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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO QUE EXPIDE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 209/2011. · Registro digital (IUS): 23281
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Pág. 3169.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO QUE EXPIDE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 209/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, es decir, uno de los Tribunales Colegiados implicados en este asunto.

TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que los denunciantes estiman divergentes.

Así, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al fallar el ********** el amparo directo número ********** sostuvo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"Quinto. Cuestión previa. Para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar los antecedentes del acto que por esta vía se reclama, mismos que se advierten de las constancias relativas al juicio de origen, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. del último ordenamiento legal en cita, siendo éstos los siguientes: a. Mediante aviso-recibo relativo al servicio **********, con número de medidor **********, impreso el **********, la Comisión Federal de Electricidad hizo del conocimiento del hoy quejoso en su carácter de usuario, que a más tardar el **********, debía pagar por concepto de consumo de energía eléctrica relativa al periodo del **********, la cantidad de ********** (**********.) (foja 17 del expediente relativo al juicio de origen). b. Inconforme con el aviso-recibo precisado en el inciso que antecede, el hoy quejoso interpuso reclamación (foja 14 del expediente relativo al juicio de origen). c. Mediante oficio ********** de **********, el superintendente de la zona de distribución ********** dependiente de la ********** **********, resolvió la reclamación a que se refiere el inciso que antecede, concluyendo que la facturación es procedente en su pago al estar considerados los kilo watts consumidos pero no cobrados en el bimestre ********** (fojas 14 a 16 del expediente relativo al juicio de origen). d. El usuario al considerar que la resolución precisada en el punto que antecede lesionaba sus derechos, promovió juicio contencioso administrativo, por el que demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, de ********** (fojas 14 a 16 del expediente relativo al juicio de origen). e. Por auto de **********, el Magistrado instructor de la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, admitió a trámite el juicio contencioso administrativo promovido por el hoy quejoso (fojas 18 y 19 del expediente relativo al juicio de origen). f. Con fundamento en la segunda parte del primer párrafo del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los Magistrados integrantes de la mencionada Sala, por mayoría de votos, mediante resolución de **********, determinaron sobreseer el juicio contencioso administrativo promovido por el hoy quejoso, medularmente al considerar que dicho juicio es improcedente porque un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es competente para conocer de los actos impugnados, al no actualizarse ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 14 de la ley orgánica del citado tribunal, entre ellas, la establecida en la fracción XI del mencionado precepto (fojas 147 a 158 del expediente relativo al juicio de origen). Resolución que constituye el acto que por esta vía se reclama. Sexto. Estudio de fondo. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada por el peticionario de garantías, con fundamento en lo dispuesto por la segunda parte del artículo 79 de la Ley de Amparo, se examinan en su conjunto y por temas los conceptos de violación expresados. Violación al principio de congruencia. ... Por cuanto a lo sostenido por el peticionario de garantías en el sentido de que el recurso de revisión a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es optativo y que por ello en nada incide la naturaleza que se le haya atribuido al aviso-recibo, resulta infundado, por las consideraciones que se establecerán más adelante. Competencia. Por otra parte, el peticionario de garantías aduce que contrario a lo sostenido por la Sala responsable, en la especie, se actualiza la hipótesis de competencia prevista por la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en primer término, porque la Comisión Federal de Electricidad al resolver el recurso de reclamación que ante ella se interpuso en contra del oficio **********, actuó como autoridad ejerciendo sus facultades de decisión establecidas en el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y en segundo término, porque la resolución contenida en el oficio **********, puso fin al procedimiento administrativo de verificación, tan es así, que el recurso de reclamación que interpuso en contra del aviso-recibo, que dio origen a la resolución cuya nulidad demandó, lo hizo valer conforme a lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y acorde a lo establecido por las disposiciones vigésima y trigésimo novena del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de Energía Destinada al Servicio Público; que no obsta a lo anterior, el hecho de que en contra de la resolución que se pronunció en el recurso de reclamación, no se haya interpuesto el recurso de revisión, previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado que su interposición es optativa y por eso, contra la misma promovió el juicio contencioso administrativo. Es infundado el motivo de disenso que se analiza, porque el superintendente de la zona de distribución de ********** dependiente de la **********, **********, no tiene el carácter de autoridad administrativa para los efectos del juicio contencioso administrativo; por lo que en tal virtud, no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En efecto, dicho precepto en su fracción XI, establece: ‘Artículo 14. ... XI. ...’ (se transcribió). De lo transcrito se advierte que para surta (sic) la hipótesis de competencia que se enuncia en la precitada fracción, se requiere la concurrencia de dos requisitos: a. Que la resolución contra la que se promueva el juicio contencioso administrativo, haya sido emitida por una autoridad administrativa, y b. Que a través de la misma se haya puesto fin a un procedimiento administrativo en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, a fin de dilucidar las cuestión (sic) jurídica a que este apartado se refiere, se impone traer a contexto, la obra Introducción al Estudio del Derecho Administrativo Mexicano, del autor Emilio Margáin Manautou, quien establece que la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, está divida (sic) en tres partes: a. La introductoria, con disposiciones específicas y generales; b. La relativa a la administración activa o directa; y, c. La relativa a la administración autárquica o delegada. Que la parte introductoria reconoce que el Poder Ejecutivo tiene dos brazos o administraciones: 1. La activa o directa, que denomina administración centralizada, integrada por el presidente de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y, 2. La autárquica o delegada, que denomina administración paraestatal, integrada por organismos descentralizados; empresas de participación estatal; instituciones nacionales de crédito; organizaciones auxiliares nacionales de crédito; instituciones nacionales de seguros y fianzas; y fideicomisos. Precisa además, que no todo el personal administrativo es una autoridad, pues sólo lo es aquel autorizado por la ley, el reglamento o el decreto, para emitir el acto y exigir su cumplimiento. Por su parte, la Segunda Sala de la Sala (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a las tesis ********** y **********, en su parte conducente precisó: (se transcribió). Asimismo, el último fragmento del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: ‘Artículo 27.’(se transcribió). Finalmente, los artículos 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o., fracciones I y VII, 25 y 34 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, prevén: ‘Artículo 1o.‘ (se transcribió). ‘Artículo 4o.’ (se transcribió). ‘Artículo 5o.’ (se transcribió). ‘Artículo 7o.’ (se transcribió). ‘Artículo 8o.’ (se transcribió). ‘Artículo 9o. ... I. ... VII. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 25.’ (se transcribió). ‘Artículo 34.’ (se transcribió). De lo expuesto por el autor Emilio Margáin Manautou, así como de los preceptos constitucional y legales transcritos, y del fragmento de la ejecutoria que dio origen a las tesis aisladas publicadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que corresponde exclusivamente al Estado prestar el servicio público de energía eléctrica, servicio que presta a través de la Comisión Federal de Electricidad, quien a su vez celebra con las personas físicas, con los gobiernos estatales, municipales y entidades públicas y privadas, contratos de suministro de energía eléctrica; por lo que en tal virtud, las consecuencias que al efecto se generan con motivo de la interpretación, cumplimiento o incumplimiento e inclusive la aplicación de cláusulas contractuales contenidas en el mencionado contrato, son de coordinación y no de supra a subordinación, tan es así, que el último de los preceptos legales transcritos establece que la falta de pago después de ********** a la fecha de suspensión del servicio de energía eléctrica por falta de pago, produce la rescisión del referido contrato y no así, el ejercicio de una potestad administrativa establecida por la ley que otorgue al citado órgano descentralizado actualizar una relación de supra a subordinación frente al particular. Además, el hecho de que el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica faculte a la Comisión Federal de Electricidad para que suspenda el servicio de energía eléctrica, ello no implica que por tal virtud, se dé una relación de supra a subordinación, dado que tal actuar de la comisión precisamente será como consecuencia del incumplimiento de algunas de las obligaciones a que se refiere el mencionado precepto por parte del usuario, a saber; la falta de pago oportuno de la energía eléctrica; el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato de suministro; cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato de suministro o cuando se haya conectado el servicio sin la autorización del suministrador; por lo que en tal virtud, la