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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE REALIZA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EL CONTRATO RESPECTIVO, SE HAYA CELEBRADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE SU REGLAMENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26950
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-02-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Pág. 714.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE, MARIO GALINDO ARIZMENDI, JORGE PÉREZ CERÓN Y JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ. DISIDENTE: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES. PONENTE: MARIO GALINDO ARIZMENDI. SECRETARIA: CLAUDIA YVANÍ CABRAL SÁNCHEZ.

Mazatlán, Sinaloa. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, correspondiente a la sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciséis, ante el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el Magistrado Juan Carlos Amaya Gallardo, entonces integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, denunció una posible contradicción de criterios sustentados por dicho órgano colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver los amparos directos 406/2015, 486/2015 y 408/2015, los dos primeros del índice del Primer Tribunal Colegiado en comento, y el último correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito.

SEGUNDO.-El nueve de mayo de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, tuvo por recibido el escrito de la denuncia de posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa de este Circuito; admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, registrándola con el número de expediente 1/2016; asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, el envío por correo electrónico de la información que contuviera las ejecutorias relativas a los amparos directos de sus respectivos índices, copia certificada de las resoluciones correspondientes y los escritos de demanda que dieron origen a esos juicios de amparo; por último, les requirió que informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denunció la contradicción, respectivamente, se encontraba vigente o, en su caso, la razón para tenerlo por superado o abandonado (fojas 2 y 3 del expediente).

Posteriormente, en acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, una vez que advirtió que el presente asunto se encontraba debidamente integrado, ordenó turnarlo a la ponencia del Magistrado Mario Galindo Arizmendi, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito e integrante del Pleno, para los efectos previstos en los artículos 17, fracción III, 18 y 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito (foja 236 ibídem); y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito es legalmente competente para conocer sobre la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en relación con el artículo segundo del Acuerdo General 19/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, jurisdicción territorial, domicilio, fecha de inicio de funciones del Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Décimo Segundo Circuito en Mazatlán, Sinaloa, el cambio de denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del referido Circuito y sede; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito Especializados, así como al cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en cita, toda vez que esta contradicción de tesis de que se trata, se suscitó entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, que pertenecen a la jurisdicción de este Pleno de Circuito especializado por materia.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Magistrado Juan Carlos Amaya Gallardo que en ese momento integraba el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, que participó en uno de los criterios contendientes.

Lo anterior, atento a lo previsto en los artículos 226, fracción III y 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que expresamente disponen:

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"...

"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente."

"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

"...

"III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

Sin que resulte un obstáculo, la circunstancia de que el citado Magistrado denunciante, ahora se encuentre comisionado temporalmente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, conforme el oficio CCJ/ST/2841/2016 suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, pues ese cambio temporal de adscripción no constituye un impedimento técnico para que este Pleno de Circuito, resuelva la presente controversia.

Máxime, que existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito tienen legitimación para denunciar la contradicción de tesis, aun cuando los criterios discrepantes no emanen del tribunal al que pertenecen.

El criterio a que se hace alusión, en el párrafo inmediato anterior, aparece en la tesis aislada 1a. XVIII/2015 (10a.) (registro digital: 2008306), consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de enero de 2015 a las 9:20 horas y en el Libro 14, Tomo I, enero de 2015, Décima Época, materia común, página 752 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS DISCREPANTES NO EMANEN DEL TRIBUNAL AL QUE PERTENECEN. Los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito tienen legitimación para denunciar las contradicciones de tesis a que se refiere el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, aun cuando los criterios discrepantes no emanen del tribunal al que pertenecen; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el numeral 227, fracción II, de la ley citada, señale que las contradicciones a las que se refiere la fracción II referida podrán denunciarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron, toda vez que si bien es cierto que la fracción citada establece que deben denunciarlas los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron las tesis discrepantes, también lo es que permite a los Jueces de Distrito, en general, denunciarlas, sin hacer distinción alguna o exceptuarlos respecto de la posibilidad de presentar una denuncia, por lo que, por mayoría de razón, debe entenderse que los integrantes de cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, sin importar si emitió o no uno de los criterios discrepantes, puede denunciar una posible contradicción de tesis, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la unificación de criterios."

TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados señalados, al dictar las ejecutorias respectivas.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el catorce de abril de dos mil dieciséis, por mayoría de votos, el amparo directo administrativo número 406/2015, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe:

