CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. LOS ARTÍCULOS 153-A, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). DERECHO AL ASCENSO. EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y CRITERIOS PARA DETERMINARLO, NO VULNERA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES NI EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). PREFERENCIA DE DERECHOS. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VULNERA EL DERECHO AL TRABAJO NI EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). PRODUCTIVIDAD. LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-E Y 153-I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA REGULAN, NO VULNERAN EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). SALARIO. EL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE QUE SU PAGO SE EFECTÚE MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA, TARJETA DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS O CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO, NO TRANSGREDE EL NUMERAL 123, APARTADO A, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). SINDICATOS. EL ARTÍCULO 371, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PREVER QUE SUS ESTATUTOS CONTENDRÁN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE SU DIRECTIVA Y QUE ÉSTA PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE VOTACIÓN INDIRECTA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA Y LIBERTAD SINDICALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. EL ARTÍCULO 56 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VULNERA LA SEGURIDAD LABORAL NI EL DERECHO AL SALARIO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).
AMPARO EN REVISIÓN 620/2013. 12 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL BURGUETE GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que se interpuso contra la resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 56 Bis, 101, párrafo segundo, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, primer párrafo, 154, 159 y 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo en vigor a partir del primero de diciembre de dos mil doce.
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, el hecho de que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento; sin embargo, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo tercero transitorio del ordenamiento jurídico citado en primer término, debido a que el juicio de amparo indirecto inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.
SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. El Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del recurso de revisión, en el considerando tercero de su resolución del catorce de noviembre de dos mil trece, determinó que se interpuso en tiempo y por persona legitimada. Consecuentemente, es innecesario volver a pronunciarse al respecto.
TERCERO. Consideraciones previas. Previo al estudio del asunto y para su mejor conocimiento, a continuación se sintetizarán los razonamientos de la sentencia del Juez de Distrito y las consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal en auxilio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
I. Sentencia recurrida: En el considerando cuarto de la sentencia, el Juez de Distrito estableció la legitimación del sindicato quejoso.
Por su parte, en el considerando quinto analizó las cuestiones de procedencia del juicio de amparo y estimó procedente actualizar las causas de improcedencia contenidas en el artículo 73, fracciones V -interés jurídico- y XVIII, en relación con el diverso 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -omisión legislativa-, y realizó un análisis de la figura del interés legítimo a la luz del principio pro persona y los criterios sustentados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los artículos 2, 3, tercer párrafo, 3 Bis, 25, 28, 28-A, 28-B, 35, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 47, fracción II, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, 48, segundo párrafo, 50, fracción III, 83, segundo párrafo, 153-B, 153-C, 173, 174, 175 Bis, 176, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 311, 333, 336, 343, 343-A, 343-B, 343-C, 343-D, 343-E, 692, 873, 875, 878, 527, fracción I, puntos 20, 21 y 22, fracción II, punto 2, 1004-B y 1004-C, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo.
Así, en el considerando sexto estableció, lo siguiente:
• Respecto a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 371, fracciones IX y XIII, de la Ley Federal del Trabajo, estimó que la razón de inconstitucionalidad que arguye el sindicato quejoso, es porque en la fracción IX se prevé que la elección de la directiva es mediante la votación indirecta y, en este sentido, el peticionario de amparo afirma que el voto debe ser directo porque incide en un derecho que no es transferible, por lo que concluyó que no se reclamaba el contenido de la fracción XIII del precepto en cita.
• Respecto a la procedencia del juicio de amparo señaló que la porción normativa en cuestión, con su sola entrada en vigor, modifica el régimen de los estatutos de los sindicatos, al obligarlos a adoptar una modalidad para el procedimiento de elección de sus directivas, de ahí, su naturaleza autoaplicativa.
• Por lo que hace al análisis del concepto de violación, el Juez de Distrito señaló que si bien pudiere resultar acertada la argumentación del sindicato, respecto del derecho humano a que el voto sea directo, lo cierto es que lo procedente era declarar inoperante el concepto de violación, ello porque de una interpretación literal del precepto en cita, se advirtió que la modalidad de votación indirecta es una opción y que como alternativa a ésta, el legislador conservó la "votación directa y secreta", porque en la redacción de la porción normativa combatida el legislador empleó la disyunción "o", para lo cual acudió a la interpretación literal de ésta, denotando diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas; y el legislador empleó esa disyunción en la redacción del precepto, en función de las dos modalidades que pueden adoptar los sindicatos en sus estatutos, para el procedimiento de elección de la directiva, esto significa que no es obligatorio para los sindicatos establecer la votación indirecta, pues, el legislador deja abierta la opción de la votación directa, por lo que determinó inoperante dicho argumento.
