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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS, ESTÁN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA CUANDO SE LES CONCEDA AQUÉLLA PORQUE NO SON PERSONAS MORALES OFICIALES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 374/2023. · Registro digital (IUS): 33669
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.211.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 374/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

ÍNDICE

Los integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito denunciaron la contradicción suscitada entre el criterio sostenido por dicho Tribunal al resolver el recurso de queja **********; y, el diverso sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis **********.

En la primera ejecutoria, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito determinó que las empresas de participación estatal mayoritaria constituidas como sociedad anónima, sí tienen la calidad de personas morales oficiales, al tratarse de entidades del orden público que persiguen fines estatales, no privados. Para ello, se consideró que es facultad del Estado constituir este tipo de empresas para conseguir fines estratégicos que persigan el desarrollo nacional, como lo dispone el artículo 28, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se concluyó que están exentas de prestar las garantías relacionadas con la suspensión en el juicio de amparo, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 137 de la misma legislación.

Por otro lado, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determinó que las empresas de participación estatal mayoritaria, constituidas como sociedades anónimas, no tienen las características que la ley y la doctrina atribuyen a las personas morales oficiales, referidas en el artículo 7o. de la Ley de Amparo; y, que, por tanto, no gozan de la exención establecida en el párrafo último del propio precepto, incluida la garantía exigida como requisito de efectividad para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado.

Para ello, se consideró que, aunque es verdad que las empresas de participación estatal mayoritaria son personas jurídicas que forman parte de la administración pública, al tener el objetivo de favorecer áreas prioritarias para la economía nacional o para el interés social y debido a ello sus recursos económicos provienen en su mayoría de autoridades administrativas (federales o locales), o bien, los órganos de gobierno tienen la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del ente que dirige la marcha de la empresa o de vetar sus decisiones de éste, no menos cierto es que cuando los gobiernos federal, estatal o del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) han constituido empresas de participación estatal mayoritaria lo hacen, por regla general, en la modalidad de sociedades anónimas, previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Luego, si bien la causa de su surgimiento tiene fundamento en leyes administrativas, a diferencia de los organismos descentralizados, no son creadas a través de una ley del Congreso de la Unión, de un Congreso Estatal o de un decreto del Ejecutivo federal o local, para la realización de actividades mercantiles, industriales o de otra naturaleza económica; y, su objeto no se constituye exclusivamente para lograr fines propios del Estado, sino también de particulares.

De ahí que por estas características especiales, no es admisible considerar a dichas empresas como personas morales oficiales, porque al estar constituidas bajo la forma de sociedades anónimas, conforme al artículo 28 del Código Civil Federal, se rigen por las escrituras constitutivas, así como por la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio, entre otros ordenamientos, incluidos los administrativos, dada la cualidad de naturaleza mixta que tienen, por contar también con participación estatal.

En esta virtud, acorde con el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad anónima existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, quienes responden por las deudas sociales ante terceros, sólo hasta por la cuantía total de su aportación, y esta característica de la sociedad anónima no cambia por el hecho de que el Estado tenga participación mayoritaria.

De manera que si se tiene en cuenta que la razón de ser de la exención de garantías dispuesta en el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Amparo es la solvencia del Estado y, como se ha visto, las empresas de participación estatal mayoritaria están constituidas como sociedades anónimas, donde los accionistas tienen una responsabilidad ante terceros, limitada hasta el monto de su aportación, es patente que no cabe incluirlas dentro de las personas morales oficiales citadas en el precepto invocado, a quienes en virtud de su solvencia, la ley las libera de prestar las garantías para la efectividad del otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados.

El fallo anterior, dio lugar a la tesis PC.I.C. J/82 K (10a.) de rubro: “EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS. NO TIENEN LA CALIDAD DE PERSONAS MORALES OFICIALES PARA CONSIDERARLAS EXENTAS DE PRESTAR LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.”(1)

Ante dichos criterios discrepantes, el problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en definir si las empresas de participación estatal mayoritaria, constituidas como sociedades anónimas, tienen la calidad de personas morales oficiales; y, por ende, quedan exentas de prestar las garantías relacionadas con la suspensión en el juicio de garantías, de conformidad con

el artículo 7 de la Ley de Amparo.

