado Ricardo García Olvera, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que se formulara el proyecto de resolución.

QUINTO.-En sesión de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó, por mayoría, aplazar el proyecto de contradicción presentado.

Por oficio PL-Circuito-ADMVA.235/2017 se informó al Magistrado ponente que por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se renovó el término previsto para la formulación del proyecto de resolución correspondiente a la presente contradicción de tesis, por el término de quince días hábiles.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y el quince de diciembre de dos mil quince, por suscitarse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Magistrado integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios discrepantes.

TERCERO.-Como primer punto, se examinará si es existente la contradicción de criterios denunciada.

Para tal efecto, es útil informar el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, cuyo contenido es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 124/2008-PS, 168/2009, 123/2009 y 235/2009, estableció las condiciones para la existencia de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados, sustentando en la primera de las contradicciones en cita, las consideraciones siguientes:

"... CUARTO.-Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.-I. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.-¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido): ‘Artículo 107.’ (se transcribe).-‘Artículo 197-A.’ (se transcribe).-En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente generar seguridad jurídica en aquellos casos en los que la práctica interpretativa ha producido resultados dispares. Dicho de otro modo: se trata, por un lado, de eliminar algunas vías interpretativas ya intentadas y, por otro, de orientar bajo un criterio objetivo la resolución de determinados problemas interpretativos.-Dichos casos suelen tener esencialmente la siguiente configuración: 1) algún Tribunal Colegiado -o alguna Sala de la Corte, en su caso- realiza un determinado ejercicio interpretativo para resolver algún conflicto determinado; 2) otro Tribunal Colegiado realiza el mismo tipo de ejercicio interpretativo para resolver otro conflicto -igual o diferente que el primero-, y 3) los mismos tribunales y todos los demás tienen ante sí, de manera cierta y probada, al menos dos formas diferentes de elaborar el mismo argumento interpretativo, lo cual se traduce en un problema de inseguridad jurídica.-Las normas antes citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto ‘contradictorio’, sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados como de la finalidad antes apuntada: la producción de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.-La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.-Y lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen ‘respuestas correctas únicas’, esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, es bien sabido, se complementa con el arbitrio judicial formando una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito. La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.-Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.-Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la generación de seguridad jurídica mediante la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.-2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, 3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.-Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto. ..."

De las consideraciones transcritas y de las sustentadas en sentido similar en el resto de las contradicciones en cita, derivó la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, cuyos rubro y texto son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Como se observa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, para estimar existente una contradicción de tesis, es necesario que los órganos judiciales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los aspectos fácticos que lo rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversa solución a una problemática jurídica semejante mediante un determinado ejercicio interpretativo.

A fin de resolver si existe contradicción, es conveniente informar respecto de las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.

1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Al resolver el recurso de queja **********, interpuesto por la parte quejosa, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dicho órgano jurisdiccional confirmó el auto recurrido y desechó la demanda de amparo en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al estimar que la premisa prevista en la jurisprudencia 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo indirecto no es el momento oportuno para determinar la naturaleza de autoridad responsable, cuando en una demanda de amparo biinstancial se señala como acto reclamado el "acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica", no es aplicable para el caso en que se impugnan actos relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, pues en esos casos, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que debe ser determinada desde el auto inicial de trámite de la demanda.

Para llegar a esa conclusión, el tribunal explicó:

"... Al respecto, es menester señalar que, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, formulada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito a petición de este órgano judicial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, contrario a la afirmado por los solicitantes, en la citada jurisprudencia no se definió, de manera generalizada, que en el auto inicial que recae a la presentación de la demanda los Jueces están impedidos para determinar que un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración.

"Lo anterior, pues el punto de divergencia se delimitó a los casos en que se señale como acto reclamado el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, resolviéndose en relación con ese acto, que el Juez Federal en el auto inicial no está en condiciones jurídicas y materiales para examinarlo con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"De esta forma, consideró que es inexacto que la aplicación de la jurisprudencia, con la amplitud que sugiere su rubro, impida que los Jueces de Distrito determinen que un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo desde el auto que recae a la presentación de la demanda sin importar el supuesto que se someta a su consideración.

