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Modo: Corpus Pro

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS. NO TIENEN LA CALIDAD DE PERSONAS MORALES OFICIALES PARA CONSIDERARLAS EXENTAS DE PRESTAR LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2018. · Registro digital (IUS): 28251
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo II, Pág. 976.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA. SECRETARIA: LETICIA ARACELI LÓPEZ ESPÍNDOLA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 bis, 41 ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por el Magistrado presidente de Tribunal Colegiado de este Circuito, en conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el tribunal que integra emitió uno de los criterios contendientes.

TERCERO.—Posturas de los Tribunales de Circuito.

a. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El referido tribunal, resolvió el recurso de revisión R.C. 109/2013, cuyos datos relevantes son:

• Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil trece, **********, demandó el amparo y protección contra actos del Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario mercantil 478/2012, consistentes en la admisión de sendas pruebas periciales en contabilidad ofrecidas por la codemandada y la actora. La demanda de amparo se admitió el veintiuno de febrero de ese año, con el número 139/2013-III.

En el incidente de suspensión de dicho proceso, el veintisiete de febrero de dos mil trece, fue concedida la medida cautelar en forma definitiva. El Juez de Distrito exentó a la quejosa de otorgar garantía para que continuara surtiendo efectos la suspensión, porque en audiencia incidental, demostró ser una entidad paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, porque éste tiene participación social mayoritaria en términos de la escritura pública exhibida.

Una de las entonces terceras perjudicadas interpuso recurso de revisión.

De los cuatro temas que constituyeron la materia del recurso, uno de ellos fue el de "Si la quejosa debió exhibir garantía para gozar de los efectos de la suspensión del acto reclamado, por no ser una persona moral exenta de tal aspecto".

Al respecto, el tribunal colegiado decidió que las sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) no son personas morales oficiales, por lo que la quejosa no estaba exenta de exhibir la garantía a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Amparo.

Las razones y fundamentos en que el Tercer Tribunal Colegiado sustentó su decisión son, en lo conducente, las siguientes:

"La parte quejosa **********, no puede considerarse como una persona moral oficial, debido a que no presta un servicio público; porque es una empresa de participación estatal mayoritaria; es una sociedad anónima de capital variable que cuenta con patrimonio propio, lo que implica que su patrimonio es independiente del patrimonio del Estado.

"Con la escritura pública **********, que se refiere a la autorización del acuerdo mediante el cual, se autoriza la participación estatal de la empresa quejosa '**********', queda demostrado que la quejosa es una empresa de participación estatal; lo que es insuficiente para establecer que se trata de una persona moral oficial.

"En efecto, una empresa de participación estatal no es una persona moral oficial, por ende, es ilegal que se le exente de otorgar las garantías a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Amparo.

"El Código Civil Federal en su artículo 25 clasifica a quienes se consideran personas morales en el sistema jurídico mexicano, en la forma siguiente:

"‘Artículo 25. Son personas morales:

"‘I. La Nación, los Estados y los Municipios;

"‘II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;

"‘III. Las sociedades civiles o mercantiles;

"‘IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;

"‘V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

"‘VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley;

"‘VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.’

"De esa clasificación destacan las fracciones I y II que contemplan a la Nación, a los Estados y los municipios así como las reconocidas por la ley.

"Entonces, una persona moral oficial o de derecho público se caracteriza, porque tiene un patrimonio que se integra con bienes de dominio público o privado, o recursos públicos exclusivamente y que tiene la calidad de autoridad o forma parte de la Administración Pública Centralizada, porque en ésta no participan los particulares.

"Por tanto, solamente la Nación o Federación, los Estados o los Municipios o alguna otra corporación a la que la ley le atribuya la calidad pública, puede tener la calidad de persona moral oficial para efectos del artículo 9o. de la Ley de Amparo.

"Orienta en el sentido que se sustenta, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página ciento setenta y nueve, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época de título, subtitulo y texto siguientes:

"‘PERSONAS MORALES DE DERECHO PÚBLICO.—Tienen este carácter: los Ayuntamientos, los Municipios, los Estados y la Federación y representan los intereses colectivos de la sociedad; y la violación de alguno de estos derechos, no puede considerarse remediable por el amparo, que es garantía exclusiva de derechos privados.’

"El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor siguiente:

"‘Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

"‘La (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado...’