Ver índice

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 374/2023, suscitada entre el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis **********; y, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********.

I. ANTECEDENTES

1. 1.1. DENUNCIA. Mediante oficio presentado vía electrónica el veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, los integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito denunciaron la contradicción suscitada entre el criterio sostenido por dicho Tribunal al resolver el recurso de queja **********; y, el diverso sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis **********.

2. El órgano denunciante estimó que el tema a dilucidar consistiría en:

“determinar si las empresas de participación estatal mayoritaria revisten el carácter de una persona moral oficial, para considerarlas exentas de prestar las garantías relacionadas con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo.”

3. 1.2. TRÁMITE. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia; ordenó remitir el asunto a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; y, solicitó a los órganos que emitieron los criterios contendientes la versión digitalizada de la respectiva ejecutoria, así como el proveído en el que informaran si el criterio que sustentaron se encontraba vigente.

4. 1.3. INTEGRACIÓN. En auto de once de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado y ordenó su envío al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

5. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicable en términos de lo previsto en el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro, en relación con los Puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023; en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por un Tribunal Colegiado y un (extinto) Pleno de Circuito pertenecientes a la misma región, pero a diferente circuito.

6. Asimismo, resulta aplicable lo dispuesto por el Transitorio Segundo del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto Cuarto y, en consecuencia, se recorre la numeración; y se modifican los puntos Segundo, Tercero, Quinto (antes Cuarto), Noveno (antes Octavo), Décimo (antes Noveno), Décimo Primero (antes Décimo), Décimo Segundo (antes Décimo Primero), Décimo Tercero (antes Décimo Segundo), Décimo Cuarto (antes Décimo Tercero), y Décimo Quinto (antes Décimo Cuarto), del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil veintitrés.(2)

7. Además, el punto de contradicción determinaría un pronunciamiento en materia común, por lo que se estima necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

III. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que fue presentada por los integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, quienes emitieron uno de los criterios contendientes.

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

9. Para mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de los argumentos que sustentaron las posturas de los órganos contendientes en la presente contradicción de criterios.

4.1. Criterio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.

10. Amparo directo. **********, promovió juicio de amparo directo, en contra de la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral **********; asimismo, solicitó la suspensión del acto reclamado.

11. Suspensión. En atención a dicha solicitud, la Jueza de Distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Campeche, dictó proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, a través del cual concedió la suspensión por la condena en el juicio natural.

12. Recurso de queja. Inconforme con esta determinación, **********, interpuso recurso de queja, en el que se dolió de que la jueza responsable fijó indebidamente una garantía por daños y perjuicios para que siguiera surtiendo efectos la suspensión, sin que para ello hubiera tomado en consideración que la naturaleza jurídica de la moral quejosa es de una entidad descentralizada de la Administración Pública Federal; y, que, por tanto, no debió requerir el cumplimiento de garantías de la suspensión, como lo dispone el artículo 7 de la Ley de Amparo.

13. Resolución del Tribunal Colegiado contendiente. De dicho recurso de queja correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.

14. Dicho órgano jurisdiccional consideró que era fundado el agravio invocado por la moral quejosa y modificó el acuerdo recurrido para el efecto de que se exentara a la quejosa de exhibir garantía de daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de la suspensión del acto reclamado.

15. La determinación del Tribunal Colegiado de Circuito se sustentó, esencialmente, en las siguientes consideraciones:

Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

• De conformidad con la configuración legal de la suspensión del acto reclamado,(3) cuando sea este procedente, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero con motivo de su concesión, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Sin embargo, la exhibición de dichas garantías no es irrestricta, pues existen excepciones contempladas en la propia legislación de la materia para ciertos casos específicos. Tal es el caso de los supuestos establecidos en los artículos 7, segundo párrafo, y 137 de la Ley de Amparo, en donde se dispone lo siguiente:

“Artículo 7...

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.”

“Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige.”

