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Modo: Corpus Pro

CONVENIO ADMINISTRATIVO. DE SU CELEBRACIÓN ENTRE UN PARTICULAR Y UN ENTE DEL PODER PÚBLICO PUEDEN DERIVAR ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 276/2023. · Registro digital (IUS): 32635
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-16
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.391.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 276/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 16 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGOMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ALAN CASTRO ROCHA.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos, en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si cuando un particular celebra voluntariamente un convenio administrativo con un órgano de la Administración Pública, surge invariablemente una relación que sólo da lugar a actos de coordinación entre las partes contratantes, o es posible el surgimiento de actos posteriores de autoridad.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio remitido vía electrónica el siete de noviembre de dos mil veintitrés, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 270/2019 y el adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión 25/2023.

4. Trámite de la denuncia. En acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintitrés, la entonces magistrada presidenta del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, radicó la contradicción de criterios dando origen al expediente 276/2023.

5. Asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes que informaran si los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes y, por otra parte, que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos relativos a los asuntos de su conocimiento, respondiendo ambos tribunales colegiados en el sentido de que aún conservaban su criterio.

6. Por otra parte, solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si en el caso existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática aquí planteada. Lo anterior, se atendió a través del oficio DGCCST/X/1026/12/2023, ingresado vía correo electrónico oficial, el seis de diciembre de dos mil veintitrés, en el sentido de que no existía contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.

7. Confirmación de turno. Al encontrarse debidamente integrado el expediente, en auto de presidencia de siete de diciembre de dos mil veintitrés, se confirmó su turno a la ponencia de la magistrada Rosa Elena González Tirado, entonces adscrita al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte.

8. Modificación de denominación y competencia del Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.

9. Confirmación de turno. En auto de presidencia de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional y se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández.

10. Aplazamiento. El asunto se presentó en sesión de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, sin embargo, el pleno de este órgano determinó aplazar su resolución, volviéndose a listar para ser discutido en la presente fecha.

11. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

II. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, estos últimos ordenamientos reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sostenidos por tribunales colegiados con competencia en la materia administrativa que pertenecen a un circuito correspondiente a esta región (vigésimo segundo circuito).

III. LEGITIMACIÓN

13. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se formuló por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, respecto de la cual ejercen jurisdicción los tribunales contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 270/2019.

15. Demanda de amparo indirecto. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:

"III. AUTORIDADES ORDENADORA

a. LIC. EDGAR ANTONIO LOVERA HERRERA en su carácter de JEFE JURÍDICO DEL PARQUE BICENTENARIO...

b. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARQUE BICENTENARIO...

AUTORIDADES EJECUTORAS

c. LIC. EDGAR ANTONIO LOVERA HERRERA en su carácter de JEFE JURÍDICO DEL PARQUE BICENTENARIO...

d. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARQUE BICENTENARIO...

IV. ACTOS RECLAMADO (sic) Y CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.

LA RECISIÓN (sic) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COMODATO CELEBRADO EN FECHA 02 (DOS) DE OCTUBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) SUSCRITO POR LA QUEJOSA Y EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARQUE BICENTENARIO, RECISION (sic) DE LA CUAL ME HICIERON SABER A LA SUSCRITA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2019 EMITIDO POR EL LIC. EDGAR ANTONIO LOVERA HERRERA EN SU CARÁCTER DE JEFE JURÍDICO DEL PARQUE BICENTENARIO, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO LA RECISION (sic) ALUDIDA BAJO LOS SUPUESTOS ARGUMENTOS QUE REFIERE EN SU ESCRITO SEÑALANDO QUE LA SUSCRITA INCURRIÓ EN LA CLÁUSULA TERCERA, SIN MEDIAR DEFENSA POR PARTE DE LA QUEJOSA DE SER OÍDA Y VENCIDA PREVIAMENTE EN JUICIO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD, ACTUANDO DE MANERA DOLOSA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EJECUTORA AL INFORMARME LA DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE OTORGÁNDOME DOLOSAMENTE UN PLAZO DE 06 DÍAS QUE ABARCAN DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, VIOLANDO MIS GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS AL TOMAR UNA POSTURA ARBITRARIA SIN MEDIAR ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE MI DERECHO DE AUDIENCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE NUESTRA CARTA MAGNA ASÍ COMO ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS".

16. Radicación y desechamiento. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el que por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve la radicó con el expediente 367/2019 y la desechó al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1o., fracción I y el ordinal 5o., fracción II, todos, de la Ley de Amparo, con la explicación de que no se estaba frente a actos de autoridad para efectos del juicio constitucional al haberse emitido dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación.

17. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, la parte promovente interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el que lo radicó con el expediente 57/2019 y en sesión plenaria de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, lo declaró fundado sobre la base de que la causal de improcedencia que se estimó actualizada en el auto impugnado no era notoria ni manifiesta.

18. Admisión de la demanda. En acatamiento a esa determinación, por auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, el titular del juzgado del conocimiento admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal a la representación social de su adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

19. Sentencia de amparo indirecto. Substanciado el trámite, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la secretaria en funciones de juez celebró la audiencia constitucional en la que dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio al estimar que no se estaba frente a actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, toda vez que se emitieron dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación.

20. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el que lo radicó con el expediente 270/2019 y en sesión de treinta de enero de dos mil veinte, por mayoría de votos, revocó la sentencia impugnada, sobre las consideraciones siguientes:

"QUINTO. (...)

Expuesto lo anterior, en el caso se consideran fundados en esencia los agravios formulados por la recurrente, en tanto que los actos reclamados, consistentes en la rescisión del convenio de colaboración y comodato celebrado el dos de octubre de dos mil dieciocho, entre la quejosa y el organismo público descentralizado Parque Bicentenario, a través de su Director General y, en consecuencia, la desocupación del espacio físico asignado a la quejosa en el parque aludido, sí tienen, al tenor de lo antes considerado, para efectos del juicio de amparo, el carácter de actos de autoridad.

Es así, puesto que el convenio rescindido mediante el acto reclamado, es un acuerdo de voluntades celebrado por la quejosa con un órgano administrativo descentralizado y, por ende, con la administración pública, lo que le dota de un interés colectivo, al versar sobre la ocupación de un espacio público; y es precisamente esta última circunstancia la que justifica en ellos la existencia de cláusulas o prerrogativas exorbitantes al derecho común que colocan al particular contratante en una relación de subordinación frente a la propia administración.

En este contexto, si con la finalidad de salvaguardar el interés de la comunidad, el Estado contratante conserva para sí y ante sí facultades legales suficientes para, entre otras cuestiones, dar por rescindida unilateralmente la relación contractual, esta acción ejecutiva que modifica o extingue derechos de los gobernados constituye, sin duda, un acto de autoridad susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo.

Lo anterior, se puede constatar de la lectura del convenio de colaboración celebrado entre las partes, de tenor siguiente:

(...)

"En apoyo de la consideración precedente, se invoca la tesis aislada I.7o.A.280 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto:

‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE RESCINDE UNILATERALMENTE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO. (se transcribe)’

Por las razones antes indicadas, es fundado el recurso de revisión interpuesto.

En consecuencia, este Tribunal Colegiado procede al análisis del diverso motivo de improcedencia planteado en el juicio de amparo y, en su caso, de los conceptos de violación, de conformidad con el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo".

21. Importa precisar que este fallo se encuentra ejecutoriado, tal como se advierte de las constancias que obran en el expediente electrónico y que se traen a la vista como hecho notorio,(1) al no haberse recurrido por alguna de las partes.

B. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 25/2023.

22. Demanda de amparo indirecto. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:

"III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES

"DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO ‘PARQUE BICENTENARIO’, FRANCISCO CASTRO ALEGRÍA ...

IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME

1. El ilegal e inconstitucional oficio ************** (???XO 1), de fecha 08 (ocho) de JULIO de 2022 (dos mil veintidós), mismo que me fue notificado personalmente en fecha 08 (ocho) de AGOSTO de 2022 (dos mil veintidós).

2. El ilegal e inconstitucional oficio ************** (ANEXO 2), de fecha 08 (ocho) de JULIO de 2022 (dos mil veintidós), mismo que me fue notificado personalmente en fecha 08 (ocho) de AGOSTO de 2022 (dos mil veintidós)".

23. Radicación y prevención. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro (hoy Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre), el que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la radicó con el expediente 1023/2022 y previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito inicial.

24. Admisión. Una vez que se aclaró y se ratificó el escrito inicial, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, el titular del juzgado de origen admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención legal a la representación social de su adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

25. Sentencia de amparo indirecto. Substanciado el trámite, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y el treinta de noviembre siguiente, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio al considerarse que no se estaba frente a actos de autoridad, siendo que los oficios reclamados derivaron de una relación de coordinación, en la que no se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

26. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el que lo radicó con el expediente 25/2023 y en sesión de trece de octubre de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia impugnada, sobre las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Estudio de la revisión principal. (...)

