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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y PARTICULARES, RECAE EN UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. · Registro digital (IUS): 26077
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-01-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Pág. 1818.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO ROMERO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL VEGA SÁNCHEZ Y JOSÉ MARTÍNEZ GUZMÁN. DISIDENTE Y PONENTE: NOÉ ADONAI MARTÍNEZ BERMAN. ENCARGADO DEL ENGROSE: RICARDO ROMERO VÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la vigente Ley de Amparo; 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por último, el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esto en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de un mismo circuito, en un tema relacionado con la competencia por materia tratándose de contratos de obra pública, celebrados con Ayuntamientos u organismos estatales, es decir, si esa competencia corresponde a la materia civil o a la administrativa.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la vigente Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

TERCERO.-Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de este circuito en las ejecutorias respectivas.

1) En sesión celebrada el siete de julio de dos mil catorce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito resolvió el amparo directo civil 447/2014, cuyas consideraciones medulares, en lo que a este estudio interesa, son las siguientes:

"QUINTO.-Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la quejosa son ineficaces.

"Previo a analizar los conceptos de violación formulados por la peticionaria **********, por conducto de su apoderada legal, es procedente mencionar que algunos están orientados a combatir tanto la sentencia de primera instancia, como el acto reclamado; empero, la primera quedó procesalmente sustituida por el fallo de la Sala, por lo cual, sólo se analizarán a la luz de la última.

"Es de invocar como aplicable la tesis que dice:(2)

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO.-Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia.’

"Ahora, los restantes conceptos de violación son ineficaces y, para ello, es de precisar, contrario a lo que sostiene la impetrante en las inconformidades que señala es que la Sala confirmó la determinación del Juez, al considerar que sí resultaba procedente la excepción de incompetencia por razón de materia opuesta por el Ayuntamiento demandado, precisamente, en la contestación de demanda (fojas 22 a 68 del expediente), en específico, identificada con el número IV del capítulo de excepciones y defensas (fojas 62 y 63 del expediente).

"En efecto, basta dar lectura a la sentencia reclamada para advertir que el a quo dentro de la audiencia de conciliación y depuración procesal el dos de julio de dos mil trece, declaró procedente la excepción de incompetencia que hizo valer la parte demandada, lo que condujo a determinar que el órgano jurisdiccional no continúe conociendo del juicio, dejó a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la forma y términos que estimen conducente, lo que además se corrobora con la determinación respectiva, emitida por el Juez natural (fojas 214 a 216 del expediente natural).

"Así, previa apelación que interpuso la actora aquí quejosa, la Sala responsable determinó que los agravios resultaban infundados, lo que condujo a confirmar la sentencia del a quo (fojas 47 a 51 del toca 222/2014).

"En este orden de ideas, la litis constitucional se centra al análisis de si la determinación de la Sala, al confirmar la incompetencia del órgano jurisdiccional, es procedente o no.

"Ahora bien, el estudio de los conceptos de violación se realizará en forma conjunta, dada la estrecha vinculación de éstos entre sí, como se prevé en el artículo 76 de la Ley de Amparo, así como en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable con el número de registro: 174288, y con los siguientes datos de identificación: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, de septiembre de 2006, página 1415, que se cita a pie de página.3

"Así, en las inconformidades respectivas, la parte impetrante, en síntesis, sostiene:

"- Que se violan diversos artículos constitucionales(4) del Código Administrativo,(5) del Código Civil(6) y del Código de Procedimientos Civiles,(7) los últimos tres ordenamientos para el Estado de México, al resolver la excepción de incompetencia que se hizo valer.

"- Transcribe la forma en cómo la parte demandada formuló la excepción de incompetencia y cómo la resolvió el Juez, lo que dice a todas luces le irroga y violenta lo resuelto, pues dice que las responsables se extralimitan en sus facultades, pues en ningún momento precisó, narró o relacionó en lo vertido en los hechos, sin fundar y motivar la excepción que resolvió la responsable; máxime que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes en atención a los hechos que funden las pretensiones que las partes vierten, así como de las pruebas que aporten las partes, además de que expresa la responsable no puede estudiar de oficio o subsanar, corregir, enmendar los errores que la defensa del demandado tuviera, atendiendo a que en el proceso civil rige el principio de estricto derecho a petición de partes.

