EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL NO SER PERSONA MORAL OFICIAL NO LE ES APLICABLE EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone que ésta será central y paraestatal. En la primera, está la Jefatura de Gobierno, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del Distrito Federal; así como los órganos administrativos desconcentrados jerárquicamente subordinados al jefe de Gobierno o a la dependencia que éste determine. En relación con las empresas de participación estatal mayoritaria, los artículos 42, 43 y 44 del ordenamiento mencionado, establecen que éstas tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio y aunque el Gobierno del Distrito Federal aporte o sea propietario de más del cincuenta por ciento del capital social, permite aportaciones de particulares, lo que implica que el patrimonio no forma parte únicamente de la administración pública del Distrito Federal, puesto que se integra con bienes de particulares. Entonces, una empresa de participación estatal, aunque forme parte de la administración pública descentralizada, no es una persona moral oficial, porque su patrimonio es autónomo y distinto al de la administración pública centralizada (del Distrito Federal) porque tienen participación social los particulares; por consiguiente, no le aplica el beneficio que prevé el artículo 9o. de la Ley de Amparo anterior a las reformas de dos de abril de dos mil trece. Además, la quejosa no es una persona moral oficial, que preste un servicio público ni representa intereses colectivos de la sociedad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.