• Al tenor de dichas normas, siempre que el amparo sea promovido por una persona moral oficial, ya sea del orden federal, estatal o municipal, éstas se encuentran exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, entre ellas, las contempladas para que siga surtiendo efectos la suspensión contra el acto reclamado; justamente, porque la solicitante es una entidad del orden público que persigue fines estatales, no privados.(4)

• En ese sentido, sostuvo que la parte quejosa encuadraba en ese supuesto de excepción para otorgar las garantías exigidas con motivo de la suspensión del acto, dado que se trata de una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, que, conforme al artículo primero de sus estatutos sociales, se regula por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.(5)

• Asimismo, tomó en consideración que, en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la empresa, en relación con la transmisión de acciones relativos a su capital social, establece que:

“la enajenación de los títulos representativos del capital social, propiedad del Gobierno Federal o de las entidades paraestatales, podrán realizarse a través de los procedimientos bursátiles propios del mercado de valores o de las sociedades nacionales de crédito, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

• Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado estimó que la quejosa, **********, es una persona moral oficial, al ser una empresa de participación estatal mayoritaria, aunque se haya constituido como sociedad anónima para efectos mercantiles.

• Ello, dado que es facultad del Estado constituir este tipo de empresas para conseguir fines estratégicos que persigan el desarrollo nacional, como lo dispone el artículo 28, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(6) Consecuentemente, al ser esa la naturaleza de la inconforme, se inscribe en la clasificación de una persona moral oficial y, por ello, está exenta de otorgar las garantías que se le exigieron en el acuerdo recurrido, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión, en términos de los artículos 7 y 137 de la Ley de Amparo.

• Motivo por el cual no debe exigírsele la garantía como medida de efectividad de la suspensión concedida en contra del acto reclamado.(7)

• A partir de lo anterior, declaró fundado el agravio y modificó el acuerdo recurrido para efecto de que se exentara a la quejosa de exhibir garantía de daños y perjuicios que pueda ocasionarse con motivo de la suspensión del acto reclamado.

4.2. Criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.

16. Mediante oficio 4687 dirigido al Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el Presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que ese Tribunal sustentó en el recurso de queja ********** y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito, al resolver el recurso de revisión **********.

17. 4.2.1. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el recurso de revisión **********.

18. Demanda. El diecinueve de febrero de dos mil trece, **********, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dictados en juicio ordinario mercantil **********, consistentes en la admisión de pruebas periciales en contabilidad ofrecidas por la codemandada y la actora; la cual, se admitió a trámite con el número **********.

19. Suspensión definitiva. En el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar en forma definitiva.

20. El Juez de Distrito exentó a la quejosa de otorgar garantía para que continuara surtiendo efectos la suspensión, porque en audiencia incidental, demostró ser una entidad paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ya que éste tiene participación social mayoritaria en términos de la escritura pública exhibida.

21. Recurso de revisión. Una de las terceras perjudicadas recurrió dicha determinación.

22. Al resolver dicho recurso, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que las sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria de la Ciudad de México no son personas morales oficiales, por lo que la quejosa no estaba exenta de exhibir la garantía a que se refiere la Ley de Amparo.

23. Ello, al considerar, en esencia, que ********** no presta un servicio público ni representa intereses colectivos de la sociedad, sino que es una sociedad anónima de capital variable que cuenta con patrimonio propio, lo que implica que su patrimonio es independiente del patrimonio del Estado;(8) y, por ende, no es una persona moral oficial, de tal forma que es ilegal que se le exente de otorgar las garantías a que se refiere la Ley de Amparo. En esa línea, se consideró que una empresa de participación estatal, aunque forme parte de la administración pública descentralizada, no es una persona moral oficial porque su patrimonio es autónomo y distinto al de la Administración Pública Centralizada.

24. 4.2.2. Criterio sustentado por el Décimo Segundo Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito.

25. Recurso de queja. El Décimo Segundo Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito conoció del recurso de queja ********** interpuesto por **********, contra el auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio oral civil, expediente **********, en el que el Juez Octavo de lo Civil de Proceso Oral de esta Ciudad, actuando como autoridad responsable en un juicio de amparo directo, concedió la suspensión de los actos reclamados, y para que siguiera surtiendo efectos, fijó garantía.

