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Modo: Corpus Pro

DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA EN EL ESTADO DE JALISCO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO EMITE UNA OPINIÓN NEGATIVA DE PERMANENCIA EN EL CARGO DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR NO HABER APROBADO LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LA PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26699
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-10-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo II, Pág. 1607.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROGELIO CAMARENA CORTÉS, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ Y JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. DISIDENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. PONENTE: ROGELIO CAMARENA CORTÉS. SECRETARIOS: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO Y JOSÉ GUADALUPE CASTAÑEDA RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia legal. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en condiciones de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales de los asuntos que se denuncian como opositores:

I. Del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

1. **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra del director de Coordinación Jurídica y de Control interno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y otras autoridades, reclamando los resultados de los exámenes de evaluación de confianza, su resultado, así como la comunicación con el fin de iniciar procedimiento de separación de cargo en el cuerpo policial.

2. El Juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien por turno correspondió conocer de la citada demanda, la admitió a trámite, registrándola como amparo indirecto número **********; y, seguido el juicio en sus etapas procesales, el referido juzgador federal pronunció sentencia definitiva, en la que, por una parte, sobreseyó y, en otra, concedió el amparo solicitado, para los siguientes efectos:

"...a efecto de que la autoridad responsable, Comisión del Servicios Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, antes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de separación aprobado el quince de febrero de dos mil trece, y gire las órdenes correspondientes al Instructor que designe la Fiscalía General del Estado, para que deje sin efectos el inicio de procedimiento de separación, auto de avocamiento, audiencia de pruebas y alegatos, así como la resolución definitiva de catorce de noviembre de dos mil catorce, en procedimiento de separación **********, por los vicios de constitucionalidad que fueron señalados en el último considerando, únicamente en lo que corresponde a la quejosa **********; y, hecho esto, ordene a su vez al director del Centro de Evaluación y Control de Confianza emita la evaluación correspondiente, motivando cuáles fueron los exámenes que le fueron practicados y no aprobó y de resultar no apto, proceda a continuar el trámite de separación, con base en la normatividad aplicable, esto es, se acaten las formalidades del procedimiento".

3. Inconformes con esa última resolución, la quejosa ********** y el director general de Coordinación Jurídica y de Control Interno, con la representación legal del fiscal general del Estado de Jalisco, en su carácter de presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, interpusieron sendos recursos de revisión.

4. Por razón de turno, el conocimiento de dicho recurso correspondió al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en la materia de la revisión modificó la sentencia recurrida, decretando el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, bajo las siguientes consideraciones medulares:

- Estableció que los resultados de los exámenes de control de confianza, contenidos en los oficios reclamados, no les reviste la característica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues sólo constituyen una opinión del director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, respecto de una serie de exámenes practicados a un elemento de la institución de seguridad pública, cuyo objeto es cumplir con el requisito de permanencia en el desempeño del servicio de seguridad pública, pero sin traer aparejada separación del cargo.

- Que cuando la instancia correspondiente tiene conocimiento de que un elemento obtuvo un resultado de no aprobado en la evaluación de control de confianza, iniciará el procedimiento de separación en términos del artículo 130 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; y de ser el caso, el servidor imputado tendrá la oportunidad de controvertir la valoración.

- El tribunal revisor agregó que el procedimiento de separación no inicia con las evaluaciones de los informes de resultados que emita el Centro de Evaluación correspondiente, sino con el acuerdo de iniciación, sometido al estudio especial del coordinador general jurídico de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.

- Por tanto, los oficios reclamados emitidos por el director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, constituyen una mera comunicación de la autoridad competente para la instauración del procedimiento de separación de cargo, en el ejercicio de sus facultades técnicas, pero no varían la situación del servidor público afectado, al margen de que hayan servido como pruebas para la instauración del procedimiento y, por ende, la terminación de la relación administrativa; y para apoyar esa consideración, citó la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DEL DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y CONSULTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA."(2)

- Con base en esas premisas, estimó que en la especie se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, consistentes en diversos oficios de resultados de evaluación de confianza, suscritos por el director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

- Por otro lado, el propio Tribunal Colegiado de Circuito desestimó lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que con la emisión de dichos actos de evaluación se trastocaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reiterando que al referido director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, no le reviste el carácter de autoridad responsable, porque dicha evaluación sólo es una opinión técnica del organismo certificado, pero que no crea, modifica, ni extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular.

