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Modo: Corpus Pro

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). SALARIO. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ LOS MEDIOS POR LOS CUALES AQUÉL PUEDE EFECTUARSE, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 56 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). VACANTES Y PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 154, PÁRRAFO PRIMERO Y 159 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE AQUÉLLOS PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. LOS ARTÍCULOS 873, 875 Y 878 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA REGULAN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. LOS PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LO PREVÉN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. MENORES DE EDAD. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 22 BIS, 173, 174, 175 BIS Y 176 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE ES O EMPLEA ESE TIPO DE TRABAJADORES PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). MODALIDADES DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIONES II Y IV, Y 35 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE ESTÁ CONTRATADO BAJO UNA DE ESAS MODALIDADES PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). MODALIDADES DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. LOS ARTÍCULOS 39-A, 39-B, 39-C, 39-D Y 39-E DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE REGULAN EL PERIODO A PRUEBA Y LA CAPACITACIÓN INICIAL, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). MULTAS EN EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. LOS ARTÍCULOS 1004-B Y 1004-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LAS PREVÉN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). RAMAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS VIDRIERA, TABACALERA O DE BANCA Y CRÉDITO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN REGULADOS POR UN CONTRATO O CONCESIÓN FEDERAL. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 527, FRACCIONES I, PUNTOS 20, 21 Y 22, Y II, PUNTO 2, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE UBICA EN ESAS RAMAS PARA IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 692, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA CONDICIONA ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRÓN. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PREVÉ DIVERSAS CONDUCTAS QUE LA ORIGINAN, ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LO REGULA ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). SALARIOS CAÍDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO. LOS ARTÍCULOS 48, PRIMERO A CUARTO PÁRRAFOS, Y 50, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LOS REGULAN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). SINDICATOS. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 371, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE QUE ES UN SINDICATO O EN SU CASO, QUE ES TRABAJADOR SINDICALIZADO PARA IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). SUBCONTRATACIÓN LABORAL. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 15-A, 15-B, 15-C

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 487/2013. · Registro digital (IUS): 25249
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-10-03
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Pág. 755.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).

SALARIO. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ LOS MEDIOS POR LOS CUALES AQUÉL PUEDE EFECTUARSE, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 56 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).

VACANTES Y PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 154, PÁRRAFO PRIMERO Y 159 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE AQUÉLLOS PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).

AMPARO EN REVISIÓN 487/2013. 23 DE ABRIL DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, toda vez que se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamaron diversos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de noviembre de dos mil doce, tema en el cual subsiste el problema de constitucionalidad y se relaciona con la materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Sala, la cual, en sesión privada de once de septiembre de dos mil trece, determinó reasumir la competencia originaria de esta Corte Constitucional para conocer del recurso de revisión interpuesto, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(1)

No pasa inadvertido que el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente; sin embargo, en atención a lo previsto en el artículo tercero transitorio de dicha ley, el presente asunto se resolverá aplicando la Ley de Amparo abrogada, porque el juicio de amparo del que deriva este recurso se inició bajo la vigencia de este último ordenamiento.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida se notificó por medio de lista a la parte quejosa el treinta y uno de julio de dos mil trece (fojas 460 y 461 del juicio de amparo), la que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, surtió efectos el uno de agosto siguiente. Por tanto, el plazo de diez días hábiles, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo abrogada, para interponer el recurso de revisión, transcurrió del dos al quince de agosto de dos mil trece, descontándose de dicho cómputo los días tres, cuatro, diez y once de agosto, por ser inhábiles, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tanto, si el recurso se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, el catorce de agosto de dos mil trece, se hizo oportunamente (foja 3 del toca de revisión).

TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión se encuentra interpuesto por parte legítima, pues el escrito de expresión de agravios fue firmado por **********, a quien le fue reconocida personalidad por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, mediante acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil doce (fojas 199 a 203 del juicio de amparo).

CUARTO. Sentencia recurrida. Previo al estudio del asunto y para su mejor conocimiento, a continuación se sintetizan las consideraciones de la sentencia dictada por el Juez de Distrito auxiliar que resolvió en primera instancia:

En el considerando primero justificó su competencia.

En el considerando segundo fijó, en principio, los actos reclamados, definiendo como tales la discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, en particular, los artículos 2o., 3o., párrafo tercero, 3o. Bis, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 22 Bis, 25, fracciones II y IV, 28, 28-A, 28-B, 35, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D 39-E, 47, fracción II, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, 48, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 50, fracción III, 56 Bis, párrafo primero, 83, 101, 153-B, 153-C, 153-D, fracción III, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, párrafo primero, 154, párrafo primero, 159, 173, 174, 175 Bis, 176, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 311, 333, 336, 343-A, 343-B, 343-C, 343-D, 343-E, 371, fracciones IX y XIII, 527, 692, fracción II, 873, 875, 878, 1004-B y 1004-C de dicha ley.

