COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO. 18 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; JAVIER LAYNEZ POTISEK MANIFESTÓ QUE HARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. A continuación, se destacan las consideraciones más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias.
I. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 461/2016, consideró lo siguiente:
"Con la finalidad de controvertir lo anterior, la parte quejosa alega, en su único concepto de violación, que la resolución reclamada violenta los artículos 1o., 14, 16, 17 de la Constitución, el principio pro homine y pro personae establecidos en los numerales 8o. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8o. y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los artículos 1o., 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que coarta sus derechos de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia.
"Agrega que previo a la emisión del acuerdo de improcedencia de la demanda de nulidad, la Sala responsable tenía la obligación ineludible de analizarla de manera integral, a efecto de percatarse que se impugnan figuras jurídicas propias de la materia administrativa que deben ser resueltas al analizar el fondo del asunto, es decir, si bien al momento de emitir la resolución impugnada, se apoyó en los artículos 1o. y 2o. de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la Comisión Federal de Electricidad es propiedad exclusiva del Gobierno Federal, por tanto, es autoridad para efectos administrativos, ya que la sanción, a través de un recibo de pago, siguió sus etapas administrativas con carente fundamentación y motivación de constancias y órdenes de verificación, así como con falta de la debida circunstanciación y pormenorización de los datos que debe tener todo acto de autoridad, y que fueron impugnadas al momento de presentar la demanda de nulidad.
"Manifiesta que lo anterior es congruente con el derecho a la tutela judicial o acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución, y con lo sostenido por el Máximo Tribunal del País, que ha sustentado el cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución, que exige la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro personae, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos, lo que implica acudir a la norma jurídica (vía) que consagra el derecho más extenso.
"De igual forma, señala que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad están relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica, los cuales son de orden público, debido a que el Estado presta en exclusiva ese servicio a través del organismo descentralizado aludido; por tanto, contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1o. y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al emitirse por un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su ley orgánica.
"La promovente refiere que el argumento emitido por la Sala responsable es ilegal, ya que el acto de autoridad que causa perjuicio es la sanción impuesta mediante un recibo de pago cuya existencia jurídica deviene de una serie de procedimientos administrativos llevados a cabo por la Comisión Federal de Electricidad, en cuyos actos fueron aplicados procedimientos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y no como lo consideró la Sala en cuanto a la vía ordinaria mercantil, debido a que la parte actora no tiene como objeto recuperar cantidad pagada alguna por la prestación pactada, sino que pretende anular la sanción impuesta que atenta contra su esfera jurídica y patrimonial, lo cual se cuestiona en el juicio de nulidad.
"Aduce que la sanción impuesta por la Comisión Federal de Electricidad a través del recibo de pago, es un acto administrativo, lo cual se reconoce en el primer párrafo de la foja 7 de la resolución reclamada, en el sentido de que el auto en controversia encontró sustento en las leyes y disposiciones legales vigentes al momento de la emisión del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil quince; de ahí que se deje en un total estado de indefensión e inseguridad jurídica.
"Motivos de disenso que resultan infundados, en atención a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en una nueva reflexión, que el contrato de suministro de energía eléctrica es de naturaleza comercial, y que las controversias suscitadas de ese tipo de actos, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al artículo 104, fracción II, de la Constitución Federal.
"Es aplicable la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 21, Tomo I, del mes de agosto de 2015, materia civil, página 1183 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro «digital»: 2009790, que establece:
"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’ [se transcribe]
"En ese contexto, de la demanda de nulidad se desprende que el acto impugnado es el siguiente: [se transcribe]
"Como se desprende de la transcripción, la parte actora impugna un acto generado dentro del marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, por tanto, en términos del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto debe ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.
"De ahí que la tesis aislada CVI/2014, que invoca la quejosa en su demanda, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)(*)].’; no resulta acorde a la nueva reflexión emitida por la propia Segunda Sala, en la tesis aislada XVII/2015 (sic), la cual incluso interrumpió el criterio aislado CVII/2014, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.’
"Razones por las cuales, es innecesario estudiar hasta el dictado de la sentencia, el planteamiento expresado por la promovente, ya que para determinar la improcedencia del juicio, no se requiere un análisis profundo de ese tema.