"- Que si en el presente juicio lo que se pretende es que se admita una demanda, para discutir el cumplimiento del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado del que precisa el número, que se celebró el veintinueve de diciembre de dos mil diez, respecto a la obra consistente en la construcción de una unidad deportiva (denominada **********), en Toluca, Estado de México.

"- Que en lo relativo al juicio entablado contra el Ayuntamiento demandado se pretende el pago de cierta cantidad, es decir, pago de pesos respecto del contrato mencionado, que constituye un acuerdo de voluntades por las partes que lo celebraron, y que de la actora cumplió con sus obligaciones como afirma se acredita con las actas de recepción de los trabajos y, al no admitir la demanda, los Magistrados están prejuzgando un derecho por consecuencia la naturaleza de la acción sin tomar en cuenta que al sujetarse a la creación de un contrato bilateral en beneficio de los que intervienen, donde se adquirieron derechos y obligaciones en donde hicieron uso de facultades que no les corresponden se violentaron los derechos que obtuvo su representada.

"- Que en el contrato se adquirieron determinadas obligaciones, y que lo correcto fue el juicio ordinario civil contra el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, y cuando los Magistrados resolvieron que no era competente el Juez sobre el contrato materia de la litis, pero que ello ocurriría en caso de que el contrato fuera unilateral, es decir, que sólo existiera una parte que adquiriera la obligación y el mismo cumpla con su obligación lo que no sucede en el presente juicio y afirma que no debe ser juzgado por autoridades administrativas pues afirma cumple con todas las formalidades de un contrato celebrado por dos partes entre los contendientes quienes adquirieron derechos y obligaciones.

"- Que la responsable debió analizar los agravios expresados por la parte demandada, máxime que no se fundamenta ni motiva con la litis planteada, pues la demandada en ningún momento precisó ni narró los hechos en que se fundó la excepción de incompetencia limitándose a señalar diversos artículos sin precisar ni fundamentar la incompetencia alegada en la contestación de demanda.

"- Que, además, la responsable dejó de estudiar diversas prestaciones señaladas en el libelo inicial, por lo que debió analizar de fondo la naturaleza de la acción, mediante el análisis cuidadoso de las pruebas aportada y los preceptos legales en que se apoye la demanda, señalando que la naturaleza de la acción fue con el motivo de poner en movimiento al órgano jurisdiccional en el cumplimiento de la obligación que las partes contrajeron en el momento de la celebración del contrato, insistiendo en las obligaciones contraídas por las partes.

"- Que resulta violatoria la resolución de los Magistrados, al resolver la apelación, por lo que eso es violatorio e infundado, con lo que se causó agravio a su representada, pues insiste en que las responsables están prejuzgando al no admitir la demanda, ya que afirma se reclamó el cumplimiento de un acuerdo de voluntades, que se efectuó en una relación de igual a igual, pero no con una relación de suprasubordinación (sic), ya que no se impugna una resolución emitida por autoridad administrativa, sino que se reclama el cumplimiento del contrato en litis y el pago de diversas cantidades de dinero, al ser su función básicamente dirimir las controversias resolviendo actos derivados de dependencias públicas, entre gobierno y/o órgano centralizado y actos de sus gobiernos en uso de imperio.

"- Que sí se promovió el juicio en la vía idónea para reclamar la obligación de pago, pues por su naturaleza se contempla en la legislación civil vigente, en todas sus etapas para que tenga verificativo su correcto desahogo, además de que sostiene en la ley actual se exige en la vía ordinaria civil el cumplimiento del contrato de la litis.

"- Que en la sentencia que se combate se transgredieron los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se pretende privar a la quejosa del derecho que obtuvo al celebrar el contrato basal, pues la responsable argumenta que se debe dirimir bajo los lineamientos del código administrativo, así como el libro décimo segundo y el reglamento del último ordenamiento en mención, lo que sostiene no comparte, pues en la demanda se reclamó el pago de cierta cantidad de dinero que se desprende de los trabajos ejecutados o realizados por la impetrante, aportando elementos de prueba como el acta de recepción de los trabajos debidamente ejecutados, con lo que acreditó el cumplimiento del contrato, sin que existiera observación o inconformidad por la demandada, como afirma se podrá constatar de autos, además de que el contrato se encuentra cumplido en todas y cada una de sus formalidades tanto de fondo y forma, por lo que estima improcedente y violatorio lo resuelto por la responsable al emitir el acto reclamado.

