ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, NO ES DABLE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA PARA EFECTO DE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE LA OTORGUE, EN TANTO, CON EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO Y, POR ENDE, NO SE DEJA INAUDITO AL IMPETRANTE DE TUTELA FEDERAL. IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE IMPONE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO SE ADVIERTA UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR UN ÓRGANO INFERIOR, SE HACE EXTENSIVA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO EN AMPARO INDIRECTO, ASÍ COMO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN SEDE DE REVISIÓN Y EN AMPARO DIRECTO. ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, NO ES DABLE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA PARA EFECTO DE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE LA OTORGUE, EN TANTO, CON EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO Y, POR ENDE, NO SE DEJA INAUDITO AL IMPETRANTE DE TUTELA FEDERAL. IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE IMPONE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO SE ADVIERTA UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR UN ÓRGANO INFERIOR, SE HACE EXTENSIVA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO EN AMPARO INDIRECTO, ASÍ COMO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN SEDE DE REVISIÓN Y EN AMPARO DIRECTO.
ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, NO ES DABLE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA PARA EFECTO DE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE LA OTORGUE, EN TANTO, CON EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO Y, POR ENDE, NO SE DEJA INAUDITO AL IMPETRANTE DE TUTELA FEDERAL.
IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE IMPONE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO SE ADVIERTA UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR UN ÓRGANO INFERIOR, SE HACE EXTENSIVA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO EN AMPARO INDIRECTO, ASÍ COMO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN SEDE DE REVISIÓN Y EN AMPARO DIRECTO.
AMPARO EN REVISIÓN 304/2013 (CUADERNO AUXILIAR 749/2013). 31 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO CASTILLO GARRIDO. SECRETARIO: MARÍN ACEVEDO PEÑA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Para la mejor comprensión de lo que se resuelve, es conveniente reseñar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto del cual dimana la presente revisión; a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se destaca lo siguiente:
1. Por escrito de dieciséis de marzo de dos mil diez **********, en su carácter de secretario general del **********, presentó en la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el contrato colectivo de trabajo celebrado con la negociación denominada "**********" ubicada en **********, esquina con **********, ********** (a un costado de **********) de Acapulco, Guerrero, a efecto de que se realizara el registro correspondiente (fojas 76 a 83).
2. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil diez, la Junta del conocimiento negó el registro solicitado en virtud de que no se anexó documento alguno con el cual se justificara la personalidad de quien dijo representaba a la fuente de trabajo (foja 85).
3. En proveído de trece de enero de dos mil once, en cumplimiento a una sentencia pronunciada en un juicio de amparo indirecto, la responsable ordenó registrar el contrato colectivo en comento (foja 89).
4. En diligencia de trece de enero de dos mil once, se efectuó el registro del contrato colectivo celebrado entre el ********** y la negociación denominada "**********" con domicilio en **********, esquina con **********, **********, a un costado de ********** de Acapulco, Guerrero (foja 90).
5. Por su parte, por escrito de uno de octubre de dos mil doce, **********, en su carácter de secretario general del **********, presentó ante la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el contrato colectivo de trabajo celebrado con la negociación denominada "**********", ubicada en calle **********, número **********, **********, esquina **********, **********, de Acapulco, Guerrero, a efecto de que se realizara el registro oportuno (fojas 92 a 96).
6. En diligencia de veintiséis de octubre de dos mil doce, el presidente de la junta responsable registró el contrato colectivo celebrado entre el **********, con la negociación denominada "**********". Actuación que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo (foja 102).
7. Contra el último registro en comento, **********, en su carácter de secretario general del **********, promovió juicio de amparo indirecto del cual correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, quien a través de sentencia terminada de engrosar el veintisiete de junio de dos mil trece, sobreseyó en el juicio, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico), en atención a que se trata de diversos contratos colectivos de trabajo celebrados con distintas negociaciones que, inclusive, cuentan con domicilios diversos.
Hasta aquí la relación de antecedentes.
SEXTO. Temática relativa a la aplicación del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor.
No se inadvierte por este Tribunal Colegiado Auxiliar que el a quo, en el juicio biinstancial que se revisa, omitió dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniese, en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del numeral ya apuntado, con la posible actualización de la causal de improcedencia, como era su obligación.
En efecto, el artículo en comento establece lo siguiente:
"Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.
Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."
