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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN ASUNTOS PROMOVIDOS POR LA DIRECTIVA DE UN SINDICATO CONTRA EL DECRETO DE REFORMA, ENTRE OTROS, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019, SI SÓLO SE DEFIENDE EL INTERÉS DEL SINDICATO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 110/2019. · Registro digital (IUS): 29312
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-02-21
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Pág. 2158.

AMPARO EN REVISIÓN 110/2019. 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ. SECRETARIO: ERICK FERNANDO CANO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Los anteriores motivos de agravio, mismos que serán analizados por temas, y en algunos casos en conjunto, por la relación que guardan entre sí, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, resultan jurídicamente ineficaces en parte y sustancialmente fundados en otro aspecto; por ende, aptos para modificar la sentencia impugnada, de acuerdo con las consideraciones siguientes:

I. Suplencia de la queja.

Como cuestión previa, cabe precisar que en el presente asunto no se actualiza la figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que la finalidad de tal figura no se surte, dado que el objeto primordial de la reforma reclamada es proteger a la clase trabajadora frente al ejercicio indebido de la libertad sindical de los sindicatos, garantizando su participación directa en la creación y revisión de los contratos colectivos de trabajo.

Esto es, el legislador estableció como derrotero de la vida sindical, que los trabajadores tengan un papel activo y directo en el ejercicio de sus derechos y, en específico, que participen en la creación o modificación de los contratos colectivos de trabajo, así como que los sindicatos estén obligados a rendir cuentas claras respecto del ingreso, destino y uso de las cuotas sindicales, pues sólo así el trabajador podrá conocer si su sindicato realmente está defendiendo sus derechos, o que está cumpliendo con la obligación de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.

En efecto, a través del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, se busca que conforme a los procedimientos ahí descritos, se garantice que los trabajadores conozcan y aprueben el contenido de sus contratos colectivos de trabajo, a través del voto personal, libre y directo, así como que los sindicatos informen lo relativo a las cuotas sindicales percibidas y su destino, pues sólo así los trabajadores estarán en aptitud de conocer si su sindicato verdaderamente protege sus intereses, a través de buscar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y vida, fin este último que constituye la naturaleza primordial de los sindicatos, además de que si la clase trabajadora se encuentra conforme con ello, tal circunstancia impactará en la paz y estabilidad social, ya que las injusticias laborales se verán minimizadas.

En suma, se tiene que el reclamo del sindicato quejoso busca proteger sus propios intereses, y no propiamente los de los trabajadores, pues la finalidad de la reforma, como se dijo, es empoderar a los trabajadores, individualmente considerados, para que tengan una participación más activa y democrática en la vida sindical y sean realmente representados sus intereses; siendo que, en la especie, a partir del reclamo del sindicato quejoso, se contraponen los intereses de esa agrupación sindical con la de los propios trabajadores que la conforman.

La figura de la suplencia de la queja constituye un principio o facultad concedida al juzgador por el artículo 79 de la Ley de Amparo en las materias a que exclusivamente se refiere el precepto, así como en la materia agraria, que se ha llamado suplencia de la queja deficiente, cuya esencia jurídica debe entenderse como una institución procesal de carácter proteccionista, que integra las omisiones parciales o totales de la demanda de amparo, en donde además, se extiende al escrito de agravios en los mismos casos, presentado por la parte quejosa, siempre en favor y nunca en su perjuicio, con las limitaciones y bajo los requisitos señalados en los numerales citados.

Ahora bien, el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas; por ello, dicha institución debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como debe contrastarse si efectivamente tal principio satisface el mandato universal de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos establece el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el precepto 79 en la ley de la materia en vigor a partir del día siguiente.

El juicio de amparo se funda en varios principios esenciales, uno de ellos, el de congruencia, que más que regir la procedencia del amparo, impone una norma de conducta al órgano de control, esto es, que como regla general el juzgador de amparo no tiene libertad para apreciar todos los posibles aspectos constitucionales del acto reclamado, sino que está constreñido a ponderar únicamente lo que se incluye en la demanda de amparo a título de conceptos de violación y atendiendo al principio de estricto derecho.

Sin embargo, para atemperar el rigorismo que puede implicar la técnica jurídica al plantearse una demanda de amparo, se obliga al juzgador a usar la facultad de suplencia en determinados casos, lo que se consigna en los párrafos transcritos anteriormente, tanto del artículo 107 constitucional, como de su reglamentación en la Ley de Amparo.