• En lo relativo a la inconstitucionalidad del artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, el Juez de Distrito consideró que la apreciación del sindicato quejoso resultó equivocada, en razón de que el precepto impugnado no dejó sin efectos la disposición que obligaba a pagar el salario en efectivo; si bien, la reforma adicionó un segundo párrafo al artículo en cita, lo cierto es que el primer párrafo conservó la expresión de que el salario deberá pagarse en moneda de curso legal y adicionó la posibilidad de que el pago se haga en forma electrónica, siempre y cuando el trabajador así lo autorice; además, la parte final de dicho párrafo prevé que los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón, lo que no redunda en una merma económica al salario.
• Por lo que hace a los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, primer párrafo, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo, el Juez de Distrito estimó que dichos preceptos forman parte del sistema normativo concerniente al capítulo III Bis, que norma lo relativo a la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, que tiene como norma nuclear el artículo 153-A que en realidad instituye un derecho de la parte trabajadora y tiene como objetivo toral permitirle a ésta elevar su nivel de vida, competencia laboral y productividad y los normativos en comento, redundan en diversos efectos en la esfera jurídica de los gobernados, destacando la concurrencia de los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia para el establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad.
• Por su parte, consideró que los artículos 154 y 159 hablan de los derechos de preferencia, ascenso, antigüedad e implican la obligación de los patrones de preferir, en igualdad de circunstancias y entre otros casos a los trabajadores sindicalizados de quienes no lo sean y el derecho de los trabajadores de ocupar vacantes mayores a treinta días a los trabajadores con mayor capacitación, antigüedad, aptitud y productividad, lo que a decir del Juez de Distrito redunda en beneficios para los trabajadores al incorporar a su esfera jurídica una verdadera expectativa de elevar su nivel de vida partiendo de la base de la capacitación y desempeño laboral, aunado a que la ley garantiza que los trabajadores sindicalizados deberán ser preferidos frente a aquellos que no lo sean, por lo que calificó como inoperantes los conceptos de violación aducidos por el sindicato quejoso.
• En lo relativo al artículo 56 Bis el Juez de Distrito sostiene que contrario a lo referido por el quejoso, dicho precepto no socava la estabilidad laboral porque de una interpretación gramatical del precepto se advierte que el legislador condicionó la realización de labores o tareas conexas o complementarias a que dichas actividades deben estar relacionadas en forma permanente y directa con las pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo o aquellas que habitualmente desarrolle el trabajador, por lo que no se está frente a una norma de carácter permisivo que faculte al patrón a disponer de manera arbitraria de los trabajadores, además de que el mismo precepto prevé la posibilidad de que los trabajadores podrán recibir la compensación salarial correspondiente; en consecuencia, los argumentos fueron calificados como infundados.
II. Consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. A fin de delimitar la materia de estudio en el recurso que nos ocupa, resulta importante mencionar que el referido órgano jurisdiccional al conocer del recurso de revisión, por una parte, modificó la sentencia recurrida; y por otra, determinó declararse legalmente incompetente para conocer del problema de constitucionalidad planteado.
Las consideraciones esenciales que dan sustento a la anterior determinación son las siguientes:
• En principio, analizó las cuestiones de procedencia del juicio de amparo y estimó correcta la determinación del Juez de Distrito de actualizar las causas de improcedencia contenidas en el artículo 73, fracciones V -interés jurídico- y XVIII, en relación con el diverso 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -omisión legislativa-, y realizó un análisis de la figura del interés legítimo a la luz del principio pro persona y los criterios sustentados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los artículos 2, 3, tercer párrafo, 3 Bis, 25, 28, 28-A, 28-B, 35, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 47, fracción II, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, 48, segundo párrafo, 50, fracción III, 83, segundo párrafo, 153-B, 153-C, 173, 174, 175 Bis, 176, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 311, 333, 336, 343, 343-A, 343-B, 343-C, 343-D, 343-E, 692, 873, 875, 878, 527, fracción I, puntos 20, 21 y 22, fracción II, punto 2, 1004-B y 1004-C, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo.
• Finalmente, se declaró legalmente incompetente para conocer de los temas de constitucionalidad planteados.