Del precepto legal antes reproducido, se desprende la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de amparo (tanto indirecto, como directo), de dar vista a la parte quejosa cuando adviertan, de oficio, que pudiese actualizarse en el asunto correlativo una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes. En amparo en revisión, dicha obligación surge cuando el Tribunal Colegiado de Circuito observa que el juicio que examina es improcedente, siempre y cuando la causal de que se trate no haya sido examinada por el a quo en la sentencia recurrida.
Cabe destacar que el artículo antes transcrito incorporó una hipótesis no contemplada en la ley reglamentaria anterior, esto es, dar oportunidad al impetrante de amparo para señalar cuestiones relativas a la no actualización de la causal de improcedencia advertida de oficio por el órgano jurisdiccional de amparo.
La primera interrogante que surge en torno a la aplicación del segundo párrafo del numeral en comento, radica en determinar qué órganos jurisdiccionales de amparo son los que deben acatar la obligación contenida en ese precepto.
La respuesta a dicha incógnita se resuelve tomando en consideración que la estructura de la Ley de Amparo en vigor ubica al sobreseimiento (capítulo VIII) en el título primero, denominado como "Reglas Generales" que es donde, precisamente, se encuentra el artículo 64 en cita; por tanto, inconcuso resulta que dicha regla de índole genérica debe ser observada tanto por Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito en amparo indirecto, como por los Tribunales Colegiados de Circuito en sede de revisión y en amparo directo.
Lo anterior cobra lógica jurídica, en atención a que si el legislador hubiese querido acotar la observancia del precepto legal de que se trata únicamente en sede de revisión, hubiese colocado dicha disposición en el capítulo XI, denominado "Medios de impugnación", sección primera, referente al recurso de revisión que conocen, tanto los Tribunales Colegiados de Circuito, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos fijados por el ordenamiento de que se trata.
Empero, el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo es claro en establecer que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.
Ello se entiende porque todos los órganos jurisdiccionales de amparo están facultados para actualizar, según el caso concreto, alguna de las causales de improcedencia que se contienen en el catálogo del artículo 61 de la ley de la materia.
Lo que cobra especial relevancia, en la medida de que la obligación de dar vista de que se trata tiene como único objetivo, se insiste, dar oportunidad a la parte quejosa de que manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación a la causal de improcedencia que el órgano de amparo estime se puede actualizar en el caso concreto.
A manera de ejemplo, si el Juez de Distrito advierte, de oficio, la posible actualización de una causal de improcedencia no invocada por alguna de las partes, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, está obligado a dar vista al quejoso con tal situación, a efecto de que éste manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el obstáculo de improcedencia observado por el resolutor federal; con ello, se otorga oportunidad al quejoso de que aporte los elementos necesarios con el ánimo de desvirtuar el impedimento técnico que pudiese, a la postre, derivar en el sobreseimiento del juicio, privilegiando de esa manera el acceso a la justicia y, por ende, el estudio de fondo que amerite el controvertido constitucional de que se trate que es, precisamente, la esencia de las reformas constitucionales en protección a los derechos fundamentales de los gobernados, del cual deriva la nueva Ley de Amparo que ahora se aplica.
Con ello se evita que el quejoso, en todos esos supuestos, tenga que agotar necesariamente el recurso de revisión para controvertir el aspecto de improcedencia actualizado en primera instancia, puesto que lo que la norma pretende es, precisamente, que el impetrante de amparo esté en aptitud de desvirtuar la causal de improcedencia advertida de oficio con el fin de que el Juez de amparo se pronuncie sobre el fondo de la controversia planteada ante su jurisdicción.
Lo anterior no implica, de modo alguno, la existencia de un desequilibrio procesal hacia las partes del juicio de amparo, en tanto la obligación de dar vista contenida en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, únicamente faculta al quejoso a que se pronuncie sobre la causal de improcedencia advertida de oficio por el juzgador, nada más; lo que es lógico porque el desequilibrio procesal que se pudiera generar en el juicio, únicamente se daría respecto de aspectos relacionados con el fondo del asunto, donde el tercero interesado, por ejemplo, está facultado para alegar lo que a sus intereses convenga, incluso, interponer recurso de revisión en contra de la sentencia que al efecto se pronuncie.
Se insiste, la intención del legislador no es otra sino la de dar oportunidad al impetrante de tutela federal de que salve el obstáculo de improcedencia del juicio y los órganos jurisdiccionales de amparo aborden el estudio de fondo de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación que se propongan en su contra.