26. En la ejecutoria de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado estableció que la recurrente es una empresa de participación estatal mayoritaria; y, al formar parte de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene la calidad de persona moral oficial, por lo que está exenta de exhibir garantía para el pago de daños y perjuicios que con la medida cautelar se puedan ocasionar.

27. Al respecto, el Tribunal consideró que, si bien la parte recurrente es una Sociedad Anónima de Capital Variable del sector privado, no menos cierto es que también pertenece al sector público, por lo que le son aplicables las normas de la Administración Pública.

28. En ese sentido, determinó que, aunque la recurrente cuente con personalidad jurídica propia, ello no implica que actúe libre y exenta de control.

29. Esto es así, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la Administración Central y del Poder Ejecutivo, ya que su organización, administración y vigilancia, se ejerce por la ley aplicable al caso, al Estatuto del Gobierno, o lo que disponga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México. 30. Así, resulta técnica y conceptualmente adecuado sostener que la empresa de participación Estatal del Sector Departamento de la Ciudad de México, forma parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio.

31. A partir de lo anterior, consideró que la recurrente tenía la calidad de persona moral oficial; y, por ende, estaba exenta de exhibir la garantía fijada por la autoridad responsable, con motivo de la suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto al respecto en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

32. 4.2.3. Resolución del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. El Pleno estimó que era existente la contradicción de tesis denunciada; y, que debía prevalecer la sustentada por dicho Pleno, consistente en que las empresas de participación estatal mayoritaria constituidas como sociedades anónimas no tienen la calidad de personas morales oficiales para considerarlas exentas de prestar las garantías relacionadas con el otorgamiento de la suspensión.

33. Lo anterior, tomando como base las siguientes consideraciones:

• En primer lugar, estimó que era existente la contradicción de tesis denunciada, dado que ambos Tribunales Colegiados coincidieron en que las empresas de aportación estatal mayoritaria están incluidas en la Administración Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pero uno de ellos afirmó que las referidas sociedades no son personas morales oficiales exentas de garantizar los daños y perjuicios que la suspensión de los actos reclamados pueda ocasionar, en tanto el otro Tribunal sustentó que sí lo son.

• Establecido lo anterior, consideró que la empresa de participación estatal mayoritaria, constituida como sociedad anónima, no es persona moral oficial a la que Ley de Amparo exenta de prestar garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión de los actos reclamados. Para ello, en primer lugar, valoró que la razón de que las personas morales oficiales estén exentas de prestar las garantías que la Ley de Amparo exige a las partes, radica en que el Estado siempre es solvente sobre la base de que debe obtener, de los habitantes del país, los ingresos indispensables para cumplir sus fines, por lo que cuenta con un patrimonio que le permite responder, en general, de sus obligaciones, sin necesidad de una garantía especial.

• Al respecto, sostuvo que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 90 constitucional, el sector paraestatal que incluye a las empresas de participación estatal mayoritaria sí forma parte de la administración pública; y dichas empresas se rigen, entre otros ordenamientos, por leyes administrativas que regulan su administración, control y vigilancia por parte del Estado, lo cual genera un innegable vínculo con el Estado. Sin embargo, a su juicio, ello no les da el carácter de personas jurídicas oficiales para efectos de la exención de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige.

• Para arribar a tal conclusión, consideró que, para estimar que una empresa puede considerarse pública es que haya sido creada o reconocida por medio de una ley del Congreso de la Unión o Decreto del Ejecutivo Federal, para la realización de actividades mercantiles, industriales y otras de naturaleza económica.

• En ese sentido, una empresa será pública, cualquiera que sea la forma o estructura que adopte, siempre que su patrimonio se constituya total o parcialmente con fondos o bienes federales o de otros organismos descentralizados, asignaciones, subsidio, concesiones o derechos que le aporte u otorgue el Gobierno Federal o con el rendimiento de un impuesto específico; y que su objeto sea la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la Nación, la investigación científica y tecnológica o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

• En la actualidad, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, disponen la forma de creación de los organismos descentralizados, es decir, por Ley o Decreto del Ejecutivo Federal, y en su caso, del Jefe de Gobierno. Lo anterior, destacando que, por regla general, las empresas de participación mayoritaria estatal no se crean por ley ni por Decreto del Ejecutivo.