CUARTO. Análisis de los conceptos de agravio. Previo a abordar los temas de constitucionalidad materia de análisis en esta instancia, resulta importante precisar que en el recurso de revisión, se analizarán los conceptos de agravio encaminados a combatir la negativa del amparo determinada por el Juez de Distrito, los que en esencia establecen, lo siguiente:
• Respecto al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, la organización recurrente señala que el segundo párrafo trastoca el contenido del artículo 123, apartado A, fracción X, de la Constitución General de la República, en cuanto prevé que "el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal", por lo que debe entenderse en el sentido de que el salario debe necesariamente cubrirse en efectivo, atento a lo dispuesto en los artículos 3, 5, 6, 8, 9 y 13 del Convenio Internacional del Trabajo Número 95, relativo a la Protección al Salario.
• Precisa que de estimarse lo contrario, esto es, que es posible implementar un sistema distinto para el pago del salario, como lo es mediante depósito en una cuenta bancaria, se vulneran además los derechos que consagra el artículo 123, apartado A, fracciones VIII y XXVII, incisos d), f) y h), así como el apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consisten en que se le tenga que pagar directamente su salario tanto en días laborales como en el mismo lugar de trabajo; la posibilidad de disponer de su salario; y la prohibición de practicar cualquier descuento a éste por concepto de comisión por retiro en los cajeros automáticos.
• Por lo que hace al artículo 56 Bis de la Ley Federal del Trabajo, refiere el recurrente que el Juez de Distrito del conocimiento no analizó de manera exhaustiva el contenido de este precepto, ello porque no advirtió que en su texto está implícita la opción del patrón de obligar a los trabajadores a realizar funciones para las que no fueron contratados además de que el mismo artículo al señalar que los trabajadores "podrán" recibir la compensación salarial correspondiente abre la posibilidad de que los patrones se nieguen a cubrir dicha compensación por ser una norma que carece de imperatividad, al no obligarlos a cubrir la compensación correspondiente por los servicios adicionales prestados.
• Por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato ahora recurrente sostiene que el análisis que hizo el Juez de Distrito resulta deficiente porque de una manera muy somera consideró que el referido artículo al contener dos opciones de sistemas de elección de la directiva sindical no resultaba violatorio de los derechos fundamentales del quejoso; sin embargo, no analizó la trascendencia que implica dicho precepto.
QUINTO. Análisis de constitucionalidad de los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, primer párrafo, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo. Como cuestión previa, debe precisarse que el sindicato recurrente no hace valer concepto de agravio alguno en contra de la determinación del Juez de Distrito de declarar inoperantes los conceptos de violación que aducen la inconstitucionalidad de los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, primer párrafo, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo, en los que estimó que dichos preceptos forman parte del sistema normativo concerniente al capítulo III Bis, que norma lo relativo a la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, que tiene como norma nuclear el artículo 153-A que en realidad instituye un derecho de la parte trabajadora y tiene como objetivo toral permitirle a ésta elevar su nivel de vida, competencia laboral y productividad; y los normativos en comento, redundan en diversos efectos en la esfera jurídica de los gobernados, destacando la concurrencia de los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia para el establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad.
Ahora, no obstante la falta de impugnación de dichas consideraciones, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo abrogada, esta Segunda Sala advierte que en realidad, el juzgador de amparo omitió el estudio de los preceptos reclamados enunciados al inicio de este considerando, al partir de la falsa apreciación de que no se hicieron valer conceptos de violación en su contra, lo que, además, conduce a observar una incongruencia en la sentencia sujeta a revisión, todo lo cual, debe ser reparado de oficio en esta instancia de conocimiento.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/99,(1) que señala:
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."
La incongruencia advertida consiste en que el Juez Federal partió de la premisa de que el sindicato quejoso no expuso "concepto de violación directo" en contra de los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, primer párrafo, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo -tan es así que no transcribió ni sintetizó concepto de violación alguno- y, no obstante esa falta de argumentos que le permitieran abordar el análisis de fondo bajo un principio de impugnación, una vez desarrollado el estudio que consideró jurídicamente pertinente (en los términos previamente anotados), concluyó en declarar inoperante el "reclamo de inconstitucionalidad" de los preceptos aludidos.
Como se puede observar, aun cuando el propio Juez Federal estimó que no se formuló concepto de violación, hizo una declaratoria de inoperancia.
