CONCURSO MERCANTIL. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES, AL ACTUAR COMO SÍNDICO, NO TIENE LA CALIDAD DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE FEBRERO DE 2016. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. AUSENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. DISIDENTE: VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. ENCARGADO DEL ENGROSE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIO: TOMÁS ZURITA GARCÍA.
III. Competencia
9. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94 y 107, fracción XIII, constitucionales, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratarse de una denuncia de contradicción de tesis formulada por los integrantes de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, contra el criterio de otro Tribunal Colegiado de la misma materia del propio circuito.
IV. Legitimación
10. Por otro lado, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Magistrado presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano que emitió la resolución en la que se sustenta uno de los criterios contendientes, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. Existencia de la contradicción de tesis
11. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(1) consistentes en que:
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
12. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
13. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el QC. 167/2015, cuyo asunto tiene las siguientes características:
a. Los actos reclamados se hicieron consistir en la sentencia de aprobación de convenio concursal y terminación de concurso mercantil y su ejecución, en el expediente **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
b. La Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió por auto de dos de julio de dos mil quince.
c. Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado la recurrió en queja, de la que tocó conocer por razón de turno al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien en sesión de catorce de septiembre de dos mil quince, por mayoría de votos de los Magistrados Gonzalo Hernández Cervantes y Marco Polo Rosas Baqueiro, contra el voto particular del Magistrado Gonzalo Arredondo Jiménez, determinaron declarar fundado el recurso y modificar la resolución recurrida, en el sentido de no tener con el carácter de autoridad responsable al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
En lo que interesa a la presente contradicción de tesis, la resolución de mayoría se emitió con base en las siguientes consideraciones:
1. Se precisó que el tema a resolver era establecer, si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de administrador y visitador de la empresa **********, la cual fue declarada en quiebra por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, al conocer del concurso mercantil **********; tiene el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.
2. Con base en ese numeral, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso, procedió a establecer en qué casos un particular puede tener la calidad de autoridad responsable por realizar actos equivalentes a los de autoridad, mediante un estudio legislativo, jurisprudencial y doctrinal, desde una perspectiva evolutiva.
3. Al respecto, concluyó que para efectos del amparo, debía atenderse al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, del mes de septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."
4. Posteriormente, procedió a establecer la procedencia del amparo contra actos de particulares conforme al marco actual de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo cual, se apuntó que, si bien no existió una definición unánime por parte del Poder Legislativo, respecto a qué actos de particulares pueden considerarse como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, concurren pronunciamientos suficientes en el proceso legislativo origen de tal ley vigente, para aseverar que no será así en cualquier caso, sino únicamente en aquellos en que el particular ejerce actos equivalentes a los de autoridad, con independencia de la naturaleza formal de la persona que emitió el acto.
5. Asimismo, precisó que el interés de ampliar la protección constitucional a tales hipótesis, entre otros motivos, resultó de la necesidad de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales que pueden ser vulnerados no sólo por funcionarios o servidores públicos, sino por particulares a los que el Estado les ha dado la facultad de participar en las funciones del Estado mediante un acto administrativo, permitiéndoles proveer un servicio público al amparo de una concesión, licencia, permiso o autorización, caso en el cual, sus actos u omisiones son equivalentes a los de autoridad; interpretación que encuentra sustento en la doctrina de la state action, pues cuando un sujeto privado ejerce funciones públicas, con base en una habilitación jurídica, dicha persona (física o moral) se encuentra inmediatamente vinculada al respeto de los derechos fundamentales, pues sus actos se asimilan a la acción estatal, es decir, equivalen a los de la autoridad formal y materialmente constituida.
6. Sobre el tema concluyó el Tribunal Colegiado de Circuito citado, que los actos equivalentes a los de autoridad, a que se refiere el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la vía constitucional contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del ente estatal.
7. Con base en lo anterior, se precisó que en la demanda de amparo, el **********, señaló al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como autoridad responsable, así como parte tercero interesada, pues de acuerdo a la promovente del amparo, dicho organismo tiene interés en que subsistan los actos reclamados, pero se le atribuyó el carácter de autoridad ejecutora por ser quien llevará a cabo su ejecución.
