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Modo: Corpus Pro

CONCURSO MERCANTIL. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 167/2015. · Registro digital (IUS): 25935
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-10-30
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Pág. 3837.

QUEJA 167/2015. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. PONENTE: GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. SECRETARIO: SALVADOR PAHUA RAMOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO-A manera de agravios, sostiene la parte recurrente que le causa perjuicio la admisión de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, consistentes en la sentencia de aprobación de convenio y terminación de concurso mercantil, dictada dentro del concurso mercantil **********, así como los actos que tiendan a su ejecución.

Aduce la recurrente que no resultaba procedente admitir la demanda en lo concerniente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como autoridad responsable, en virtud de que se dejó de observar la inexistencia de elementos que pudieran colocar a dicho organismo como autoridad responsable en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.

Alega que se debió advertir, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que el juzgador se encuentra constreñido a examinar el escrito de demanda y, en el supuesto de advertir alguna causa de improcedencia, desecharla, por lo que si la quejosa reclamó la sentencia de aprobación de convenio y terminación de concurso mercantil dictada dentro del concurso mercantil **********, e imputa al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la ejecución y cumplimiento de dicha sentencia, se debió analizar que dicho organismo no intervino ni intervendrá como autoridad responsable de los mismos, dado que no dictó, ejecutó, ni trató de ejecutar algún acto que creara, modificara o extinguiera situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, no omitió la realización de una acción de esas características, ni le es exigible hacerlo.

Señala que con independencia de que el Juez del concurso mercantil emitió una sentencia que destaca el actuar del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como administrador de la empresa **********, en virtud del aseguramiento del que fue objeto la empresa; sin embargo, ello no deviene en la realización de una acción con carácter de autoridad responsable, sin que ello derive en su calidad de administrador de la empresa.

Sostiene que la referida ejecución no corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, toda vez que la obligación plasmada va encaminada a obtener una sola consecuencia por parte del obligado a realizar los pagos a **********, aunado a que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no ha desplegado conducta alguna que sea capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de modo unilateral y obligatorio en detrimento de la quejosa, toda vez que las actuaciones se han realizado en pleno acatamiento a lo sostenido por el Juez concursal y en representación de la empresa asegurada, por lo que no existe una relación de supra a subordinación respecto de la quejosa.

Máxime que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es un organismo descentralizado de la administración pública federal y en el concurso mercantil actúa en representación de la empresa asegurada, bajo la figura del visitador, que regula la Ley de Concursos Mercantiles y tiene la función de auxiliar al Juez en las áreas particulares de la empresa con el propósito de atender las necesidades de la misma e ilustrar a aquél para mejor proveer en materias especiales, por lo que actúa con el carácter de parte en el juicio concursal y, por ende, tiene la calidad de tercero interesado en el juicio de amparo y no de autoridad responsable.

Argumenta que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al fungir como administrador y visitador de la empresa **********, informó al Juez concursal sobre las circunstancias que rodeaban la actividad de la empresa y los probables riesgos que podrían suscitarse inminentemente con motivo de su ejercicio, por lo que con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles solicitó la implementación de providencias precautorias correspondientes a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores, la masa de bienes y demás acreedores que tenían alguna relación en particular, por lo que actuó dentro del marco legal pero desprendido de toda facultad de imperio, restringiendo su actuar a lo dispuesto en la ley mencionada y limitada a acatar lo instruido por el Juez del concurso, quien es el rector por excelencia de dicho procedimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley de Concursos Mercantiles.

Cita como aplicable al caso la tesis I.9o.C.165 C emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro: "CONCURSO MERCANTIL. FACULTADES DEL VISITADOR. LÍMITES."

Apunta que no existe una relación de supra a subordinación entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como administrador y visitador de la empresa en concurso con la quejosa (**********), aunado a que en momento alguno actuó unilateralmente, sino que su actuación se debió a que tuvo que acudir ante el Juez del concurso, es decir, que existió la necesidad de la intervención de la autoridad judicial, por lo que su actuación no puede ser considerada un acto de autoridad para los efectos del amparo (imperatividad, coercitividad y unilateralidad).

Refiere que el juzgador de amparo debió advertir que se encuentra en un plano de coordinación frente a la empresa declarada en concurso y no obstante le fue otorgado el carácter de autoridad responsable, lo que la vinculará al cumplimiento de la sentencia que se llegara a dictar cuando carece de atribuciones y facultades por no tener injerencia en la ejecución del acto reclamado.

Añade que la única autoridad con potestad de imperio en el concurso mercantil es el Juez del concurso, máxime que la propia actora apuntó que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como administrador tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, por lo que se le debió llamar como tercero interesado, cuestión que debió determinar el juzgador de amparo.

