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Modo: Corpus Pro

GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL DEMANDADO QUE NO FUE DEBIDAMENTE LLAMADO AL JUICIO DE ORIGEN EN EL QUE FUE CONDENADO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. INTERÉS JURÍDICO. LO TIENE EL DEMANDADO QUE NO FUE DEBIDAMENTE LLAMADO AL JUICIO DE ORIGEN EN EL QUE FUE CONDENADO, AUN CUANDO LA SENTENCIA SE HAYA EJECUTADO MATERIALMENTE EN SU TOTALIDAD EN LOS BIENES DE DIVERSO CODEMANDADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 355/2015. · Registro digital (IUS): 28443
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Pág. 1198.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 355/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II de la Ley de Amparo vigente; así como 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema de materia civil que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.

Asimismo, el conocimiento de este asunto por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.) «publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 9, registro digital: 2000331» de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por la Magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para resolver el presente asunto en primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios. Por ello, los antecedentes y consideraciones de las determinaciones que dieron lugar a la presente contradicción de tesis, son las que a continuación se sintetizan:

I. Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí. El dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres resolvió el recurso de revisión **********, del que es necesario conocer los antecedentes y consideraciones que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

a. El diez de diciembre de mil novecientos noventa y dos, ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes: a) Del Juez Quinto del Ramo Civil de San Luis Potosí, los autos de exequendo de fechas nueve y veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y siete pronunciados en los juicios ********** y ********** respectivamente, acumulados, y la falta de emplazamiento en los mismos, no obstante su calidad de parte demandada así como las consecuencias de esa omisión de no haber sido emplazado consistentes en la sentencia de remate; el remate mismo con su aprobación; la adjudicación de los bienes embargados a favor de quien fungió como postor; los actos posteriores o subsecuentes a la adjudicación tendientes a la entrega y escrituración del inmueble adjudicado al postor; la inscripción de los bienes a su favor que se verifique en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esa capital y todos los demás actos procesales que se verifiquen en la ejecución de la sentencia definitiva que se reclama a pesar de que el quejoso no ha intervenido de manera alguna, por no haber sido emplazado, pero que de manera directa laceran las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; además se impugna la orden para que se escriture el bien inmueble a favor del postor. b) De los tres actuarios adscritos al propio juzgado, reclama el cumplimiento del auto de exequendo y levantamiento de actas de embargo; la omisión en que incurrieron al no haberle emplazado a pesar que se ordenó en los autos de radicación y de exequendo la entrega del bien inmueble al postor, para ponerlo en posesión material del mismo, que se realice en la etapa de ejecución de sentencia firme de remate. c) Del director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio se reclama la inscripción de la escritura de adjudicación del bien que se verifique en favor del postor y las consecuencias jurídicas que se deriven de ese acto.

b. Admitida la demanda y registrada bajo el número **********, la audiencia constitucional tuvo verificativo el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos y posteriormente el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí dictó sentencia sobreseyendo el juicio de amparo. En su resolución determinó que se advertía una causal de improcedencia con base en la fracción V del artículo 73 que establece que el acto de autoridad que se reclama debe afectar los intereses jurídicos del quejoso debiendo entenderse como tales a aquellos que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio. Consideró que en el caso el quejoso no se ve afectado real y objetivamente en sus bienes jurídicos con los actos que reclama toda vez que los bienes inmuebles que fueron embargados primeramente y luego objeto de remate no son de su propiedad; resulta claro que el promovente no es titular del derecho de propiedad o posesión del inmueble cuestionado en los juicios naturales, por ello no le ocasionan un agravio en su interés jurídico. Además la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al emitir la resolución correspondiente al recurso de apelación que se hizo valer por el codemandado en contra de la sentencia del Juez, determinó que si bien era verdad que el Juez natural tuvo como demandados entre otros al hoy quejoso, ello obedeció a que la demanda se enderezó contra él y otras personas pero lo cierto es que el requerimiento de pago y emplazamiento a juicio se entendieron únicamente con el apelante **********.

c. Inconforme, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión que fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y admitido el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y tres.