"... Por otro lado, con independencia de si es o no aplicable al caso la tesis 2a. XLII/2015 (sic), que en apoyo a sus consideraciones -y no como fundamento de su decisión- citó la Sala del conocimiento, este tribunal conviene en que los actos emitidos por Comisión Federal de Electricidad no son susceptibles de combatirse a través del juicio de nulidad.-El Alto Tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado se dan, fundamentalmente, tres tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, la de supraordinación y las de coordinación.-Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social.-Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes.-Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares.-Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos.-Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica actualmente abrogada, era actividad exclusiva del Estado, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera por objeto la prestación del servicio público, cuyos actos eran de orden público.-La prestación de tal servicio público se realizaba, exclusivamente, a través de la Comisión Federal de Electricidad, la cual era un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tenía por objeto la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público y la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás ordenamientos aplicables.-Asimismo, la prestación del servicio público de energía eléctrica era proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a quien lo solicitara, previa celebración del contrato de suministro correspondiente, cuyo formato debía ser aprobado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de Energía, Minas e Industria Paraestatal.-La Comisión Federal de Electricidad tenía por objeto, entre otros, celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica; asimismo, estaba facultada para celebrar los contratos que fueran necesarios para el cumplimiento de su objeto, como lo es, entre otras, el suministro de energía eléctrica a quien se lo solicitara.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijaba las tarifas, su ajuste o reestructuración.-Las causas que determinaban la conclusión del contrato de suministro de energía eléctrica eran las siguientes: i) Por voluntad del usuario; ii) Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; iii) Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y, iv) Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión.-Si bien la Comisión Federal de Electricidad era un organismo público, lo cierto es que el suministro de energía eléctrica se pactaba a través de un contrato, que implicaba la estipulación de obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquirían derechos y obligaciones recíprocos, lo que suponía que, desde un punto de vista material, se recurría a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y usuario a esos efectos.-Importa señalar que, en la especie, el contrato de suministro debe ser entendido como un sistema de comercialización y distribución donde a una persona física o moral se le proporciona a cambio de una contraprestación, el servicio de suministro de energía eléctrica, de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas por el proveedor.-En ese sentido, los que la Comisión Federal de Electricidad celebró con las personas físicas o morales constituía un contrato de suministro y adhesión, donde la comisión prestadora del servicio y los usuarios adquirían derechos y obligaciones recíprocas, bajo condiciones que fija el proveedor; obligaciones que consisten, centralmente, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en proporcionar el servicio de energía eléctrica al usuario; y la correlativa obligación del usuario de pagar como contraprestación una cantidad de dinero por la energía consumida en determinado periodo de facturación.-Todos los contratos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, por lo que la falta de pago del servicio de suministro de energía eléctrica por parte del usuario actualizaba el derecho de retención de la obligación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que se traducía en el corte del suministro de energía eléctrica.-Ese elemento, que podría denominarse cláusula de cese del suministro de las prestaciones o servicios pactados ante el incumplimiento de la parte contratante, no generó que la relación de coordinación se transforme en una relación de supra a subordinación, ya que dicha cláusula sólo implicó la posibilidad de que la parte que se viera perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones, servicios y/o beneficios de la relación jurídica, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes.-En esa tesitura, resulta que el aviso-recibo que consignara el cobro del suministro eléctrico, incluso cuando contuviera un apercibimiento de corte del servicio, no puede ser considerado un acto dictado por autoridad administrativa para los efectos del juicio de nulidad sólo por el hecho de que una de las partes sea un organismo descentralizado, pues esa decisión está justificada por la ley y es consecuencia lógica del incumplimiento de lo pactado, sean cual fueren las partes contratantes.-En resumen, los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de la prestación del servicio público de energía eléctrica, aun cuando se trate de un organismo descentralizado, no pueden reputarse como actos administrativos susceptibles de combatirse a través de juicio de nulidad, pues la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio.-Incluso, este Tribunal Colegiado de Circuito comparte el criterio contenido en la tesis 2a. XLII/2015 (sic) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien no es obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tampoco existe impedimento legal para que este tribunal pueda adoptarlo para sustentar la presente ejecutoria, y que es de rubro y texto siguientes: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. ...’.- Esto es así, cuenta habida de que de conformidad con los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en sus respectivos textos vigentes hasta antes de las reformas publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación); en relación con los artículos 1o., 4o., 7o., 8o. y 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y numerales 2o., fracciones XXV a la XXXII, y 20 del Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público.-Por su parte, los artículos (sic) 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, disponen, que son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias por actos de comercio, entre otros, la de las empresas de suministros. Sin que los precisados artículos u otros del Código de Comercio, realicen distingo respecto a que, por empresas de suministro, debe atenderse a empresas privadas, o empresas públicas, o solamente a las primeras citadas, o a las segundas indicadas.-En tanto que si la Comisión Federal de Electricidad, es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público.