"Sin embargo, en aras de brindar mayor certeza jurídica a los gobernados, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la tesis 2a./J. 54/2012 refleje con toda concisión, congruencia y claridad la esencia del criterio que informa, la Segunda Sala estimó procedente aclararlo para quedar de la siguiente manera: ‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.’

"De esta forma, es inexacta la interpretación que efectúa el inconforme, pues la Suprema Corte concluyó que en ese específico caso, esto es, cuando se reclama el acuerdo identificado y se atribuye al secretario de Hacienda y Crédito Público, es incorrecto desechar la demanda de amparo desde el auto inicial, por no ser el momento procesal oportuno para examinar si tal acto es o no de autoridad.

"Por ende, el criterio general que se puede deducir de esa tesis es que cuando se atribuya un acto a un ente gubernamental que indudablemente es autoridad, no es propio que en el primer auto el Juez resuelva que el acto no es autoritario, pues ese planteamiento que se hizo en la demanda debe dilucidarse cuando se hayan recabado todos los elementos de convicción, razón por la que en esos casos se debe admitir la demanda.

"Consecuentemente, si el quejoso reclamó ‘el retiro de cables, equipo de medición, desconexión y negativa continua de proporcionarme el servicio público de energía eléctrica’, el cual atribuyó a diversos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, es evidente que no resulta aplicable el contenido de la tesis 2a./J. 54/2012.

"Por otra parte, el inconforme sostiene que, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsable siempre que realicen actos equivalentes a los de éstas.

"Concluye que la suspensión del servicio eléctrico que, en forma exclusiva, presta esa empresa productiva del Estado es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"Con el propósito de resolver los planteamientos sintetizados, se debe tener en cuenta que, mediante la tesis aislada 2a. XLII/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la naturaleza del contrato de suministro de energía eléctrica y de la relación entre los contratantes es comercial, razón por la que las controversias que se susciten entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil.

"Por otra parte, en la reforma publicada el veinte de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, referente a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal, se dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y aI servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la nación.

"Con base en lo anterior, en los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa.

"Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo.

"El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos tales como el arbitraje que pacten las partes.

"Cabe destacar que el contenido de la tesis aislada 2a. XLII/2015 «10a.» es acorde con las disposiciones vigentes en materia energética, que establecen la competencia para resolver los conflictos en que participen la Comisión Federal de Electricidad con motivo de los contratos que tenga celebrados.

"Lo expuesto pone de manifiesto que, al establecer el legislador en las leyes federales que entraron en vigor con motivo de la reforma constitucional, que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, la consecuencia es que tengan naturaleza comercial y, por tanto, no sea válido considerarlos como actos de autoridad.

"De las explicaciones anteriores se desprende que se actualiza la causa de improcedencia advertida por el juzgador, pues los actos atribuidos a ciertos órganos de la Comisión Federal de Electricidad no son de autoridad.

"Finalmente, los criterios que invoca el recurrente, a saber, la jurisprudencia VII.1o.A. J/3, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, así como la tesis aislada II.1o.18 A, intitulada: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE NIEGA A PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLICITADO POR EL QUEJOSO.’, no son vinculantes para este órgano judicial, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al provenir de diversos Tribunales Colegiados de Circuito.

"En consecuencia, ante las explicaciones dadas, lo procedente es confirmar el proveído impugnado y, por ende, desechar la demanda de amparo. ..."

2. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Al resolver el recurso de queja ********** interpuesto por la parte quejosa, en sesión de veinte de abril de dos mil diecisiete, dicho órgano jurisdiccional revocó el auto recurrido y admitió a trámite la demanda de amparo en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al estimar que la premisa prevista en la jurisprudencia 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo indirecto no es el momento oportuno para determinar la naturaleza de autoridad responsable, cuando en una demanda de amparo biinstancial se señala como acto reclamado el "Acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica", es aplicable para el caso en que se impugnan actos relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, ya que el carácter o no de autoridad responsable de la Comisión Federal de Electricidad para efectos del juicio de amparo, requiere de un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva, por lo que no resulta procedente llevarlo a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, ya que en esta etapa no es evidente, claro y fehaciente dicho carácter.

Para sustentar su determinación, explicó:

"... Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece:

"‘Artículo 113.’ (se transcribe)

"Del precepto antes transcrito, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por ‘indudabl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27654-99072db5/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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