d. En vía de agravios el quejoso recurrente manifestó que en los juicios citados como actos reclamados se le señaló como demandado, reconociéndose tal calidad y ordenando se llevara a cabo el emplazamiento respectivo; no obstante nunca se le emplazó y en consecuencia no fue llamado a juicio. A pesar de ello, el juicio se llevó a cabo emplazando únicamente al codemandado ********** y no obstante que el recurrente ********** no fue oído ni vencido en juicio, fue también condenado al pago de las prestaciones reclamadas lo cual indudablemente, por sí sólo, constituye un acto en su perjuicio. Aun y cuando la sentencia no se materializó en cuanto a los efectos jurídicos en bienes de su propiedad, sí le acarrea los perjuicios jurídicos la sentencia en su contra que le condena. Por último ahora se le exige en la vía legal el pago que proporcionalmente le corresponde, lo cual revela la trascendencia jurídica que en su perjuicio tiene aquel juicio; por ello solicita se le dé la oportunidad de comparecer al mismo a fin de defender legalmente sus derechos.

e. En la resolución, el Tribunal Colegiado decidió confirmar el fallo y sobreseer el juicio de amparo ya que consideró infundados los agravios del recurrente pues le asiste la razón al Juez a quo en tanto afirma que en la especie el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de garantías ya que:

- Si bien es verdad en el juicio de origen, éste fue condenado a pagar las prestaciones exigidas por el actor, aquí tercero perjudicado, no menos cierto es que la sentencia no se ha traducido en una afectación inmediata y directa a sus derechos fundamentales.

- La promoción del juicio de amparo por parte de quien se ostenta tercero extraño al procedimiento del cual emanan los actos reclamados, requiere no sólo que se acredite la falta de audiencia en el mismo sino también que esos actos se ejecuten en perjuicio del quejoso afectando alguno de los derechos fundamentales, como en este caso la posesión o la propiedad.

- Si la sentencia en que se condena al quejoso a cumplir con las prestaciones que le fueron demandadas en el juicio de origen no se ha ejecutado en su persona o sus bienes, entonces el juicio de amparo es improcedente ya que los efectos del procedimiento constitucional son esencialmente reparativos y en la especie no existe afectación que deba ser reparada, es decir que no existe motivo aún para obligar a las autoridades responsables a respetar la garantía de audiencia en favor del peticionario de garantías porque el procedimiento ordinario, respecto al cual se alega que éste no fue oído, no ha trascendido en su persona o sus bienes.

- No es sino hasta que la sentencia se ejecute materialmente en agravio del quejoso que surge el interés jurídico de éste para promover el juicio de amparo y obtener a través de él en su caso la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación

- Sin embargo, si las cosas no han cambiado, es decir que siguen siendo las mismas antes y después de la emisión del acto reclamado, por virtud de que no se ha ejecutado en la persona del quejoso o en sus bienes, resulta que no hay nada que restituir o reparar y en consecuencia el juicio de amparo es improcedente.

f. De esa resolución derivó la tesis aislada de rubro y contenido siguientes:

"AUDIENCIA, GARANTÍA DE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO SE EJECUTA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.—Si en una sentencia se condena al quejoso a las prestaciones demandadas en el juicio de origen, pero la misma no se ejecutó en sus bienes, sino en los del codemandado, entonces, el juicio de amparo es improcedente, ya que los efectos de este procedimiento constitucional son esencialmente los de reparar la violación de garantías, y en la especie, no existe afectación que deba ser reparada; es decir, que aún no existe motivo para obligar a las autoridades responsables a respetar la garantía de audiencia en favor del peticionario de garantías porque el procedimiento ordinario, respecto al cual se alega que éste no fue oído, no ha trascendido en su persona o sus propiedades afectando algún derecho. Luego entonces, no es sino hasta que la sentencia se ejecute materialmente en agravio del quejoso, cuando puede surgir el interés jurídico de éste para promover el juicio de amparo y obtener a través de él, en su caso, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación."(5)

II. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. El diecisiete de noviembre de dos mil quince resolvió el recurso de revisión **********, del que es necesario conocer los antecedentes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria y lo decidido en la misma:

a. El cuatro de marzo de dos mil quince, ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes: a) Del Juez Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, con sede en Guadalajara, Jalisco, la totalidad de las actuaciones que integran el juicio civil ejecutivo, tramitado bajo el número de expediente **********, desde la ilegal constancia de imposibilidad de notificación visible a fojas cuarenta y dos de dicho expediente, así como las irregulares actuaciones posteriores y el ilegal emplazamiento por edictos que se hizo. b) Del secretario de Acuerdos en funciones de secretario ejecutor del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, la ilegal constancia de imposibilidad de notificación de fecha dieciocho de abril de dos mil doce, porque con esas actuaciones, elaboradas en forma contraria a como lo establece la ley del acto se transgredió a su mandante los derechos humanos y garantía de audiencia, defensa, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley del acto, consagradas en preceptos constitucionales y tratados internacionales.

b. Admitida la demanda y registrada bajo el número **********, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en sentencia autorizada el veintinueve de mayo de dos mil quince, consideró que no se actualiza la causal de improcedencia que alega el tercero interesado toda vez que el juicio de origen efectivamente le causa un perjuicio al quejoso ya que tiene el carácter de demandado en el juicio de origen en el cual se dictó sentencia condenándolo al pago de $********** pesos **********/100 moneda nacional) por suerte principal e intereses ordinarios y moratorios generados. Asimismo concluyó que el emplazamiento practicado por medio de edictos fue ilegal. Consecuentemente, concedió el amparo para efectos de que el Juez responsable dejara insubsistente todo lo actuado a partir del auto de once de octubre de dos mil doce en el que se ordenó se realizara emplazamiento por medio de edictos y en su lugar dictara otro en la que se tomara en cuenta lo considerado en el fallo y resolviera en derecho con plenitud de jurisdicción.

c. Inconforme, la tercera interesado **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, interpuso recurso de revisión que fue radicado en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

d. En la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Tribunal Colegiado decidió revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto promovido por ********** para los efectos precisados (llamar a juicio al diverso tercero interesado). Ello en razón de que:

- Uno de los agravios formulados es infundado en tanto que el que se analizará es fundado y suficiente para ordenar la reposición del procedimiento lo que provocará que no se examinen los restantes.

- La recurrente señala que debe sobreseerse el juicio de amparo en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia. Ello es infundado ya que de la interpretación a contrario sensu se obtiene que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos que afecten los intereses jurídicos del quejoso, de ahí que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiera que el peticionario de garantías demuestre la titularidad de los derechos afectados por los actos de autoridad reclamados.

- En la especie, dicho interés se encuentra acreditado con las propias constancias de autos que son documentos públicos que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y demuestran que el quejoso **********: 1) Es demandado en el juicio ejecutivo civil, que se le demandó entre otras prestaciones la ejecución forzosa de un contrato. 2) Fue emplazado a juicio por medio de edictos. 3) Fue condenado al pago de un total de ********** y **********/100 moneda nacional por concepto de suerte principal, intereses, gastos y costas. Por ello es claro que el quejoso si tiene interés jurídico para combatir los actos que reclama (llamamiento a juicio y el procedimiento de origen) porque como se vio durante el transcurso del procedimiento se dictaron diversas resoluciones que resultaron contrarias a su interés pues fue condenado al pago de las prestaciones reclamadas por tener calidad de parte en el juicio de origen, por ello es manifiesto que puede solicitar la protección federal.

- Sin que obste el hecho de que el procedimiento de mérito concluyó por pago y que la condena respectiva se hubiera cubierto con el bien hipotecado el cual era propiedad exclusiva de la codemandada, debido a que esa circunstancia no libera de manera definitiva al peticionario de amparo de la obligación de pagar la deuda relativa.

- Ello pues se podría actualizar la subrogación legal debido a que quien cumple con una obligación a cargo de un tercero se sustituye en los derecho, patrimoniales del acreedor tal y como acontece cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, como sería en el caso de que un deudor solidario satisface el total de la deuda.

- Se colige que la subrogación es la sustitución en los derechos del acreedor por un tercero quien paga la deuda; sin embargo, la peculiaridad de esta figura jurídica es que dicha acción no la extingue sino que provoca la existencia de la misma obligación de pago pero ahora frente a un nuevo acreedor que sustituyó al anterior quien se convierte en titular de la acción correspondiente para obtener el rembolso de lo que erogó; figura que también puede actualizarse tratándose de deudores solidarios cuando sólo uno cubre el importe total adeudado.

