COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES LABORALES FEDERALES DE ASUNTOS INDIVIDUALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 66/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIO: DENIS REYES HUERTA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al trece de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA:
1. Que resuelve la contradicción de criterios 66/2025, entre los sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, ambos con sede en Apizaco, Tlaxcala, al resolver los conflictos competenciales 20/2024 y 5/2025, respectivamente.
2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: a) si existe la contradicción de criterios; b) si la misma es procedente y, de ser el caso, c) determinar qué órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver los conflictos laborales suscitados entre Diconsa o Liconsa, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable y sus respectivos trabajadores.
ANTECEDENTES
Denuncia de la contradicción de criterios.
3. El Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala, formuló denuncia de posible contradicción de criterios, suscitada entre lo sustentado por los referidos tribunales colegiados contendientes al resolver los asuntos anteriormente precisados.
Trámite ante el Pleno Regional.
4. En acuerdo de doce de agosto del año en curso, la presidencia de este Pleno Regional admitió y registró el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, por lo que solicitó a los tribunales colegiados contendientes informaran -esencialmente- sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado.
5. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación del asunto y se le solicitó que informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.
6. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia del Magistrado Manuel Bárcena Villanueva, el cual fue confirmado por auto de nueve de septiembre del año en curso.
7. En acuerdo de diecinueve de septiembre siguiente, se informó que este Pleno Regional se encuentra integrado por la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval, el Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro y la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.
8. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial, por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil veinticinco.
9. Por tal motivo, el presente asunto se returnó a la ponencia a cargo de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.
10. Asimismo, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los tribunales colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes y, que las sentencias emitidas en los juicios de origen han causado estado.
11. Posteriormente, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en relación con el tema de la presente contradicción, la entonces Segunda Sala del Alto Tribunal, se pronunció al resolver el amparo en revisión 88/2023, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 55/2023 (11a.), de rubro: “CONFLICTOS LABORALES ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS. LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA RESOLVERLOS SERÁ LA QUE RIJA EL RÉGIMEN DE SUS RELACIONES LABORALES.".
12. El veintidós de octubre de dos mil veinticinco, se listó el asunto para su discusión, pero en sesión ordinaria de treinta de octubre siguiente, se dejó en lista.
13. Posteriormente, el cinco de noviembre del año en curso, se listó por segunda ocasión el asunto para su discusión.
AMICUS CURIAE
14. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, por auto de veintiuno de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el escrito presentado por **********, por el que realizó diversas manifestaciones en relación con el presente asunto; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia de trabajo entre Tribunales Colegiados pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce su jurisdicción.
16. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
LEGITIMACIÓN
17. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se formuló por el Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala, órgano jurisdiccional que contendió en los conflictos competenciales de origen, que subsecuentemente fueron analizados por los referidos tribunales colegiados.
CRITERIOS DENUNCIADOS
18. A continuación se expondrán -medularmente- las consideraciones con base en las cuales los tribunales colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala.
19. Juicio ordinario laboral. **********, promovió juicio ordinario laboral en el que señaló como demandado a Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, de quien reclamó como acción principal la reinstalación en su empleo, derivado de un despido injustificado.
20. Incompetencia. Del asunto conoció el Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, quien registró el expediente y posteriormente estableció que carecía de competencia legal para conocer del procedimiento laboral, por tanto, ordenó remitir el asunto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
21. No se acepta la competencia. En acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, registró el asunto y estimó carecer de legal competencia para conocer del juicio laboral, consecuentemente, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
22. Incompetencia para resolver el conflicto competencial. El expediente se turnó al Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, quien determinó que carecía de competencia legal para resolver el conflicto, dado que la jurisdicción sobre el órgano que previno es a quien legalmente le corresponde conocer del asunto, así que ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala.
23. Conflicto competencial. Por razón de turno, conoció del conflicto el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, quien lo radicó y lo admitió a trámite; posteriormente, en la sentencia de mérito declaró legalmente competente para conocer del juicio laboral, a la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, en virtud de lo siguiente:
• Del juicio laboral se advierte, que el actor reclamó sustancialmente la reinstalación por un despido injustificado que atribuyó a su empleador Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable.