• Además, refiriéndose también a los organismos públicos descentralizados, y atendiendo a sus finalidades, la Segunda Sala de la SCJN distingue entre personas públicas y personas jurídicas estatales, al considerar que los referidos organismos sí pueden considerarse personas jurídicas públicas, por ser los ejecutores objetivos de los fines propios del Estado.

• En tanto que las restantes entidades de la Administración Pública Paraestatal sólo son personas jurídicas estatales, es decir, con vinculación con el Estado.(9)

• Así, al aplicar los criterios relativos a la creación formal de las entidades, y de sus finalidades, en cuanto a realizar intereses propios del Estado y no de particulares, queda evidenciado que las empresas de participación mayoritaria estatal son personas jurídicas estatales, en cuanto a que forman parte de la administración pública; pero no pueden considerarse personas jurídicas oficiales. Además, el vínculo que la empresa de participación estatal mayoritaria tiene con el Estado es insuficiente para generar la certeza de que cuenta con los recursos económicos para hacer frente a los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado pudieran generarse, y que, por tanto, deba eximírsele de otorgar garantía en el juicio de amparo.

• Cuando los Gobiernos Federal, o del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), han constituido empresas de participación estatal mayoritaria, en la modalidad de sociedades mercantiles, invariablemente han elegido a la sociedad anónima, a la cual, dada la participación estatal, también le son aplicables las leyes administrativas acorde a su naturaleza.

• De conformidad con la normativa mercantil de la Sociedad Anónima, en este tipo de sociedad mercantil la responsabilidad de los socios es limitada, aun cuando el socio mayoritario sea el Estado; por ello no puede estimarse que exista, al menos la presunción, de que tienen capacidad económica suficiente que excluya la necesidad de una garantía.

• En efecto, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Sociedades Mercantiles, la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

• La doctrina destaca que la sociedad anónima representa una forma de organización estable y permanente; lo que sucede a los socios no trasciende a la sociedad; ésta debe tener una continuidad que esté por encima de las contingencias de las personas que la componen; al mismo tiempo es una sociedad cuya responsabilidad está limitada, por lo que los socios no tienen temor a las pérdidas ilimitadas que puedan comprometer toda su situación patrimonial.

• La responsabilidad limitada del socio tiene dos sentidos, uno, relativo al deber de aportación limitada y, el otro, la responsabilidad limitada frente a terceros por deudas sociales. Lo primero, porque el accionista debe realizar la aportación prometida, una vez y precisamente de los bienes convenidos, no puede ser obligado a aportar más de lo que se comprometió ni cosa distinta.

• Lo segundo, porque el accionista sólo responde frente a terceros, por deudas sociales, por la cuantía total de su aportación, y esta característica de la sociedad anónima no cambia por el hecho de que el Estado tenga participación mayoritaria.

• A partir de lo anterior, se concluye que, si la razón de ser de la exención de prestar las garantías que la Ley de Amparo impone a las partes es la solvencia del Estado, por contar con un patrimonio que le permite responder, en general, de sus obligaciones, sin necesidad de una garantía especial; si la quejosa es una empresa de participación estatal mayoritaria constituida como sociedad anónima, donde los accionistas tienen una responsabilidad limitada ante terceros, sólo por su aportación; es evidente que de conformidad con el artículo 28 del Código Civil, se rige por su escritura constitutiva y sus estatutos; así como por el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otras; pero, que no tienen la solvencia económica que la exima de otorgar garantía.

34. A raíz de dicha determinación, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito emitió la tesis de rubro: “EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS. NO TIENEN LA CALIDAD DE PERSONAS MORALES OFICIALES PARA CONSIDERARLAS EXENTAS DE PRESTAR LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.”(10)

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

35. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a las personas juzgadoras y las personas justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista o no identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

36. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubro siguiente:

• CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDI

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33669-4867e88a/suspension-del-acto-reclamado-las-empresas-de-participacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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