suspensión del servicio de energía eléctrica no constituye el uso de una facultad potestativa por parte del organismo público descentralizado, sino una consecuencia que se produce con motivo del incumplimiento por parte del usuario a sus obligaciones adquiridas como beneficiario del servicio de energía eléctrica. Consecuentemente, si bien el hoy quejoso al estar inconforme con la estimación contenida en el aviso-recibo impreso el **********, presentó su reclamación al suministrador del domicilio en donde se le otorga el suministro de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto por la vigésima y trigésimo novena disposición general (sic) del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica Destinada al Servicio Público, y que a dicha reclamación le recayó la resolución contenida en el oficio ********** de **********, a través de la que el superintendente de la zona de distribución ********** dependiente de la Comisión Federal de Electricidad División **********, estableció que la facturación motivo de la reclamación es procedente en su pago al estar considerados los kilo watts consumidos pero no cobrados en el bimestre **********; sin embargo, tal determinación no coloca la relación derivada del contrato de suministro de energía eléctrica a un trato de supra a subordinación, ya que la citada resolución, sólo confirmó el monto que se le está cobrando al hoy quejoso a través del aviso-recibo por concepto de suministro de energía eléctrica derivado del contrato de suministro, pero no así, el superintendente está ejerciendo una atribución de tal magnitud que actualice una relación de gobernante y gobernado; por lo que en tal virtud, el superintendente no es autoridad administrativa para los efectos del juicio contencioso administrativo. En efecto, el 42 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, establece: ‘Artículo 42.’ (se transcribió). Asimismo, las disposiciones generales vigésima y trigésimo novena del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica destinada al Servicio Público, precisan: ‘Vigésima.’ (se transcribió). ‘Trigésimo novena’ (se transcribió). De la interpretación armónica y sistemática del precepto y disposiciones generales transcritas, se advierte que la reclamación presentada en la unidad, oficina o módulo administrativo del suministrador, tiene por efecto el que se ajusten las estimaciones contenidas en un aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a fin de dar cumplimiento al contrato de suministro de energía eléctrica; esto es, el que las estimaciones contenidas en el mencionado aviso-recibo sean reconsideradas por el prestador del servicio, lo que desde luego pone de manifiesto que a través de la resolución que al efecto se emita con motivo de la reclamación presentada por el usuario frente al suministrador, no se está ejerciendo por parte de quien resuelve una atribución que modifique la relación de coordinación derivada del contrato de suministro en una relación de supra a subordinación, dado que en su caso la consecuencia que produce tal resolución sólo será el de (sic) confirmar el monto precisado en el aviso-recibo por virtud del cual se le hace del conocimiento al usuario la suma que debe pagar por el servicio de energía eléctrica que se le proporciona, pero no así implica el ejercicio de alguna facultad potestativa del organismo público descentralizado frente al usuario. A parte (sic), el artículo 42 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sólo establece qué recurso procede para el caso de que en el plazo de diez días, siguientes a la presentación de la reclamación el suministrador no haya contestado tal reclamación y ante quién se debe interponer, sin atribuir a través de su contenido una potestad que tienda a modificar la relación de coordinación por una de supra a subordinación, además, contrario a lo sostenido por el quejoso no interpuso recurso de reclamación ante la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; por lo que en tal virtud, no se da el primero de los requisitos a que se refiere la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por ende, no se surte la hipótesis de competencia que establece dicho precepto y su fracción; por lo que resulta ocioso analizar lo conducente con respecto al segundo requisito a que se contrae la mencionada fracción, ya que al no actualizarse el primer supuesto no se podrá ni siquiera razonar sobre el segundo. Cabe señalar que no es óbice a lo anterior, el hecho de que, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 1o., de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las disposiciones de dicha ley también le son aplicables a la Comisión Federal de Electricidad, por ser un organismo descentralizado de la administración pública federal paraestatal, por cuyo conducto el Estado presta de manera exclusiva el servicio de suministro de energía eléctrica y por celebrar contratos con los particulares que sólo estos pueden celebrar con el mencionado organismo descentralizado, ya que en primer término, tal disposición por sí misma, no le confiere al superintendente el carácter de autoridad; además, de la interpretación sistemática del mencionado precepto con el segundo párrafo del artículo 83 del citado ordenamiento