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Modo: Corpus Pro

SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 211/2014. · Registro digital (IUS): 25413
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-01-16
Promovente: SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, Y OTRO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Pág. 1661.

AMPARO EN REVISIÓN 211/2014. SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, Y OTRO. 16 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: SANTIAGO ERMILO AGUILAR PAVÓN.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Análisis de los agravios.

I. Consideraciones previas.

A fin de facilitar la comprensión del asunto materia de análisis, es pertinente remitir a los dispositivos normativos que regulan el procedimiento de enajenación onerosa de terrenos nacionales, los cuales disponen:

"Ley Agraria

"Artículo 157. Son baldíos, los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos."

"Artículo 158. Son nacionales:

"I. Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de este título; y

"II. Los terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad de los títulos que respecto de ellos se hubieren otorgado."

"Artículo 160. La Secretaría de la Reforma Agraria llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga.

"El deslindador notificará a quienes se hubieren presentado el día, hora y lugar en que principiarán las operaciones de deslinde a efecto de que concurran por sí o designen representante. Se levantará acta de las diligencias realizadas, en la que firmarán el deslindador, dos testigos y los interesados que estuvieren o no conformes; en caso de inconformidad se hará constar esta circunstancia, sin que la falta de firma de estos últimos afecte la validez del acta. Los propietarios o poseedores de predios prestarán toda clase de facilidades para que se lleven a cabo los trabajos de deslinde. En caso de oposición, el deslindador solicitará la ayuda de la fuerza pública.

"Recibida por la secretaría la documentación de las operaciones de deslinde procederá a hacer el estudio de las mismas, tanto de la parte técnica topográfica, como de la titulación enviada y resolverá si el terreno solicitado es o no nacional o, en su caso, si dentro de la zona abarcada por el deslinde existen o no terrenos nacionales. Las resoluciones se notificarán a los interesados en los domicilios que hayan señalado, y se publicarán además en el Diario Oficial de la Federación.

"En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de la Reforma Agraria, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio."

"Artículo 161. La Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de la Reforma Agraria igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras."

De los preceptos anteriores se desprenden, para efectos del presente estudio, las siguientes conclusiones:

i. Son terrenos nacionales los baldíos deslindados y medidos conforme a la ley.

ii. El procedimiento de medición y deslinde de terrenos baldíos se encuentra previsto en el artículo 160 de la Ley Agraria. Luego de efectuado dicho procedimiento, la documentación de las operaciones que se realizaron será analizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien resolverá si el terreno solicitado es o no nacional o, en su caso, si dentro de la zona abarcada por el deslinde existen o no terrenos nacionales.

iii. Dicha secretaría está facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares.

Por su parte, los artículos 113, 114, 118 y 120 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que forman parte de la sección I del capítulo IV de dicho ordenamiento, denominada: "De la enajenación onerosa de terrenos nacionales fuera de subasta", disponen lo siguiente:

"Artículo 113. El solicitante de la enajenación de terrenos nacionales deberá presentar los siguientes documentos:

"I. Solicitud que contenga:

"a) Nombre, edad, estado civil, ingreso mensual y anual aproximado y ocupación del solicitante, y

"b) El nombre del predio, así como la superficie aproximada, colindancias y ubicación de éste;

"II. Plano en el que se precise el nombre del predio, superficie aproximada, ubicación cartográfica, coordenadas, referencias y colindancias;

"III. Constancia que acredite la nacionalidad mexicana;

"IV. Cédula de identidad ciudadana o credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, y

"V. En su caso, constancia que acredite la posesión del predio, en términos de lo establecido por el artículo 112 del presente reglamento."

"Artículo 114. Recibida la solicitud de enajenación de terrenos nacionales, la secretaría integrará el expediente respectivo y la evaluará. Cuando se trate de terrenos nacionales con vocación agrícola, ganadera o forestal, deberá solicitar al Comité Técnico de Valuación de la propia secretaría, la realización del avalúo; cuando la vocación del predio sea turística, urbana, industrial o de otra índole no agrícola, ganadera o forestal, el avalúo se solicitará al instituto.