• Consideró indispensable evidenciar el régimen laboral de dicha entidad paraestatal, para establecer el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de origen.
• La parte demandada es una empresa de participación estatal mayoritaria, constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, el diverso numeral 2 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
• Por ello, su naturaleza se fundamenta en las cláusulas primera y segunda de sus Estatutos Sociales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno y en la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal.
• En ese sentido, refirió que la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, otorga flexibilidad al legislador secundario para regular las relaciones laborales entre distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados “A” o “B” del artículo 123 Constitucional, incluso de manera mixta.
• Criterio que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), con registro digital 2012980, de rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]”.
• Precisó que el artículo 123, apartado “A”, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General, no contiene una regla sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sino un criterio de competencia en favor de los tribunales federales, por lo que existe libertad configurativa para establecer en la ley o en los decretos de creación respectivos, el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados.
• Invocó la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024102, de rubro y texto siguientes:
“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
Hechos: Derivado de la aplicación de casos concretos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la sustitución de la tesis jurisprudencial P./J. 1/96 mediante la cual, el Pleno del Alto Tribunal determinó que las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados se rigen por lo previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, contrario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, según corresponda, para establecer el régimen laboral de tales organismos.
Criterio jurídico: El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General, no contiene una regla sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sino sólo un criterio de competencia en favor de los tribunales federales, por lo que existe libertad configurativa para establecer en la ley, o en los decretos de creación respectivos, el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados.
Justificación: No es posible derivar el tipo de régimen laboral de los organismos descentralizados de una interpretación sistemática de otras disposiciones de la Constitución General considerando un criterio funcional, pues sólo en el caso de las universidades e instituciones de educación superior, así como tratándose de la banca de desarrollo, se adopta un régimen laboral específico en forma expresa; de este modo, debe atenderse a la libertad de configuración tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal, porque la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión de política pública, en donde el órgano creador del organismo descentralizado federal decide su régimen laboral, a fin de lograr de una mejor manera la finalidad para la que fue creado.”.
• Así, en atención a la tesis de referencia, destacó que para determinar el régimen laboral de los organismos descentralizados, no debía tomarse como base la naturaleza de las funciones que éstas desarrollan.
• La entonces Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal estableció que, a fin de que existiera congruencia entre los criterios del Alto Tribunal, la ley procesal aplicable para la solución de los conflictos, previos a la vigencia de la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) en cita, debe ser aquélla que rija el régimen laboral de los organismos descentralizados y sus trabajadores.
• Lo que sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 55/2023 (11a.), con registro digital 2027364, de rubro: “CONFLICTOS LABORALES ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS. LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA RESOLVERLOS SERÁ LA QUE RIJA EL RÉGIMEN DE SUS RELACIONES LABORALES”.
• Las relaciones laborales entre Diconsa o Liconsa, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable y sus trabajadores, se rigen por las condiciones generales de trabajo, de las que se desprende que las mismas serán reguladas por el apartado “B” del artículo 123 Constitucional, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y lo estipulado en dicho documento.
• Concluyó refiriendo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1 y 124, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aunado a la naturaleza legal de la entidad demandada y de la relación laboral con el empleado, corresponde el conocimiento del asunto a la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México.
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala.
24. Juicio ordinario laboral. **********, promovió juicio ordinario laboral contra Diconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, de quien reclamó sustancialmente la indemnización constitucional por despido injustificado.
25. Incompetencia. Por razón de turno, correspondió el conocimiento de la demanda al Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, quien lo registró y posteriormente determinó que carecía de competencia legal para conocer del asunto; consecuentemente, envió el expediente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
26. No se acepta la competencia. La Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, estimó carecer de legal competencia para conocer del juicio, elevando el asunto a conflicto competencial, por lo que ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno.