Máxime que no pueden coexistir los dos caracteres con los que se llama al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pues al ser administrador de la empresa declarada en quiebra fue quien gestionó el acto reclamado y tiene interés en que subsista sin que se ejerza ninguna clase de imperio o decisión.

Se duele de que la sujeción a juicio del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como autoridad responsable implica una carga procesal distinta a la que le concierne como tercero interesado y, al no advertirlo de esa manera el juzgador de amparo, le genera una afectación que no podrá ser reparada en sentencia. Cita en apoyo a sus manifestaciones la jurisprudencia P./J. 24/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE."

Así como la tesis aislada VIII.1o.A.21 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS."

Vistos los agravios hechos valer por la recurrente, se advierte que el tema de estudio en el presente asunto se constriñe a establecer si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de administrador y visitador de la empresa **********, misma que fue declarada en quiebra por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal al conocer del concurso mercantil ********** tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.

Para tal efecto se tiene que el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ...II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

A fin de establecer en qué casos un particular puede tener la calidad de autoridad responsable por realizar actos equivalentes a los de autoridad, es necesario realizar un estudio legislativo, jurisprudencial y doctrinal, desde una perspectiva evolutiva, en atención a la obligación que tiene este órgano colegiado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos acorde, entre otros principios, con el de progresividad que consagra el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(1)

Sobre el tema, se observa un importante precedente pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la vigencia del Código Federal de Procedimientos Civiles del veintiséis de diciembre de mil novecientos ocho, promulgado por el entonces Presidente Constitucional Porfirio Díaz, que regulaba en aquella época la tramitación del juicio de amparo.

El artículo 671 del citado código definía a la autoridad responsable, de la siguiente manera:

"Artículo 671. Es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; pero si éste consistiere en una resolución judicial o administrativa, se tendrá también como responsable a la autoridad que lo haya dictado."

La relevante sentencia a que se ha hecho referencia, fue dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mil novecientos diecinueve, al resolver el amparo administrativo en revisión promovido por **********.

El caso concreto era el siguiente: El quejoso reclamó la intimación hecha por el mayor del pueblo de **********, ********** y **********, para que lo "acompañara a la fuerza" fuera de la población, es decir, le había conminado a que abandonara el indicado poblado, pretendiendo con esto, privarlo de su libertad personal. Es importante mencionar que el mayor ********** no era un miembro del Ejército Mexicano, sino que al acontecer la Revolución Mexicana, diversos grupos contaban con hombres armados. El Juez de Distrito consideró improcedente el amparo, en virtud de que el mayor ********** no era una autoridad.(2)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revocar la sentencia, estableció que el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen.(3)

El criterio antes indicado se reflejó en la tesis de la Quinta Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, página mil sesenta y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"AUTORIDADES.-Al decir la Constitución que el amparo procede por leyes o actos de autoridades, que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridad deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquellas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías."

La tesis antes transcrita, fue considerada por grandes juristas del siglo pasado como una de las primeras que, bajo un principio liberal, brindó la interpretación más amplia posible a la procedencia del juicio de amparo. Bajo ese espíritu liberal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que puede considerarse como autoridades responsables, aun a simples funcionarios de hecho, es decir, individuos que por acto suyo, fuera de todo régimen de legalidad, se atribuyen el desempeño de funciones públicas y detentan la fuerza pública.(4)

El criterio aludido llegó a integrar la jurisprudencia trescientos, pronunciada por la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Parte II, página quinientos diecinueve (actualmente superada), de rubro y texto siguientes:

"AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-El término ‘autoridades’ para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen."

Posteriormente, con la publicación de la Ley de Amparo de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, en su texto original, se definió a la autoridad responsable de la siguiente manera:

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

Este precepto tuvo una sola reforma durante toda la vigencia de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para quedar (conforme a la fe de erratas divulgada en el indicado medio el veintidós de febrero del mismo año), de la siguiente forma:

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

En la exposición de motivos de dicha reforma(5) no existen pronunciamientos relevantes respecto al tema tratado en esta ejecutoria, es decir, el concepto de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo.

En cambio, es la evolución jurisprudencial la que presenta importantes aportes en el tema. Así, destaca que en algún momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaba el carácter de autoridad, para efectos del juicio de amparo, únicamente a aquellas entidades que formaran parte del Estado en su sentido más estricto y que desempeñaran la función de imperio, esto es, que ordenen y se hagan obedecer; por lo que tanto la administración pública paraestatal como cualquier manifestación de poder privado carecían de control constitucional.(6)

