Sin rubro
CONTRADICCIÓN DE TESIS 371/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 18 DE ENERO DE 2016. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCIA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POSTISEK, ALBERO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
México, Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente a la sesión del día dieciocho de enero de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la Contradicción de Tesis 371/2014, suscitada entre los criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La problemática jurídica a resolver por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si en el caso existe una contradicción de criterios entre las Salas contendientes respecto a la naturaleza del contrato de suministro de energía eléctrica, así como definir la vía en que deben ser impugnada las actuaciones de la Comisión Federal de Electricidad por la que se les demanda la devolución de cantidades pagadas por concepto de "demanda facturable" y "cargo por demanda".
I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN
1. Mediante escrito escrito recibido el cuatro de noviembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros integrantes de la Primera Sala de este Alto Tribunal, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicha Sala al resolver el amparo directo en revisión 372/2014, y el sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 34/2014 y los amparos directos en revisión 904/2014 y 491/2014.
II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA
2. Mediante proveído de seis de noviembre de dos mil catorce, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó registrar la denuncia de mérito con el número de expediente 371/2014, la admitió a trámite y solicitó a la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que remitiera copia certificada de las ejecutorias correspondiente e informara si el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional continúa vigente.
3. Asimismo, ordenó turnar el asunto al señor Ministro José Fernando Franco González Salas para formular el proyecto de resolución respectivo.
4. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil catorce, el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió las copias solicitadas e informó que los criterios invocados se encuentran vigentes.
5. La Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas formuló proyecto, mismo que fue presentado ante el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesionándose el tres de marzo de dos mil quince, decidiéndose por mayoría de seis votos desechar el proyecto y efectuar el returno de la contradicción de tesis en que se actúa a un Ministro de la mayoría.
6. Por acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil quince y en cumplimiento a lo acordado por el Tribunal Pleno en la citada sesión pública, se turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para continuar conociendo del asunto.
III. COMPETENCIA
7. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por las Salas de este Alto Tribunal.
8. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes.
IV. LEGIMITACIÓN
9. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, que establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuitos y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
10. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Ministros integrantes de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
V. CRITERIOS EN CONTIENDA
CRITERIO DE LA PRIMERA SALA
11. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 372/2014, en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, en la parte que interesa, sostuvo:
"A fin de resolver el presente asunto, enseguida se sintetizan los planteamientos expresados en la demanda de amparo, la sentencia del Tribunal Colegiado y los agravios formulados en revisión.
"Problemática a resolver. Esta Primera Sala determina que la cuestión que debe resolverse en el presente asunto consiste en decidir si los argumentos contenidos en los agravios logran desvirtuar los razonamientos que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en cuanto al tema de constitucionalidad planteado. De este modo, la pregunta que se debe responder para resolver el presente recurso es la siguiente:
¿Los agravios de la recurrente son aptos para lograr la revocación de la sentencia recurrida, en la que el tribunal colegiado resuelve declarar constitucionales los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y los acuerdos que autorizan el ajuste, restructuración y modificación de las tarifas por demanda facturable, dictados por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para demandar la devolución de cantidades pagadas a la CFE, por concepto de consumo de energía eléctrica que suministra ese organismo descentralizado, cuyo origen se estima ilícito?
Consideraciones previas. Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, se debe dejar precisado que, en lo que ve a la pretensión de los usuarios del servicio de energía eléctrica, el criterio que sostiene esta Primera Sala es que la vía ordinaria mercantil es la idónea para demandar las obligaciones generadas a partir del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre CFE y los usuarios del servicio, porque ese organismo descentralizado no es una autoridad, criterio que corresponde con el trámite y desarrollo que ha tenido el juicio de origen y con las consideraciones que sobre el tema expresó el tribunal colegiado. Al respecto, se estima útil conocer el desarrollo argumentativo que ha dado lugar a esa conclusión, cuya evolución se explica enseguida.
NOTA: Esta parte de la resolución contiene la evolución interpretativa de ambas Salas en torno a los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad, el cual se retoma en el estudio de la presente contradicción de tesis y, por ende se omite en este apartado su transcripción.