Ahora, si bien dicha declaratoria se efectuó en contra del "reclamo de inconstitucionalidad", lo cierto es que tal calificación no puede ser concebida sino en torno a alguna argumentación o motivo de impugnación que hubiese formulado el sindicato quejoso; y, siendo el caso de que el propio juzgador de amparo manifestó que no expuso "concepto de violación directo", resulta que emitió una calificación -de inoperancia-, respecto de argumentos que no habrían sido expuestos en la demanda, lo cual revela la incongruencia del fallo en la parte señalada.
En tales condiciones, por ese primer motivo, es que no deben subsistir las consideraciones expuestas en el fallo revisado por lo que atañe a los artículos reclamados de referencia, porque al no existir un motivo de impugnación, tampoco puede haber un pronunciamiento de fondo al respecto.
Pero, más allá de la incongruencia señalada, esta Segunda Sala advierte que, en realidad, el juzgador de amparo omitió el estudio de la cuestión efectivamente planteada por lo que respecta a los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, primer párrafo, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que erróneamente consideró que el sindicato quejoso no expuso "concepto de violación directo" en contra de dichos dispositivos.
Para corroborar lo equivocado de tal apreciación, basta con señalar que del escrito de demanda de amparo, se advierte que la impugnación del quejoso se centró en demostrar que estos preceptos condicionan el derecho al trabajo, a la capacitación, la cual es una obligación de los patrones y un derecho de los trabajadores. Por ende, no se puede convertir una obligación del patrón en un derecho de éste para vulnerar la estabilidad en el empleo de los trabajadores o en un medio para que éstos no puedan disfrutar de su derecho al trabajo, reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales. La Ley Federal del Trabajo disponía, anteriormente, que el derecho de preferencia era un derecho del trabajador que nacía de la antigüedad en el empleo, y ahora los artículos 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo exigen a los trabajadores requisitos que no eran obligatorios antes de ser contratados.
En cuanto a la productividad, se alegó que no es viable que en materia laboral se apliquen conceptos derivados de la libre competencia garantizada en el artículo 25 constitucional.
Como puede advertirse, contrariamente a lo señalado por el Juez Federal, en la demanda de amparo se hicieron valer conceptos de violación en contra de los preceptos antes referidos.
En tal sentido, dado que en la sentencia de primera instancia se emitió un pronunciamiento de fondo sin atender a la cuestión efectivamente planteada, por ese segundo motivo, es que no deben subsistir los razonamientos expuestos por el Juez al respecto, pues ello equivale a que los motivos de inconformidad del quejoso nunca fueran analizados.
En consecuencia, en reparación de la incongruencia y omisión advertidas, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada y en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/99 antes transcrita, esta Segunda Sala procederá al estudio de los conceptos de violación referidos en los términos que ya quedaron sintetizados.
En principio, se torna necesario citar el contenido de los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U, 153-V, primer párrafo, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo, los que son del tenor literal, siguiente:
"Artículo 153-D. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están obligados a:
"I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;
"II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y
"III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos."
"Artículo 153-E. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de:
"I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento;
"II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual;
"III. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los Comités Estatales de Productividad a que se refieren los artículos 153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios;
"IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y
"V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad.
"Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a que se refiere el artículo 153-J, así como la capacitación relacionada con los mismos. Para tal efecto, con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los temas de los programas referidos, convocarán en razón de su rama, sector, entidad federativa o región a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en dichas empresas."
"Artículo 153-I. Se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios.
"Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad, concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia."
"Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de suficiencia respectivo.
"En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la constancia de competencias o de habilidades laborales."
"Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. ..."
"Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. ..."
"Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto."
En este sentido, los artículos 153-D, 153-E, 153-I, 153-U y 153-V, primer párrafo, transcritos, forman parte del sistema normativo concerniente al artículo 3 y el capítulo III Bis que norma lo relativo a la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, que tiene como norma nuclear el artículo 153-A, que a la letra dicen:
"Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.
"No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
"No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.
"Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones."
"Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.
"Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.
"Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
"Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar la productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada.
"La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y demás relativos, deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera; así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo."
Por su relevancia con los planteamientos de los quejosos, se destacan de los artículos ese sistema normativo, los siguientes cambios:
1. Se incluye el concepto y la definición de productividad (artículo 153-I); se establece ésta como un elemento esencial d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25073-8caaa1d2/capacitacion-y-adiestramiento-los-articulos-153-a-153-d-153-e · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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