Así, la suplencia de la queja deficiente opera obligatoriamente, siendo su alcance diferente, según la materia de que se trate.

En lo referente a la suplencia de la queja deficiente en amparos laborales, su naturaleza se inspira en el afán proteccionista del trabajador, buscando concordancia con el espíritu que anima a las normas contenidas en el artículo 123 constitucional.

Así, la suplencia de la queja se objetiviza en ocasión de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios, pues en las materias que la prevén no se está en presencia de determinados supuestos, sino en función de los valores trascendentales que cubre, muy superiores y de mayor relevancia ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que esa connotación revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer su discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, es de concluirse que la facultad interpretativa de la suplencia tiene una clara delimitación lógica y jurídica, derivada del propio contexto legal, por lo que de ninguna manera es válida una interpretación restrictiva cuando sea procedente la necesidad de expresar agravios.

Ahora, la suplencia de la deficiencia de la queja encuentra su fundamento en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Así, fue voluntad del Constituyente Permanente establecer la suplencia de la deficiencia de la queja como una institución procesal de rango constitucional, dejando a cargo del legislador ordinario regular los supuestos de aplicación, así como la reglamentación que le diera eficacia.

Por tanto, el legislador ordinario, al establecer los supuestos de procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja en la Ley de Amparo, únicamente cumplió con la voluntad del Constituyente Permanente, ejerciendo la facultad que se le confirió para establecer los casos y las condiciones bajo las cuales operaría dicha figura jurídica.

Por tal motivo, la incorporación de los supuestos específicos en los que operará la suplencia de la deficiencia de la queja, previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, significan una labor legislativa concordante con el mandato constitucional, pues dicha suplencia se encuentra prevista en el Pacto Federal, y los casos específicos de su procedencia fueron establecidos por el legislador ordinario en la ley reglamentaria, cumpliendo con ello lo ordenado por el Constituyente Permanente.

Consecuentemente, la suplencia de la deficiencia de la queja es una institución procesal de rango constitucional, cuya regulación solamente fue lo que se encomendó al legislador federal ordinario.

En este contexto, el legislador ordinario señaló que otorgarle carácter obligatorio a la suplencia conllevaría una mayor protección a los quejosos y recurrentes, y convertiría al juicio de amparo en un instrumento más eficaz, lo cual derivaría en un notorio beneficio para determinados sectores de la población quienes pudieran estar en situación de desventaja, tal como es el caso de las clases económicamente débiles, entre otros, los trabajadores; asimismo, consideró aceptable que el derecho social no otorgara condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto dar un trato igual a quienes poseen recursos suficientes para defenderse por sí mismos, o pueden contratar la mejor defensa, que a quienes por su falta de preparación o por su carencia de recursos económicos, no pudieran autodefenderse, o no pudieran pagar una defensa adecuada.

Así, la suplencia de la queja cumple con el objetivo elemental de proteger el derecho de defensa adecuada del trabajador, en virtud de que a través de este instrumento el juzgador puede, oficiosamente, garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales que, en su caso, hayan sido lesionados, lo que resulta evidente y es elemental en todo proceso; sin embargo, es en la materia laboral en la cual cobra una relevancia considerable, tanto por la trascendencia de las consecuencias jurídicas que derivan de la violación a las normas, como la potencial certeza de afectación a los derechos laborales reconocidos en el artículo 123 de la Constitución Federal.

Por tanto, la suplencia de la queja en el juicio de amparo en materia de trabajo se caracteriza porque se aplica obligatoriamente, de manera amplia o total, para proteger los intereses fundamentales de la clase trabajadora contenidos en el artículo 123 de la Constitución Federal y en las leyes que de ella emanan.

El legislador, basado en el principio de justicia distributiva, que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, la instituyó en favor de sujetos específicos, considerados la parte débil en el juicio de amparo, para lograr un equilibrio procesal en el mismo, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia, con la finalidad de garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal.

La teleología de la citada suplencia es lograr el equilibrio procesal entre las partes y éste no se rompe cuando en el juicio de garantías intervienen como partes quejosa y tercero interesada distintos sindicatos de trabajadores, puesto que ninguno de ellos se coloca en una situación de desigualdad que requiera ser equilibrada, dicha situación no da lugar a la obligación de suplir la queja deficiente en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones.