Único cuestionamiento: ¿Los agravios de la recurrente son aptos para lograr la revocación de la sentencia recurrida, en la que el tribunal colegiado resuelve declarar constitucionales los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y los acuerdos que autorizan el ajuste, restructuración y modificación de las tarifas por demanda facturable, dictados por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para demandar la devolución de cantidades pagadas a la CFE, por concepto de consumo de energía eléctrica que suministra ese organismo descentralizado, cuyo origen se estima ilícito?
La respuesta a ese cuestionamiento es negativa. Ello es así, porque si bien los agravios hechos valer por la recurrente pretender desestimar las consideraciones dadas por el tribunal federal, aquéllos no alcanzan a lograr la revocación de la sentencia recurrida, por las razones siguientes.
Por un lado, en la demanda de amparo, la quejosa adujo esencialmente, como planteamiento de constitucionalidad, que el tribunal unitario responsable deja de advertir que aun cuando los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fijar tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, ello no implica el cobro de conceptos tales como "demanda facturable" y "cargo por demanda" a través de acuerdos, como el emitido por dicha dependencia de gobierno, en el que se autoriza, modifica y reestructura las tarifas de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, pues conforme al artículo 73, fracciones X y XXIX, inciso 5°, subinciso a), constitucional no faculta a dicha Secretaría a legislar en materia de energía eléctrica y determinar contribuciones por concepto de ésta, ya que esa facultad corresponde únicamente al Congreso de la Unión. De ahí que -para la promovente del amparo- cualquier disposición legal, como el acuerdo referido, es inconstitucional.
Por su parte, al analizar el planteamiento de constitucionalidad, el tribunal colegiado sostiene, sustancialmente, que la materia de análisis es el acuerdo de diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno para resolver si el cobro por concepto de "demanda facturable" por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobrepasa el ámbito de sus atribuciones, ya que sólo puede fijar, ajustar o reestructurar la tarifa cobrada a los usuarios de la energía eléctrica y no incorporar nuevos conceptos no previstos en la ley. Al respecto, el órgano de amparo parte de la base que en términos de los artículos 27, párrafo sexto, última parte, de la Constitución Federal y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica prevén que la Nación tiene reservado para sí, en forma exclusiva, la prestación del servicio público de energía eléctrica, el cual realiza a través de la CFE, cuyas actividades principales son la generación, la conducción, la trasformación, la distribución y el abastecimiento de energía eléctrica a la publicación.
Así, el tribunal federal estima que con independencia de que en el contrato de suministro de energía, se expresara la obligación de pagar a cargo del cliente las cantidades derivadas del rubro "demanda facturable", si tal concepto está relacionado legalmente con la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica, esto es, inserto en diversas disposiciones jurídicas, como la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento ello es suficiente para estimarlo constitucional. Ello en razón a que conforme a los artículos 30 y 31 de la ley citada, el importe por el suministro de energía eléctrica se rige por las tarifas propuestas por la CFE y aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías respectivas, puede fijar tarifas especiales, en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas y que si bien el concepto de "demanda facturable" no está señalado expresamente en la ley, pero que se entiende como un intermedio entre el uso de la energía en los diferentes horarios con demanda máxima a demanda base, tal rubro es igual al concepto de "cargo por demanda", el cual sí está previsto en el artículo 50 del Reglamento de la ley referida; entonces, el concepto referido en primer término también está previsto por la ley.
De esta manera, el órgano de amparo concluye que si lo que la quejosa alega es la incorporación de un gravamen inexistente en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica o en su reglamento, por no ser atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda demostrado que el concepto de "cargo por demanda" está contemplado dentro de la tarifa que válidamente puede fijar, ajustar o reestructurar dicha Secretaría, consecuentemente -a juicio de dicho órgano de amparo- no sobrepasa el ámbito de sus atribuciones y, por tanto, los acuerdos impugnados son constitucionales.