"La vocación del predio de que se trate, será determinada por la secretaría, tomando en cuenta los siguientes elementos:

"a) La constancia de uso de suelo autorizada en el plan de desarrollo municipal que, en su caso, emita la autoridad municipal donde se ubique el predio, y

"b) A falta de la constancia señalada en el párrafo anterior, la ubicación y características del predio, considerando el potencial que por éstas u otras causas implique."

"Artículo 118. La secretaría deberá verificar si en el predio de que se trate existen poseedores. Si el o los poseedores manifiestan su interés en adquirir el predio, la secretaría deberá emitir el acuerdo que corresponda, que será de procedencia si están satisfechos los requisitos exigidos por la ley y este reglamento o de improcedencia, en caso contrario. Si el acuerdo emitido es de procedencia de la enajenación, dentro de los treinta días naturales siguientes deberá notificar el monto del avalúo al poseedor para que sea cubierto en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados éstos a partir de que la misma se realice. Si el poseedor no cubre el pago en este plazo, caducará su derecho de preferencia y la secretaría deberá, de inmediato, emitir un acuerdo de revocación de procedencia; pasando el predio a formar parte del inventario de terrenos nacionales disponibles que deberá administrar la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la secretaría, por conducto de la unidad administrativa facultada por las normas aplicables.

"Las notificaciones a que se refiere este artículo se harán en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 19 del presente reglamento."

"Artículo 120. De no existir poseedores o en caso de que éstos no hubieren ejercido el derecho de preferencia a que se refiere el artículo 118 de este reglamento, la secretaría notificará al interesado la procedencia de la enajenación y el valor de la misma. Asimismo, la secretaría requerirá el pago correspondiente dentro de un término no mayor a treinta días a la emisión del acuerdo, que deberá ser cubierto en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contado a partir de su requerimiento y podrá ser prorrogado por una sola vez hasta por noventa días.

"Cuando el adquirente sea el posesionario del terreno nacional a enajenar, la secretaría podrá acordar otorgarle un plazo no mayor de cuatro años.

"De resultar conveniente para los intereses de la Federación a juicio del titular de la secretaría, podrá emitir acuerdo de procedencia de la enajenación en subasta pública y, en su caso, deberá seguirse el procedimiento previsto en la sección II de este capítulo."

De los preceptos transcritos se obtiene lo siguiente:

i. Los terrenos nacionales pueden ser objeto de enajenación onerosa fuera de subasta.

ii. El solicitante de la enajenación de terrenos nacionales deberá presentar la documentación prevista en el artículo 113 del reglamento, la cual será recibida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien integrará el expediente respectivo y evaluará la solicitud.

iii. Dicha secretaría deberá verificar si en el predio de que se trate existen poseedores; si el o los poseedores manifiestan su interés en adquirir el predio, la dependencia deberá emitir el acuerdo que corresponda, que será de procedencia si están satisfechos los requisitos exigidos por la Ley Agraria y el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. En caso contrario, el acuerdo será de improcedencia.

iv. De no existir poseedores, o en caso de que éstos no hubieren ejercido el derecho de preferencia aludido, la secretaría notificará al interesado la procedencia de la enajenación y el valor de la misma.

Ahora bien, el artículo 6, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, establece lo siguiente:

"Artículo 6. El secretario tendrá las siguientes facultades indelegables:

"...

"XII. Resolver sobre la existencia de terrenos nacionales con base en los trabajos de deslinde que se practiquen, instruir su publicación, emitir el acuerdo de procedencia respectivo y, en su caso, autorizar la expedición de los títulos relativos a la enajenación de los mismos; ..."

De dicho dispositivo se desprende que la emisión del acuerdo de procedencia de la enajenación de terrenos nacionales es una facultad indelegable del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; es decir, es una atribución propia de dicho funcionario que no puede ser ejercida por ningún otro.

Por otra parte, el veinticuatro de junio de dos mil trece, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió el "Acuerdo por el que se delega en el titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, la facultad de emitir acuerdos de improcedencia a las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales que se presenten ante esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de agosto de dos mil catorce.