Ello, porque ya no subsiste la desventaja técnico-procesal y, atendiendo a los fines de la justicia distributiva, confiere un trato igual a los iguales; esto es, atento al sistema de garantías sociales contenido en el artículo 123 de la Constitución Federal y en las leyes ordinarias de naturaleza laboral que de ella emanan, la referida suplencia se instituyó única y exclusivamente a favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, en defensa de sus derechos laborales, con el objeto de lograr el equilibrio procesal entre personas físicas o morales que pertenecen a clases socioeconómicas distintas, como son el trabajo y el capital, representadas por los obreros y los patrones, respectivamente, con el propósito directo e inmediato de proteger el interés fundamental de la clase obrera, que fluye en ese sistema de garantías sociales cuando son vulneradas, transgredidas, limitadas, desconocidas o de cualquier forma afectadas por el acto de la autoridad responsable, situación que fue precisamente la que tomó en cuenta el Poder Reformador de la Constitución para instituir, a favor de esa clase desprotegida, la obligación del órgano de control constitucional de suplir la queja deficiente en la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, o bien, ante su ausencia, ejercer la máxima suplencia.

Así, suplir la queja deficiente es una facultad otorgada a los Jueces para imponer, en ciertos casos, el restablecimiento del derecho violado, sin que el actor o quejoso haya reclamado, de modo expreso, la violación; con ella se busca mantener el orden jurídico que sólo se da en juicios de amparo procedentes; y es una institución procesal constitucional, de carácter proteccionista y antiformalista, de aplicación discrecional que integra las omisiones totales o parciales de la demanda de amparo, siempre en favor del quejoso y nunca en perjuicio de éste.

En consecuencia, en el caso, no se puede considerar que el sindicato quejoso se encuentre en una desventaja o desequilibrio procesal, que justifique la aplicación de la suplencia aludida, puesto que la afectación alegada a sus propios intereses, pugna con los derechos de los trabajadores que se buscó salvaguardar con la reforma reclamada; de ahí que no proceda la suplencia de la queja en este asunto, razón por la que se atenderá atento al principio de estricto derecho.

Cabe precisar que con lo anterior no se soslaya la jurisprudencia número 2a./J. 42/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, página 285 «con número de registro digital: 184002», que señala que la figura en comento opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, pues el propio criterio fija una limitante a la aplicación de tal suplencia, a saber, siempre y cuando la afectación que se alegue trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, es decir, a los trabajadores.

El criterio de que se habla es del tenor literal siguiente:

"SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO.—Del análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación.

"Contradicción de tesis 123/2002-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, y los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa, Octavo en Materia Civil y Sexto en Materia de Trabajo, todos del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa y Primero en Materia Civil, ambos del Segundo Circuito, Primero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Primero del Quinto Circuito, Primero del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 9 de mayo de 2003. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan Díaz Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.—Tesis de jurisprudencia 42/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de mayo de dos mil tres."

Con base en lo anterior, es inconcuso que tal criterio, en el caso, no puede ser entendido en el sentido de que opera la suplencia de la queja en favor del sindicato quejoso y recurrente, pues si la intención del Constituyente, así como del legislador ordinario plasmada en la reforma que se impugna es empoderar a la clase trabajadora, hacerlo implicaría colocar en una igualdad jurídica a las organizaciones sindicales frente a sus agremiados, lo que atentaría en contra de la naturaleza de la propia suplencia de la queja; situación que no es permisible, pues los intereses del sindicato en sí mismo considerados no se pueden anteponer a los intereses de los trabajadores que los conforman.

Por otra parte, es dable destacar que se tiene noticia de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, al resolver el recurso de queja **********, interpuesto en contra de la determinación dictada en el juicio de amparo **********, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, aplicó la figura de la suplencia de la queja a favor del sindicato quejoso; juicio de amparo en el que se reclamó la expedición y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y otras leyes (al igual que en el juicio del que deriva el presente medio de impugnación).

