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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2013. · Registro digital (IUS): 25269
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-10-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, AHORA PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Pág. 1292.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, AHORA PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO. 24 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ Y JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ. PONENTE: JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ. SECRETARIA: MAURA SÁNCHEZ CERÓN.

Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito correspondiente al veinticuatro de junio de dos mil catorce.

VISTOS para resolver los autos del expediente 4/2013, relativo a la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por los entonces Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ahora Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por escrito presentado en la Secretaría de Acuerdos del extinto Pleno del Decimosexto Circuito el treinta de agosto de dos mil trece, ********** en su carácter de apoderado legal de la persona moral **********, (antes **********), denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativo 35/2013 y el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio circuito, al fallar el recurso de queja administrativo 30/2013, en el que fue parte la persona moral denunciante.

SEGUNDO. Trámite ante el Pleno del Decimosexto Circuito. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil trece, el Magistrado presidente del extinto Pleno del Decimosexto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 4/2013 y solicitó a los presidentes de los tribunales contendientes el envío a la cuenta de correo maura.sanchez.ceron@correo.cjf.gob.mx, la información electrónica relativa a las sentencias donde se plasmaron los criterios cuya contradicción se denuncia; asimismo, los requirió a efecto de que manifestaran si los criterios sustentados en cada uno de los asuntos mencionados, se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

Una vez que el presidente del referido Pleno del Decimosexto Circuito tuvo por satisfechos los requerimientos formulados, por auto de nueve de septiembre de dos mil trece, acordó turnar la presente contradicción de tesis al Magistrado Alberto Augusto de la Rosa Baraibar, para la redacción del proyecto de resolución correspondiente, quien una vez que lo elaboró en proveído de veintiséis del mes y año en cita, fue remitido a los Magistrados integrantes del citado Pleno del Decimosexto Circuito, así como a los no integrantes del mismo para los efectos a que aluden los artículos 17, fracción V, segundo párrafo, 39 y 41 del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Transcurridos los términos correspondientes, el asunto fue listado para verse en sesión de tres de diciembre de dos mil trece; sin embargo, llegada la fecha, el asunto no fue resuelto al existir imposibilidad jurídica y material para ello, en virtud de que los nuevos integrantes del Pleno del Decimosexto Circuito, a esa fecha no conocían este asunto; además, porque los Tribunales Colegiados de Circuito que los conformaban concluían funciones el trece de diciembre pasado, por lo que no podían transcurrir los términos previstos en los artículos 42 y 43 del Acuerdo General previamente invocado. Así, por auto de presidencia de tres de diciembre en mención se ordenó que el presente asunto quedara en la Secretaría de Acuerdos para su posterior remisión al Pleno especializado que correspondiera.

Consta en el acta entrega-recepción de seis de febrero de dos mil catorce, que el Magistrado Arturo Hernández Torres como presidente del Pleno del Decimosexto Circuito, entregó el presente asunto al Magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo, en su calidad de presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en cumplimiento al punto de Acuerdo C/9/2014-IV, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Trámite ante el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito ordenó turnar la contradicción de tesis 4/2013, al Magistrado José Gerardo Mendoza Gutiérrez para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

El proyecto de sentencia original fue listado el cinco de marzo de dos mil catorce, para sesión de veinticinco de marzo siguiente, en la cual la mayoría de los integrantes de este Pleno de Circuito determinaron aplazar el asunto hasta en tanto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la contradicción de tesis 4/2014, o en su caso, la diversa 58/2014, a fin de que este órgano colegiado emitiera el pronunciamiento correspondiente siguiendo las directrices de dicho tribunal.

En sesión de veintiséis de marzo de dos mil catorce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 4/2014; las jurisprudencias derivadas de ese asunto fueron aprobadas en sesión privada de nueve de abril del año en curso y publicadas junto con la sentencia respectiva el treinta de mayo pasado, en el Semanario Judicial de la Federación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa pertenecientes a este circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por la persona moral **********, (antes **********), por conducto de su apoderado legal **********, quejosa en el juicio de amparo indirecto 483/2013 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado y recurrente en el recurso de queja administrativo 30/2013 del conocimiento del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio circuito.

Además el carácter de apoderado legal de la persona moral en cita fue reconocido por el referido Juez de Distrito en proveído de veinticuatro de abril de dos mil trece, según el considerando segundo de la sentencia emitida en el recurso de queja administrativo 30/2013 materia de la presente controversia.

No escapa a la atención de este Pleno de Circuito especializado, que quien formula la denuncia no acompañó constancia alguna para justificar la personalidad con la que se ostenta en la presente contradicción, a lo que estaba obligada, en virtud de que el reconocimiento de aquélla en el juicio de amparo y posterior recurso de queja, se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste.

No obstante ello, no debe perderse de vista que el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer con carácter de jurisprudencia y aplicarse en casos futuros.

Así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de amparo como apoderado de la persona moral que fue quejosa en el amparo y posteriormente en el recurso de queja participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes.