En contra de esa decisión del tribunal colegiado, la recurrente insiste en que la emisión del acuerdo impugnado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se incorpora el concepto de "demanda facturable" vulnera el artículo 73, fracciones X y XXIX, punto 5°, inciso a), constitucional no faculta a dicha Secretaría a legislar en materia de energía eléctrica y determinar contribuciones por concepto de ésta, ya que esa facultad corresponde únicamente al Congreso de la Unión.
Al respecto, esta Primera Sala estima que aun cuando en las consideraciones expuestas por el tribunal colegiado no consta algún razonamiento en el que se dé una respuesta directa al planteamiento referido, lo cierto es que lo alegado por la recurrente no es suficiente para revocar el fallo recurrido.
El artículo 73, fracción X de la Constitución Política establece:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
(...) X. Para legislar en toda la República, sobre hidrocarburos, minería, industria, cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear para establecer el Banco de emisión único en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.
En la anterior referida fracción de este precepto constitucional consta que es facultad exclusiva del Congreso legislar en materia de energía eléctrica. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en el amparo en revisión 1056/86, sostuvo que los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica no contravienen el artículo 73 constitucional en la fracción transcrita, pues los precios por el suministro y venta de energía eléctrica conforme a las tarifas fijadas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en modo alguno implican que dicha Secretaría está legislando en materia de energía eléctrica.
En efecto, es el Congreso de la Unión el que, precisamente en uso de la facultad establecida en el artículo 73, fracción X constitucional, legisló en materia de energía eléctrica, al expedir la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y fue dicho Congreso quien determinó en los artículos 30 y 31 de la misma y en concordancia con el artículo 31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de aprobar y fijar las tarifas que determinarán las cuotas a pagar por los usuarios por el suministro y venta de energía eléctrica. Ahora bien, ello no puede considerarse como una delegación por parte del Congreso de la Unión de sus facultades de legislar en materia de energía eléctrica en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la fijación y aun el establecimiento de nuevas tarifas no implica en modo alguno que se esté legislando sobre la materia, sino simplemente el establecer las bases conforme a las cuales se determinarán los precios como una contraprestación por el servicio de energía eléctrica, sujetándose así estas cuotas a vigilancia y control por la naturaleza especial del servicio como para cuidar los intereses de los gobernados es conveniente la intervención de la Secretaría encargada de las finanzas del Estado a través de la fijación de tarifas conforme a las cuales se establecerán las cuotas que deban pagarse por la prestación de este servicio público.
Al respecto, en la ejecutoria emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se explicó que la facultad legislativa es la atribución de elaborar normas jurídicas abstractas, impersonales, generales y obligatorias llamadas leyes. Esta facultad legislativa en materia de energía eléctrica -se dijo- ha sido ejercida por el Congreso de la Unión al expedir la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y toda vez que es el Poder Ejecutivo el encargado de la aplicación y ejecución de las leyes, se otorgó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como entidad de la administración pública centralizada dependiente del titular de dicho poder, la atribución de fijar las tarifas conforme a las cuales se determinarían las cuotas por suministro de energía eléctrica, atribución que no significa en modo alguno legislar sobre materia, sino determinar concretamente su forma de aplicación.
Tal es el criterio que informa la tesis aislada 1a. X/2011, publicada en la página seiscientos treinta del Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es: TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SU NATURALEZA JURÍDICA.
(Se transcribe).
En esas circunstancias, los agravios en los que se aduce la invasión de facultades del Congreso de la Unión, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son infundados, pues si bien, conforme al contenido de tales preceptos, es facultad de dicha Secretaría fijar las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, así como su ajuste, modificación y reestructuración, ello no implica invasión de facultades del Congreso de la Unión ni, por ende, violación al artículo 73, fracción X, de la Carta Fundamental, por las razones apuntadas con anterioridad, las que dieron origen a la Jurisprudencia P./J. 33/92, publicada en la página veinte, del número 57, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ENERGÍA ELÉCTRICA. LA FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA FIJAR LAS TARIFAS DE SUMINISTROS Y VENTA DE ESTE SERVICIO NO VIOLA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.