federal, y con el artículo 14, fracciones VII y XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que para que un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sea competente para conocer de actos que involucren los servicios que el estado presta de manera exclusiva a través de los organismos descentralizados federales y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos (hipótesis prevista por la fracción VII del mencionado artículo 14), primero se deben combatir los actos que se estimen violatorios, a través del recurso de revisión previsto por el segundo precepto legal en cita ante su superior jerárquico (para así estar en el supuesto a que se refiere la fracción XII del anunciado artículo 14), y contra su resolución, promover el juicio contencioso administrativo; por lo que es inconcuso que de no interponerse previamente al juicio contencioso administrativo el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se actualiza la hipótesis de competencia a que se refiere la fracción XII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el supuesto previsto por la fracción VII del mencionado artículo 14. De ahí que la interposición del citado recurso en la especie no sea optativa previa a la tramitación del juicio contencioso administrativo ante el tribunal federal de mérito, ya que de acudir directamente al juicio contencioso administrativo combatiendo actos que involucren los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de los organismos descentralizados federales y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, sin agotarse el recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no surtiría la hipótesis a que se refiere la precisada fracción del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sustenta a la anterior determinación, la tesis: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL QUE SEA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXPEDIDO POR AQUÉLLA, NO SIGNIFICA QUE LOS JUSTICIABLES CAREZCAN DE MECANISMOS EFECTIVOS PARA IMPUGNAR POSIBLES VICIOS DE LEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE ESE TIPO DE ACTOS.’ (se transcribió). Además, el recurso de reclamación previsto por las disposiciones generales vigésima y trigésimo novena del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica Destinada al Servicio Público, no produce el mismo alcance que el recurso de revisión a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque como se precisó con antelación, la interposición del recurso de revisión en comento, tiene por efecto el que el superior jerárquico de la Comisión Federal de Electricidad, analice actos que involucren los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través del citado organismo descentralizado y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con éste, y que contra la resolución que recaiga a dicho recurso se actualice la hipótesis de competencia a que se refiere la fracción XII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que no produce el recurso de reclamación previsto por las enunciadas disposiciones generales, el cual sólo tiene por efecto el que se ajusten las estimaciones contenidas en un aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a fin de dar cumplimiento al contrato de suministro de energía eléctrica; esto es, el que las estimaciones contenidas en el mencionado aviso-recibo sean reconsideradas por el prestador del servicio, pero no así los efectos que produce el recurso de revisión en comento. Violación al artículo 79 de la Ley Federal del Procedimiento Contenciosos Administrativo (sic). ... En consecuencia, al resultar ineficaces los motivos de disenso expresados, procede negar la protección constitucional al quejoso ..."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver, por mayoría de votos, los amparos directos números **********, **********, **********, ********** y **********; los **********, **********, **********, **********, sostuvo consideraciones similares, razón por la cual sólo se transcriben, en lo conducente, las correspondientes al primero, es decir, al amparo directo número **********, a precisar:

"SEXTO. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son sustancialmente fundados suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo y suficientes para conceder el amparo solicitado, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo dejó sin defensa. ... Como se adelantó, las manifestaciones anteriores suplidas en su deficiencia en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, resultan sustancialmente fundadas y suficientes para conceder el amparo, por las consideraciones siguientes: En la sentencia reclamada, la Sala responsable sostuvo, en síntesis, que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo de origen lo constituía la resolución emitida en el recurso de reclamación interpuesto contra el oficio número **********, de **********, mediante el cual el **********, **********, Chiapas, al resolver el recurso de reclamación interpuesto confirmó el cobro de la cantidad a que se refiere el aviso recibo reclamado (**********), por el periodo comprendido del **********. Con esta base, interpretó lo dispuesto en el artículo 14, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para