- También razonó, que la evaluación en sentido negativo no representa la desincorporación automática de la institución, sino una presunción de que el servidor público adolece de algún requisito de permanencia; y además, se trata de documentos que deben ser valorados por la instancia instructora correspondiente, para determinar si procede o no el inicio de procedimiento, amén de que dichos documentos admiten prueba en contrario, y pueden ser desvirtuados en la audiencia de pruebas y alegatos, según lo preceptuado por los artículos 131, 132 y 134 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

- Bajo esa tónica concluyó que, el hecho de que los exámenes de control de confianza no son actos de autoridad para efecto del amparo, sino una opinión técnica emitida por un órgano legalmente certificado, implica que los vicios que la quejosa le atribuye a dichos elementos de convicción, deben de ser analizados en el juicio de amparo indirecto, como parte de los conceptos de violación enderezados contra los actos de autoridad reclamados, consistentes en el auto inicial de procedimiento administrativo de separación y, en su caso, de la resolución final.

II. Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver los amparos en revisión **********, ********** y **********.

1. Con relación a los antecedentes derivados del amparo en revisión **********, se destaca que **********, promovió demanda de amparo indirecto, en contra del director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y otras autoridades, respecto del acto reclamado, consistente en los resultados de los exámenes de control y confianza de no aprobado.

2. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien correspondió conocer de la demanda, por acuerdo de dos de octubre de dos mil catorce la admitió a trámite, registrándola bajo expediente **********; seguido el juicio por sus etapas correspondientes, el dieciocho de diciembre siguiente, celebró tal audiencia y dictó la sentencia respectiva en el juicio de amparo, en donde sobreseyó en el juicio, por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, porque:

"... los actos reclamados por el quejoso se emitieron dentro de un procedimiento de separación, y no constituyen la "RESOLUCIÓN DEFINITIVA" ni, por ende, la consecuente separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de permanencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que trae como resultado la cesación de los efectos de su nombramiento. No se promueve por "PERSONA EXTRAÑA A LA CONTROVERSIA", sino por el propio denunciado; y, tampoco, como se verá, se evidencia que con la emisión de tales actos se cause un "PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN" al quejoso, que amerite su análisis inmediato.-Esto es, los actos reclamados por la parte quejosa, emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, en su contra, en el que, no se ha dictado la resolución definitiva que lo prive de algún derecho fundamental o sustantivo, ni los actos impugnados tienen por sí solos una ejecución que sea de imposible reparación, dada su naturaleza procesal preventiva, puesto que a la fecha, no se ha determinado la separación (CESE) del servicio del quejoso, por el incumplimiento de los requisitos de permanencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que traiga como consecuencia la cesación de los efectos de su nombramiento, sin responsabilidad para la institución, derivado precisamente de la instauración del procedimiento de separación **********..."

3. Inconforme con esa determinación, el quejoso, por escrito presentado el dos de enero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, interpuso en su contra recurso de revisión.

4. Así, por razón de turno, el conocimiento de dicho recurso correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en lo que interesa modificó la sentencia recurrida y, consecuentemente, otorgó la protección constitucional solicitada, apoyándose en las razones siguientes:

- En principio señaló que en la demanda de amparo se precisó como acto reclamado al director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, el siguiente:

"Los resultados de los exámenes de control de confianza, así como el resultado final en el que se me tuvo por no aprobado, ya que tanto el Centro Estatal de Control de Confianza, así como las personas que me practicaron los exámenes no están debida y legalmente certificados para realizar los exámenes y emitir los resultados".

- Precisó que dicha autoridad responsable en su informe justificado señaló, en lo que interesa:

"... se contesta diciendo que ES CIERTO la aplicación del proceso de evaluación y control de confianza al quejoso, sin embargo no es cierto que el Centro Estatal a mi cargo y su personal carezcan de la certificación, acreditación y atribuciones legales para realizar los procesos..."

- Con base en lo anterior, el propio Tribunal Colegiado de Circuito estimó contrario a derecho el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, porque los actos reprochados al director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, sí son actos que causan un perjuicio irreparable a la parte quejosa, por constituir determinaciones cuyo resultado trae como consecuencia que se inicie el procedimiento administrativo de separación, contra el servidor público evaluado.

- Que, además, la valoración desaprobatoria produce un agravio real y actual en la esfera de derechos del elemento de seguridad quejoso, ya que dicho acto preliminar posibilita la inminente iniciación del procedimiento correspondiente

- Así, luego de reproducir el contenido de los artículos 130 y 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, y 15 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, advirtió que de los elementos de convicción aportados en el juicio de amparo indirecto, se apreciaba que, una vez enterada la autoridad administrativa de la desacreditación del examen de control de confianza, levantó el acta administrativa correspondiente, remitiéndola a la Dirección Jurídica adscrita a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, quien a su vez, inició el procedimiento administrativo de separación de cargo.

- Así, consideró que los exámenes de control de confianza son medios y no fines, pero que también constituyen condiciones para acceder o ejercer determinados cargos, y como de lo anterior, citó la jurisprudencia P./J. 12/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor literal: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. SON MEDIOS Y NO FINES EN SÍ MISMOS, Y SU CONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL REQUISITO LEGAL QUE PRETENDEN MEDIR."