"Conforme al precepto transcrito, la Administración Pública Federal se dividirá en centralizada y paraestatal, en los términos de la Ley Orgánica emitida por el Congreso de la Unión, en la que se distribuirán los negocios de carácter administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y se definirán las bases generales de creación de las entidades paraestatales, así como la intervención que el Ejecutivo Federal tendrá en su operación; además, las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o bien entre éstas y las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos.

"La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en relación con las empresas de participación estatal prevé:

"‘Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

"‘La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

"‘Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.’

"‘Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

"‘I. Organismos descentralizados;

"‘II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y ...’.

"‘Artículo 46. Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes:

"‘I. Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su legislación específica;

"‘II. Las Sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones auxiliares nacionales de crédito; así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, en que se satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos:

"‘A) Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social;

"‘B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal; o

"‘C) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno.

"‘Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles, así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o servidores Públicos Federales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes.’

"Conforme a dichos preceptos legales las empresas de participación estatal son las empresas privadas en las que el Estado tiene interés económico preferente, que le permite intervenir o administrar dicha empresa.

"Dichas empresas se distinguen, porque el Gobierno aporta o es propietario del cincuenta por ciento más uno o más del capital social o de las acciones de la empresa.

"Pero como también se permiten aportaciones económicas de sociedades civiles, así como de asociaciones civiles; tal circunstancia implica que su patrimonio no es propiedad exclusiva del Estado, al existir aportaciones económicas de los particulares; en tanto que la intervención del Estado en la administración de la sociedad, sólo tiene efectos de controlar las medidas que se tomen para administrar la empresa y proteger sus intereses económicos, dada su aportación mayoritaria del capital social, de modo que sólo actúa como lo haría un socio mayoritario de cualquier empresa.

"Por tanto, al no ser dichas sociedades de la exclusiva propiedad del Gobierno Federal no pueden considerarse pertenecientes al dominio exclusivo de la Federación, de modo, que dada la naturaleza de su patrimonio en el que existen aportaciones económicas de particulares, una empresa de participación estatal mayoritaria no es integrante de la Federación, por ende, tampoco es una persona oficial moral, principalmente porque su patrimonio, no es exclusivo del Estado.

"Esas bases que derivan del artículo 90 de la Constitución Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aplican de igual forma para la Administración Pública del Distrito Federal.

"La quejosa aduce ser una empresa de participación estatal de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal.

"Los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, disponen lo siguiente:

"‘Artículo 1o. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden e interés público y tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública del Distrito Federal, distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los mismos a cargo del Jefe de Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno.’

"‘Artículo 2o. La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal.

"‘La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada.

"‘En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.

"‘Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine.

"‘Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal.’

"‘Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

"‘I. Administración pública centralizada. Las dependencias y los órganos desconcentrados;

"‘II. Administración pública desconcentrada. Los órganos administrativos constituidos por el Jefe de Gobierno, jerárquicamente subordinados al propio jefe de Gobierno o a la dependencia que éste determine;

"‘III. Delegaciones. Los órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal;

"‘IV. Administración pública paraestatal. El conjunto de entidades;

"‘V. Administración pública. El conjunto de órganos que componen la administración centralizada, desconcentrada y paraestatal;

"‘VI. Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

"‘VII. Demarcación territorial. Cada una de las partes en que se divide el territorio del Distrito Federal para efectos de organización político administrativa;

"‘VIII. Dependencias. Las secretarías, la procuraduría general de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

"‘IX. Entidades. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos;

"‘X. Estatuto de Gobierno. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

"‘XI. Jefe de Gobierno. El jefe de Gobierno del Distrito Federal;

"‘XII. Ley. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;

"‘XIII. Reglamento. El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y

"‘XIV. Servicio Público. La actividad organizada que realice o concesione la Administración Pública conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el Distrito Federal, con el fin de satisfacer en forma continua, uniforme, regular y permanente, necesidades de carácter colectivo.’

"De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la administración pública del Distrito Federal será central y paraestatal.

"En primera, está la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; así como los órganos administrativos desconcentrados jerárquicamente subordinados al jefe de Gobierno o a la dependencia que éste determine.

"En relación a las empresas de participación estatal mayoritaria del Distrito Federal, los artículos 42, 43 y 44 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, disponen lo siguiente:

"‘Artículo 42. Son empresas de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública del Distrito Federal las sociedades de cualquier naturaleza en las que el Gobierno del Distrito Federal, o una o más de sus entidades paraestatales, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social, o les corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o cuando tengan facultades para vetar los acuerdos del órgano de gobierno.