Cabe agregar, que los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica tampoco vulneran la fracción XXIX, punto 5°, inciso a), constitucional, pues contrario a lo sostenido por la recurrente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no legisla en materia de contribuciones especiales sobre energía eléctrica, antes bien, lo que hace esa dependencia de gobierno es aplicar las tarifas por ese concepto, por haber sido una facultad otorgada por el propio Congreso de la Unión para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice esa potestad.
Por otro lado, tampoco asiste razón a la recurrente al manifestar que el acuerdo que autoriza el ajuste, restructuración y modificación de las tarifas por demanda facturable, dictado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es inconstitucional, porque tal como quedó resuelto en párrafos precedentes, la secretaría de que se trata sí tiene facultades para emitir tal acuerdo
Por otro lado, es cierto que el tribunal colegiado está obligado a aplicar la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; sin embargo, opuestamente a lo alegado por la recurrente, dicho órgano jurisdiccional no está en condiciones de aplicar la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN", porque si bien dicho criterio contiene un tema de constitucionalidad, lo definitivo es que lo previsto en esa jurisprudencia se refiere al cobro de contribuciones indebidas por concepto de alumbrado público fijado por las legislaturas locales por invadir la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, ya que esa facultad de imponer contribuciones en materia de energía eléctrica es exclusiva del Poder Legislativo Federal; mientras que en el caso concreto, lo que la inconforme pretende justificar como inconstitucional es la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar el ajuste, la restructuración y la modificación de las tarifas por "demanda facturable"; pero como se determinó anteriormente, tal Secretaría sí tiene facultades para ello. De ahí que el tribunal federal no está obligado a aplicar la tesis referida.
Finalmente, la recurrente alega lo siguiente:
A) El tribunal colegiado estudia indebidamente la acción intentada, esto es, la falta de integración de ésta, al haberse cumplido con la tarifa fijada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, el ejercicio de la pretensión de enriquecimiento ilegítimo es la que da sustento la procedencia de la acción, para lo cual las autoridades responsables omitieron interpretar y valorar las pruebas aportadas en el juicio, a fin de determinar si la tarifa impuesta se ajustaba a la normatividad aplicable.
B) Dicho órgano federal deja de tomar en cuenta que la demandada efectúa un doble cobro sin fundar ni motivar la razón de éste; ni se especificó en el aviso-recibo cuál de los cobros se efectuó, es decir, si el normal por tarifa establecida, el de demanda máxima o mínima, o ambas. Todo esto trae como consecuencia que el tribunal de amparo vulnere la interpretación de la norma, así como del contrato de suministro de energía eléctrica, pues realiza una indebida interpretación de los artículos 30, 31 y 50 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
C) En la sentencia recurrida, el tribunal colegiado hace un indebido estudio del contrato base de la pretensión, para desestimar la acción intentada por la actora (quejosa y recurrente), ya que el cobro por "demanda facturable" o "cargo por demanda" va en contra de la naturaleza jurídica de los contratos bilaterales, pues por el cobro de esos conceptos la CFE no entrega una contraprestación a favor del consumidor. En todo caso, la enjuiciante se obligó únicamente a pagar "por el consumo de energía eléctrica" y no por los conceptos referidos. Además, en el juicio natural no impugna la fórmula o cálculo del importe del suministro de energía eléctrica.
D) El tribunal federal deja de tomar en cuenta que los conceptos de "demanda facturable" y "cargo por demanda" no está previsto en ley alguna; pero aun cuando en el contrato base de la pretensión se determinen tales conceptos, aquéllos se excluyen entre sí, es decir, se cobra uno u otro.
E) Como consecuencia de lo manifestado anteriormente, contrario a lo que resuelve el tribunal responsable sí quedó acreditada el cuarto elemento de la acción, la ausencia de causa.
Esta Primera Sala estima que tales argumentos son inoperantes, porque corresponden a temas de legalidad que no son aptos para analizarse en este recurso, pues esas manifestaciones, en realidad, se traduce en la aseveración de que la actora (recurrente) sí acreditó la acción de cobro de lo indebido, por doble cobro de los conceptos de "demanda facturable" y "cargo por demanda", así como del consumo normal de energía eléctrica y que hubo una indebida valoración de pruebas.