8. Así, realizó algunas precisiones de los fines que busca la Ley de Concursos Mercantiles, así como que se caracteriza por la introducción de un sistema procedimental único, conformado de dos fases sucesivas: a) La etapa de conciliación que busca conservar la empresa mediante la firma de un convenio transaccional entre el comerciante y los acreedores reconocidos, por medio de los buenos oficios del conciliador para que de esta manera se dé por concluido el concurso mercantil, sin llegar a la etapa siguiente; y, b) La de quiebra, donde también se busca preservar la empresa, ya que de ser posible se intenta venderla como unidad económica, de no ser posible, se intenta vender las distintas líneas de producción que pueden ser independientes y funcionales, de no ser posible, entonces se subastarán los bienes en la forma que de acuerdo con su naturaleza se proponga al Juez, todo lo anterior, para que con el producto de la venta se haga el pago a los acreedores reconocidos.
9. Se precisó que dichas características fundamentales son resultado de la procesalización y la judicialización del concurso, destacando en relación con esta última, que consiste en hacer del Juez no sólo quien decide las cuestiones jurisdiccionales dentro del procedimiento, sino hacerlo también, aquel órgano por quien pasarán todas las decisiones, aun cuando la preparación haya quedado en manos de un especialista en concursos, como es el caso del visitador que entrega su dictamen y así el Juez resuelve.
10. En esos términos, sostuvo el tribunal, que la Ley de Concursos Mercantiles mantiene al Juez como el órgano central y rector del procedimiento de concurso mercantil; sin embargo, que reconoce que para el desempeño de sus funciones es necesario que sea auxiliado por especialistas en aspectos administrativos, industriales, comerciales, económicos y financieros, con el objeto de que el Juez pueda enfocar sus esfuerzos a las tareas estrictamente legales.
11. Al respecto, citó la primera parte del artículo 7o. de la Ley de Concursos Mercantiles, respecto al cual, se señaló que uno de los elementos distintivos del concurso mercantil es su tramitación ante el Juez de Distrito, órgano de jurisdicción federal, a quien se le atribuye la calidad de rector del procedimiento, teniendo, en consecuencia, las facultades necesarias para dar cumplimiento a lo que ese ordenamiento establece, siempre en términos de lo dispuesto en la propia ley o en las que le resulten supletorias.
12. Partiendo de esa premisa, se dijo que, si bien la tarea de los Jueces consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no son los únicos imperativos que deben guiar la función jurisdiccional concursal, pues no obstante la propia Ley de Concursos Mercantiles le otorga facultades para dar total cumplimiento a lo que establece, su capacidad está sometida a exigencias y límites diversos, por lo que aquéllas no son discrecionales sino limitadas. Además de que no debe pasarse por alto que los Jueces son profesionales del derecho, que desarrollan su labor dentro de un marco institucional.
13. Posteriormente, se estableció que el concurso mercantil origen de los actos reclamados, es un procedimiento cuyo trámite se ha apegado a la tramitación ordinaria prevista en los artículos 3o., 9o., 10, 21, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 74, 81, 82 y 83 de la Ley de Concursos Mercantiles, los cuales fueron transcritos y de los que extrajo, que en el asunto materia de resolución, si bien se dio trámite a un concurso mercantil ordinario, por la naturaleza de la empresa concursada y el interés público que representa, el referido juicio entra dentro de la hipótesis que maneja el título octavo denominado, "De los concursos especiales", el cual prevé el proceso concursal a seguir para aquellos comerciantes que prestan servicios públicos concesionados, instituciones de crédito e instituciones auxiliares del crédito en los que la ley considera indispensable reconocer la naturaleza particular de las empresas y el interés público que representan, para lo cual armoniza el concurso con las disposiciones especiales que las rigen y considera necesario que participen las entidades que las autorizan, que las regulan y supervisan, por ejemplo, el de una empresa que se dedica al transporte público, para el caso del servicio público concesionado y el de una institución de banca o de desarrollo, para los casos de las instituciones de crédito.