"‘Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública del Distrito Federal o servidores públicos de ésta que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes.’

"‘Artículo 43. Los Fideicomisos Públicos al que se refiere el artículo 2o. de la presente ley, son aquellos contratos mediante los cuales la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin licito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al jefe de Gobierno o a los jefes delegacionales, en la realización de las funciones que legalmente les corresponden.’

"‘Artículo 44. El jefe de Gobierno, aprobará la participación del gobierno de la entidad en las empresas de participación estatal mayoritaria, ya sea para su creación o para aumentar su capital o patrimonio y, en su caso, adquirir todo o parte de éstas.

"‘Dicha aprobación también será indispensable para constituir o aumentar fideicomisos públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por conducto de la Secretaría de Finanzas, la que fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal.

"‘Las delegaciones únicamente podrán participar en fideicomisos públicos previa autorización del jefe de Gobierno, y en éstos la Secretaría de Finanzas también fungirá como fideicomitente único.

"‘Las delegaciones no podrán constituir ni participar en fideicomisos de carácter privado.’

"De esos preceptos, se advierte que las empresas de participación estatal mayoritaria del Gobierno del Distrito Federal no son personas morales oficiales, puesto que tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio, que aunque el Gobierno del Distrito Federal aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social, permite aportaciones de particulares, lo que de suyo implica que como el patrimonio no forma parte únicamente de la Administración Pública del Distrito Federal, puesto que su patrimonio se integra con bienes de particulares, entonces, una empresa de participación estatal mayoritaria del Distrito Federal no es una persona moral oficial y, por ende, no está exenta de otorgar las garantías a que hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Amparo, pues para que pueda tratarse de una empresa moral oficial, ineludiblemente su patrimonio debe estar constituido exclusivamente por bienes del dominio público, y prestar un servicio público.

"Entonces, una empresa de participación estatal aunque forme parte de la administración pública descentralizada, no es una persona moral oficial porque su patrimonio es autónomo y distinto al de la Administración Pública Centralizada (del Distrito Federal) porque tienen participación social los particulares; por consiguiente, no le aplica el beneficio que prevé el artículo 9o. de la Ley de Amparo anterior a las reformas de tres de abril de dos mil trece.

"En ese orden de pensamiento, es ilegal que la Juez de Distrito haya aplicado el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, para exentar a la quejosa de la exhibición de garantía, puesto que no aplica la supletoriedad de ese precepto, porque la Ley de Amparo en su artículo 9o., prevé que solamente las personas morales oficiales están exentas de prestar las garantías que dicha ley exige a las partes.

"En ese contexto, asiste razón a la recurrente, en el sentido de que es inaplicable la tesis «III.2o.T.31 K» en que se apoyó la Juez de Distrito de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE JALISCO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA, AL SER UNA PERSONA MORAL OFICIAL, ESTÁ EXENTO DE OTORGAR GARANTÍAS PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA.’

"Lo afirmado es así, puesto que la quejosa no es una persona moral oficial, que preste un servicio público ni representa intereses colectivos de la sociedad."

De ese asunto surgieron dos tesis, la primera identificada como I.3o.C.36 K (10a.):(1)

"EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO ES PERSONA MORAL OFICIAL PORQUE SU PATRIMONIO NO ES EXCLUSIVO DEL ESTADO.—El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Administración Pública Federal se dividirá en centralizada y paraestatal en los términos de la ley orgánica emitida por el Congreso de la Unión, en la que se distribuirán los negocios de carácter administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y se definirán las bases generales de creación de las entidades paraestatales, así como la intervención que el Ejecutivo Federal tendrá en su operación; además, las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o bien entre éstas y las secretarías de Estado o departamentos administrativos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 1o., 3o. y 46 establece que las empresas de participación estatal son las privadas en las que el Estado tiene interés económico preferente, que le permite intervenir o administrarlas. Dichas empresas se distinguen porque el gobierno aporta o es propietario del cincuenta por ciento más uno, o más, del capital social o de las acciones de éstas. Pero como también se permiten aportaciones económicas de sociedades civiles así como de asociaciones civiles; tal circunstancia implica que su patrimonio no es propiedad exclusiva del Estado, al existir aportaciones económicas de los particulares; en tanto que la intervención de éste en la administración de la sociedad, sólo tiene efectos de controlar las medidas que se tomen para administrar la empresa y proteger sus intereses económicos, dada su aportación mayoritaria del capital social, de modo que sólo actúa como lo haría un socio mayoritario de cualquier empresa. Por tanto, al no ser dichas sociedades de la exclusiva propiedad del Gobierno Federal no pueden considerarse pertenecientes al dominio exclusivo de la Federación, de modo que, dada la naturaleza de su patrimonio en el que existen aportaciones económicas de particulares, una empresa de participación estatal mayoritaria no es integrante de la Federación, por ende, tampoco es una persona moral oficial, principalmente porque su patrimonio no es exclusivo del Estado.

