COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TERCERO DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO, SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Legitimación de quien promueve. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano que emitió uno de los criterios en posible contradicción.
TERCERO. Criterios materia de la contradicción. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el veintidós de noviembre de dos mil trece, el recurso de queja 207/2013 (foja 17 vuelta a 23 vuelta del expediente), sostuvo por unanimidad de votos, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"Como se adelantó, los referidos agravios son ineficaces.
"Este Tribunal Colegiado considera que sí resultan aplicables las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, en las que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para los efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, no obstante lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5o. de la nueva Ley de Amparo.
"Las citadas jurisprudencias se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, páginas 364 y 365, del rubro y texto siguientes:
"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe).
"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe).
"Según se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la determinación, cobro y corte del servicio de suministro de energía eléctrica, consideró:
"1) El origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular;
"2) La relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y,
"3) El corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que esto conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia.
"La referida Segunda Sala concluyó, que el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, así como el propio corte o suspensión, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Pues bien, en principio las recurrentes no exponen de manera razonada el porqué consideran que el proceder encaja perfectamente en el párrafo segundo de la fracción II, del artículo 5o. de la nueva Ley de Amparo, ni por qué ese ‘proceder’ resulta ser ‘palabra de rey’.
"Contrario a lo afirmado por la recurrente, no se trata de actos equivalentes a los de autoridad, porque conforme a lo sustentado por la referida Segunda Sala, el origen de la determinación, cobro y corte del servicio de suministro de energía eléctrica, es un acuerdo de voluntades entre el prestador del servicio y el usuario; la relación jurídica existente entre las partes, no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación) sino a una relación de coordinación; y el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado, en ejercicio del legítimo derecho de retención. Por tanto, en el párrafo segundo de la fracción II del citado artículo 5o., no se establece alguna noción en el sentido de que el corte de energía eléctrica, no deba estar definido en los términos que lo estimó la Segunda Sala en las referidas jurisprudencias, esto es, que dicha paraestatal al respecto no despliega un acto de imperio; jurisprudencias que tal vez contravendrían en caso de que hubiera emergido alguna disposición legal que obligara a considerar imperio en dicha relación. De ahí que, al resultar aplicable lo sustentado por la Segunda Sala, al discernir la naturaleza de la relación jurídica que emerge de un acuerdo de voluntades, donde ambas partes adquirieron derechos y obligaciones recíprocos, no se puede considerar a la paraestatal, como lo pretende la inconforme, con el carácter de un particular que emite un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo.
"Por consiguiente, con independencia de que la Comisión Federal de Electricidad tenga el monopolio del servicio de energía eléctrica, no se puede considerar un ‘típico acto de autoridad, multa exagerada sin mediar causa justa, ausencia de una debida notificación de la sanción’, emitido de manera unilateral, imperativo y coercitivo, ya que precisamente, los actos reclamados derivan de una relación contractual, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación de voluntades en ejercicio del legítimo derecho de retención.
"También es ineficaz el argumento en el que la recurrente aduce que ‘el acto que se reclama en la demanda de garantías de mi representada son los motivos que le dio luz al legislador para poder señalar como responsable a un particular, las cargas tan excesivas, las anomalías tan sucias, la desfachatez y cinismo de actuar, ya que la recurrente no explica por qué el acto reclamado, es el motivo que le dio ‘luz’ al legislador para señalar como responsable a un particular.
"Asimismo, es ineficaz el argumento sobre que al acudir la inconforme a una instancia jurisdiccional y entablar la litis con la citada comisión, la dejaría sin servicio eléctrico, y que por ello, el amparo es el juicio idóneo y efectivo; ya que contrario a lo afirmado por la recurrente, la circunstancia de que no se le suministre el servicio de energía eléctrica, no hace procedente el juicio de amparo, porque para que ello fuera así debe ser un acto de autoridad, y como se dijo, en este asunto se trata de una relación de coordinación originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquirieron derechos y obligaciones recíprocos.