- Así, contrario a las afirmaciones del recurrente, el quejoso no se vio beneficiado en el juicio de origen con la liberación de la deuda, dado que lo que podría darse en todo caso es la sustitución del acreedor con motivo del pago efectuado por la codemandada.

- De ahí que cobre relevancia el análisis de la legalidad de su llamamiento a juicio a efecto de que en caso de concederse el amparo, el promovente de la acción constitucional esté en posibilidad de hacer valer las excepciones y defensas que correspondan.

- En atención a lo expuesto no se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito «publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 241, registro digital: 216163» de rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO SE EJECUTA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO."

- En otro orden de ideas, en el caso se advierte que si bien es verdad que la ********** no es parte formal en el juicio de origen no menos cierto es que sí tiene el carácter reconocido de acreedora de la codemandada y sí tiene pretensiones opuestas a las del peticionario de amparo dado que el procedimiento de origen cuya legalidad se cuestiona el quejoso, le beneficia y por ende tiene interés en que subsista. Por tanto este tribunal considera que se violaron las reglas que rigen el procedimiento, lo cual trascendió al resultado del fallo, entonces se decreta la reposición del procedimiento del juicio de amparo ********** para el efecto de que el Juez de Distrito ordene el llamamiento de ********** a fin de que esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales y una vez hecho lo anterior se continúe la substanciación del aludido sumario conforme a derecho corresponda.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. A continuación es necesario determinar si en el presente caso existe contradicción de criterios.

De acuerdo a una nueva reflexión de este Alto Tribunal, la forma de abordar el análisis sobre las contradicciones de tesis y de aproximarse adecuadamente a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados requiere abordar los criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodeen no sean exactamente iguales. Ello pues en el pasado prevaleció el criterio(6) que obligaba que los asuntos fueran idénticos, mismo que ha sido superado al considerar que ello no debe obstaculizar el análisis de fondo de una contradicción planteada por contener cuestiones secundarias o accidentales que no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Entonces, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.

En ese orden de ideas, con base en lo determinado en la jurisprudencia P./J. 72/2010 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(7) y de los diversos precedentes de esta Suprema Corte, para el estudio de las contradicciones de tesis se debe cumplir con las siguientes condiciones para su existencia:(8)

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Partiendo de las anteriores consideraciones, lo conducente es determinar si respecto de los criterios contendientes se actualizan dichos parámetros.

Así, esta Primera Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por los tribunales contendientes al ocuparse de resolver sendos amparos en revisión ********** y ********** en razón de los motivos que se exponen a continuación.

El primer requisito se actualiza, ya que efectivamente los Tribunales Colegiados resolvieron cuestiones litigiosas donde realizaron un ejercicio interpretativo.

Lo anterior sobre la base de que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito esencialmente sostuvo que el juicio de amparo es improcedente si en una sentencia se condena al quejoso –quien no fue llamado a juicio– a las prestaciones demandadas en el juicio de origen pero la misma no se ha ejecutado en sus bienes sino en los del codemandado.

Estimó que no existe afectación que deba ser reparada, es decir que aún no existe motivo para obligar a las autoridades responsables a respetar la garantía de audiencia en favor del quejoso porque el procedimiento ordinario en el cual se alega que no fue oído, no ha trascendido en su persona o sus propiedades que afecten algún derecho.

Concluyó que será hasta que la sentencia se ejecute materialmente en agravio del quejoso cuando pueda surgir el interés jurídico de éste para promover el juicio de amparo y obtener en su caso la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo, en lo que interesa, que el juicio de amparo sí es procedente en contra de una sentencia que condena al quejoso –quien no fue debidamente llamado a juicio– a las prestaciones en el juicio de origen, aunque dicho procedimiento haya concluido por pago cuya condena fue cubierta con el bien hipotecado el cual era propiedad exclusiva del codemandado, ya que no libera de manera definitiva al peticionario de la obligación de pagar la deuda relativa.