"No pasa inadvertido lo resuelto por este Tribunal Colegiado, en los amparos directos 203/2016, 268/2016 y 681/2016, en sesiones de veintiséis de septiembre y seis de octubre de dos mil dieciséis, y veintiséis de abril de dos mil diecisiete, respectivamente, en los cuales se concedió el amparo solicitado, en virtud de que la Sala responsable realizó un estudio exhaustivo de la naturaleza del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, para justificar la improcedencia de la acción intentada y desechar la demanda natural, por lo que el motivo de improcedencia que actualizó no era notorio, manifiesto e indudable.
"Resoluciones que se invocan como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que al contenerse en un acto emitido con motivo de la actividad jurisdiccional de este propio órgano colegiado, es innecesario agregar a los autos copia certificada de los fallos respectivos.
"Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, del mes de junio de 2007, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro «digital»: 172215, cuyos rubro y texto son:
"‘HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.’ [se transcribe]
"Sin embargo, la determinación adoptada en los asuntos referidos obedeció a que la Sala responsable desechó la demanda de nulidad el nueve de junio de dos mil quince, cuando se encontraba vigente la tesis aislada CVI/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)].’; la cual desestimó con la diversa tesis aislada XLII/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de publicación posterior (junio de dos mil quince) a la tesis invocada por la parte quejosa en su demanda.
"Lo cual no ocurre en la especie, debido a que la demanda de nulidad fue presentada ante la Sala responsable el veintinueve de septiembre de dos mil quince, posterior a la publicación de la tesis XLII/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (junio de dos mil quince), la cual establece el criterio orientador de que las controversias derivadas del contrato de suministro de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil.
"De ahí que en el presente asunto no se requiera un análisis exhaustivo para determinar que el acto impugnado contra la Comisión Federal de Electricidad, debe conocerse en la vía ordinaria mercantil, con base en el criterio orientador que invocó la Sala responsable para motivar su decisión, en términos de las consideraciones que soporta la referida tesis.
"Actuación de la autoridad responsable que resulta válida en atención a la jurisprudencia 195/2016, Décima Época, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Libro 38, Tomo I, del mes de enero de 2017, materia común, página 778 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2013380, que establece:
"‘TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD.’ [se transcribe]
"Por otra parte, no adquiere eficacia el argumento de la parte inconforme relativo a que la autoridad responsable dejó de atender el artículo 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el cual dispone:
"‘Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.’
"Lo anterior, debido a que el contenido de la norma transcrita no debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser un órgano federal, deba conocer de la controversia cualquiera que sea su naturaleza, ya que el precepto establece que serán competencia de los Tribunales de la Federación, ante los cuales la parte quejosa puede hacer valer sus derechos y plantear su reclamo en la vía ordinaria mercantil, como lo estableció el Máximo Tribunal del País, al tratarse de cuestiones inherentes a derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
"De ahí que la resolución reclamada no limite los derechos a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia de la promovente de amparo, ya que el derecho a la jurisdicción no puede interpretarse en el sentido que pretende la quejosa, esto es, que necesariamente se tenga que estimar procedente el juicio contencioso administrativo de manera irrestricta, debido a que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no prevé limitantes respecto del acceso a la justicia, sino que sujeta la procedencia del juicio contencioso administrativo a diversas condicionantes, sin que priven de los derechos consagrados en la Constitución Federal.
"En tal virtud, el derecho a la jurisdicción se cumple en la medida que el gobernado pueda exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, siempre que satisfaga los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes secundarias.
"Es aplicable la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro XIV, Tomo 2, del mes de noviembre de 2012, materia constitucional, página 1587 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro «digital»: 2002139, del tenor siguiente:
"‘DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.’ [se transcribe]
"Además, para que este órgano jurisdiccional de amparo pueda estar en condiciones de establecer si en el caso particular resulta viable la aplicación del principio pro persona que invoca la parte quejosa, era necesario que señalara cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende, así como indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental y precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles.
"En tal virtud, si la parte quejosa no cumplió con la carga mínima de referencia, sin que exista claridad en lo pedido y la causa de pedir, no es posible conocer cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que la quejosa indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; aunado a que de sus argumentos tampoco se conoce cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por la quejosa es de mayor protección al derecho fundamental.
"Es aplicable la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 11, Tomo I, del mes de octubre de 2014, materias constitucional y común, página 613 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro «digital»: 2007561, que establece:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’ [se transcribe]
"Sin que, además, el principio pro persona implique que dejen de observar los principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
"En ese contexto, el citado principio no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de las formalidades legales que son la vía que hace posible arribar a una adecuada solución del asunto; por tanto, se deben respetar los preceptos legales que regulan la materia.