- Sobre tales premisas, resolvió que el juicio de amparo no sólo debe resultar procedente contra el acuerdo de inicio de procedimiento de separación de cargo, sino que también en contra de la aplicación de los exámenes y la emisión de los resultados obtenidos, puesto que producen una afectación irreparable al elemento operativo, vinculando a la autoridad que los realizó, ya que de emitirse una resolución de separación, aun cuando se puede impugnar posteriormente mediante los medios legales pertinentes, en el evento de obtener una sentencia favorable, "ésta no tendría el efecto de que se le restituyera en el cargo que viene desempeñando, pues tal restricción se encuentra prevista en el fracción XIII del apartado B) del artículo 123 de la Constitución General de la República, de ahí que, se considere como un acto que causa perjuicio irreparable, que encuadra en el supuesto de procedencia establecida en la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Ley de Amparo".

- Al respecto, dicho órgano colegiado consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

- En la materia de la presente contradicción de tesis, una vez levantado el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, el propio tribunal de control constitucional desestimó la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo (planteada por el director general del Centro de Evaluación y Control de Confianza); lo anterior, bajo la consideración de que la aplicación de los exámenes de evaluación y la remisión del oficio que contiene los resultados negativos "sí son actos de autoridad que le causan una afectación jurídica al quejoso, ya que constituyen una actuación cuyo resultado tiene como consecuencia que se instaure el procedimiento administrativo en contra del agente policial que fue objeto de la evaluación."

- En principio, porque del contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que por autoridad se debe entender aquella que "dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se reclama, por tanto, el juicio biinstancial es procedente en contra de aquellos entes que les reviste tales características".

- Luego, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido, qué debe entenderse por autoridad responsable, en la tesis P.XXVII/97, cuyo rubro se explica por sí solo: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO."

- Además, a propósito del tema tratado, puntualizó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, NOTAS DISTINTIVAS.", estableció las siguientes características:

1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;

2) Que su relación tenga nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana;

3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de derechos del particular; y,

4) Que para emitir esos actos no requieran acudir a los órganos judiciales ni precisar el consenso de la voluntad del afectado.

- Con base en lo expuesto, el Tribunal Colegiado resolvió que los actos atribuidos al director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, deben considerarse como actos de autoridad para efectos del amparo, "puesto que la conclusión de ‘no aprobado’, es una determinación unilateral que modifica la situación jurídica que afecta la esfera de derechos del elemento policial, debido a que con base en él, la autoridad instructora ordena la instauración del procedimiento administrativo en su contra, que es susceptible de concluir, como antes se explicó, con la separación del elemento policiaco".

Cabe destacar que como antecedentes de los diversos amparos en revisión ********** y **********, los quejosos ********** y **********, reclamaron respectivamente de la misma autoridad y por los mismos actos reclamados; en donde resultó que el propio Tribunal Colegiado de Circuito resolvió en los mismos términos, al considerar que el resultado desaprobatorio de los exámenes de evaluación emitidos por director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, sí son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que se trata de una determinación unilateral que modifica la situación jurídica que afecta la esfera de derechos del elemento policial.

III. Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

1. **********, mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, respecto del acto consistente en el proceso de evaluación del integrante de la Secretaría de Seguridad Pública para el Estado, en concreto, el "reporte final de folio ********** en que se emitió el resultado único de 'NO APROBADO' respecto de la práctica de evaluación de control para la permanencia en el área de seguridad del municipio"

2. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien por razón de turno le tocó conocer del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías, con lo que se originó el juicio de amparo indirecto **********.

3. Seguidos los trámites del asunto, una vez celebrada la audiencia constitucional correspondiente, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil quince, se ordenó remitir el presente asunto al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que en auxilio de aquél pronunciara la sentencia, registrándose en dicho Juzgado con el número **********, en el que dictó sentencia el veinte de febrero de dos mil quince, en la que se sobreseyó en el juicio, respecto de los actos reprochados al dirección general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, del Estado de Jalisco.

4. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que por razón de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en donde por un lado, se revocó el sobreseimiento decretado y, por otra parte, negó el amparo solicitado a "...**********, respecto del acto reclamado al director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco, consistente en el resultado de las evaluaciones de control de confianza, que concluyó con el resultado de las evaluaciones de control de confianza contenido en el ‘Reporte Final’ con folio número **********, como ‘NO APROBADO’, en términos del considerando ‘DÉCIMO’ del presente fallo".

Éstas fueron las razones en que se apoyó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito:

- Consideró que en el caso en estudio fue contrario a derecho el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, basado en la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo.