-Y, si empresa pública es aquella, cuyo objeto es la producción económica de bienes y servicios; un organismo económico coordinador de diversos elementos y bienes, cuyo titular es el Estado, que en la legislación vigente adoptan, entre otras, la estructura jurídica de organismos descentralizados, que tienen personalidad jurídica propia, por lo que es un sujeto de derecho público.- Luego, el nuevo criterio de la citada Segunda Sala, contenido en la tesis 2a. XLII/2015 (sic), en que bajo el matiz relativo a que acorde a la interpretación armónica de lo previsto en los artículos (sic) 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común.-Máxime, que a la fecha en que se presentó la demanda de nulidad, la Comisión Federal de Electricidad ya se había transformado de un organismo descentralizado en una empresa productiva del Estado.-En efecto, el veinte de diciembre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: ‘Artículo 25.’ (se transcribe).-‘Artículo 27.’ (se transcribe).-‘Artículo 28.’ (se transcribe).-A su vez, el artículo tercero transitorio de la citada reforma dispone: (se transcribe).-De conformidad con la aludida reforma constitucional, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; empero, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica, entre ellas, la generación y comercialización.-Asimismo, el Poder Reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado.-De esta manera, la reforma constitucional en comento dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado; así como, la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.-En consonancia con la norma fundamental, los artículos 1 al 5 y 7 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad contenidos en su título primero: ‘De la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado’; así como, los preceptos 82 y 83 comprendidos en el título cuarto: ‘Del régimen especial’, capítulo III: ‘Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras’, sección primera: ‘Disposiciones generales’; y, el numeral 118 incluido en su título sexto: ‘Otras disposiciones’, dicen: (se transcribe).-De la interpretación sistemática de los preceptos en cita (reconocida en la doctrina como aquella que para decidir el significado de una disposición, no se atiende a la disposición misma aisladamente considerada, sino al contexto en el que está situada, pues se parte de la base de que todo sistema jurídico posee una coherencia intrínseca y objetiva que permite justificadamente acudir a unos preceptos para aclarar otros), se colige: La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, regida por su ley y reglamento y, en forma supletoria, por el derecho mercantil y civil.-A los contratos y actos que emita la Comisión Federal de Electricidad, para el cumplimiento de su objeto, les son aplicables la legislación mercantil y común, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa hasta el momento del fallo, empero, una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable.-Los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte; incluso, tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles.-De tal suerte, se concluye que las relaciones jurídicas que existen entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios finales del suministro de energía eléctrica son de naturaleza mercantil.-Esto es, debe entenderse que, conforme a su actual regulación, las relaciones jurídicas que existen entre la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, en calidad de suministrador de energía eléctrica y los particulares como usuarios finales, deben reputarse como actos comerciales y, por ende, propios de las relaciones de coordinación, en términos de los artículos 75, fracción V, y 1049 del Código de Comercio, que dicen: (se transcriben).-En esa línea de pensamiento, es inconcuso que acorde al nuevo marco jurídico que rige a la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de empresa productiva del Estado, esto es, conforme a su nueva naturaleza jurídica, el acto de suministro de energía eléctrica que lleva a cabo es un acto de naturaleza comercial; y, por ende, las controversias que se susciten entre ésta y los usuarios finales con motivo de la prestación y cobro del suministro de energía eléctrica quedan sujetas a las leyes mercantiles, siendo la vía mercantil la procedente en la que deben reclamarse tales cuestiones, pues la relación que establece con los usuarios finales es de coordinación propias del ámbito mercantil, y no de supra a subordinación que harían posible su impugnación en sede administrativa.-La conclusión a la que se arribó también encuentra apoyo en la interpretación teleológica, entendiéndose como tal la que apela a la voluntad, a la intención o a los objetivos del legislador, en suma, a la ratio legis.- Es así, en razón de que del proceso legislativo atinente a la emisión de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada el lunes once de agosto de dos mil catorce en la segunda sección de la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se logra advertir la intención del legislador de que la Comisión Federal de Electricidad se rija como cualquier empresa privada, bajo principios de derecho privado y no público; cuenta habida que de la exposición de motivos del titular del Ejecutivo Federal, se advierte que se hizo alusión expresa de ello, en los términos siguientes: (se transcribe).-El dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en lo que interesa, dice: (se transcribe).-De la versión estenográfica de la sesión de discusión de la Cámara de Senadores (20 de julio de 2014), se advierte que el senador David Penchyna Grub puntualizó lo siguiente: (se transcribe).-De la versión estenográfica de la sesión de discusión de la Cámara de Diputados (30 de julio de 2014), se advierte que el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez señaló lo siguiente: (se transcribe).-A su vez, el Diputado Rubén Camarillo Ortega expuso: (se transcribe).-De la versión estenográfica de la sesión de discusión de la Cámara de Senadores (20 de julio de 2014) se advierte la votación siguiente: (se transcribe).-De la versión estenográfica de la sesión de discusión de la Cámara de Diputados (30 de julio de 2014) se desprende la votación siguiente: (se transcribe).-De la versión estenográfica de la sesión de discusión de la Cámara de Senadores (4 de agosto de 2014) se advierte la votación siguiente: (se transcribe).-Como se ve, del proceso legislativo atinente a la emisión de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que a partir de su transformación la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad debe operar bajo principios de derecho privado y no público, esto es, con carácter empresarial; lo que patentiza la voluntad del legislador en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad se rija como cualquier empresa privada.-Es decir, tanto en el marco legal anterior como en el vigente, los actos de la Comisión Federal de Electricidad respecto su relación con los usuarios, no pueden considerarse como de autoridad para efectos del juicio contencioso.-En las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26950-2765b250/comision-federal-de-electricidad-contra-los-actos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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