14. Derivado de lo anterior, citó los artículos 237 a 244 de la Ley de Concursos Mercantiles, para, posteriormente, precisar que en el procedimiento origen de los actos reclamados, se determinó que quien fungiría como síndico de la concursada sería el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en razón de que el concurso mercantil tiene la peculiaridad de que fue denunciado por la Procuraduría General de la República, órgano del Ejecutivo Federal que había nombrado un administrador de la empresa concursada debido a la denuncia penal recibida, razón por la cual, al haberse nombrado como administrador de la concursada al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el nombramiento de visitador hace las veces del nombramiento de un síndico, en términos del artículo 82 de la Ley de Concursos Mercantiles, toda vez que, si bien el nombramiento del visitador fue informado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, lo cierto es que dicho nombramiento se hizo en términos de lo dispuesto por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en virtud de que la administración de la empresa concursada ya se encontraba a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
15. Atento a ello, se establecieron la naturaleza del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como las facultades que posee en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en específico, con base en los artículos 1, 5, 7, 8, 13, 19, 21, 76 y 78, de los que interpretó que ese organismo, al tener a su cargo la administración de la concursada cuenta con facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración, para otorgar y suscribir títulos de crédito y, en virtud de su naturaleza jurídica, responderá de su actuación ante el propio organismo que lo nombró como administrador, no así frente a la empresa administrada.
16. En otro aspecto, se procedió a establecer las características de la figura del síndico en un concurso mercantil, de lo que se dijo que se trata de un especialista que interviene en el concurso una vez que ha sido declarada la quiebra de la empresa o negociación, por lo que tiene como principal función ser depositario y administrador de la empresa quebrada, aunado a que deberá inscribir la sentencia de quiebra y publicar un extracto de ésta, tomará posesión de los bienes, documentos y papeles del comerciante e informará al Juez, de quien en exclusiva depende, del estado de la administración de la empresa y, finalmente, procederá su venta en subasta, citándose como apoyo los preceptos 54, 55, 56, 59, 61, 178, 180, 181, 183, 185, 189, 190, 191, 192 y 195 de la Ley de Concursos Mercantiles.
17. Conforme a lo anterior, se estableció que el síndico, al resultar el encargado de la administración de los bienes del comerciante y convertirse en el depositario de la empresa en concurso (artículo 178), implica que tomará posesión de los bienes, documentos y papeles del comerciante e informará al Juez, de quien en exclusiva depende, del estado de la administración de la empresa y finalmente procederá su venta en subasta.
18. Luego, que durante la administración de la empresa debe obrar como un administrador diligente en negocio propio, por lo que será responsable de los daños que la empresa sufra por su culpa o negligencia, y es por ello que la ley concursal lo constriñe a tomar las medidas necesarias para la seguridad y conservación de los bienes de la masa (artículos 183, 185 y 189 de la Ley de Concursos Mercantiles).
19. Igualmente, que el síndico debe inscribir la sentencia de quiebra y publicar un extracto de ésta (artículo 171 de la Ley de Concursos Mercantiles), hacer del conocimiento de los acreedores su nombramiento, señalar un domicilio dentro de la jurisdicción del Juez que conozca del concurso mercantil (artículo 172 de la Ley de Concursos Mercantiles). De igual forma, dentro de los sesenta días que sigan al inicio de sus funciones, el síndico debe entregar al Juez un dictamen sobre el estado de la contabilidad, un inventario de la empresa y un balance a la fecha que asuma la administración (artículo 190 de la Ley de Concursos Mercantiles).
20. De acuerdo a todo el análisis anterior, se concluyó que resultaban fundados los agravios, porque la autoridad responsable en el juicio de amparo, es la parte contra la cual se demanda la protección de la Justicia Federal, es el órgano del Estado que forma parte de su gobierno, de quien proviene el acto que se reclama, por estimar el quejoso que lesiona las garantías individuales; de ahí que sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo la que actúe con imperio, es decir, "la actuación que la mencionada parte tenga o pretenda tener en la ley o acto reclamados debe ser de soberanía, en ejercicio del imperio de que goza el Estado, pues que si obra en forma diversa aunque por su origen o por el órgano gubernamental aunque pertenezca pudiera ser tenida como autoridad, no lo sería para efectos del amparo".