Cabe señalar que, en relación con la propia fijación de actos reclamados, en el considerando sexto estableció que, atendiendo a los conceptos de violación, aun cuando al principio se mencionaban tanto las fracciones IX y XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto era que la razón de inconstitucionalidad que alegaba el sindicato quejoso radicaba en que en la fracción IX se prevé que la elección de la directiva es mediante votación indirecta y, en este sentido, afirmaba que el voto debía ser directo, porque incide en un derecho que no es transferible; por lo que, conforme a tal causa de pedir, resultaba palmario que sólo reclamaba la citada porción normativa, mas no la fracción XIII.

En el considerando tercero estableció la certeza de los actos reclamados.

En el considerando cuarto determinó que la demanda fue promovida por el sindicato quejoso, por sí y en representación de quienes son sus afiliados, al tenor del artículo 91 de sus estatutos.

En el considerando quinto analizó las cuestiones de procedencia y, al efecto, consideró que era parcialmente correcta la causa de improcedencia invocada por el presidente de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al rendir sus respectivos informes justificados, en torno a que el sindicato quejoso carecía de interés jurídico, o bien, legítimo, para instar el juicio.

Así, sobreseyó en el juicio respecto de los artículos 2o., 3o., párrafo tercero, 3o. Bis, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 22 Bis, 25, 28, 28-A, 28-B, 35, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 47, fracción II, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, 48, párrafo segundo, 50, fracción III, 83, párrafo segundo, 153-B, 153-C, 173, 174, 175 Bis, 176, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 311, 333, 336, 343-A, 343-B, 343-C, 343-D, 343-E, 527, fracción I, puntos 20, 21 y 22, fracción II, punto 2, 692, 873, 875, 878, 1004-B y 1004-C, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior, porque consideró que, en cuanto a los artículos 2o., 3o. Bis y 153-C de la citada ley, se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción II, párrafo primero, constitucional y, por lo que toca al resto de los preceptos, la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Desestimó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, invocada por el presidente de la República y por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

En el considerando sexto emprendió el estudio de fondo, en torno a los distintos preceptos reclamados de la Ley Federal del Trabajo, respecto de los cuales no se sobreseyó y, al efecto, determinó que:

• El artículo 371, fracción IX, al prever que en los estatutos de los sindicatos se deberá contener el procedimiento para la elección de la directiva y el número de miembros, tan sólo se incluye la modalidad de votación indirecta y secreta, y se conservó la de votación directa y secreta; de manera que la primera no se establece como un mecanismo obligatorio y queda abierta la posibilidad de elegir la segunda.

• El artículo 101 no dejó sin efectos la disposición que obligaba a pagar el salario en efectivo, y si bien la reforma adicionó un párrafo segundo al precepto en cita, lo cierto es que el primer párrafo conservó la expresión de que el salario deberá pagarse en moneda de curso legal y adicionó la posibilidad de que el pago se haga en forma electrónica, siempre y cuando el trabajador así lo autorice; además, la parte final de dicho párrafo prevé que los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón, lo que no redunda en una merma económica al salario.

• Los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U y 153-V, párrafo primero, forman parte del capítulo III Bis (cuya norma nuclear es el artículo 153-A), que norma lo relativo a la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, marco que instituye derechos para la parte trabajadora y tiene como objetivo toral permitirle elevar su nivel de vida, competencia laboral y productividad; de tal suerte que los preceptos de referencia redundan con diversos efectos benéficos para la parte obrera, destacando la concurrencia de los patrones, trabajadores, sindicatos, gobierno y academia para el establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad.

En tanto los artículos 154 y 159, que forman parte del capítulo IV, relativo a los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, implican la obligación de los patrones de preferir, en igualdad de circunstancias y entre otros casos, a los trabajadores sindicalizados de quienes no lo sean y el derecho de ocupar vacantes definitivas o provisionales mayores a treinta días, para los trabajadores que tengan la categoría o rango inmediato inferior, los que cuenten con mayor capacitación, antigüedad, aptitud y productividad.

Todo lo cual, redunda en beneficios para los trabajadores, al incorporar a su esfera jurídica una verdadera expectativa de elevar su nivel de vida partiendo de la base de la capacitación y desempeño laboral, con lo que se descartan contrataciones y ascensos arbitrarios.

• El artículo 56 Bis no permite que se obligue a los trabajadores a realizar funciones para las que no fueron expresamente contratados sin la percepción del salario correspondiente; ello es así, porque el legislador condicionó la realización de labores o tareas conexas o complementarias a la principal, al requisito consistente en que dichas actividades deben estar relacionadas en forma permanente y directa con las labores pactadas en los contratos de trabajo o aquellas que habitualmente desarrolle el trabajador, por lo que no se está frente a una norma de carácter permisivo que faculte al patrón a disponer de manera arbitraria de la fuerza laboral, además de que el mismo precepto prevé la posibilidad de que los trabajadores puedan recibir la compensación salarial correspondiente.