- En principio estimó que, conforme a lo sostenido por la parte quejosa, el resultado de los exámenes de evaluación de control de confianza para la permanencia en el área de seguridad, sí constituye un acto de autoridad.

- Para ampliar la perspectiva de su decisión, trajo a colación lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, así como la tesis derivada de la ejecutoria relativa (P.XXVII/97), de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO."(3)

- De lo anterior, destacó los puntos siguientes:

"a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, en cuyo supuesto actúa con la emisión de un acto unilateral, imperativo y coercitivo.

"b). Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dota al ente de una facultad administrativa irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad.

"c). Que con motivo de esa relación se emitan actos unilaterales a través de los cuales afecte la esfera jurídica del gobernado, sea porque cree, modifique o extinga una situación de derecho.

"d). Que para la emisión de esos actos, no requerirá de acudir a órganos judiciales y tampoco precisa de la voluntad del afectado".

- Adicionalmente consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."

- Luego, para decidir si se estaba o no en presencia de un acto de autoridad, destacó que era necesario establecer previamente, si la relación jurídica entre gobernado y el ente, se ubican en una situación de supra a subordinación, conformada por los requisitos siguientes:

"1). Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita, es decir, su existencia sólo depende de la voluntad de la autoridad.

"2). Imperativo. Supedita la voluntad de dicho particular, en tanto la voluntad de éste queda sometida a lo dispuesto por el ente, o sea, el acto se impone aún en contra de la voluntad del gobernado.

"3). Coercitivo. Puede constreñir o forzar al gobernado para hacer respetar la voluntad de la autoridad, esto es, si el acto no se acata en forma voluntaria se puede lograr su cumplimiento de manera coactiva a través del uso de la fuerza pública."

- Bajo esa tónica, advirtió que no cualquier acto proveniente de autoridad es susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, sino sólo aquel por el cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (ley) o concretas de efectos particulares (acto en estricto sentido), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características antes descritas.

- En ese contexto, puntualizó que era menester atender en cada caso la naturaleza del acto y su origen para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, citando como apoyo de lo anterior, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES."

- Así, luego de razonar el contenido de los numerales 1o., puntos 2o., 3o., 5o. y 12, punto 1o., 14 y 15 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con las particularidades del caso en estudio, resolvió que las evaluaciones de control de confianza tienen el carácter de obligatorias por tender a garantizar el servicio óptimo del Estado; y que de igual manera, se actualizaban los requisitos del tipo de relaciones de supra subordinación, por las razones siguientes:

• Unilateral: Porque la aplicación de los exámenes de evaluación es un requisito para ingresar o permanecer en el cargo; es decir, constituye una condición para su ejercicio y de esa manera deja de lado la voluntad del interesado en la función, puesto que su negativa de someterse a dichas evaluaciones tiene repercusiones relativas a no ingresar o permanecer en sus funciones.

• Imperativa: Pues para llevar a cabo la aplicación de esos exámenes se requiere de un actuar de la autoridad en función de lo previsto en una norma y, por ende, lo debe cumplir o actuar en determinado sentido en aras de imponer al gobernado su decisión, es decir, para ingresar a la función o permanecer en ella se deben acatar las disposiciones legales, sin la posibilidad de consensuar las condiciones de ingreso y permanencia.

• Coercitiva: Por estar en presencia de actos tendentes a que el servidor público cumpla con los estándares requeridos en la ley mediante los cuales se garantice la calidad del servicio al tenor de los principios descritos en la legislación.

De ahí, el propio órgano colegiado arribó a las siguientes conclusiones:

1. Que la relación del quejoso con la autoridad responsable se configura en un plano vertical o en calidad de supra a subordinación, dado la imposición, prevista en la ley, de las condiciones a las cuales se debe ajustar para ingresar o permanecer en la función, sin tener en consideración la voluntad del sustentante de los exámenes.

2. Que adverso a lo resuelto por el Juzgador Federal, las actividades relativas a aplicar, ponderar, emitir resultado y notificar el proceso de evaluación, tienen su origen en las disposiciones legales aplicables; y por ende, el acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo, razones suficientes "para considerar al director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco, como autoridad para efectos del juicio de amparo".

3. Que el proceder de dicha autoridad de evaluación no constituye una simple opinión técnico-jurídica, sino actos de evaluación cuyo resultado tiene repercusión directa al momento de calificar el ingreso o permanencia del sujeto en la función a cargo del Estado.

4. Que, además, el perjuicio trascendente de las evaluaciones se actualiza cuando éstas resultan negativas, ya que ello constituye el sustento para iniciar el procedimiento administrativo de separación, pues aun cuando esos exámenes y su resultado no generen por sí mismos la separación de sus funciones, al estar condicionado al inicio, trámite y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26699-f3d976e8/director-del-centro-estatal-de-evaluacion-y-control · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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