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INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 500/2012 (EXPEDIENTE AUXILIAR 78/2013). · Registro digital (IUS): 24339
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 1786.

AMPARO EN REVISIÓN 500/2012 (EXPEDIENTE AUXILIAR 78/2013). 18 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIO: ENRIQUE SERANO PEDROZA.

NOVENO. Improcedencia del juicio de amparo.

I. Antecedentes.

1. (1) **********, (2) **********, (3) **********, (4) ********** y (5) **********, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la justicia federal contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ambas con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche.

2. El acto que reclamaron de dichas autoridades lo hicieron consistir en la supuesta desposesión de que fueron objeto con motivo de la clausura ocurrida el veinticinco de abril de dos mil doce y atribuida a dichas autoridades, en los terrenos localizados en el nuevo centro de población denominado **********, ubicado en el Municipio de **********, Campeche; derivada del expediente **********, relativo a la de denuncia presentada por ********** contra algunos de los quejosos nombrados por la supuesta tala y quema de árboles, así como el cambio de uso de suelo de dicho lugar.

3. En virtud de lo anterior, la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo, la admitió a trámite bajo el expediente **********, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su respectivo informe justificado, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional relativa, dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y ordenó emplazar a **********, en su carácter de tercero perjudicado, quien no compareció al juicio de amparo.

4. En diverso acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil doce, se tuvo únicamente a (1) ********** ampliando la demanda de amparo.

5. Seguido el juicio constitucional en sus etapas procesales, la a quo federal dictó sentencia en la audiencia constitucional de treinta de julio de dos mil doce, autorizada el veintiocho de septiembre siguiente, en la que sobreseyó en el juicio de amparo mencionado.

6. Inconforme con lo anterior, los referidos quejosos interpusieron recurso de revisión, el cual ahora ocupa a este tribunal auxiliar.

II. Estudio de la causal de improcedencia.

Los recurrentes esencialmente aducen en los agravios que es incorrecto que en la sentencia impugnada se determinara que no acreditaron su interés jurídico en el amparo indirecto.

Lo cual es así, porque en concepto de los inconformes se encuentra acreditado en actuaciones no solamente que están en trámites para regularizar la tenencia de la tierra, sino que además está demostrado que la clausura afecta los bienes sobre los cuales detentan la posesión como lo justificaron con distintas pruebas.

Lo anterior es infundado, porque antes de estudiar la legalidad de los actos reclamados es necesario previamente analizar si en el caso particular se encuentra demostrado el interés legítimo y/o el interés jurídico de la parte quejosa, debido a que constituye un presupuesto indispensable para el examen del juicio constitucional; es decir, debe existir un derecho tutelado que, al ser vulnerado por la actuación de la autoridad responsable, faculte al ejercitante de la acción de amparo, a acudir a los órganos de control constitucional.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que con respecto al acto reclamado por los quejosos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Campeche, consistente en la desposesión que manifiestan detentan de terrenos nacionales localizados en el nuevo centro de población denominado **********, ubicado en el municipio de **********, Campeche, relacionado con el expediente **********, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en sentido contrario, vigente a partir del once de octubre del dos mil once, que indica:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..."

Importa destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de las reformas de seis de junio de dos mil once, aplicable al caso por haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a dicha reforma, de acuerdo con lo expuesto en el primer considerando de esta ejecutoria, amplió el concepto de interés de parte agraviada.

En efecto, del contenido de dicha norma constitucional se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo:

a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y

b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado.

Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo.

Para mejor claridad sobre el tema, resulta necesario transcribir la parte conducente de la exposición de motivos que dio origen al contenido actual de dicho dispositivo constitucional, que es del tenor siguiente:

"... Por otro lado, la presente iniciativa contiene una serie de modificaciones y ajustes de redacción al texto vigente del artículo 107, las cuales se precisarán a continuación.

"En la fracción II se establece quién tiene el carácter de ‘parte agraviada’ en el juicio de amparo, señalándose que es aquella titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"En efecto, además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo.

"Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia.

"Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del interés legítimo.

"Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.

"No obstante lo anterior, se propone limitarlo en tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener ..."

Así las cosas, el legislador en el texto actual del artículo 107, fracción I, establece y amplía las personas que tienen el carácter de parte agraviada en el juicio de amparo (bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo antes de la reforma constitucional en materia de amparo), introduciendo como nueva posibilidad de impugnación la figura del interés legítimo individual o colectivo para promover la acción contra actos no emanados de autoridades jurisdiccionales cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se dijo, se continúa exigiendo la afectación a un derecho subjetivo de manera personal y directa, únicamente tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Lo anterior se evidencia en la siguiente gráfica:

Ver gráfica

Por ende, el espíritu del legislador fue ampliar la procedencia del juicio de amparo tanto para aquellas personas que vean afectado su interés jurídico -como se exigía antes de las reforma en comento-, como para aquellas personas que vean afectado su interés legítimo, ya sea individual o colectivo.

La locución interés en su concepción más simple (lato sensu) debe entenderse como la inclinación o el ánimo que existe entre la necesidad del ser humano y el bien o medio a través del cual se procure su satisfacción. Por su parte, se puede definir al interés en un sentido acotado como la aspiración legítima bien de orden pecuniario o moral, que representa para una persona la existencia de una situación jurídica o la realización de una determinada conducta.

Así, como se dijo anteriormente, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese.

Y por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley.

Es así que con meridiana claridad se advierte que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la ley en estudio así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

Orienta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico."(1)

Incluso, al respecto este Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar emitió la tesis número XXVII.1o.(VIII Región) 4 K (10a.), de rubro y texto siguientes:

"INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa."(2)

Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo; sin embargo, ninguno de esos intereses se actualiza al juicio de amparo indirecto de origen, como enseguida se expondrá.

a) Interés jurídico.

Como se anticipó, de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo,(3) el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que objetiva y técnicamente significa, que uno de los presupuestos jurídico procesales para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración de la afectación del interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico a favor del titular, lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva.

En otras palabras, como lo reconoce la jurisprudencia, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo objeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado es un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado), que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los tribunales federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado, que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones.

Luego, se encuentra ajustado a derecho el que la Jueza federal sostenga en la sentencia recurrida que de conformidad con lo establecido por los preceptos mencionados, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueva haya resentido un agravio pues, en efecto, sólo así puede acudir al juicio de amparo, debiendo ser titular del derecho que alega infringido y como consecuencia de esa violación, resulta afectado en sus intereses jurídicos.

Esto, porque el interés jurídico, ciertamente, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos constitucionales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses.

Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión.

Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior.

En ese sentido, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, por orden lógico, previo a analizar si los actos reclamados afectan dicho interés con relación a los quejosos, debe examinarse si éstos son titulares del derecho que aducen tener; de lo contrario, si no lo tienen, no es dable considerar que sufren afectación alguna, que es lo que genera el interés jurídico y, la falta de éste, a su vez, la improcedencia del amparo, como así se determinó en la sentencia recurrida.

Sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum a favor de los peticionarios de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional.

En el caso concreto, los peticionarios del amparo reclaman la desposesión que manifiestan detentan de terrenos nacionales localizados en el nuevo centro de población denominado '**********, ubicado en el Municipio de **********, Campeche.

Sin embargo, no puede otorgarse la razón legal a los inconformes, cuando afirman que la sentencia de amparo debió dictarse en el sentido de que justificaron el interés jurídico con el cúmulo de pruebas que existen en el expediente.

Es así, porque como en forma correcta lo afirma la Jueza federal en la sentencia recurrida, de acuerdo con el análisis de la demanda de amparo y de los documentos anexos a la misma, en efecto se advierte que los impetrantes del amparo no exhibieron medios de convicción idóneos y conducentes para acreditar dicho status jurídico, esto es, la posesión que aducen sobre el inmueble objeto del debate natural, en cuanto las pruebas allegadas al expediente de amparo no justifican, por un lado, que efectivamente tienen la posesión del fundo relativo y, por otro, en su caso, que esa detentación está basada en un título reconocido en la ley para hacerla apta de protección constitucional.