Con base en las razones expuestas en el considerando sexto, el Juez Federal estimó que los artículos 56 Bis, 101, párrafo segundo, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, párrafo primero, 154, 159 y 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, no resultan inconstitucionales y, por ende, negó el amparo solicitado.

QUINTO. Cuestión previa. En relación con la fijación de actos reclamados, queda firme la determinación del Juez de Distrito inserta en el considerando sexto, en el sentido de que, atendiendo a los conceptos de violación de la parte quejosa, aun cuando al principio mencionó las fracciones IX y XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto era que la razón de inconstitucionalidad que alegaba el sindicato quejoso radicaba en que en la fracción IX se prevé que la elección de la directiva es mediante votación indirecta y, en este sentido, afirmaba que el voto debía ser directo, porque incide en un derecho que no es transferible; por lo que, conforme a tal causa de pedir, resultaba palmario que sólo reclamaba la citada porción normativa, mas no la fracción XIII.

En ese tenor, el análisis de constitucionalidad del artículo 371, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, no forma parte de la materia de esta instancia, pues de la demanda de amparo se aprecia que, efectivamente, no fue intención de la parte quejosa reclamar tal precepto.

Por otra parte, debe decirse que el análisis de constitucionalidad del artículo 153-B de la Ley Federal del Trabajo no forma parte de la materia de esta instancia, pues de la demanda de amparo se aprecia que tampoco fue intención de la parte quejosa reclamar tal precepto, a pesar de que el Juez de Distrito lo tuviera como acto reclamado y sobreseyera en el juicio a su respecto, pues su inclusión en la litis no es congruente con el planteamiento del sindicato quejoso.

SEXTO. Examen de oficio de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, aplicado en sentido contrario, respecto de los artículos 2o., 3o., 3o. Bis, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo.

La procedencia del juicio de amparo es de orden público y de estudio preferente, por lo que debe efectuarse sin importar que las partes la hagan valer o no, en cualquier instancia del juicio, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 122/99, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA."(2)

Asimismo, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, tratándose del juicio de amparo contra leyes, para distinguir entre disposiciones autoaplicativas de las que son heteroaplicativas, debe acudirse al concepto de individualización incondicionada, ya que a través de dicho elemento es posible conocer si los efectos de alguna disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada.

Ahora bien, a través del amparo indirecto, se puede impugnar una ley desde el momento de iniciación de su vigencia, o bien, con motivo de su primer acto concreto de aplicación en relación con el quejoso.

Al respecto, el carácter autoaplicativo de una ley no queda al criterio del quejoso, sino que depende de la naturaleza de su contenido, cuestión que habrá de verificar el juzgador federal, como quiera, es importante que el quejoso señale la forma en que combate la ley y, de ser con el carácter de heteroaplicativa, con motivo de un acto concreto de aplicación, precise la forma en que le fue aplicada, máxime que esta Segunda Sala ha establecido en jurisprudencia que esas dos formas distintas de combatir una norma, que tienen plazos distintos, no pueden coexistir.(3) No obstante, puede darse el caso de que el quejoso señale que controvierte la ley de las dos formas; de suerte que, aun cuando no quedara acreditado el acto de aplicación, si la ley tiene carácter autoaplicativo y se reclama oportunamente el amparo sería procedente.(4)

En un amparo contra leyes es menester realizar el examen de diversas cuestiones, como son la identificación precisa de los actos reclamados a través del examen integral de la demanda de amparo, la identificación de la naturaleza de las normas que se combatan, esto es, si son de naturaleza autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa y, en este último caso, identificar el primer acto de aplicación en perjuicio del promovente; luego, examinar la procedencia del juicio de amparo, todo lo cual implica un examen de índole jurisdiccional, que es propio de los órganos judiciales federales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXXVIII/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, registro IUS: 205877, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.", ha establecido que, tratándose de amparo contra leyes, para determinar qué disposición o disposiciones jurídicas se combaten, debe atenderse de manera decisiva a los conceptos de violación. Esto es, para determinar cuál es la inconstitucionalidad que de modo preciso se alega, debe atenderse a los razonamientos que se hagan valer en la demanda de amparo.