"Pero además, la ahora recurrente cuenta con los medios de defensa que resulten idóneos para impugnar los actos celebrados entre particulares, pues al efecto se encuentra prevista la vía ordinaria mercantil, al tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
"Así ha sido ya delimitado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión número 1842/2012, en que dijo lo siguiente: (se transcribe).
"En consecuencia, aunque las citadas jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010 se emitieron durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, sí resultan aplicables al no oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, de conformidad con el artículo sexto transitorio.
"Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, por unanimidad de votos, las quejas 133/2013 y 178/2013, en sesiones de tres, y treinta y uno de octubre del año en curso, respectivamente."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el doce de julio de dos mil trece, el recurso de queja 46/2013 (fojas 91 a 92 vuelta del expediente), sostuvo por unanimidad de votos, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"En un agravio, la recurrente aduce que la causa de improcedencia invocada por la Juez de Distrito no se actualiza de manera manifiesta e indudable.
"El agravio sintetizado es esencialmente fundado y suficiente para revocar el auto recurrido, de conformidad con las siguientes consideraciones.
"En el acuerdo inicial recaído a la demanda de amparo, la Juez de Distrito consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que los actos reclamados no eran actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Actuación que resulta incorrecta, pues el Máximo Tribunal del País determinó que el acuerdo inicial de trámite de una demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en esa etapa del procedimiento no se cuenta con los elementos necesarios que permitan advertir, de manera manifiesta e indudable, la actualización de dicha causa de improcedencia.
"Consideración que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, de contenido siguiente:
"‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe)
"Así, al existir jurisprudencia aplicable al caso, la cual es obligatoria para la Juez del conocimiento conforme al artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, procede acordar favorablemente la admisión de la demanda de amparo, sin perjuicio de que la juzgadora advierta una causa de improcedencia diversa a la que es objeto de estudio de este recurso.
"Cabe señalar, que no es óbice a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 113/2010, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’, invocada en el acuerdo recurrido, pues en tal criterio jurisprudencial se hace el análisis del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y no conforme a la definición de autoridad contenida en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del año en curso, que es la que rige al juicio del que deriva este recurso."
III. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de junio de dos mil trece, el recurso de queja 64/2013 (foja 72 vuelta a 79 vuelta del expediente), sostuvo por unanimidad de votos, en lo que interesa, que:
"Atendiendo a la causa de pedir, dichos agravios son fundados y suficientes para revocar el acuerdo recurrido.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 69/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe)
"La quejosa manifiesta que, en el caso a estudio, la señalada como responsable sí tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5 de su ley.
"Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece que el Juez de Distrito cuenta con atribuciones para desechar una demanda de amparo cuando encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia.
"El precepto legal en comento, señala lo siguiente:
"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’
"Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002-PL, suscitada entre el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil dos, analizó el texto del artículo 145 de la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece y estableció que por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.
"Cabe señalar que si bien dicha ejecutoria interpretó el artículo 145 de la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que dicha definición resulta aplicable también para desentrañar el alcance del artículo 113 de la ley actualmente en vigor, pues ambos ordenamientos contemplan que para desechar la demanda de amparo debe existir motivo o causa ‘manifiesta e indudable de improcedencia’.
"Apoya lo anterior la tesis 2a. LXX/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 1217, que dice:
"‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA.’ (se transcribe)
"En estas condiciones, debe señalarse que la Jueza de Distrito desechó la demanda de amparo por considerar que se actualizaba de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o. y el 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no colmaban los extremos de dichos preceptos para justificar la procedencia del juicio de amparo en su contra, pues no se trataba de actos de autoridad.