Al respecto, se indica que los planteamientos del quejoso son infundados.

(...)

1. Contratos administrativos y contratos privados de la administración pública.

(...)

En el asunto que nos ocupa, se considera que el ‘convenio de colaboración y comodato’ celebrado el dos de octubre de dos mil dieciocho, entre el Organismo Público Descentralizado del Municipio de Querétaro "Parque Bicentenario" y *********** constituye un contrato administrativo por razón de su objeto y sus fines.

De su clausulado se deduce que el organismo descentralizado contrató los servicios del quejoso para que éste pusiera a la venta, en tres zonas del ‘Parque Bicentenario’, productos tales como souvenirs, alimentos y artículos de alberca; además, con motivo de esa actividad, el quejoso quedó obligado a pagar ‘cuotas’ mensuales al parque. La duración del convenio sería de tres años, contados desde el uno de octubre de dos mil diecinueve al treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

Para mejor apreciación, se transcribe la parte conducente de las cláusulas:

(...)

Cabe señalar que, conforme al artículo 115, fracción III, inciso g), de la Constitución Federal, entre los servicios públicos que tienen encomendados los municipios está la administración y equipamiento de parques.

Además, se observa que el Organismo Público Descentralizado del Municipio de Querétaro ‘Parque Bicentenario’ fue creado por acuerdo de cabildo del ayuntamiento de Querétaro adoptado el nueve de diciembre de dos mil ocho, publicado en el periódico oficial del Estado de Querétaro el trece de febrero de dos mil nueve; fecha en que también se publicó el reglamento de ese organismo.

Entre los objetivos y funciones que se asignaron al organismo en cuestión, según su acuerdo de creación, se encuentran las siguientes:

‘C. Objeto del organismo.

Administrar, desarrollar y mantener, las instalaciones ubicadas dentro del Centro de Desarrollo Integral denominado Bicentenario, con el objetivo de ser un espacio de sano esparcimiento para la población del Municipio de Querétaro.

E. Funciones del organismo público descentralizado.

II. Realizar todas las actividades necesarias, y celebrar toda clase de actos jurídicos, administrativos y fiscales que requiera, con la finalidad de allegarse de los recursos necesarios, para el cumplimiento de su objeto;

III. Instrumentar mecanismos de información, promoción y comercialización de productos y servicios de las instalaciones ubicadas dentro del Centro de Desarrollo Integral denominado Bicentenario;

XI. Celebrar toda clase de actos, convenios o contratos, que le permitan el cumplimiento de su objeto o la consecución de sus objetivos;’

Esas funciones se reiteraron en el artículo 6, fracciones II, III y XI del Reglamento del Organismo Público Descentralizado Parque Bicentenario, que dice:

Artículo 6. El organismo público descentralizado, para el cumplimiento de su objeto realizará las siguientes funciones: ... II. Realizar todas las actividades necesarias, y celebrar toda clase de actos jurídicos, administrativos y fiscales que requiera, con la finalidad de allegarse de los recursos necesarios, para el cumplimiento de su objeto;

III. Instrumentar mecanismos de información, promoción y comercialización de productos y servicios de las instalaciones ubicadas dentro del Centro de Desarrollo Integral denominado Bicentenario;

XI. Celebrar toda clase de actos, convenios o contratos, que le permitan el cumplimiento de su objeto o la consecución de sus objetivos;

De manera que si el organismo municipal acuerda con un particular que éste realice, de manera cotidiana y por una contraprestación, la venta de productos dentro de las instalaciones del parque, entonces, se trata de un contrato administrativo, pues su objeto consiste en autorizar a un particular para que use un bien perteneciente al municipio y goce de los beneficios comerciales que brinda, además, los fines de ese contrato están relacionados con la prestación de un servicio público que el ayuntamiento tiene asignado por mandato constitucional, como es la administración y equipamiento de parques, cuya ejecución, en este caso, se depositó en el organismo en cuestión.

2. Características de los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Uno de los parámetros que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar cuándo un acto jurídico proveniente de un organismo público puede considerarse como ‘de autoridad’, a propósito de la procedencia del juicio amparo, es que la relación que se entable con el particular sea de supra a subordinación.

(...)

Adicionalmente, el máximo tribunal del país ha dicho que la relación de supra a subordinación que haya establecido el órgano estatal con el particular debe nacer de la ley y que el órgano debe emitir o realizar actos unilaterales con los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin necesidad de acudir previamente a los organismos jurisdiccionales ni requerir del consentimiento del afectado.