concluir que las determinaciones que decidan un recurso administrativo sólo pueden ser objeto del juicio de nulidad si el acto recurrido es de los mismos a que se refieren las demás fracciones de dicho dispositivo, por tanto, en opinión de la autoridad responsable, si bien la resolución impugnada fue dictada en un recurso administrativo (reclamación), también lo era que dicho recurso no se había interpuesto contra alguna de las resoluciones citadas en las restantes fracciones del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que no se cumplió la condición que torna atacable en el juicio de nulidad lo decidido en el recurso de reclamación. Así, de la sentencia de nulidad reclamada se advierte que la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa formalmente consideró que el acto impugnado fue la resolución que recayó al recurso de reclamación promovido contra el aviso recibo por consumo de energía eléctrica; sin embargo, lo analizó bajo la misma óptica y parámetros aplicables a este último acto. En efecto, aun cuando la autoridad responsable destacó que el acto cuya nulidad se demandó lo era la determinación que resolvió el recurso de reclamación promovido contra el aviso recibo por consumo de energía eléctrica; lo cierto es que el análisis de la competencia para conocer del asunto lo efectuó bajo la base de que el acto origen de la reclamación era precisamente el aviso recibo al que nos hemos referido, y fue a partir de la naturaleza de éste que la Sala Fiscal afirmó que carecía de competencia material para conocer de la resolución impugnada, aduciendo que el acto recurrido en la sede administrativa con el cual se relacionaba el acto cuya nulidad se demandó, es decir, el aviso recibo controvertido en la reclamación, no se ubicaba en ninguna de las hipótesis previstas en el aludido numeral 14, dado que no era un acto de autoridad según lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, de rubros: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ y ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’. Lo anterior evidencia que, como lo adujo el quejoso, la Sala responsable no atendió que en el asunto sometido a su potestad se impugnó la resolución que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el hoy peticionario y no propiamente el aviso recibo expedido por consumo de energía eléctrica y que por ello, no eran aplicables los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinan la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los mencionados avisos recibos. Ello porque, como se dijo, la Sala Fiscal sustentó su determinación en la naturaleza del acto consistente en el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica expedido por (sic) Comisión Federal de Electricidad, partiendo de lo determinado en las jurisprudencias ********** y ********** respecto a que dicho aviso recibo no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que, no se encontraba contenido, como resolución, dentro de los demás supuestos que contemplan las fracciones del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, de la I a la XV, con excepción de la XII, razón por la que, a su criterio, la resolución que recayó a la reclamación promovida contra aquél, tampoco era impugnable a través del juicio de nulidad. Sin embargo, como lo argumenta el garante, lo resuelto por la autoridad responsable al pretender circunscribir la procedencia del juicio de nulidad contra las resoluciones derivadas de recursos a que éstos se promuevan contra un acto de autoridad, resulta ilegal. Lo anterior es así, pues en principio, como bien alega el quejoso, la cuestión dirimida en dichas jurisprudencias se circunscribe únicamente a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el aviso recibo, por lo que no puede aplicarse la misma regla para la procedencia del juicio contencioso administrativo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya haya definido que dicho recibo no es un acto de autoridad. En efecto, con relación al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que a pesar de que el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad no se trata de un acto de autoridad, es impugnable y paralizable a través del recurso de revisión ante el superior jerárquico del emisor de dicha actuación y, que frente a la resolución que recaiga a dicho recurso, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que también hace posible la suspensión de los efectos de aquélla; en cuyo caso, la sentencia que resuelva dicho procedimiento contencioso administrativo es combatible a través del juicio de amparo directo; de suerte que el hecho de que sea improcedente el juicio de amparo indirecto frente al aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no conduce a determinar que los justiciables carezcan de mecanismos efectivos para impugnar posibles vicios de legalidad o inconstitucionalidad de ese tipo de actuaciones, en defensa de sus derechos fundamentales. La señalada Segunda Sala, al resolver

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23281-e4fd0fcd/comision-federal-de-electricidad-el-aviso-recibo-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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