CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESOS CONTRATOS CORRESPONDE A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESOS CONTRATOS CORRESPONDE A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCER Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN Y NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, PRESIDENTE, QUIEN TUVO EL VOTO DE CALIDAD. DISIDENTES: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y BENITO ALVA ZENTENO, QUIEN ASISTIÓ EN SUSTITUCIÓN DEL MAGISTRADO CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. PONENTE: CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. MAGISTRADOS ENCARGADOS DEL ENGROSE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS Y LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ. SECRETARIA: NANCY MICHELLE ÁLVAREZ DÍAZ BARRIGA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se refiere a criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse postulado por una Magistrada integrante de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados contendientes.
1. Criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 130/2017-13, interpuesto por el ********** y pronunciarse respecto de la revisión adhesiva hecha valer por **********, emitió las siguientes consideraciones:
"QUINTO.—En el primero de los agravios, el tercero interesado y recurrente ********** aduce que el Tribunal Unitario de Amparo realizó una indebida interpretación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya que el numeral 1o. de la ley establece que aquellas contrataciones que se realicen entre las entidades de la administración pública federal no estarán dentro de su ámbito de aplicación; por lo que, en el caso se está dicha excepción.
"Debate que los artículos 1o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen las bases de la administración pública centralizada y paraestatal, que los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, entre otros, son entidades que componen la administración pública paraestatal.
"Establece que si bien, el artículo 1o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, define que es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de contrataciones de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen tanto los organismos descentralizados como las empresas de participación estatal mayoritaria; también lo es, que el Tribunal Unitario de Amparo no interpreta de forma correcta el caso de excepción.
"En el segundo de los agravios, el tercero interesado alega que el diez de febrero de dos mil diecisiete se publicó la jurisprudencia P.C.I.C J/43 C del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: ‘CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y UN PARTICULAR. CUANDO ESTE ÚLTIMO RECLAMA SU INCUMPLIMIENTO, POR FALTA DE PAGO, CORRESPONDE CONOCER DE LA CONTROVERSIA RELATIVA A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL.’, la cual es aplicable por analogía; sin embargo, la sentencia de amparo es totalmente contraria a lo dispuesto por ésta, pues determina que la autoridad responsable debe declarar procedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada, y que el asunto sería competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no de un Juez civil.
"Manifiesta que si bien el documento base de la acción es un contrato de obra pública celebrado entre la quejosa y la tercera interesada, el mismo no constituye un acto administrativo; por el contrario, es un acuerdo de voluntades que fue suscrito en un plano de igualdad, es decir, bajo una relación de coordinación, donde no existe potestad de imperio y además se sujetó a las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, se encuentra exceptuado de la aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
"Precisa que el Tribunal Unitario de Amparo no consideró que el presupuesto fundamental que debe colmar un acto u omisión, reclamable a través del juicio de nulidad, competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, radica en que el ente de la administración pública federal que lo emitió, haya actuado con facultad de imperio, es decir, dentro de una relación de supra a subordinación respecto del particular; no así en una relación de coordinación con este último, en la que ambas partes actúan en un plano de igualdad, siendo titulares de iguales derechos y obligaciones.
"En el tercero de los agravios, el tercero interesado reclama que el Tribunal Unitario de Amparo pasó por alto todas las actuaciones contenidas en autos y las manifestaciones que oportunamente realizó en el juicio de amparo indirecto; ya que tanto el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, como el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito (autoridad responsable) llegaron a las siguientes conclusiones:
"a. Que el contrato de obra pública basal fue celebrado entre un organismo público descentralizado (**********) y una empresa de participación estatal mayoritaria (**********) ambas entidades de la administración pública federal, a las que si bien, les es aplicable la Ley Federal de Entidades Paraestatales; lo cierto es, que por disposición expresa del artículo 1o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho contrato no está sujeto al ámbito de aplicación de esta última; consecuentemente, la legislación aplicable es el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"b. Que en la declaración realizada en el numeral III.2. del contrato basal, las partes manifestaron que éste no estaba sujeto al ámbito de aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto, artículo 1o., al haberse celebrado entre un organismo público descentralizado y una empresa de participación estatal mayoritaria, ambas de la administración pública federal.
"c. Que no se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; ya que la competencia de dicho tribunal está limitada al conocimiento de los juicios que se promueven contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que conlleven la interpretación y cumplimiento del contrato de obra pública.
"d. Que la naturaleza de la acción intentada era eminentemente civil, al consistir en una acción de pago de pesos y tratarse del cumplimiento de obligaciones regidas por el Código Civil Federal; por lo que, de ninguna forma, debía considerarse que fuera de carácter administrativo.