Por ello, es necesario que en el acuerdo de vista correspondiente el órgano de amparo haga saber a la parte quejosa cuál de las causales de improcedencia previstas en el catálogo contenido en el artículo 61 de la Ley de Amparo, es la que puede concretarse en el asunto de que se trata pues, de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a los accionantes, en tanto tendrían que adivinar cuál de todas es la que se puede generar en el juicio, lo que tornaría prácticamente imposible que pudiesen defenderse adecuadamente ante tal circunstancia para tratar de desvirtuarla.
No es obstáculo a lo hasta aquí expuesto, el hecho de que el multicitado segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo disponga una conjunción copulativa consistente en: "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior"; ello es así, dado que el término "Ni", conforme al Diccionario de la Real Academia Española, es usado para coordinar de manera aditiva vocablos o frases que denotan negación, precedida o seguida de otra u otras igualmente negativas, pero no necesariamente con ilación condicionante entre una y otra. Por ejemplo: No como ni duermo. Nada hizo ni dejó hacer a los demás. Nunca faltes a tu deber ni prefieras a la honra el provecho. A nadie quiso recibir, ni a sus más íntimos amigos. Ni lo sé ni quiero saberlo. Ni Juan, ni Pedro, ni Felipe te darán la razón.
Lo expuesto con antelación, implica que el numeral en comento no prevé que deban actualizarse de manera simultánea ambos requisitos para otorgar la vista correlativa, dado que la conjunción copulativa "Ni", como ya se dijo, coordina aditivamente una oración con otra de connotación negativa, sin que ambas deban coexistir de forma simultánea para trasmitir la idea que se pretende, pues entre ambas negaciones pueden existir dos supuestos de contenido totalmente distinto (por ejemplo: no como ni acudo a la escuela); a diferencia de la conjunción copulativa "Y", cuyos elementos son análogos y unen una misma secuencia de la oración a interpretar, lo que sí denotaría una condicionante para la aplicación del numeral de que se trata.
En el plano del juicio de amparo, lo anterior se robustece porque es lógico que los Juzgados de Distrito (en amparo indirecto) no tienen inferior jerárquico, por lo que la obligación de dar vista se surte, para ellos, desde el momento que adviertan la actualización de una causal de improcedencia no invocada por las partes.
En amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito tampoco tiene inferior jerárquico, por lo que surge la misma obligación en los términos apuntados en el párrafo que precede.
Ahora, tratándose de la sede de revisión, la actualización de la segunda hipótesis de la conjunción copulativa aditiva de que se trata, se concretiza desde el momento en que el Tribunal Colegiado de Circuito (en jerarquía superior al Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, según el caso) advierta la actualización de una causal de improcedencia diversa a la analizada por el a quo en la sentencia recurrida; de modo que, en tal circunstancia, el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo es claro en establecer que en este supuesto el órgano jurisdiccional de alzada deberá dar vista al quejoso con la posible actualización de la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa.
En ese contexto, indudable resulta que todos los órganos jurisdiccionales de amparo (Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito [actuando en sede de revisión o en amparo directo]) están llamados a observar la disposición en comentario, desde luego, cuando así proceda.
De modo que, si en el caso a estudio el a quo omitió dar vista al aquí recurrente con la causal de improcedencia que actualizó, es claro que trastocó el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor.
Sin embargo, no es dable revocar la sentencia recurrida para reponer el procedimiento en aras de que el juzgador federal observe el numeral en cita, dado que el derecho de defensa del quejoso se encuentra privilegiado, ahora, en esta sede de revisión, ya que a continuación se examinarán y validarán las consideraciones plasmadas por el a quo en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio.
Luego, el sindicato impetrante de tutela federal-recurrente, no quedó inaudito respecto de la actualización de la causal de improcedencia que, de manera oficiosa, actualizó el Juez Federal en la sentencia sujeta a revisión.
Sirve de apoyo a lo anterior, únicamente por lo ilustrativo de su contenido, la tesis VI.1o.A.23 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1708, de rubro y texto siguientes:
"QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EN EL RECURSO RELATIVO ES INAPLICABLE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La porción normativa aludida establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, deberá dar vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; sin embargo, ese supuesto debe entenderse actualizado única y exclusivamente cuando el juicio de amparo se encuentra ya tramitado, en el que las partes hayan comparecido a éste y el órgano jurisdiccional haya efectuado el pronunciamiento respectivo, lo que no acontece cuando el Juez de Distrito desecha de plano la demanda de garantías, por considerar actualizada una causal de improcedencia manifiesta e indudable y el Tribunal Colegiado de Circuito advierte de oficio que la que se surte es una diversa causal de esa naturaleza, caso en el cual éste está facultado para invocarla oficiosamente, sin mayor trámite."