La parte sustancial del acuerdo dice:

"Primero. Se delega en el titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, la facultad de emitir acuerdos de improcedencia, a las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales que se presenten ante esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

"Segundo. Cuando exista solicitud de enajenación de algún presunto terreno nacional, y en términos del título cuarto del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se determine la improcedencia de su enajenación, la delegación estatal de esta dependencia del Ejecutivo Federal que conozca del asunto, deberá emitir opinión por escrito al respecto y remitir inmediatamente a la Dirección General de la Propiedad Rural, el expedientillo integrado con motivo de la solicitud, adjuntando las constancias registrales y técnicas obtenidas, a fin de que dicha dirección general, asistida por la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural y previa consulta a la Unidad de Asuntos Jurídicos, sea quien emita el acuerdo de improcedencia correspondiente, considerando en el mismo, la opinión de la delegación estatal y la de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ordenando el archivo del expediente como asunto totalmente concluido."

El acuerdo transcrito se traduce en los siguientes puntos:

i. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano delega en el director general de la Propiedad Rural, la facultad de emitir acuerdos de improcedencia a las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales que se presenten ante dicha secretaría.

ii. Cuando exista solicitud de enajenación de algún terreno nacional, la cual se considere improcedente, la delegación estatal de la secretaría que conozca del asunto deberá remitir a la Dirección General de la Propiedad Rural el expedientillo integrado con motivo de la solicitud, a fin de que esa dirección general emita el acuerdo de improcedencia correspondiente.

Atendiendo a los preceptos normativos transcritos se concluye, para efectos del presente estudio, lo siguiente:

a) La solicitud de enajenación de terrenos nacionales que se presente ante una delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios correspondientes.

b) De dicha solicitud se formará un expedientillo que se integrará con documentación, estudios y las opiniones de las autoridades respectivas, a fin de considerar la procedencia o improcedencia de la petición.

c) En el supuesto de que, a juicio de la delegación estatal que conozca del asunto, sea improcedente la enajenación solicitada, ésta emitirá opinión por escrito y remitirá de inmediato a la Dirección General de la Propiedad Rural el expedientillo integrado con motivo de la solicitud, adjuntando las constancias registrales y técnicas obtenidas, a fin de que esa dirección general emita el acuerdo de improcedencia correspondiente -asistida por la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural y previa consulta a la Unidad de Asuntos Jurídicos-.

d) En caso de que la delegación estatal considere procedente la solicitud de enajenación, remitirá el asunto al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que, de considerarlo así, emita el acuerdo de procedencia correspondiente. Lo anterior atendiendo a que, como ya se vio, la emisión del acuerdo de procedencia constituye una facultad indelegable y, por ende, exclusiva de dicho secretario, en términos del artículo 6, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En esa tesitura, puede concluirse válidamente que corresponde al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la emisión de los acuerdos de procedencia de la enajenación de terrenos nacionales, en tanto que corresponde al director general de la Propiedad Rural la facultad de emitir los de improcedencia.

II. Antecedentes.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno precisar los antecedentes más relevantes, los cuales se desprenden de las constancias que obran en el expediente del juicio de amparo.

1. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil uno ante la Delegación Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ********** solicitó al titular de dicha secretaría la enajenación onerosa del predio denominado **********, ubicado en el Municipio de **********, Quintana Roo.

2. El veintiséis de abril de dos mil once se realizaron los trabajos técnicos de medición y deslinde en el predio denominado **********, con motivo de lo cual se levantaron las actas circunstanciada y de inspección ocular de la misma fecha.

3. El treinta y uno de octubre de dos mil once, en observancia del acuerdo de regularización del procedimiento de la misma fecha, se emitió "auto de radicación" de la solicitud presentada por la interesada (número de control **********).

4. Mediante oficio número **********, de treinta y uno de octubre de dos mil once, dirigido a la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, suscrito por el delegado estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -que contiene la opinión de dicha delegación-, se remitió el expedientillo que contiene el resultado de los trabajos técnicos realizados en relación con el asunto de mérito, "para que la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, en uso de sus atribuciones acuerde o instruya lo que en derecho corresponda". El oficio anterior constituye la última actuación dentro del procedimiento administrativo que motivó la solicitud de la enajenación onerosa del predio denominado **********.