"e. Que ambas entidades sujetaron su acuerdo de voluntades a las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a más de someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México.
"f. Que la competencia del Juez de Distrito en Materia Civil estaba sustentada en los artículos 104, fracciones II y V, de la Constitución y en el numeral 53, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"En el cuarto de los agravios, el tercero interesado invoca como hecho notorio, las diversas resoluciones que han confirmado la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para conocer y resolver de las demandas que ha promovido contra la quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.
"Dichos argumentos son fundados, atendiendo a su causa de pedir, que en esencia consiste en la competencia del Juez de Distrito en Materia Civil para conocer del asunto relacionado con un contrato de obra pública, por no haber actuado sus celebrantes con facultad de imperio, sino en coordinación.
"Ante todo, debe tenerse en cuenta que en los contratos de obra pública, el Estado puede manifestarse de dos maneras distintas.
"1. Como entidad soberana encargada de velar por el bien común, es decir, cuando el ente de gobierno puede emitir resoluciones o determinaciones de forma unilateral, investidas de imperio.
"En estos casos, se trata de un acto unilateral que proviene de un órgano del Estado, cuya impugnación escapa del derecho privado, ya que la entidad no actúa al mismo nivel que el particular, pues su decisión proviene sólo de su voluntad.
"2. Como entidad jurídica de derecho civil, pues como poseedora de bienes propios que le son indispensables para ejercer sus funciones, al estar en esos términos le es necesario entrar en relaciones de naturaleza civil con los poseedores de otros bienes o servicios; por tanto, el Estado actúa como persona moral y puede adquirir derechos y contraer obligaciones, de modo que está en aptitud de usar todos aquellos medios que la ley concede a las personas civiles para la defensa de unos y otros, entre ellos, acudir a las instancias jurisdiccionales para la defensa de sus derechos.
"Ahora bien, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa) tiene competencia para conocer sobre contratos de obra pública, que son de naturaleza administrativa, en los que el Estado interviene en su función de persona de derecho público, con el propósito de satisfacer necesidades colectivas y proporcionar beneficios sociales; por lo que, presentan características diversas a los contratos celebrados entre particulares.
"Dicho órgano es un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que la propia ley establece en términos del artículo 1o., primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que respectivamente, disponen:
"‘Artículo 1o. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta ley establece.’
"‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.—El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena ...’
"La competencia de dicho tribunal está prevista en el artículo 14 de la ley citada, actualmente artículo 3o, de la segunda ley, que disponen:
"‘Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.—Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal; VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales; X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.—No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y, XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.—Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.—El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.—El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.’
"‘Artículo 3o. El tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XIX. Las señaladas en ésta y otras leyes como competencia del tribunal.—Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.—El tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley.’
"Así, el tribunal de mérito está facultado para conocer, en esencia, de juicios en los que se demande la nulidad de resoluciones definitivas referentes a actos administrativos o procedimientos vinculados con las diversas materias comprendidas en dichos preceptos, entre ellas, las señaladas en la fracción VII del artículo 14 de la anterior ley, y VIII del artículo 3o. de la ley vigente, consistentes en los asuntos que traten sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo la responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal.
"Sin embargo, el presupuesto fundamental de una resolución, acto u omisión cuya legalidad quiera cuestionarse a través del juicio de nulidad del que conoce el tribunal de mérito, consiste en que el ente de la administración pública federal que lo emitió, haya actuado con facultad de imperio, es decir, dentro de una relación de supra a subordinación respecto del particular, y no con motivo de una relación de coordinación con este último, en la que ambas partes actúan en un plano de igualdad, y en la cual son titulares de iguales derechos y obligaciones.
"Por tanto, la competencia de dicho tribunal está limitada al conocimiento de actos de autoridad emitidos unilateralmente, que se materializa cuando lo que se cuestiona es un acto administrativo, entendido como la manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de autoridad en ejercicio de la potestad pública, que reconoce, crea, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, en una relación de supra a subordinación respecto del particular.
"Por su parte, los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación distribuyen la competencia de los Juzgados de Distrito, y son del contenido siguiente:
"‘Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"‘Artículo 53. Los Jueces de Distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y Tribunales del Orden Común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del Juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la Federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica.’
"El primero señala que los Juzgados Federales en materia administrativa conocerán de las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de leyes federales cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; los supuestos de competencia de los juicios de amparo y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa.
"Respecto a la competencia regulada por el artículo 52, fracción I, de la ley citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 4/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, materia administrativa, página 312, que dice:
"‘RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.—Del artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que este órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través del juicio contencioso administrativo regula
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27956-481d4ec9/contratos-de-obra-publica-celebrados-entre-organismos-descentralizados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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