"- Que, además, el Código Administrativo del Estado de México, así como el libro décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México, se encuentran supeditados por la legislación federal, pues existe jerarquía jurídica, ya que en plano supremo está la Constitución, en segundo, los tratados internacionales y leyes federales, y, en tercer lugar, las leyes locales, y como subsecuente los reglamentos, por consiguiente la responsable no tiene facultad para transgredir, modificar o ignorar las leyes federales aplicables a beneficio de alguna de las partes, como afirma se resolvió en la litis, así, se infringió lo que dicen las tesis jurisprudenciales que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se hizo caso omiso a lo dictado por las responsables, por ello, se le dejó en estado de indefensión extralimitándose en las funciones la responsable por tal razón se dejó en estado de indefensión, y solicita se tome en cuenta el criterio de rubro: ‘COMPETENCIA POR MATERIA, SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’

"- Que aunque en los contratos citados tuvo como fin inmediato prestar un servicio público, lo cierto es que el destino no determina la competencia por materia, tampoco la calidad de los sujetos contratantes, pues del estudio de las prestaciones reclamadas, hechos narrados, pruebas aportadas se actualiza el criterio invocado anteriormente, por tanto, se debe establecer la naturaleza de la acción ejercitada, por lo que afirma debe ser de carácter civil, con independencia de la utilidad pública que el contrato pudo haber generado, sólo constituye el fin del contrato, pero no se determinó la naturaleza de la acción, sino el objeto directo, ejercicio relativo al cumplimiento de las obligaciones por la demandada, con un acto unilateral como autoridad y empresario siendo un acuerdo de voluntades entre dos actos jurídicos, y las cuales, una de ella tiene funciones de imperio ni actuó en una relación supraordenación (sic), y dice que es aplicable el artículo 7.836. del Código Civil del Estado de México.

"- Que la responsable debió entrar al estudio minucioso de los agravios presentados en la apelación como el escrito de contestación de demanda, así como la resolución del Juez a efecto de que se dictara una resolución conforme a derecho, donde se fundara y motivara la acción para determinar que es de carácter civil por su propia naturaleza, ya que se encuentra regulada en el Código Civil.

"- Que por ello resulta incorrecto lo señalado por la responsable, pues se reclamó el cumplimiento del contrato citado, por lo que la vía correcta es la ordinaria civil para exigir el cumplimiento de pago por lo que su representada se sujetó al ordenamiento civil aplicable.

"- Que, además, la legislación administrativa del Estado de México es la ley local, pues deriva de la reglamentación y normas aplicables del Código Civil Federal, porque la responsable dictó la sentencia en forma violatoria e infundada, pues aplicó una ley secundaria sin entrar al fondo, por razón de jerarquía jurídica que se encuentra consagrada en la constitución, leyes federales, decretos, leyes locales y reglamentos.

"- Que, por ende, conforme a la tesis invocada se debió atender: a) a las prestaciones reclamadas; b) los hechos narrados; c) las pruebas aportadas; y, d) los preceptos en que se apoye la demanda, luego no motivó ni fundamentó y menos razonó jurídicamente la sentencia, pues la competencia corresponde al tribunal en materia civil, por lo que pasó por alto el examen de la acción intentada, lo que no está permitido legalmente y que, por ende, se debe atender a la naturaleza de la acción, que afirma es la que debe servir de base para determinar la competencia, estudiando las prestaciones, hechos y pruebas desahogadas.