VII. DECISIÓN
En virtud de lo anterior, al resultar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad, ha lugar a confirmar la decisión adoptada por el tribunal colegiado al declarar constitucionales los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aunque por razones diferentes a las expresadas por el órgano de control de regularidad constitucional; así como las que atañen a la constitucionalidad del Acuerdo emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que autorizan el ajuste, restructuración y modificación para el suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre de mil novecientos noventa y uno y, por tanto, confirmar la negativa del amparo.
Además, se denuncia la contradicción de criterios sostenidos entre la Segunda Sala y esta Primera Sala al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la primera refiere que la vía procedente para conocer de asuntos en los que se demanda la devolución del cobro de lo indebido, por el concepto de "demanda facturable", derivado de las obligaciones contraídas en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre la CFE y los usuarios de dicho servicio es el juicio contencioso administrativo federal; mientras que para la segunda, la vía procedente es la ordinaria mercantil."
CRITERIO DE LA SEGUNDA SALA
12. Por otra parte, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 491/2014, en sesión de veintisiete de agosto de dos mil catorce, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
QUINTO. En aras de cumplir con el propósito enunciado, debe señalarse, en principio, que en el escrito de revisión, la recurrente aduce, esencialmente, lo siguiente:
a) Que contrario a lo que sustenta el texto de la sentencia recurrida, sí se atacan las razones y fundamentos que llevaron a la autoridad responsable a confirmar el auto de desechamiento de demanda de nulidad reclamado, sin que se haya repetido de manera textual el contenido de los agravios del recurso de reclamación, amén de que en la ejecutoria de amparo se omite insertar el primer concepto de violación del cual se visualiza que se atacan dichos fundamentos y razones.
b) Que contrario a lo expuesto en la sentencia recurrida, no resultan ineficaces los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, porque las jurisprudencias invocadas en dicho fallo y que definen que los avisos recibos de energía eléctrica no son actos de autoridad impugnables a través de los juicios de amparo y contencioso administrativo federal, y el recurso administrativo de revisión, así como que la prestación del servicio público de energía eléctrica que brinda la Comisión Federal de Electricidad a los particulares se da en un plano de coordinación, ya no son obligatorias y exigibles, por haber cambiado el marco legal del juicio de amparo.
Eso, toda vez que en la nueva Ley de Amparo se reconoce la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de actos de particulares, además de que en el juicio de nulidad no se cuestionaron actos de esa naturaleza, sino una resolución de la Comisión Federal de Electricidad en la que se niega la devolución de diversas cantidades de dinero cobradas y enteradas por la propia quejosa por concepto de "cargo por demanda" y/o "demanda máxima" y/o "demanda facturable".
Que mediante el escrito de demanda de nulidad no se impugnó aviso-recibo alguno que por concepto de suministro de energía haya expedido la Comisión Federal de Electricidad, sino la resolución negativa ficta recaída a la solicitud de devolución de pagos indebidos por el suministro de energía eléctrica; situación que en modo alguno fue abordada por el Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 209/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 167/2011.
c) Que la resolución materia del juicio de nulidad constituye una resolución definitiva que puso fin al procedimiento administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por tanto, es un acto de autoridad impugnable a través del juicio contencioso administrativo federal, con fundamento en los artículos 2o., párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 14, fracciones XI y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y, 1o., 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
d) Que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe realizar una nueva reflexión respecto de los razonamientos contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 167/2011 (9a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 (9a.)", interrumpir tal jurisprudencia y las relacionadas con el tema, y determinar que la Comisión Federal de Electricidad sí es autoridad para los efectos del juicio de amparo y, por ende, que los avisos recibos de energía eléctrica como todos los actos que emita esa Comisión dentro de la presunta y supuesta relación jurídica de coordinación que tenga con los usuarios del servicio público de energía eléctrica, sí son impugnables mediante el juicio de amparo, el recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo federal.
Que este Alto Tribunal debe tomar en cuenta la tendencia actual de ampliar y contemplar la jurisdicción contencioso administrativa, de forma que no se limite
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80188-3603a1d4/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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