Ahora bien, para examinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, esto es, la naturaleza de la disposición jurídica reclamada, el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo siguiente:

"LEYES. IMPUGNACIÓN POR SU SOLA EXPEDICIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la sola expedición, promulgación y publicación de una ley, no basta que sea considerada como inconstitucional por la parte quejosa, sino que debe sujetarse tal impugnación a que se trate de leyes autoaplicativas, como lo señala la tesis de jurisprudencia que con el número 72 aparece publicada en la página 178 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1975, y dicho carácter autoaplicativo no queda a criterio del quejoso, sino que el juzgador debe atender al texto mismo de la ley impugnada, para ver si tiene o no el carácter de autoaplicativa."(Séptima Época. Registro IUS: 232592. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 127-132, Primera Parte, materias constitucional y común, página 220)

En este orden, es de reiterarse que para verificar la naturaleza de las disposiciones reclamadas se debe hacer un análisis jurisdiccional, a fin de dilucidar su naturaleza, ya sea autoaplicativa, por no establecer condición alguna para su individualización, o bien, heteroaplicativa, cuando se observa que para que nazca la obligación que refieren las normas se requiere de un acto de particular o de autoridad, esto es, que su sola vigencia no vincula al gobernado a su cumplimiento, pues su aplicación jurídica o material en un caso concreto, se halla sometida a la realización de un evento.

Ahora, también se ha establecido que para que el juicio de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general sea procedente cuando se reclama una norma por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea autoaplicativa, sino, además, se requiere que cause perjuicio al quejoso. Luego, para determinar si causa perjuicio la norma, es indispensable verificar si el quejoso se halla o no en el supuesto hipotético de la disposición jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de las pruebas que, en su caso, se aporten para tal extremo.

Por otro lado, si se trata de normas heteroaplicativas, también debe realizarse un examen jurisdiccional, a fin de determinar si se acredita la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, el cual puede presentarse de muy diversas maneras.

Lo anterior ha sido sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97 del citado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". (Novena Época. Núm. Registro IUS: 198200. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, materias constitucional y común, tesis P./J. 55/97, página 5)

Es importante precisar que en tanto el interés jurídico, así como el interés legítimo, suponen un agravio en la esfera jurídica de quien acude al juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta indispensable examinar, como presupuesto procesal, si las normas generales reclamadas tienen naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, puesto que sólo con ese análisis se puede identificar si las normas generan o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa.

En ese tenor, se tiene presente que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado y, al efecto, introduce el interés legítimo individual o colectivo; no obstante, lo condiciona a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ese precepto constitucional establece:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."

Como se anunciaba, aun el interés legítimo requiere, para la procedencia del juicio, una afectación a la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo.

La esfera jurídica se puede afectar de manera directa o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico que guarde el promovente.

Por consiguiente, el interés legítimo exige como requisito mínimo que el particular resienta un perjuicio real y actual en su esfera jurídica, aun cuando no exista norma que le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico), en tanto que conforme al precepto constitucional citado, en principio, no es necesario que se acredite que las normas generales (el derecho objetivo) otorguen al particular un derecho subjetivo; con lo que se descarta supuestos en que el gobernado únicamente busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto sobre actos de autoridad, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual.

Esto es, atendiendo al precepto constitucional citado, la situación frente a la Ley Federal del Trabajo se torna especial cuando se afecta, aunque no sea de forma directa, la esfera jurídica del promovente; de ahí que, por ejemplo, no bastaría constituir un sindicato para que todos los preceptos del ordenamiento citado afecten su esfera jurídica, por ello es que resulta necesario verificar la naturaleza de las normas reclamadas, así como sus destinatarios, a fin de determinar si realmente existe una afectación, aunque no sea directa, en la esfera de derechos de la parte quejosa.

En suma, no bastaría aducir ser titular de un derecho o de un interés legítimo colectivo y que se alegue que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse una afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico. Sólo así quien acude al juicio de amparo es realmente parte agraviada [haciendo la salvedad de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se requiere la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa].

Pues bien, los artículos 2o., 3o. y 3 Bis son de carácter autoaplicativo, en tanto que las obligaciones de hacer o de no hacer, así como los principios que establecen en general no requieren de un acto de aplicación, su contenido se actualiza con su sola vigencia.

Los preceptos en comento son del siguiente tenor:

"Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

"Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

"El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

"Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

"La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres."

"Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

"No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

"No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.

"Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones."

"Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta ley se entiende por:

"a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y

"b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos."

Ahora, si bien las normas que se reproducen son de carácter autoaplicativas y la parte quejosa se rige por dichas disposiciones legales, lo cierto es que al prever, fundamentalmente, los principios generales que rigen al trabajo como derecho y deber social, para conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social; establecer como finalidades el respeto a la dignidad humana y la eliminación de la discriminación en las relaciones laborales, prescribir la constante capacitación de los trabajadores, así como la optimización de las condiciones de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo y fomentar los derechos colectivo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25249-b0f82380/capacitacion-y-adiestramiento-aun-cuando-los-articulos-153-c · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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