"- Hace diversas precisiones relativas al contrato administrativo y las diferencias con la materia civil, y señala es aplicable la tesis de la voz: ‘CONTRATO ADMINISTRATIVO Y CONTRATO CIVIL O MERCANTIL. DIFERENCIAS.’, asimismo, hace referencia al contrato basal, transcribe el artículo 7.836. del Código Civil, lo que afirma conduce a establecer que el contrato es de inminente competencia civil, lo que dice tiene apoyo en la tesis: ‘CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO, SU CUMPLIMIENTO DEBE DEMANDARSE EN LA VÍA CIVIL.’

"- Que tomando en cuenta el objeto del contrato que constituye la realización de una obra, así como el pago de cantidades establecidas, con independencia del fin a que dirija la obra, asimismo, el actuar de las partes en relación de derecho privado, asimismo, como que las prestaciones no van vinculadas con las atribuciones del Ayuntamiento demandado, es inexacto que la competencia se surta a favor del tribunal administrativo, pues el incumplimiento y pago del contrato que se está demandando es necesario acudir a la autoridad judicial civil para obtener la declaración correspondiente; de ese modo la competencia se surte a favor del Juez natural, por lo que insiste debe declarar sin efecto la sentencia dictada en el toca con la finalidad de que se admita la demanda entablada contra la demandada.

"- Que se vulneran diversos artículos constitucionales, por la inexacta interpretación de otras disposiciones del Código Administrativo, Código Civil y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles, y transcribe parcialmente lo referido por la Sala responsable, pues se hizo una interpretación inadecuada de la cláusula vigésimo segunda que transcribe.

"- Que de una interpretación correcta de tal cláusula, su representado se comprometió a lo que textualmente dice el consenso, en el sentido de renunciar al fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiera favorecerle, pero no en los términos en que resolvió la Sala, pues únicamente se acordó que el Ayuntamiento demandado se sometería a los tribunales administrativos para la interpretación y cumplimiento del contrato en litis, que sería resuelta a través de juicio administrativo, siempre y cuando lo iniciara el Ayuntamiento, pero que no se pactó para la actora y transcribe nuevamente la cláusula vigésimo segunda.

"- Que de la interpretación de esa cláusula en ningún momento la actora se comprometió a acudir a los tribunales administrativos, como resolvió la responsable, sino más bien el Ayuntamiento se obligó a acudir a los tribunales administrativos, por lo que la sentencia es violatoria y le deja en estado de indefensión, máxime que en esa cláusula la actora no se sujetó a acudir a los tribunales administrativos, y que, por tanto, no existió relevancia jurídica como lo hizo valer la responsable, máxime que en términos del artículo 1.1., establece que los tribunales del Poder Judicial tienen la facultad de interpretar y aplicar las leyes en los asuntos del orden civil y familiar del fuero común, lo mismo que del orden federal en los casos expresos de la ley.

"- Que, por ende, las partes en la cláusula vigésima segunda se sometieron al fuero común, así la demandada no puede valerse de esa cláusula, por lo que sin conceder razón en el juicio se tenga que resolver en vía administrativa, e invoca los artículos 1.35. y 1.38. del Código de Procedimientos Civiles, al resolver procedente la incompetencia, y afirma renunciaron en forma expresa o tácitamente, y reproduce dichos preceptos.

"- Que, como se ha visto, la responsable no entró al estudio de lo vertido conforme a los contratos, tampoco fundamentó legalmente al determinar procedente la incompetencia que planteó la demandada, y si bien la legislación establece que toda autoridad debe aplicar la ley en cuanto a su contenido y lo requerido por las partes, con lo que se violan los principios de exactitud, método y orden que se prevén en los artículos 1.134. y 1.135. del Código de Procedimientos Civiles, que transcribe.

"- Que además la demandada renunció expresamente al fuero que por razón le compitiera (sic) sujetándose al fuero común, a lo que se sometieron las partes, pues ello sería contrario al consentimiento expreso de los contratantes, en atención a la naturaleza contractual del pacto y que se estableció las cláusulas debían suplirse de conformidad con las reglas establecidas en el código, y que, por ende, no se puede cambiar de manera oficiosa lo expresado tácitamente por las partes en las cláusulas del contrato y de otra forma se le estaría dejando en estado de indefensión en perjuicio de las partes; y expresa se actualizan los criterios de las voces: ‘COMPETENCIA, EXISTE SUMISIÓN EXPRESA SÓLO SI TODAS LAS PARTES RENUNCIAN CLARA Y TERMINANTEMENTE AL FUERO QUE LA LEY LES CONCEDE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ y ‘COMPETENCIA EN UN JUICIO CIVIL. CUANDO LAS PARTES SE HUBIEREN SOMETIDO AL JUEZ, A ÉL CORRESPONDE.’