"Amparo en revisión 109/2013. **********. 30 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes."

La segunda tesis se identifica como I.3o.C.37 K (10a.):(2)

"EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL NO SER PERSONA MORAL OFICIAL NO LE ES APLICABLE EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone que ésta será central y paraestatal. En la primera, está la Jefatura de Gobierno, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del Distrito Federal; así como los órganos administrativos desconcentrados jerárquicamente subordinados al jefe de Gobierno o a la dependencia que éste determine. En relación con las empresas de participación estatal mayoritaria, los artículos 42, 43 y 44 del ordenamiento mencionado, establecen que éstas tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio y aunque el Gobierno del Distrito Federal aporte o sea propietario de más del cincuenta por ciento del capital social, permite aportaciones de particulares, lo que implica que el patrimonio no forma parte únicamente de la administración pública del Distrito Federal, puesto que se integra con bienes de particulares. Entonces, una empresa de participación estatal, aunque forme parte de la administración pública descentralizada, no es una persona moral oficial, porque su patrimonio es autónomo y distinto al de la Administración Pública Centralizada (del Distrito Federal) porque tienen participación social los particulares; por consiguiente, no le aplica el beneficio que prevé el artículo 9o. de la Ley de Amparo anterior a las reformas de dos de abril de dos mil trece. Además, la quejosa no es una persona moral oficial, que preste un servicio público ni representa intereses colectivos de la sociedad.

"Amparo en revisión 109/2013. **********. 30 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes."

b. Criterio sustentado por el Décimo Segundo Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito.

El Décimo Segundo Tribunal conoció del recurso de queja Q.C. 108/2018, interpuesto por **********, contra el auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio oral civil, expediente 444/2016, en el que el Juez Octavo de lo Civil de Proceso Oral de esta Ciudad, actuando como autoridad responsable en un juicio de amparo directo, concedió la suspensión de los actos reclamados, y para que siguiera surtiendo sus efectos, fijó garantía.

En la ejecutoria de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el tribunal colegiado estableció que la recurrente es una empresa de participación estatal mayoritaria, y al formar parte de la administración pública de la Ciudad de México, tiene la calidad de persona moral oficial, por lo que está exenta de exhibir garantía para el pago de los daños y perjuicios que con la medida cautelar se puedan ocasionar.

Las consideraciones torales de ese criterio son:

“Los artículos 7o. de la Ley de Amparo y 4o., primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen que:

"'Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

"Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.'

"‘Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes. ...’

"De los anteriores preceptos legales, se advierte que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, por lo que dichas personas morales oficiales están exentas de prestar las garantías que la Ley de Amparo exige a las partes.

"En el presente caso, como se desprende del contrato privado de compraventa de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y dos, celebrado por la recurrente (vendedora), y ********** (compradora), respecto del local comercial número veintiséis, con una superficie de 64.6 (sesenta y cuatro punto seis) metros cuadrados y un cajón de estacionamiento, ubicado en **********, en esta ciudad, se desprende en la Declaración Primera que la inconforme es una empresa de participación estatal del Departamento del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

"Luego, de la escritura pública número ********** (**********), de veinticinco de julio de mil novecientos setenta y siete, pasada ante la fe del Notario Público número ciento treinta y cuatro, licenciado Alfonso Román Talavera, se desprende que la recurrente se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable, con participación estatal del Departamento del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

"Lo que así reconoce el Juez responsable, quien además señala que si bien es una Sociedad Anónima de Capital Variable del sector privado, no menos cierto es que también pertenece al sector público, por lo que le son aplicables las normas de la Administración Pública, que también son aplicables a los particulares en términos del artículo 6

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28251-853a66e9/empresas-de-participacion-estatal-mayoritaria-constituidas-como-sociedades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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