5. Ante tal circunstancia, el siete de febrero de dos mil catorce, ********** promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como autoridades responsables a: (1) la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; (2) al delegado estatal en Quintana Roo de dicha secretaría; y, (3) al director general de la Propiedad Rural, de quienes reclamó la omisión de emitir el acuerdo de procedencia a su solicitud de enajenación onerosa del predio en cuestión.

6. De dicho juicio (**********) correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, quien mediante sentencia dictada en audiencia constitucional celebrada el veintiocho de abril de dos mil catorce, concedió a la quejosa el amparo solicitado.

7. Inconforme con el referido fallo, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el director general de la Propiedad Rural, autoridades que figuraron como responsables, interpusieron el recurso de revisión que motiva la emisión de la presente ejecutoria.

III. Estudio de los motivos de disenso.

A continuación se abordará el análisis de los agravios formulados por la parte recurrente, el cual, por razón de técnica jurídica, se hará en un orden diverso al que guardan en el escrito del recurso.

A. Inexistencia del acto reclamado.

Plantea la autoridad recurrente en el agravio identificado como primero, que el Juez Federal debió sobreseer en el juicio por inexistencia del acto reclamado, al constatarse que no le correspondía dar seguimiento al procedimiento de investigación de origen, en virtud de que dicha facultad es propia de autoridades subalternas, por lo que no estaba obligada a actuar en el sentido que se pretende.

Es infundado el agravio.

En principio, resulta conveniente destacar que los artículos 74, fracción I y 75 de la Ley de Amparo,(10) establecen que las sentencias que se dicten en la instancia constitucional deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Igualmente disponen que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la responsable.

En relación con lo anterior, cabe señalar que la existencia del acto reclamado es un presupuesto lógico e indispensable para dilucidar lo relativo a: (i) el análisis de procedencia del juicio, esto es, la actualización o no de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, y una vez superado dicho examen oficioso y (ii) la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Para ello, la Ley de Amparo establece la obligación de las autoridades responsables de hacer del conocimiento del Juez de Amparo, mediante un informe justificado, la existencia o no de los actos que se les atribuyen.

Así las cosas, si la autoridad responsable no rinde el informe justificado que se le solicitó, entonces, en términos del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá presumir cierto el acto reclamado. En cambio, si la responsable rinde su informe, el Juez de Distrito deberá ceñir su análisis a lo siguiente:

I. La aceptación del acto reclamado;

II. Su negativa; o

III. Que el informe sea ambiguo u oscuro.

De igual forma, cabe aclarar que la aceptación puede ser expresa o tácita. La primera se presenta cuando la autoridad manifiesta que "sí es cierto el acto reclamado"; en cambio, la segunda se exterioriza cuando el acto se niega pero se vierten manifestaciones de las que se desprende que es cierto.

Finalmente, el informe será oscuro o deficiente cuando no se advierta del mismo la aceptación, o bien, su negativa, caso en el que el Juez Federal no deberá tener por satisfecha su obligación y, en consecuencia, deberá aplicarse la consecuencia prevista en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

Ahora bien, en el caso sujeto a estudio, no le asiste razón a la autoridad recurrente, en principio, porque el hecho de que la sustanciación del procedimiento administrativo con motivo de la solicitud de enajenación del predio debieran realizarlo autoridades subalternas, no la exime de darle seguimiento, pues a aquélla le corresponde originariamente.

En efecto, los artículos 161 de la Ley Agraria, 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, disponen lo siguiente:

"Ley Agraria

"Artículo 161. La Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de la Reforma Agraria igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras."

"Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

"Artículo 14. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. ..."

"Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de esta ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. ..."

"Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

"Artículo 5. La representación, trámite y resolución de los asuntos que competen a la secretaría, corresponden originalmente al secretario.

"El secretario, sin perjuicio de su ejercicio directo, podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, salvo aquellas que las disposiciones aplicables señalen como indelegables."

De los anteriores preceptos se advierte que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria) la enajenación de terrenos nacionales fuera de subasta, y se observa que para ello su titular podrá auxiliarse de los servidores públicos que establezcan el reglamento interior y las disposiciones legales aplicables, o delegarlas en dichos funcionarios sin menoscabo de poder ejercerlas directamente.