Así se lee en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (se transcribe)

En el presente caso, como acertadamente lo advirtió el juez federal, no estamos frente a actos en los que la relación establecida entre el quejoso y el Organismo Público Descentralizado del Municipio de Querétaro ‘Parque Bicentenario’ sea de supra a subordinación.

Lo anterior, porque si ‘autoridad’ es el ente que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; resulta incuestionable que a falta de voluntad de este último no podría celebrarse un ‘convenio de colaboración y comodato’ como el que celebraron el quejoso y la autoridad señalada como responsable.

Además, la relación jurídica entablada entre el quejoso y la responsable no provino de un mandato legal, en tanto que la ley no impone al Organismo Público Descentralizado del Municipio de Querétaro ‘Parque Bicentenario’ la obligación de celebrar contratos con los particulares para autorizarles que usen cierta área del parque como punto de ventas, más bien, es una actuación potestativa, que se puede realizar siempre que concurra la voluntad del organismo y de un particular interesado en realizar esa actividad.

Desde luego que el objeto del ‘convenio de colaboración y comodato’ en estudio está relacionado con un servicio público, sólo que la relación jurídica que surgió del mismo no es de supra a subordinación, puesto que el Organismo Público Descentralizado del Municipio de Querétaro ‘Parque Bicentenario’ no impuso unilateralmente su voluntad sobre el contratante (aquí quejoso), sino que fue resultado de un consenso entre ellos; se trata entonces de una relación de coordinación, sujeta a condiciones y cláusulas especiales dada la naturaleza pública del objeto del convenio.

En esa virtud, los actos derivados de ese convenio, en específico, su terminación sin posibilidad de renovación (según lo expuesto en el oficio **************) y el requerimiento para entregar los espacios asignados (hecho en el oficio **************), no son actos autónomos y unilaterales, sino que son consecuencia de la relación contractual que previamente establecieron las partes y, por lo mismo, no hay razón para considerar que el organismo señalado como responsable actuó como una autoridad.

Por tanto, no es a través de medios de control constitucional como deben dirimirse los conflictos que surjan entre las partes, antes bien, deben acudir a las instancias ordinarias a fin de resolverlos.

(...)

3. Conclusión.

Por las razones expuestas se concluye que, contrario a lo que aduce el quejoso, en la relación jurídica que él entabló con el Organismo Público Descentralizado ‘Parque Bicentenario’ no hay elementos de supra a subordinación.

Además, la circunstancia de que ese organismo adoptara ciertas determinaciones en los oficios ************** y **************, e inclusive amenazara con ejecutarlas, no es lo que define a un acto de autoridad porque, como ya se explicó, se debe atender al origen de esas decisiones, que en este caso fue la celebración del ‘convenio de colaboración y comodato’.

En ese sentido, aunque la terminación del convenio sin posibilidad de renovación y el requerimiento para desocupar los espacios del parque no sean determinaciones provenientes de una autoridad judicial, eso no demuestra que sean actos unilaterales u ordenados con facultades de imperio porque, de pensarlo así, se llegaría al extremo de afirmar que todas las recisiones y/o terminaciones de contratos, sean o no administrativos, son actos de autoridad, lo que evidentemente no es así, pues como también se señaló, hay otros rasgos que definen a los actos autoritativos, según la jurisprudencia 2a./J. 164/2011.

Por lo demás, el hecho de que el Juez de Distrito no considerara el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 270/2019, en donde determinó que la recisión (sic) de convenios celebrados entre particulares y el ‘Parque Bicentenario’ sí son actos de autoridad, no irroga perjuicio al quejoso, en la medida que ese criterio no es obligatorio para el juzgado ni para este Tribunal Colegiado.

Al no haberse desvirtuado la causa de improcedencia advertida por el juez federal, no es técnicamente adecuado ocuparnos del estudio de las violaciones que alega el quejoso, relacionados con el respeto de sus garantías de audiencia y de debido proceso, así como con su derecho de preferencia respecto a la ocupación de los espacios del parque; ya que el sobreseimiento en el juicio impide analizar los aspectos de fondo".

27. Importa precisar que este fallo también se encuentra ejecutoriado, tal como se advierte de las constancias que obran en el expediente electrónico y que se traen a la vista como hecho notorio,(2) al no haberse recurrido por la parte quejosa.

III. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

28. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.

29. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

30. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32635-6ebde815/convenio-administrativo-de-su-celebracion-entre-un-particular · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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