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Modo: Corpus Pro

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. AL ADUCIRSE RESPECTO DE ACTOS JURISDICCIONALES, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA.

Tipo de asunto: QUEJA 272/2022. · Registro digital (IUS): 31474
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-06-02
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Pág.6831.

QUEJA 272/2022. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER. SECRETARIA: MARÍA DE LA LUZ RANGEL G.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—En principio, son inoperantes las alegaciones aducidas en el primer agravio, relativas a que la resolución recurrida contraviene los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

La inoperancia se da porque cuando un Juez de Distrito conoce de un juicio de amparo de su competencia, no puede incurrir en violación de artículos constitucionales y menos relativos a derechos fundamentales, ya que tal violación sólo puede imputarse a la autoridad que emitió el acto, orden o resolución que se reclama de inconstitucional a través de dicho juicio.

Lo anterior, máxime que el recurso de queja es un medio eficiente, con el cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, que consiste en que el tribunal revisor analice, con base en los agravios que se hacen valer, si la actuación del juzgador de amparo se apegó a las normas previstas en la Ley de Amparo o en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, mas no constituye, de ningún modo, un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de los Jueces de amparo.

Es aplicable, al respecto, por analogía, en lo conducente y en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a ésta, la tesis de jurisprudencia 35 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 28, con número de registro digital: 917569, la cual dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los jueces de distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otro lado, los demás motivos de inconformidad expresados en el primer agravio, así como en el segundo y tercero se analizan de forma conjunta por la relación que guardan entre sí, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales se estiman infundados.

Lo infundado es así, por lo siguiente:

La base legal para desechar de plano una demanda de amparo se encuentra en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

Al respecto, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de que una causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso.

Para establecer la manifiesta e indudable improcedencia de la demanda de amparo en un caso específico, debe atenderse a que con la sola lectura de tal demanda y los anexos que se acompañen se considere probada aquélla, sin lugar a duda, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido narrados claramente por el quejoso, o bien, que se adviertan en forma notoria de las constancias anexas.

Así, la interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo permite constatar que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede cuando la causa de improcedencia del juicio de amparo sea manifiesta e indudable; es decir, que se advierta en forma clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones, y que se tenga la certeza y convicción de que es operante.

En la especie, contrariamente a lo señalado por los recurrentes, se considera que la causal de improcedencia con base en la cual en el auto recurrido se desechó su demanda de amparo, sí se actualiza de manera notoria y manifiesta, por lo que a continuación se expone:

En dicha demanda, los quejosos señalaron como actos reclamados los siguientes:

a) Del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la falta de notificación y emplazamiento al juicio ordinario civil, expediente número **********, promovido por **********, actualmente **********, en contra de **********, así como todas y cada una de las actuaciones que obran en ese expediente.

b) La sentencia dictada por el citado Juez de Distrito el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el mencionado juicio.

c) El auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el cual se notificó a **********, que contaba con tres días para dar cumplimiento al resolutivo tercero de la sentencia definitiva de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y entregar el inmueble que tenía en posesión, así como el menaje que se encontraba en éste.

d) Del actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, todos los actos tendientes a poner en posesión del tercero interesado o de quien sus derechos represente, el inmueble ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, Alcaldía **********, en esta ciudad, en especial, la ejecución del inminente lanzamiento de ese inmueble en el que actualmente reciben tratamiento médico.

En el señalado auto recurrido se desechó la referida demanda de amparo, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción "XIII" (lo correcto es fracción XXIII), en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; con base en las consideraciones consistentes en que los quejosos no pueden ser considerados como terceros extraños a juicio, ya que el derecho a la salud que dicen se les afecta, no está relacionado con los bienes materia del litigio, habida cuenta que en la controversia natural no se emitió pronunciamiento en torno a la prestación de los servicios médicos que presta la demandada, aunado a que no defienden algún derecho sustantivo emanado de los actos reclamados, ya que no son dueños ni poseen el predio y menaje cuya desocupación y entrega se ordenó, por lo que no puedan alegar una afectación a su interés legítimo, y sin que en ningún caso dichos actos reclamados se traduzcan en una transgresión a los derechos de los promoventes del amparo, ya que tal interés legítimo se dirige a garantizar derechos vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o determinados núcleos sociales, interés que no tiene aplicación tratándose de actos jurisdiccionales.

Ahora bien, aun cuando es incorrecto que el Juez de Distrito considerara que los quejosos no son terceros extraños al juicio de origen, dado que sí tienen ese carácter al no ser parte en éste, lo cierto es que con independencia de que tengan esa calidad, finalmente sí procede el desechamiento de su demanda de amparo, en virtud de que el interés legítimo que pretenden hacer valer con base en la afectación al derecho a la salud, no es oponible respecto de actos jurisdiccionales, como son la sentencia dictada en la controversia natural de la que derivan los actos reclamados.

Lo anterior es así, por lo siguiente:

El artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."