21. Entonces, que contar con la facultad de imperio implica que la persona de que se trate puede emitir actos imperativos, que puedan hacerse cumplir directamente, con la fuerza pública si es necesario, o ejercer los medios de acción conducentes de que dispongan, para hacer cumplir sus determinaciones, y la autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que trata de ejecutar.
22. Se dijo que, por tanto, la actuación de la autoridad debe satisfacer las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad y que, conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, se prevé la existencia de dos tipos de autoridades: a) las que ordenan, las que mandan, las que resuelven, las que sientan las bases para la creación de derechos y obligaciones; y, b) las que obedecen, ejecutan o llevan a la práctica el mandato de aquéllas.
23. Sin embargo, que el concepto autoridad para los efectos del amparo comprende a aquellas personas que disponen de fuerza pública, en virtud de las circunstancias legales o de hecho, por lo que no revisten ese carácter cuando se trata de un superior que ordena, sino también cuando ejecuten o traten de ejecutar la orden del superior, siendo que en el caso materia de resolución, la intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el juicio de concurso mercantil no tiene el carácter de autoridad ejecutora. Pues es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto la administración, enajenación y destino de los bienes señalados en el artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 78 del mismo ordenamiento.
23. Dentro de sus facultades se encuentran, esencialmente, recibir, administrar, enajenar y destruir los bienes de las entidades transferentes conforme a lo previsto en esa ley; así como realizar todos los actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio respecto de los bienes, aun cuando se trate de entidades paraestatales en proceso de desincorporación; también fungir como visitador, conciliador y síndico en concursos mercantiles y quiebras, de conformidad con las disposiciones aplicables, debiendo recaer tales designaciones en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, invariablemente, tratándose de empresas aseguradas, conforme al artículo 78 del ordenamiento mencionado.
24. A pesar de lo anterior, se sostuvo, en términos del artículo 7o. de la Ley de Concursos Mercantiles: "El Juez es el rector del procedimiento de concurso mercantil y tendrá las facultades necesarias para dar cumplimiento a lo que esta ley establece. Será causa de responsabilidad imputable al Juez o al instituto la falta de cumplimiento de sus respectivas obligaciones en los plazos previstos en esta ley, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito.", sin que en ninguno de los preceptos de dicho ordenamiento se prevea que el visitador o administrador del comerciante tenga facultad de hacer cumplir sus determinaciones, con apoyo de la fuerza pública, o hacer ejecutar en forma directa las órdenes del juzgador.
25. Así, que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no está facultado para hacer cumplir las determinaciones que tome contra las personas para quienes ejerza funciones de visitador o administrador, y su participación en el juicio está supeditada a las órdenes y lineamientos que establezca el Juez del conocimiento, por tanto, en el juicio de concurso mercantil no tiene el carácter de autoridad ejecutora.
26. Se destacó que en el juicio natural, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes fue nombrado como visitador y, posteriormente, como conciliador de la sociedad concursada, quien determinó ejercer su encargo a través de un contador público, es decir, que la ejecución y cumplimiento de la sentencia que aprobó el convenio concursal presentado por el conciliador (persona física designada) y, en consecuencia, declaró la terminación del concurso mercantil no es ejecutada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, sino por las autoridades facultadas para ello, tales como los actuarios y el propio Juez concursal.
27. En forma que, el visitador o el administrador del comerciante es parte en el juicio, y como tal, está obligado a cumplir las determinaciones judiciales, pero no se encuentra en un plano superior al del propio comerciante, o del solicitante del concurso, por lo que su intervención en el juicio es con el carácter de parte, y no de autoridad.
28. Que inclusive, de la lectura del acto reclamado se apreciaba que no se otorgó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes alguna facultad de ejecución al respecto, sino que la obligación de cumplir con la determinación del Juez radica en que es parte en el juicio concursal, y tiene la misión de: "Quinto. Con la sentencia cesarán en sus funciones los órganos del concurso mercantil. Por lo que en su momento se ordenará al conciliador la cancelación de las inscripciones que con motivo del concurso mercantil se hayan realizado en los registros públicos ..."