"En ese sentido, se estima que en el caso no se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia invocada, porque para establecer si los actos reclamados son o no actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la Ley de Amparo cuya vigencia inició el tres de abril de dos mil trece, es menester que se analice su naturaleza, las disposiciones legales en que se funda para determinarlo, así como las constancias relativas a los actos que se estiman inconstitucionales, con la finalidad de determinar con certeza si efectivamente se trata o no de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Para sostener lo anterior, en necesario no perder de vista lo que establece el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor:
"‘Artículo 5o.’ (se transcribe)
"Como puede verse de la anterior transcripción, para efectos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, tiene carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siendo que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
"Siguiendo esa línea de pensamiento, se considera que la causa de improcedencia invocada, no es una cuestión que se pueda advertir a priori, ya que para ello es necesario analizar los actos reclamados, a la luz de lo expuesto por las partes y de las pruebas que éstas ofrezcan en la audiencia constitucional, a efecto de verificar si en términos de la Ley de Amparo en vigor, la Comisión Federal de Electricidad puede o no tener el carácter de autoridad responsable.
"De conformidad con lo expuesto, se concluye que para analizar la actualización del motivo de improcedencia invocado, es necesario un estudio más profundo de los actos reclamados en la instancia constitucional, por lo que si la peculiaridad del auto por el que se admite la demanda es de mero trámite, es decir, es un proveído en el que no pueden realizarse consideraciones exhaustivas por no ser propios de este tipo de acuerdos; ello trae como consecuencia que en este momento no se actualice de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia aducida por el Juzgado de Distrito.
"Sin que pase inadvertido que respecto del tema en estudio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3 y Tomo XXXII, agosto de 2010, fojas 1457, 364 y 365, respectivamente, estableció, en términos generales, que los actos derivados de la verificación al medidor del consumidor, las órdenes de verificación, cobro o corte del suministro de energía eléctrica y su ejecución y el aviso recibo por concepto de dicho suministro expedido por la Comisión Federal de Electricidad derivan de una relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, a la que no le corresponde el carácter de autoridad, al no existir una relación con el gobernado de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación entre éstos, la cual se originó con un acuerdo de voluntades, donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, siendo que los actos antes mencionados no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino del contrato de suministro de energía eléctrica.
"Sin embargo, el análisis que emprendió el Alto Tribunal de la relación existente en esos casos no derivó de la interpretación de los preceptos de la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, siendo que ahora también tienen el carácter de autoridad algunos particulares, por lo que éste no es el momento procesal oportuno para realizar el análisis respectivo.
"En ese aspecto, se desprende que ese estudio merece un análisis más acucioso, lo que no es dable en un auto inicial de trámite en el juicio de amparo.
"Al respecto, en lo conducente, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, materia común, página 929, de rubro y texto siguientes:
"‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe)
"En esa tesitura, ante lo fundado del agravio del recurrente, se impone revocar el acuerdo recurrido y ordenar, en caso de no existir diverso motivo improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, se admita a trámite la demanda de amparo."
IV. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de junio de dos mil trece, el recurso de queja 52/2013 (fojas 111 a 116 vuelta del expediente), sostuvo por mayoría de votos, en esencia, lo siguiente:
"QUINTO. Es esencialmente fundado el agravio que formula el recurrente, el que se estudia atento a la causa de pedir, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe)
"Lo anterior en base a las siguientes consideraciones:
"En primer lugar, es conveniente señalar que para que el Juez deseche de plano una demanda de garantías debe advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para lo cual, deberá sujetarse al artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone:
"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’
"De lo previsto en el artículo transcrito en líneas anteriores, se evidencia por una parte, que el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda de garantías y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, y, por otra que precisamente la causa de improcedencia que impida admitir la demanda de amparo debe desprenderse del contenido de este escrito, entendiendo en sentido amplio, esto es, del escrito de demanda, en su caso aclaratorio y sus respectivos anexos, únicos elementos con los que cuenta el Juez de Distrito al momento de decidir si admite o no la demanda.
"Precisado lo anterior, es menester definir qué se entiende por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para lo cual se toma en consideración la tesis aislada 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribe)
"De cuya lectura se desprende que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia.