"- Finalmente, la quejosa expresa que se deben declarar fundados los conceptos de violación y se le debe conceder el amparo solicitado, y que como la administración de justicia es de orden público solicita se supla la deficiencia de la queja en lo que le sea favorable.

"Como se ha anticipado, tales expresiones son ineficaces.

"En efecto, inicialmente, además de la aclaración previa en el sentido de que es inexacto que el Juez hubiera determinando improcedente la excepción de incompetencia, pues lo cierto es que sí determinó que prosperaba, también es erróneo que no se haya admitido la demanda, sí dio entrada al libelo actio; sin embargo, como también reconoce la impetrante, el a quo en la audiencia de conciliación y depuración procesal determinó procedente la excepción de incompetencia por materia para conocer del reclamo de la parte actora, aquí quejosa, máxime que la Sala, al conocer de la apelación respectiva, sí se ocupó de analizar precisamente la legalidad de esos planteamientos vinculados con la competencia por materia que sí se alegó por la tercero interesada, consecuentemente es inexacto que la ad quem se ocupara de aspectos ajenos a la litis.

"Ahora bien, atendiendo a la técnica para el análisis de los motivos de inconformidad, son infundados los argumentos donde la impetrante expresa la falta de fundamentación y motivación.

"Argumento que es ineficaz, pues lo primero lo cumplió cabalmente la responsable, en virtud de que para dictarlo citó como aplicables los artículos 1.7., 1.1., fracción IX, 1.2., 1.7., 1.8., 1.9., 12.1., fracción III, 12.2., 12.4. y 12.5. del Código Administrativo del Estado de México, así como el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo de esta entidad.

"En cuanto a la motivación, la autoridad responsable realizó las consideraciones atinentes al caso, en concreto expuso las razones particulares o causas inmediatas que la llevaron a resolver que el asunto del que derivaba la sentencia impugnada, no es competencia de los tribunales civiles, sino de naturaleza administrativa del cual corresponde resolver al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por tratarse del cumplimiento de obligaciones contraídas en un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, celebrado por el quejoso con el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, incluso la autoridad expuso las razones particulares y causas inmediatas por las cuales confirmó la sentencia del Juez que se declaró incompetente para conocer de esa litis. De ahí que están satisfechos los requisitos de fundamento y motivación, por lo cual, el argumento deviene ineficaz.

"Es de invocar como aplicable la tesis que dice:(8)

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.-Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.’

"Así, debe anticiparse que la competencia para conocer del asunto de mérito es de naturaleza administrativa.

"Para evidenciar la certeza de la aseveración anterior, es necesario traer a colación las normas legales que regulan las relaciones entre las autoridades de orden público y los particulares o los prestadores de servicios, pues derivado de ello se llegará a la conclusión respectiva en torno al vínculo creado entre el Ayuntamiento tercero interesado y la empresa quejosa y de ello, lo acertado o no de la tramitación de la contienda en la vía ordinaria mercantil.

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"‘Artículo 115. ...

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"‘I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

"‘II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"‘Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdiccionales, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 7 de mayo de 2008)

"‘Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

(Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)

"‘Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

(Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)

"‘Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

(Reformado, D.O.F. 7 de mayo de 2008)

"‘El manejo de recursos económicos federales por parte de los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.’

"Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

(Reformado, P.O. 16 de mayo de 2001)

"‘Artículo 113. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento con la competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ellas emanen.’

(Reformado, P.O. 16 de mayo de 2001)

"‘Artículo 122. Los Ayuntamientos de los Municipios tienen las atribuciones que establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales aplicables.

"‘Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(Reformado, P.O. 1 de septiembre de 2003)

"‘Los Municipios ejercerán l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26077-0fc42fba/competencia-para-conocer-de-la-accion-de-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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