"Apoyan lo anterior las jurisprudencias 1a./J. 10/2014 (10a.) y 1a./J. 104/2013 (10a.), correspondientes a la Décima Época, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 487 y 906 del Libro 3, Tomo I, febrero de 2014 y Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, materia constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registros «digitales»: 2005717 y 2004748, respectivamente, de rubros y textos siguientes:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.’ [se transcribe]
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.’ [se transcribe]
"Por otra parte, la quejosa refiere que la relación contractual a la cual hace referencia la Sala responsable, es la que celebró con la Comisión Federal de Electricidad, desde antes de que entrara en vigor la Ley de la Comisión Federal de Electricidad el catorce de agosto de dos mil catorce, donde se encontraba en un plano de subordinación ante la Comisión Federal de Electricidad, cuya contratación no estaba sujeta a debatir los puntos de su clausulado y en las cuales, la Comisión Federal de Electricidad, como único prestador del servicio, coartaba la voluntad de contratar a la parte actora, ya que después de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no ha existido contrato vigente celebrado entre la actora y la Comisión Federal de Electricidad; por lo que la relación contractual fue sancionada en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada el catorce de agosto de dos mil catorce, cuyos contratos eran sancionados por la Secretaría de Economía, con tarifas eléctricas impuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Planteamiento que resulta inoperante, debido a que aun cuando las cláusulas del contrato se hubieren pactado de conformidad con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad que se encontraba vigente, y al momento de presentar la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la citada legislación fue reformada, lo importante a destacar es que existe pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la vía ordinaria mercantil para conocer actos derivados de un contrato de suministro de energía eléctrica, cuyo criterio acogió el órgano administrativo, sin que existiera necesidad de esperar la tramitación del juicio y efectuar un análisis exhaustivo de las pruebas aportadas por las partes, para efectos de decretar la improcedencia del juicio de nulidad.
"Por tanto, resulta intrascendente la forma en que se realizó el contrato de servicios.
"De conformidad con lo expuesto, este tribunal considera que existe una posible contradicción entre el criterio sostenido en este juicio, con el del Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, contenido en la jurisprudencia PC.XII.A. J/6 A (10a.), de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE REALIZA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EL CONTRATO RESPECTIVO, SE HAYA CELEBRADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE SU REGLAMENTO.’; por tanto, hágase la denuncia correspondiente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los artículos 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
"Por otra parte, la quejosa cita como hechos notorios el acuerdo emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, dentro del juicio de amparo 627/2015, el cual se ofrece como prueba, en que se desecha la demanda de amparo bajo el argumento de que la vía idónea es el recurso de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como el acuerdo emitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 507/2015, mediante el cual admite a trámite la demanda de amparo contra actos derivados del consumo de energía eléctrica.
"Sin embargo, los criterios emitidos por un Juzgado de Distrito no vinculan a este Tribunal Colegiado para su observancia, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
"De tal forma que las tesis invocadas en la demanda de amparo, emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, de rubros: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ y ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA EL APERCIBIMIENTO DE AQUÉLLA DE CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CUANDO EL ESCRITO QUE LO CONTIENE CAREZCA DE FUNDAMENTACIÓN, AL ACTUALIZARSE UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’; no resultan aplicables al caso concreto, al tratarse sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto.
"Tampoco aplica de acuerdo a los intereses de la quejosa, la tesis aislada emitida por Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA VÍA RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS ACTOS DERIVADOS DE ÉSTOS, SON APLICABLES LOS CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE PROMUEVA EL JUICIO (PROCEDIMIENTO CIVIL O ADMINISTRATIVO).’; precisamente, porque el tribunal responsable aplicó la tesis XLII/2015, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada y terminada de corregir el diecinueve de junio de dos mil quince, vigente a la presentación de la demanda de nulidad, esto es, el veintinueve de septiembre de ese año.
"Finalmente, se puntualiza que mediante acuerdo de uno de febrero de dos mil diecisiete, este órgano colegiado tuvo al tercero interesado Comisión Federal de Electricidad, formulando alegatos; sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los alegatos no forman parte de la litis del juicio de amparo, máxime que no se invoca en el referido escrito alguna causa de improcedencia.
"Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/94, Octava Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 14, Número 80, del mes de agosto de 1994, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro «"digital»: 205449, que establece:
"‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.’ [se transcribe]
"En tales condiciones, al resultar infundado e inoperante el concepto de violación, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja, debe negarse el amparo solicitado."
II. En contraposición, el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2016, consideró lo siguiente:
"QUINTO.-Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que este Tribunal Pleno de Circuito sustenta en la presente resolución.
"Por cuestión de orden y técnica jurídica, en primer término, se definirá si a la luz de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, los actos consistentes en el ajuste y cobro de energía eléctrica, por parte de la Comisión Federal de Electricidad son impugnables a través del juicio contencioso administrativo, para luego establecer cuál es el parámetro al que debe atenderse para la solución de las controversias que se susciten con motivo de dicho servicio público.
"En principio, se estima pertinente precisar cuál es la naturaleza del servicio de energía eléctrica; asimismo, debe dilucidarse si ese servicio puede o no llegar a ser considerado como parte integrante de un derecho fundamental de segunda generación, para poder verificar el rol que debe asumir el operador jurídico, en torno a la interpretación que debe imperar para la debida protección del justiciable, pero sin dejar de atender los conceptos de servicio público, contrato administrativo y contrato de suministro de energía eléctrica, para así llegar en conjunto a una solución que justifique la postura adoptada por este Pleno de Circuito.
"I. Naturaleza del servicio de energía eléctrica.
"Los artículos 25, cuarto párrafo, y 28, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil trece, establecen:
"[se transcribe]
"A partir de la citada reforma constitucional, los indicados artículos 25, quinto párrafo, 28, cuarto párrafo, al igual que el numeral 27, sexto párrafo, del Pacto Federal dicen:
"[se transcribe]
"Lo expuesto, evidencia que en el plano nacional, antes y después de la denominada reforma energética, se concibe a la distribución y venta (entre otros) de la energía pública, como un servicio público, responsabilidad del Estado.
"En efecto, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, es decir, ninguna persona privada puede prestar ese servicio.
"Lo anterior, debido a la importancia que representa la generación y distribución de energía eléctrica para el desarrollo económico del país y, además, porque constituye un servicio de interés general y de beneficio social que el Estado está obligado a garantizar, pues incluso el Pacto Federal (artículo 27) prohíbe el otorgamiento de concesiones en el ramo.
"II. ¿Puede o no considerarse al servicio de energía eléctrico, como parte integrante de un derecho fundamental de segunda generación?
"Según la concepción de Santiago Corcuera Cabezut, los ‘Derechos Humanos’ son: ‘las facultades que toda persona tiene, en razón de sus atributos esenciales, es decir, de aquellos atributos que la hacen ser lo que es, una persona humana y no otra cosa.’
"En general, los derechos humanos se definen como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.
"Ese conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes; y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos en favor del individuo, por ende, su violación se traduce en un acto de autoridad.
"En efecto, en el plano nacional, el derecho normativo se divide en ramas; las dos principales son: derecho privado y derecho público; su diferencia radica en que el primero está compuesto por normas que regulan las relaciones entre particulares; mientras que el segundo está compuesto por normas que regulan las relaciones entre particulares y Estado.
"Así, claro resulta que el derecho constitucional es la primera rama del derecho público, ya que su función es formar el Estado y, por ende, determinar la forma de gobierno, la organización de Poderes constituidos, las relaciones entre éstos y, de manera esencial, reconocer los derechos humanos, así como otorgar las garantías de goce como derechos subjetivos públicos, esto es, como derechos que los sujetos pueden hacer valer frente al Estado, en su calidad de Estado.
"La Constitución Mexicana, a lo largo del siglo XX, fue incorporando casi todos los derechos sociales por el constitucionalismo contemporáneo. Su texto original, contenía previsiones específicas (y novedosas para su tiempo) respecto a los derechos humanos de los trabajadores, de los campesinos y en materia educativa.
"Con posterioridad, se incorporaron el derecho a la vivienda, a la salud, al medio ambiente, los derechos de los consumidores y más recientemente, los derechos a la alimentación y al agua, los cuales, en su conjunto, se conciben, debido su importancia en la vida humana, como indispensables para el desarrollo integral de las personas, característica que sin duda comparte el servicio público de energía eléctrica.
"Se sostiene lo anterior, pues gracias a la energía eléctrica los individuos pueden conservar sus alimentos, así como ventilar y acon
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27552-ba3625b3/comision-federal-de-electricidad-contra-los-actos-derivados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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