27. Conflicto competencial. Correspondió el conocimiento del asunto al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, quien lo admitió a trámite y posteriormente en la sentencia de mérito, resolvió que el órgano competente para dirimir el procedimiento laboral es el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, pues consideró que:
• Destacó que el artículo 123, apartado “A”, fracción XXXI, inciso b), numeral 1 Constitucional, así como el precepto 527, fracción II, numeral 1, de la Ley Federal del Trabajo, prevén que corresponde a las autoridades laborales federales, el conocimiento de los asuntos relativos a las “empresas que sean administradas en forma directa o descentralizadas por el Gobierno Federal”.
• Así, señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la referida porción constitucional al fallar la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020, en la que establecieron que el citado numeral no contiene una regla sobre el régimen laboral (apartado “A” o apartado “B”), sino que señala un ámbito de competencia en favor de los tribunales laborales federales.
• Lo anterior, en razón de que del proceso de creación del numeral 123 Constitucional, se advierte que la intención fue crear un criterio uniforme para evitar divergencias que obstaculicen la prosperidad de la industria nacional, mediante el otorgamiento de jurisdicción al ámbito federal, a fin de evitar resoluciones contradictorias de autoridades locales que pudieran apartarse de la conveniencia económico-social que inspiró la facultad exclusiva de la Federación.
• Las disposiciones de la Constitución Federal y de la Ley Federal del Trabajo, que otorgan la competencia a los tribunales federales para conocer de asuntos de “empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal” son aplicables a las empresas de participación estatal mayoritaria de rango federal, especialmente a las que se refiere el numeral 46, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública, estos es, a las sociedades mercantiles que cumplan con alguno o varios de los siguientes requisitos:
• Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios de más del cincuenta por ciento del capital social;
• Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal; y,
• Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno.
• Enfatizó que si bien las empresas de participación estatal mayoritaria pertenecen a la administración pública paraestatal; lo cierto es que ese tipo de empresas, son de índole mercantil, ya que se constituyen ante un fedatario público mediante la creación de Estatutos Sociales, máxime que cuentan con fines de lucro. Por lo que el conocimiento de esos asuntos corresponde a los tribunales laborales que procuran los intereses de los particulares, no así a los tribunales burocráticos.
• La demandada Diconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, reviste la naturaleza de una empresa de participación estatal mayoritaria, ya que así lo prevé la “Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal”, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el doce de agosto de dos mil veintidós. • Precisó que la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es resolver conflictos laborales entre el Estado y sus trabajadores, la cual se encuentra establecida en el artículo 123, apartado “B” de la Constitución Federal y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que únicamente le corresponde el conocimiento de los conflictos individuales, colectivos e intersindicales que surjan entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales.
• Aclaró que si bien el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, aseguró que el caso de origen debe regirse por el apartado “B” del numeral 123 de la Carta Magna, por así preverlo las condiciones de trabajo que operan para la demandada, lo cierto es que, el régimen laboral aplicable al caso concreto constituye una cuestión de fondo ajena a la litis del conflicto competencial en estudio; aunado a que, la competencia del tribunal encargado de resolver un asunto, no es una cuestión que amerite ser prevista en dichas condiciones generales de trabajo, sino que emerge de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
• Finalmente, declaró legalmente competente para conocer del juicio de origen al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala.
EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
28. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
29. Previo a exponer los motivos que sostienen tal decisión, es importante referir que la intervención de los Plenos Regionales tiene su justificación en la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.
30. El estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.
31. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión de derecho en la que, a través de un ejercicio argumentativo llegaron a cierta decisión, mediante la adopción de un método, cualquiera que éste sea.
b) Entre la resolución de la cuestión de derecho, debe existir un punto contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a preguntarse cuál de los dos argumentos es preferente con relación a cualquier otro que, como el primero, también sea legalmente posible.
32. Una vez cumplidos los requisitos, se determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
33. Ello es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron sobre dos cuestiones jurídicas en las que por medio de argumentos interpretativos de la norma y la jurisprudencia arribaron a conclusiones distintas en los puntos de derecho sujetos a análisis.
34. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado de antecedentes, se advierte que los tribunales colegiados analizaron los mismos problemas jurídicos, esto es, determinar qué órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver los conflictos laborales suscitados entre Diconsa o Liconsa, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, y sus respectivos trabajadores.
35. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Las soluciones dadas a la problemática anterior son discrepantes, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, estimó que de acuerdo con lo expuesto por la entonces Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a), a efecto de declarar la competencia legal se debe tomar en cuenta lo expuesto en las condiciones generales del trabajo de la empresa demandada.
36. En ese tenor, expuso que en las condiciones de trabajo de Diconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, se determinó que sus relaciones de trabajo se regirían por el apartado “B” del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
37. En consecuencia, sostuvo que la competencia legal para conocer del juicio de origen corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México.
38. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala, determinó que de acuerdo con lo precisado por la extinta Segunda Sala del Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a), para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que debe de resolver la demanda laboral, se debe atender a las características de la parte demandada, como lo es en el caso, una empresa de participación estatal mayoritaria de rango federal con fines de lucro.
39. Por ello, indicó que Diconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una sociedad de índole mercantil prevista en el artículo 46, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo cual le corresponde conocer del asunto a los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales.
40. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante esas posturas contradictorias, es claro que se cumple el tercero de los requisitos para que se genere una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de una interrogante relativa a:
41. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver los conflictos laborales suscitados entre Diconsa o Liconsa, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, y sus respectivos trabajadores?
42. Sin que obste a lo anterior que, en el acuerdo de admisión, la Presidencia de este Pleno Regional delimitó el tema de contradicción en forma diversa, esto es: “Determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver los conflictos laborales suscitados entre organismos descentralizados y sus trabajadores”.
43. Sin embargo, ello obedece a la fijación preliminar efectuada en un auto inicial, mismo que no es propio del análisis de fondo de la presente sentencia.
44. Consecuentemente, se satisfacen los elementos determinados para tener por existente la contradicción de criterios referida, contenidos en las tesis jurisprudenciales, emitidas por el Pleno y la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 165077 y 205420, de rubros: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA”; y “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS”.
45. Sin que pase desapercibido, el hecho de que los tribunales contendientes emitieron sus respectivos criterios a partir del análisis efectuado en los juicios de origen donde la demandada es una Sociedad Anónima de Capital Variable con denominación distinta, a saber, “Diconsa” y “Liconsa”.
46. Sin embargo, ello no incide en la existencia de la presente contradicción de criterios ya que -como se abundará en el apartado siguiente- ambas son empresas de participación estatal mayoritaria, máxime que a partir de tal naturaleza fue que ambos tribunales contendientes sustentaron sus respectivos criterios.
47. Sin que sea obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que los razonamientos de los Tribunales Colegiados contendientes, pudieran ser erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de esta vía, es el terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, evitando así que se siga resolviendo de forma diferente o incorrecta; con lo que se salvaguarda la garantía de seguridad jurídica y se preserva la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional, al fijar el verdadero sentido y alcance del supuesto jurídico por el que se originó la oposición de criterios.
48. Situación que salva la diferencia entre los razonamientos legales que emplearon los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus correspondientes criterios; esto es, no podría determinarse la inexistencia de contradicción de criterios por esa sola circunstancia, cuando es precisamente el fundamento que emplearon lo que los llevó a resolver en el sentido que lo hicieron.
49. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 3/2010, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 165306, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.”
50. En este sentido, sí existe un punto de toque entre los criterios adoptados por los tribunales contendientes, mismo que amerita ser resuelto en esta instancia, a fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de un procedimiento laboral ordinario de naturaleza individual entre Diconsa o Liconsa, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable y sus respectivos trabajadores.
ESTUDIO DE FONDO
51. Debe prevalecer con el carácter de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33809-1d55d1b6/competencia-para-conocer-y-resolver-los-conflictos-laborales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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