Tal criterio imperó desde mil novecientos cuarenta y nueve, como se advierte de la emisión de la tesis pronunciada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CII, Núm. 2, página cuatrocientos veinticuatro, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"ÁRBITROS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DE LOS.-De acuerdo con la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 103 de la Constitución Federal, el amparo sólo procede contra actos de autoridad que violen las garantías individuales. Ahora bien, aunque los árbitros, por disposición de la ley, tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, como aquéllos emanan de un compromiso formado entre particulares, su función es privada e igual carácter tiene el laudo que dictan. La función jurisdiccional es una función pública del Estado, por lo que sólo puede ser conferida por el Estado mismo; y como quien nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio, no obra en interés público, esto es, en calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, se deduce lógicamente que las funciones de los árbitros no son públicas. En tal virtud, no pueden los mismos árbitros conceptuarse como autoridades del Estado, por lo que los amparos que se intenten contra las resoluciones que dicten, resultan improcedentes, mientras no exista un mandamiento de ejecución que libre el Juez competente, cuando es requerido por los árbitros para el cumplimiento del laudo; exequátur que es indispensable para que la resolución arbitral pueda causar algún perjuicio a las partes. El laudo, una vez decretado su cumplimiento, se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y es hasta entonces cuando el agraviado deberá ocurrir en demanda de amparo, ya sea porque en su concepto se hayan cometido violaciones a los términos del compromiso o desatendido los requisitos esenciales del procedimiento, como la falta de recepción de pruebas, de audiencia, o porque se ataquen en el laudo disposiciones de estricto orden público."

En similar sentido se pronunció la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación al resolver los amparos en revisión 8451/85 y 3209/86, de su índice, ejecutorias en las que sostuvo que Petróleos Mexicanos, por ser un organismo descentralizado, carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones; pronunciando en consecuencia la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes doscientos cinco a doscientos dieciséis, enero-diciembre de 1986, Tercera Parte, página ciento veintiocho, de contenido:

"PETRÓLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.-El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículo 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo."

Sin embargo, una nueva concepción de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, emanó de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, a partir del cual se entendió por tal, a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. El criterio en mención, corresponde a la tesis P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, cuyos rubro y texto son:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.-Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

Esta nueva noción, representó un avance fundamental en la presencia y efectividad de los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano, ya que a partir de ésta quedaron comprendidos todos los organismos públicos en un sentido amplio y no restrictivo.(7)

Más adelante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS,(8) entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, estableció con mayor claridad los lineamientos para identificar cuándo se está en presencia de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, de cuya ejecutoria se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:

"...la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así de particulares. Por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación...las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.-...Es corolario de lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.-De lo expuesto bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.-Al tenor de las anteriores notas es que debe determinarse si los laudos arbitrales que emite la Procuraduría Federal del Consumidor constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo y no de acuerdo al criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública que, como se ha visto, fue abandonado, lo que pone de manifiesto que las tesis en que apoyó su criterio el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, no pueden considerarse aplicables para resolver la contradicción de tesis de que se trata..."

El criterio anterior llegó a integrar la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de contenido:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."

No obstante el adelanto que supuso el anterior criterio, doctrinalmente, subsistieron inquietudes respecto a ampliar, aún más, el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, específicamente, cuando éste se promueve contra particulares.

Bajo esa línea de argumentación, tratadistas se pronunciaron respecto a que el concepto de autoridad, incluye actos realizados por particulares pero que, de algún modo u otro, tuviesen su respaldo en el actuar estatal, lo anterior -dice la doctrina- para buscar una solución al problema de protección de los derechos fundamentales entre particulares a través de la introducción, en el derecho mexicano, de la construcción jurisprudencial estadounidense de la state action, en cuyo caso, los particulares que prestan servicios públicos que pueden llegar a afectar los derechos fundamentales de otros particulares, sean considerados -en opinión de algunos autores- como autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la realización de un servicio público de forma delegada, ya que el Estado avala esa función del particular que originalmente le correspondía.(9)

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América desarrolló la doctrina de la state action, como un examen de la formalidad estatal, cuyo objetivo es determinar si las actividades de un sujeto privado involucran suficientemente a la acción estatal, de manera que estén sujetas a los valores y limitaciones reflejadas en la Constitución. Una de las maneras en que se produce esta acción estatal, la cual en el derecho norteamericano trae como consecuencia que los derechos fundamentales obliguen a un determinado particular, es que el Estado delegue su autoridad al actor privado.(10)

Las anteriores inquietudes doctrinales se vieron reflejadas en el proceso legislativo que dio vida a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece.

En efecto, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quince de febrero de dos mil once, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"...Históricamente el juicio de amparo se ha constituido como el instrumento de control de constitucionalidad más importante dentro de nuestro sistema jurídico. En la actualidad, es el medio para cuestionar la constitucionalidad de la actuación de toda autoridad del Estado. Es al mismo tiempo, el mecanismo más eficaz que tienen los gobernados para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...En fechas recientes fue aprobada una importante reforma a los artículos 94, 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma sin duda de suma importancia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25935-1ba4941b/concurso-mercantil-el-servicio-de-administracion-y-enajenacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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