Sobre el particular, por las razones que la orientan, sirve de apoyo la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 167546. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, materia laboral, tesis 2a. XXIX/2009, página 727)

TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes son las siguientes:

1. El entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativo 35/2013 el veintisiete de junio de dos mil trece, sostuvo en lo conducente, las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Es en esencia fundado el agravio de la inconforme, atendiendo a la causa de pedir, y suficiente para revocar el auto a través del cual, se desechó la demanda de amparo. Así es, de los argumentos sintetizados, se aprecia que la quejosa, ahora recurrente, pretende controvertir la determinación del Juez de Distrito al desechar su demanda, pues desde su óptica, ésta es procedente, es decir, que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo cual, como se adelantó, resulta fundado. Para demostrar ese aserto, debe apuntarse que la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se encuentra en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Conforme a dicha disposición legal, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, sólo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Respecto de tal disposición, es relevante precisar que, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, en esos casos, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de tal forma que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En caso contrario, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de que ésta opere, no debe ser desechada la demanda, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio, por tanto, debe admitirse a trámite el libelo constitucional a fin de estudiar debidamente lo planteado. Lo anterior, de conformidad con la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’. El criterio jurídico que informa la citada tesis cobra relevancia, pues, aunque derivó de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también lo es que su contenido, es similar al actual numeral 113 de ese mismo ordenamiento legal. Cabe destacar también que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto, no pueden realizarse estudios exhaustivos para justificar que una demanda de amparo debe desecharse, lo anterior, por no ser éste el momento idóneo para ello, en virtud de que el motivo de improcedencia no puede ser evidente, claro y fehaciente, si para razonar su actualización, se requirió de un análisis más profundo que, en todo caso, es propio de la sentencia definitiva. Esas consideraciones se encuentran en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, consultable en la página 47, Tomo XXI, mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’. En el caso concreto, debe decirse que no constituye causa manifiesta e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda de amparo, el solo hecho de que los actos reclamados se atribuyan a la Comisión Federal de Electricidad y que la relación de ésta con los usuarios del suministro de energía eléctrica, derive de un acuerdo de voluntades, como se ha sustentado en diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales, se estableció además, el criterio jurídico de que aquélla no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es así, porque como bien lo sostiene la recurrente, dichos criterios jurisprudenciales derivaron de la interpretación de los artículos de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en concreto, el numeral 11, el cual dice: ‘Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’. Conforme al numeral transcrito, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En tanto que, a partir del tres de abril de dos mil trece, entró en vigor la nueva Ley de Amparo, en la cual, por cuanto hace al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, la fracción II del artículo 5o., dice: ‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’. Como puede verse en la transcripción hecha, el legislador amplió el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al disponer que los particulares tendrán tal carácter, cuando: a) Realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción; y, b) Sus funciones estén determinadas por una norma general. Lo cual, pone de manifiesto que la causa de improcedencia que se estimó actualizada en el auto recurrido, no es manifiesta e indudable, puesto que la ponderación en torno a si los actos que realiza la Comisión Federal de Electricidad son equivalentes a los de una autoridad o bien, si sus funciones están o no determinadas por una norma general, requiere un análisis más profundo que, en todo caso, será propio de la sentencia definitiva, además de que, lo anterior no lo resuelven los diversos criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los actos de la Comisión Federal de Electricidad, porque como se dijo, ellos derivaron del anterior concepto establecido en la anterior Ley de Amparo; por ende, en el caso se requiere de un análisis más profundo, propio de una sentencia. Es así, pues como se dijo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, por regla general, en el auto inicial no puede realizarse tal estudio para justificar que una demanda de amparo debe desecharse, al no ser el momento idóneo para ello, dado que el motivo de improcedencia no puede ser evidente, claro y fehaciente, si su justificación precisa de un estudio que lo sustente y a lo largo de la secuela procesal dicha situación podría variar por los informes y pruebas rendidas por las partes, en torno a la naturaleza de los actos y el tipo de afectación que puede llegar a producir en la esfera jurídica del gobernado. En consecuencia, al no acreditarse de manera notoria e indudable la causa invocada en el auto recurrido, o alguna otra que de oficio se observe, lo procedente es revocar el auto desechatorio recurrido y ordenar que se provea respecto de la admisión de la demanda de amparo; lo que no obsta para que, si derivado del trámite del juicio se acredita alguna causa de improcedencia, el Juez decrete el sobreseimiento respectivo, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo."

2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativo 30/2013 el veintiocho de junio de dos mil trece, en lo conducente sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios propuestos son infundados. En el acuerdo recurrido se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por la persona moral quejosa en contra de la emisión de recibos de pago, determinación y cobro del concepto ‘demanda facturable’ o ‘cargo por demanda’ por consumo de energía eléctrica, así como la omisión de devolver cantidades pagadas por ese concepto; todos ellos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, considerando el resolutor de primer grado que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, dado que los actos materia de reclamo no reúnen las características de los actos de autoridad en contra de los cuales resulta procedente el juicio. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 318/2009, dio origen a las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, publicadas en las páginas 364 y 365, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en las cuales se apoyó el resolutor de primer grado, de rubros y textos, respectivamente: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, toda vez que: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. En ese sentido, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.’ y ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad.’. ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad.’(sic). De las transcritas jurisprudencias, que resultan obligatorias para este Tribunal Colegiado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se desprende el criterio del Alto Tribunal en el sentido de que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte, constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Esto es, el citado órgano colegiado consideró: 1. Que no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, el aviso recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad, aun cuando contenga una advertencia de corte del servicio de energía eléctrica, porque: a) El origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades, en la cual rige el derecho privado que regula la relación entre proveedor y particular; b) La relación jurídica existente es de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, c) El corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera una relación de supra a subordinación, ya que sólo implica la posibilidad de dejar de otorgar el servicio contratado en ejercicio del derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que implique un procedimiento de ejecución para obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos. 2. Que no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica que realiza la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que tratándose de las relaciones contractuales, el incumplimiento de alguna de ellas actualiza el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Para arribar a estas conclusiones, la Segunda Sala partió del estudio de algunos temas vinculados con el juicio de amparo, entre ellos, el concepto de ‘acto reclamado’, destacando que le consideró una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Enfatizó que son actos de autoridad solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25269-e699e905/comision-federal-de-electricidad-cuando-el-amparo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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