En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria -como bien lo afirma la Jueza federal en la sentencia recurrida- la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica reconocida en la legislación, que genere el derecho a esa posesión, de manera que los promoventes tengan una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a ejercer ese poder de hecho sobre determinado bien, entendiéndose por "título" la causa generadora de esa propiedad.

Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión el bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común."

Así las cosas, es correcto que en la sentencia recurrida se sostenga que para que encuentre cauce procesal el juicio de amparo en contra de actos de autoridad desposesorios, constituye requisito indispensable que quien se dice agraviado con el acto autoritario, acredite de manera fehaciente:

1. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer a título de propietario; esto es, la causa generadora de la propiedad; y

2. Que efectivamente detenta la propiedad del inmueble respectivo.

En este contexto, si bien los quejosos se ostentan como posesionario del bien inmueble objeto de la litis, resulta que como se asienta en la sentencia recurrida, no demostraron su interés jurídico para promover la acción de amparo.

Para sostener el anterior aserto, basta observar en el plano formal los actos reclamados, porque las determinaciones dictadas en el litigio natural, por sí, no irrumpen en su esfera jurídica; de lo que puede concluirse que los promoventes del juicio constitucional deben ser titulares del derecho que alegan fue violado, y que derivado de esa violación resultaron afectados en sus intereses jurídicos, en su patrimonio o en su persona, lo que en el caso, como ya se adelantó, no ocurre.

En relación con lo expuesto, si bien es cierto que los quejosos acompañaron a su demanda de amparo copia certificada de la solicitud de regularización presentada el diecinueve de marzo de dos mil diez al secretario de la Reforma Agraria, en la cual (1) **********, solicita la enajenación onerosa del predio denominado ********** ubicado en el Municipio de **********, Campeche; sin embargo, dicho documento tiene valor probatorio, como se establece en la sentencia recurrida, únicamente por cuanto hace a su conformación pública, por tratarse de copia certificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

Por otra parte, ese documento no es apto de ninguna manera para demostrar con oposición a lo que indican los inconformes los extremos de una posesión originaria o derivada de terrenos nacionales localizados en el nuevo centro de población denominado **********, ubicado en el Municipio de **********, Campeche, pues como lo dice la Jueza federal en la sentencia recurrida, simplemente se trata de una solicitud de regularización que no tiene efectos de trasladar el dominio del bien al peticionario de amparo, lo cual se corrobora con la leyenda asentada en ese documento que dice: "La recepción de la presente solicitud, no es constitutiva de derechos ni acreditan en el terreno solicitado sea baldío o nacional, hasta en tanto la Secretaría de la Reforma Agraria determine su naturaleza jurídica", sin que en el caso el quejoso haya adjuntado la resolución respectiva.

Lo expuesto se ilustra con la inserción correspondiente.

En esta parte se insertó la imagen de la foja 11 del expediente relativo al juicio de amparo del que derivó el presente recurso de revisión, correspondiente a la copia certificada de la solicitud de regularización presentada el diecinueve de marzo de dos mil diez al secretario de la Reforma Agraria por (1) **********.

De igual manera, se exhibió copia simple del oficio de intervención número ********** de fecha treinta de abril de dos mil doce de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Campeche; empero, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples quedan al prudente arbitrio judicial, por lo que en el caso, al no estar certificada la copia fotostática simple en examen, por sí misma carece de valor; contrario a lo que afirman los inconformes y como bien lo dice la Jueza federal en la sentencia recurrida, en cuanto que no se encuentra vinculada con cualquier otro medio de prueba que hubiere resultado eficaz, aun indiciariamente, para comprobar los hechos en que se sustentaría el interés jurídico del quejoso, de ahí que de cualquier modo, dicho documento es inconducente para justificar el interés jurídico del impetrante del amparo.

Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 16 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes:

"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.’, establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24339-f2afc44d/interes-juridico-o-interes-legitimo-para-efectos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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