Del mencionado artículo y fracción se desprende que establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo –para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales–, ya que claramente señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica.

Esto es, que en tal norma constitucional se prevé como presupuesto procesal de la acción constitucional, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien de un interés legítimo, el cual se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Afectación que debe entenderse puede ocurrir de manera directa o en virtud de una especial situación frente al ordenamiento jurídico.

El interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo –noción asociada clásicamente al interés jurídico–, por lo que tal interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico.

De ahí que el interés legítimo puede definirse como el interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. En el entendido de que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo. Es decir, debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra.

Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2012364, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 690, la cual señala:

"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

En el caso los quejosos, como terceros extraños al juicio de origen, reclaman el que en éste se condenó a la demandada **********, entre otras cosas, a la desocupación y entrega a la parte actora respecto de la posesión física y material del inmueble litigioso y menaje en él contenido, con motivo de que se declaró que concluyó el nombramiento que esa fundación tenía como depositaria productiva de éste.

Al respecto, hacen valer la afectación a su interés legítimo, bajo el argumento de que con los actos reclamados se les afecta sus derechos a la salud y a la vida, ya que en las instalaciones del referido inmueble reciben atención y diversos tratamientos médicos especializados.

Sin embargo, como así lo consideró el Juez Federal, dicho interés legítimo no tiene aplicación en el caso, al vincularse con actos atribuibles a autoridades administrativas, siendo que la controversia de origen corresponde a actos jurisdiccionales, cuyo derecho a la salud que pretenden hacer valer los promoventes del amparo, no tiene relación con los actos que reclaman, al versar éstos exclusivamente sobre la posesión del inmueble en comento, lo cual sólo rige entre las partes actora y demandada en la controversia natural. Aunado a que el hecho de que en ese inmueble los quejosos reciban atención médica, no se traduce en que, en relación con éste, tengan adquirido algún derecho de posesión, pues el mismo sólo le corresponde a la demandada.

Por ende, los actos reclamados exclusivamente inciden sobre los derechos de posesión de tal demandada, respecto del inmueble del que se ordenó su desocupación y entrega, y no sobre la cancelación de algún servicio de salud prestado por ésta en tal inmueble y menos sobre que se le impida seguirlo proporcionando, como asociación civil y sin ánimo de lucro; de ahí que resultan inatendibles los argumentos que al efecto plantean los recurrentes.

Por tanto, si por un lado los recurrentes sólo hacen valer un interés legítimo, sin cuestionar ningún derecho de propiedad o de posesión, en relación con el inmueble cuya desocupación fue ordenada a la demandada en el juicio de origen, dado que, por el contrario, expresamente admiten que carecen de esos derechos y, por otro lado, de los antecedentes narrados en su escrito de desahogo de prevención, se advierte que las prestaciones reclamadas y la sentencia dictada en ese juicio, no versan sobre alguna afectación al derecho a la salud y tratamientos médicos que invocan, lo cual, por cierto, sólo sería reclamable al Estado; es claro que en el juicio de amparo de ninguna manera podrían acreditar el referido interés legítimo que aducen, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se tramitara dicho juicio por todas sus etapas.

Motivo por el cual, es claro que la causal de improcedencia invocada por el juzgador federal para desechar la demanda de amparo sí resulta notoria y manifiesta y, por ende, era inconducente tramitar dicha demanda, porque con ello no se variaría la consideración de que sí se actualiza dicha causal.

En esas condiciones, resulta legal el desechamiento de mérito, por lo que se reitera lo infundado de las alegaciones contenidas en los agravios primero, segundo y tercero.

Lo que a su vez implica que no benefician a los recurrentes las tesis y las jurisprudencias que invocan en esos agravios.

Por otra parte, derivado de lo anterior, en cuanto a que sí debía desecharse la demanda de amparo, es inoperante lo argumentado en el cuarto agravio, en el que los recurrentes hacen valer la procedencia de la suspensión de oficio en contra de los actos reclamados; ello, porque además de que correspondería al Juez de Distrito pronunciarse sobre ello, lo cierto es que, en su caso, sólo resultaría aplicable decidir, al respecto, ante la admisión de dicha demanda, lo que no es procedente, por las razones señaladas.

Así pues, al ser ineficaces los agravios expresados, debe declararse infundado el presente recurso de queja.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Se declara infundado el recurso de queja.

SEGUNDO.—Se desecha de plano la demanda de amparo indirecto.

Notifíquese como corresponda; con testimonio de la presente resolución devuélvase al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el legajo que remitió y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvieron por mayoría de votos los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Israel Flores Rodríguez (presidente) y Adalberto Eduardo Herrera González, en contra del voto particular del Magistrado Walter Arellano Hobelsberger (ponente), que se agrega al final de esta ejecutoria, quienes firman de manera electrónica la sentencia en términos de lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley de Amparo, ante el secretario de acuerdos licenciado Armando Esparza Márquez, que da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31474-22649276/interes-legitimo-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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