Noticia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en donde las consideraciones tomadas por ese órgano colegiado, en lo que interesa, son del tenor siguiente:

"... Es pertinente aclarar que, en el presente asunto es dable suplir la deficiencia de la queja, pues quien hizo valer el presente recurso se trata de la secretaria general de un sindicato de trabajadores en defensa de sus derechos laborales a través de la demanda de amparo indirecto que se tuvo por no presentada, sin intervenir otras organizaciones sindicales como tercero perjudicadas, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 1433, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte – SCJN, Décima Primera Sección – Sentencias de amparo y sus efectos, página 1611 «con número de registro digital: 1003312», de rubro y texto siguientes:

"‘SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO.’ (transcribe texto)

"Criterio que a pesar de interpretar el numeral de la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, al no oponerse a ésta, de acuerdo con la siguiente comparación:

Ver cuadro comparativo

"En sus argumentos, la secretaria del sindicato recurrente, en esencia, combate el acuerdo que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, al haberse solicitado por segunda ocasión el mismo requerimiento ‘cuando ya ha sido aclarado’; que el Juez de Distrito realiza una interpretación inexacta de los preceptos 114 y 115 de la Ley de Amparo, sin que sea posible cuantificar los daños pecunarios (sic) que la sola entrada en vigor de la reforma laboral puede causar, pues ésta es en forma escalonada; además, los derechos humanos, laborales y sindicales no se pueden cuantificar en un concepto económico.

"El planteamiento sintetizado se estima fundado, supliéndose la deficiencia de la queja conforme a la fracción V del numeral 79 de la Ley de Amparo, así como por lo expuesto al principio de este considerando..."

Con base en lo anterior, se tiene que el tribunal referido aplicó la suplencia de la queja en favor de un sindicato por el solo hecho de tener ese carácter, pues contrario a lo estimado en la ejecutoria transcrita, el quejoso no acude en defensa de los derechos laborales de sus agremiados, sino en defensa de sus propios intereses, por la afectación que estima le causa la reforma reclamada, la cual, como ya se dijo, busca empoderar y proteger a la clase obrera.

Así, lo dicho por el Décimo Tribunal Colegiado citado, resulta contrario a la teleología de la reforma que se reclama, pues no se puede entender que el sindicato acude a defender derechos de sus agremiados, cuando promueve el juicio de amparo en defensa de sus propios intereses, los cuales busca anteponer a los de los trabajadores, los cuales fueron instituidos por el legislador ordinario en la reforma aludida.

En este sentido, no se comparte el criterio citado, pues además de las razones ya dichas en torno a que la reforma busca proteger a la clase trabajadora frente al ejercicio indebido de la libertad sindical de los sindicatos, garantizando su participación directa en la creación y revisión de los contratos colectivos de trabajo, entre otras, sin que exista un desequilibrio procesal que deba salvaguardarse; máxime que los sindicatos no acuden en defensa de los derechos de los trabajadores, sino de los propios.

Así, de seguir el razonamiento del Décimo Tribunal llevaría al extremo de poner en el mismo plano a los trabajadores y a los sindicatos, lo cual no es permisible.

En consecuencia, no se comparte el criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, razón por la cual habrá de formularse la denuncia correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley de Amparo.

II. Alegaciones en relación con el análisis de los conceptos de violación que fueron propuestos ante la Juez de Distrito.

Sobre ello, el sindicato recurrente aduce, en esencia, dentro de los agravios que formula, que la Juez de amparo se apartó del criterio que ella misma citó, pues en ninguna parte de la sentencia realizó el análisis puntual de los conceptos de violación que se expusieron, por lo cual, al no considerar esos conceptos, la juzgadora se dejó llevar por una serie de suposiciones que le llevaron a sobreseer en el juicio.

Lo anterior es infundado, ya que el inconforme parte de una premisa errónea, pues si bien la Juez de amparo indicó, dentro de la sentencia impugnada, que debía atender a los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, también es cierto que ello fue para determinar la naturaleza de las disposiciones reclamadas, así como el precepto o preceptos legales que eran combatidos, para fijar de manera precisa la inconstitucionalidad alegada y, en su caso, determinar el primer acto de aplicación en perjuicio del promovente y, a partir de ese momento, determinar la procedencia del juicio de amparo.

En este sentido, el hecho de que la Juez Federal atendiera a los conceptos de violación ello, en sí mismo, no implicaba que los mismos fueran atendidos en cuanto al fondo del reclamo, dado que del estudio preliminar que de ellos se hizo, llevó a la determinación de la improcedencia del juicio de amparo; motivo por el cual, no existía obligación alguna para decidir sobre los motivos de inconformidad que fueron hechos valer en cuanto al fondo; de ahí lo infundado de lo alegado.

Con base en lo anterior, se tiene que la materia del presente medio de impugnación consiste en determinar la validez de la resolución emitida por la Juez de Distrito, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, dada la improcedencia del mismo, a la luz de los agravios planteados por la parte recurrente.