En esa medida, resulta inexacto que a la aquí recurrente no le competa la tramitación del procedimiento de investigación para la enajenación de un terreno nacional, por no encontrarse concluida la fase preliminar de tramitación, pues contrario a ello, la circunstancia de que delegara las facultades que originalmente le corresponden, no la exime de su observancia, pues la delegación sólo tiene por objeto que los asuntos de su competencia se despachen de manera eficaz, optimizando con ello el funcionamiento de la secretaría a su cargo y, por consiguiente, la prestación del servicio público que le es encomendada.

Por ende, tal circunstancia no puede ser excusa para que el titular de la secretaría soslaye el cumplimiento de las obligaciones que por ley le corresponden, pues como se precisó, tal delegación no impide que en los casos que el propio secretario lo estime pertinente, las ejerza de manera directa.

Máxime que del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte que:

• La solicitud de enajenación del predio en cuestión se dirigió justamente al secretario de la Reforma Agraria;(11) y

• El formato que la propia secretaría confecciona para este tipo de trámite determina que el titular de la dependencia es la autoridad a quien se dirige dicha solicitud.

Razones que evidencian que, en principio, corresponde a dicha autoridad la prosecución y culminación de la solicitud planteada.

De ahí que lo alegado por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no sea obstáculo para concluir que le corresponde continuar con la tramitación del procedimiento de investigación instaurado con motivo de la solicitud de enajenación y, por tanto, contrario a lo que asevera, se evidenció la existencia del acto que le fue reclamado.

Independientemente de lo anterior, es importante destacar que, tal como se concluyó en el capítulo de consideraciones previas, la emisión del acuerdo de procedencia de la enajenación corresponde de manera directa e indelegable al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en tanto que la de improcedencia puede emitirla, en uso de facultades delegadas, el director general de la Propiedad Rural, de manera que la autoridad recurrente no puede alegar que se encuentra desligada del procedimiento correspondiente y que no son ciertos los actos reclamados.

Asimismo, cabe señalar que el argumento de la responsable recurrente, en el sentido de que no se ha pronunciado sobre la procedencia o improcedencia de la enajenación solicitada, porque el procedimiento previo no ha concluido, se encaminan a evidenciar la constitucionalidad de su proceder, mas no la inexistencia del acto reclamado.

En este orden de ideas, procede desestimar el agravio sujeto a análisis.

B. Inexistencia de conceptos de violación en la demanda de amparo.

Sostiene la autoridad recurrente, en una parte del agravio identificado como cuarto, que el Juez constitucional contravino lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, porque soslayó que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en dichos preceptos, atendiendo a que la quejosa no expuso en su demanda de amparo conceptos de violación.

En ese sentido, sostiene que el resolutor federal suplió a la quejosa la deficiencia de sus conceptos de violación en un asunto en que no opera dicha figura.

Lo anterior es infundado.

No asiste razón a la recurrente, pues del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que sí se expresaron los agravios que le ocasionó el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron, lo que configura la causa de pedir.

En efecto, el artículo 76 de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."

Del precepto transcrito se desprende que los tribunales de amparo examinarán en su integridad la demanda de amparo, así como los demás planteamientos vertidos por las partes, para resolver la cuestión efectivamente planteada, con la condición de no cambiar los hechos expuestos en la demanda.

Lo anterior significa que el escrito de demanda deberá apreciarse como un todo, de manera que el juzgador pueda advertir la verdadera pretensión de quien acude a la instancia constitucional, para el efecto de estar en condiciones de solucionarla, sin exigir rigorismos técnicos, sino que, basta que se exprese con claridad el agravio que el acto reclamado ocasionó en su esfera jurídica y los motivos que lo originaron.

De modo que todos aquellos razonamientos que se contengan en la demanda de amparo, que tiendan a demostrar la contravención del acto reclamado a los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos, deben considerarse como conceptos de violación, aunque no se encuentren en el capítulo relativo.

Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25413-f769e9b4/subgarantias-de-prontitud-eficacia-y-expeditez-contenidas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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