SÉPTIMO. En otro aspecto, se precisa que los agravios esgrimidos por el sindicato recurrente serán analizados bajo el principio de estricto derecho; ello se afirma pues si bien es cierto, el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de la materia laboral es procedente suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en favor de los trabajadores, amén de que tal institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen cuando trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados; sin embargo, cierto es también que la suplencia en comento no opera cuando la contraparte del recurrente es también un sindicato (como acontece en el presente asunto) al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, ya que, en ese caso no subsiste la desventaja técnico procesal que el legislador ordinario tomó en cuenta para establecer tal obligación.
Además, no se advierte que el acto reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito (fracción I), ni que el sindicato quejoso se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio (fracción VII) pues, se insiste, su contraparte en el controvertido natural es también un sindicato, de ahí que no existe desventaja técnico procesal que haga procedente suplir la deficiencia de sus agravios.
En apoyo de la anterior consideración, se cita la jurisprudencia en materia laboral 2a./J. 42/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XVII, junio de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS: 184002, de rubro y texto siguientes:
"SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación."
Ahora bien, del análisis integral que emprende este órgano colegiado de los agravios esgrimidos por el sindicato recurrente se evidencia que refiere que es incorrecto que el a quo haya determinado sobreseer en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico), pues dicha causal no se encuentra plenamente acreditada.
Añade que en autos sí se acreditó la afectación a su interés jurídico con motivo de que el presidente de la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, a través de diligencia de veintiséis de octubre de dos mil doce realizó el registro del contrato colectivo de trabajo celebrado por **********, en su carácter de secretario general del **********, con **********, administradora general del "**********", ubicado en calle **********, número **********, **********, esquina **********, **********, de Acapulco, Guerrero; no obstante que previamente ya había registrado un diverso contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato hoy recurrente con la negociación "**********" antes denominada "**********".
Alega también que es incorrecto el sobreseimiento, ya que las empresas "**********" y "**********" constituyen la misma negociación, pues sólo operó un cambió de razón social, empero, se ubican en el mismo domicilio; amén de que no existe precepto jurídico que le obligara a demostrar la identidad de las aludidas fuentes de trabajo, pues con ello se llegaría al absurdo de exigirle exhibiera documentos que no tiene a su alcance, a guisa de ejemplo, escrituras constitutivas de la sociedad mercantil, testimonio de las asambleas de accionistas, títulos de acciones, entre otros.
Tales conceptos de agravio devienen infundados, como a continuación se justifica; en el entendido que su análisis se abordará de manera conjunta por encontrarse jurídicamente relacionados, además de así autorizarlo el artículo 76 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 25, Tomo IV, materia Civil, Jurisprudencia SCJN del Apéndice 2000, Séptima Época, registro IUS: 912973, de rubro y texto:
"AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS.-Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etcétera, lo que importa es el dato sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualquiera que sea la forma que al efecto se elija."
A efecto de justificar la calificativa determinada respecto de los motivos de disenso en análisis, es oportuno precisar que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 5o., fracción I, establece lo siguiente:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.
"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.
"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley"
Así, de la recta interpretación de tal precepto jurídico se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo; además, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b) que ese interés se vea agraviado.
Luego, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo.
Sin embargo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede en la especie, la legislación en comento exige que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa.
Por compartir criterio se cita la jurisprudencia en materia común XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que se localiza en la página 1807, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS: 2003293:
"INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.-Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa."
Así también, del precepto jurídico en análisis se desprende que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto reclamado; lo cual se traduce en el interés jurídico, presupuesto procesal necesario para que aquel sea accionado por el titular de los derechos sobre los cuales el acto impugnado haya causado un agravio personal y directo; por ende, contrario a lo que alega el sindicato recurrente era necesario que a través de los medios de convicción idóneos acreditara fehacientemente ser el titular de los derechos afectados y comprobar haber sufrido un menoscabo o perjuicio de los derechos protegidos por la ley.
Corroboran lo anterior, la jurisprudencia en materia común 3a./J. 27/90 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 229, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS: 207221, que prevé:
"INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.-La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés."
Así como la jurisprudencia, también en materia común 2a./J. 23/94 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se localiza en la página 20, diciembre de 1994, Octava Época, Número 84 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS: 206321, qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24774-c4c822af/articulo-64-parrafo-segundo-de-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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