En este sentido, la litis del presente recurso no versa sobre las cuestiones de fondo planteadas en los conceptos de violación, sino que se trata de determinar si, en la especie, de acuerdo al acto reclamado y al estudio integral de la demanda de amparo, el juicio de garantías es procedente o no, sobre la base de establecer si las disposiciones legales reclamadas son autoaplicativas o no, dado que con la sola entrada en vigor de las mismas no se le privaba de algún derecho legalmente tutelado, ni se le impedía el ejercicio de sus funciones; pues en ello apoyó su decisión la Juez de amparo, y tal determinación es lo que da materia al presente recurso.

Por tanto, en este recurso no se estudia la constitucionalidad de los actos reclamados y, en esa medida, no es dable para este Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse sobre ello, pues se trata de cuestiones que inciden en el fondo de la cuestión debatida, lo cual no fue materia de estudio, dada la improcedencia del juicio advertida por la Juzgadora Federal.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que la improcedencia del juicio de amparo implica el hecho de que no se analicen los aspectos de fondo del acto reclamado; esto es, ante la improcedencia del juicio de garantías, no es dable ocuparse de la constitucionalidad o no del acto reclamado y, por ende, de los conceptos de violación.

Por tanto, si bien para determinar la naturaleza de los artículos reclamados, la juzgadora federal atendió a lo manifestado en los conceptos de violación, a fin de apreciar si con su sola vigencia se actualizaban en perjuicio del quejoso las hipótesis contenidas en las normas que tildó de inconstitucionales, concluyendo que tales ordenamientos se encontraban sujetos a diversas condiciones, por lo que no se le causaba perjuicio, al ser de carácter heteroaplicativos, también es cierto que, como se dijo, tal proceder no supone que se haya analizado el fondo del reclamo; es decir, si bien se atendió a los conceptos de violación, sólo fue para determinar la norma reclamada y la naturaleza de la misma, lo que no es ilegal ni contradictorio, pues al estimar que el juicio de amparo era improcedente, la Juez de amparo no tenía la obligación de analizar esos conceptos de violación en cuanto al fondo, esto es, si las disposiciones impugnadas eran o no constitucionales, motivo por el cual resulta infundado lo dicho por el recurrente.

III. Análisis de los alegatos hechos valer.

En relación con este tópico, el impetrante manifiesta en el primer y segundo agravios, medularmente, que las apreciaciones de la juzgadora federal se apartaron de la realidad, toda vez que, previo a la celebración de la audiencia constitucional, ofreció pruebas y presentó alegatos a través del portal de servicios en línea, lo que fue soslayado, pues nada se dijo sobre ello.

Agrega que al dictar la sentencia, no se respetó su derecho de defensa contradictoria, al omitir valorar y tomar en cuenta el escrito de expresión de alegatos, con lo cual se rompieron las reglas de igualdad procesal y se arribó a una denegación de justicia, pues los alegatos constituyen una de las formalidades esenciales del procedimiento, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal y son parte fundamental del proceso, dado que su función consiste en otorgar a las partes la oportunidad de expresar sus argumentos sobre el valor de las pruebas, para demostrar los hechos afirmados y que las pruebas de la contraria no comprobaron los hechos afirmados por ella; además de manifestar los argumentos jurídicos que demostraran la aplicabilidad de las normas invocadas como fundamento de la acción o de la excepción, en donde los Estados tienen la obligación de garantizar que en todas las etapas de los procesos se puedan hacer valer planteamientos, recibir información, aportar pruebas y formular alegaciones; siendo obligación del juzgador ocuparse de todas y cada una de las pretensiones, resistencias y alegaciones de las partes para acercarse, en el mayor grado posible, a la verdad material.

Finalmente, solicita que este tribunal se aparte de la jurisprudencia número P./J. 47/95 (sic), que sostiene que los alegatos no forman parte de la litis en el amparo.

Tales aseveraciones son infundadas, habida cuenta que contrario a lo dicho por el inconforme, la juzgadora federal sí atendió al escrito que menciona, tan es así que dentro de la audiencia constitucional indicó que la parte quejosa había ofrecido pruebas y formulado alegatos; además, dentro de la sentencia recurrida, precisó que, si bien la parte quejosa había ofrecido pruebas, con las m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29312-6197cbeb/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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