29. A juicio del tribunal del conocimiento, fue indudable que atento a la naturaleza del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al tener el carácter de visitador y finalmente de conciliador en el concurso mercantil **********, y contar con facultades de administrador en relación con la empresa concursada respecto de las cuales, sólo rendirá cuentas de su actuación ante el propio organismo que lo nombró, únicamente implicaba que posee facultades que le permiten ejercer una función regulada en la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que no ejerce actos de autoridad, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
30. Recapitulando, que el referido organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no realiza un acto equivalente a los de una autoridad ejecutora, toda vez que el Juez concursal es el rector del concurso mercantil, y el visitador sólo funge como administrador de la empresa incluyendo bienes, contabilidad, estados financieros, por lo que no tiene una capacidad decisoria y de ejecución por las funciones que le otorga la ley.
31. Además, que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes actúa por haber sido propuesto como visitador por parte de la Procuraduría General de la República en el concurso mercantil, por tanto, actúa dentro del marco legal, pero desprendido de facultad de imperio, pues restringe su actuación a lo dispuesto en la Ley de Concursos Mercantiles y limitado a acatar lo instruido por el Juez del concurso, lo que significa que está vinculado totalmente al procedimiento concursal.
32. Luego, que de conformidad con lo anterior, es posible señalar que la facultad de llevar la administración de una empresa asegurada puede estimarse que deriva de una relación de coordinación entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la concursada o sus acreedores, pues no actúa unilateralmente, sino con el carácter de parte en el juicio concursal, lo que lo ubica como tercero interesado en el juicio de amparo y no como autoridad responsable, por lo que es claro, que el vínculo en cuestión es de índole privado.
33. De esa guisa, que si bien el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá señalar al Juez del concurso mercantil la situación que guarda la empresa, es el Juez concursal quien determina lo que procede hacer con relación al concurso.
34. Que aunado a lo anterior, la recurrente (SAE) tiene interés en que perduren los actos reclamados, como parte del desempeño de sus funciones que la ley le otorga; por lo que dicho interés puede entenderse como uno de naturaleza particular que implica que deba tener el carácter de tercero interesado en el juicio de origen, pues de acuerdo a lo razonado con anterioridad, el carácter y la naturaleza de los actos que ha de desplegar no serán los de una autoridad responsable.
14. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 139/2014, analizó un asunto con las siguientes características:
a. Los actos reclamados se hicieron consistir en diversos autos dictados en el expediente **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, formado con motivo de la demanda de concurso mercantil promovida por la Procuraduría General de la República en contra de **********, por medio de los cuales se emitieron ciertas providencias precautorias, así como su ejecución por parte del referido juzgador, de **********, y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
b. Del asunto conoció el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, cuyo titular, por auto de quince de mayo de dos mil catorce dictado en el expediente 438/2014-IV, radicó dicha demanda, y en ese mismo auto la admitió a trámite, en el que señaló como autoridad responsable al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien funge como síndico de **********, en el concurso mercantil 165/2014-VI, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
c. Inconforme con dicha determinación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que por unanimidad de votos, en sesión de treinta de octubre de dos mil catorce, resolvió confirmar la resolución recurrida.
En lo que importa a la presente determinación, las consideraciones correspondientes son como siguen:
1. Se precisó que el tema de estudio se constreñía a establecer si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de administrador y visitador de la empresa **********, que fue declarada en quiebra por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, al conocer del concurso mercantil **********, tiene el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.
2. En virtud de lo anterior y con base en el referido numeral, el tribunal del conocimiento procedió a establecer la evolución del concepto de autoridad responsable para efectos del amparo, así como en qué casos un particular puede tener esa calidad por realizar actos equivalentes a los de autoridad, todo lo cual, se hizo mediante un estudio legislativo, jurisprudencial y doctrinal, desde una perspectiva evolutiva.
3. Sobre la primera cuestión planteada, concluyó que debía atenderse a la jurisprudencia 2a./J. 164/20
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26230-901b7bd4/concurso-mercantil-el-servicio-de-administracion-y-enajenacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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