"Cabe señalar que no puede estimarse que deba desecharse de plano una demanda de amparo si para ello se requiere un examen profundo y acucioso, pues de ser así ya no podría considerarse como un motivo absolutamente manifiesto para no conocer del juicio. Esto es, cuando la causa de improcedencia requiere de examen o análisis a fin de verificar si en la especie hay una adecuación a ella o no, ya no es notoria y manifiesta su existencia y, por ende, la demanda no podrá desecharse con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues de hacerlo así, se llegaría al extremo de limitar el ejercicio de la acción constitucional a los gobernados que estimen violadas sus garantías individuales, lo que evidentemente iría en contra de la finalidad que persigue el juicio de garantías, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, consistente en restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y tratándose de actos negativos o que impliquen una omisión, obligar a la autoridad responsable a que se obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija.
"En el caso la parte quejosa reclamó la ‘...determinación, facturación u cobro, emitidos en contra de la quejosa, en una forma indebidamente fundada y en ausencia total de motivación, dentro del aviso-recibo con número de servicio 147 040 604 821, por medio del cual, se me factura el servicio público de energía eléctrica y otros cargos, entre los que se combate en este juicio constitucional, exclusivamente el concepto denominado como «Demanda Facturable», que en dicho recibo se determina y cuantifica en la cantidad de $**********, más el impuesto al valor agregado. b) Se reclama de la misma manera, el apercibimiento de corte del servicio, que de manera implícita se contienen en el aviso-recibo que en este acto se impugna. c) Se reclama, igualmente, la recepción del pago de la cantidad señalada en la parte final del inciso a) anterior, por concepto de «Demanda Facturable», incluida dentro del pago total de la cantidad de $*********, efectuado por mi representada el día 11 de abril de 2013, a través del pago realizado en la sucursal DF, Vallejo-Norte 45 de BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero, mediante referencia CIE **********, manifestando que dicho pago se efectuó sin consentir de forma alguna el contenido de los cargos reclamados, sino más bien, a efecto de evitar las consecuencias de la falta de pago de dicho recibo y evitar la suspensión o corte del servicio, en base a la necesidad que mi representada tiene del citado servicio de energía eléctrica para el desempeño de sus actividades cotidianas. d) Se reclaman las consecuencias (pago) y la ejecución de los actos contenidos en el aviso-recibo antes señalado’; aviso-recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad.
"Acto respecto del cual en el auto recurrido, el secretario autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en ausencia temporal del titular, determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues el aviso-recibo reclamado en que se determinó el cobro del suministro de energía eléctrica, es consecuencia del contrato de suministro que en su caso la quejosa celebró con la Comisión Federal de Electricidad; por lo que la relación jurídica existente entre las partes no correspondía a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio.
"Precisado lo anterior, debe decirse que en el auto señalado el secretario en funciones de Juez de Distrito no estaba en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado derivó del desempeño de las atribuciones encomendadas a la Comisión Federal de Electricidad como particular suscriptor del contrato de suministro que hubiese celebrado con la sociedad quejosa; máxime si como lo menciona el ahora recurrente, la demanda de amparo se rige por la actual Ley de Amparo que en su artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, dispone que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable y, ‘para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general’; ni si dicho acto deriva de un acto de un particular con calidad de autoridad en ejercicio de sus funciones determinadas por una norma general, y por ende, si modificó, creó, extinguió alguna situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, afectando a la promovente del amparo como gobernada; ya que en esa etapa del procedimiento no constan elementos suficientes para pronunciarse en tal sentido, pues para ello debe analizar el acto reclamado de manera completa a la luz de la reforma constitucional y no parcialmente como lo hizo.
"Sin que sea óbice la cita de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010 y de las consideraciones de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 318/2009, origen de las anteriores, en las que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el aviso recibo por concepto de suministro de en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25052-81eb5732/comision-federal-de-electricidad-el-aviso-recibo-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLL (PC.XVI.A. J/4 K (10a.))
- AVISO RECIBO QUE CONTIENE LA ORDEN O APERCIBIMIENTO DE CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL COBRO POR ESE SERVICIO. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMAN AMBOS ACTOS, AQUÉL DE (VII.1o.A. J/6 (10a.))
- AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN DE SI ES UN ACTO DE AUTORIDAD ES PROPIA DE LA SENTENCIA Y, POR TANTO, LA APRECIACIÓN DEL JUEZ DE DIS (243 (H))
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