Consideró que sí existe un interés jurídico del quejoso en combatir los actos que reclama (llamamiento a juicio y el procedimiento de origen) porque durante el transcurso del procedimiento se dictaron diversas resoluciones que resultaron contrarias a su interés pues fue condenado al pago de las prestaciones reclamadas por tener calidad de parte en el juicio de origen y, por ello, puede solicitar la protección federal.

Que contrario a lo afirmado por el tercero interesado y recurrente, el quejoso no se vio beneficiado en el juicio de origen con la liberación de la deuda, dado que lo que podría darse en todo caso es la sustitución del acreedor con motivo del pago efectuado por la demandada, bajo la figura de la subrogación legal. De ahí que cobre relevancia el análisis de la legalidad del llamamiento a juicio a efecto de que en caso de concederse el amparo, el promovente de la acción constitucional esté en posibilidad de hacer valer las excepciones y defensas que correspondan.

En cuanto al segundo requisito, esta Primera Sala observa que efectivamente entre los ejercicios interpretativos existe al menos un tramo de razonamiento en torno al mismo problema jurídico.

Ello en razón de que, más allá de las particularidades de cada asunto, en ambos casos el codemandado alegó que la omisión de emplazarle –o su ilegal llamamiento– en el juicio principal, y su eventual condena en el mismo, le acarreaba un perjuicio que debía ser reparado mediante el juicio de amparo.

No obstante, en un caso el Tribunal Colegiado confirmó la determinación que resolvió que sí se actualizaba una causal de improcedencia ya que aun y cuando hubiere sido condenado al pago de las prestaciones, sin haber sido llamado a juicio, si las mismas no habían sido ejecutadas en sus bienes sino en las del codemandado, entonces no existía ninguna afectación que debiera ser reparada y por tanto no se debía respetar su garantía de audiencia.

Mientras que el diverso órgano jurisdiccional contendiente confirmó la determinación que consideró que no se actualizaba una causal de improcedencia ya que el hecho de haber sido condenado al pago de las prestaciones, sin haber comparecido a juicio debido al ilegal emplazamiento, sí le acarreaba una afectación que debía ser reparada ya que no quedaba liberado del pago, aún y cuando la sentencia se hubiere ejecutado en los bienes del codemandado; por ello se debía respetar la garantía de audiencia en el juicio de origen.

De lo anterior resulta que los tribunales mencionados se pronunciaron de manera contradictoria respecto de una misma hipótesis jurídica, lo que evidencia la existencia de la contradicción de criterios, lo cual permite que se actualice el tercer requisito, esto es, el planteamiento de preguntas genuinas a resolver, cuya materia consiste en determinar: Si el juicio de amparo es procedente cuando se alega que en el juicio de origen se omitió emplazar –o el mismo se efectuó ilegalmente– a uno de los codemandados y existe sentencia condenatoria en su contra que no se ejecutó en sus bienes sino en los del diverso codemandado.

QUINTO.—Estudio.

En relación con el punto de contradicción, es preciso señalar que existe discrepancia entre los Tribunales Colegiados contendientes ya que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, consideró que el amparo era improcedente ya que el quejoso no tenía interés jurídico para promover el juicio de amparo puesto que, a pesar de que no fue llamado a juicio y existía sentencia condenatoria en su contra, no se actualizaba una afectación a sus derechos en virtud de que la misma no se ejecutó en sus bienes.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el amparo en revisión **********, determinó que no se actualizaba ninguna causal de improcedencia ya que el quejoso sí tenía interés jurídico para promover el juicio de amparo puesto que existía una afectación a sus derechos en virtud de la sentencia condenatoria, pues si bien no había sido ejecutada en sus bienes, durante el transcurso del procedimiento se dictaron diversas resoluciones que resultaron contrarias a los intereses del agraviado debido a que fue condenado al pago de las prestaciones reclamadas.

Como una cuestión previa es importante señalar que aun y cuando el ejercicio interpretativo realizado en los criterios contendientes tuvo su fundamento en legislaciones diversas, esto no es obstáculo para permitir un pronunciamiento por esta Primera Sala.

Se advierte que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, aplicó la Ley de Amparo abrogada; mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el amparo en revisión **********, aplicó la Ley de Amparo vigente. Así, respectivamente fundaron su decisión en las disposiciones que a continuación se reproducen en la siguiente tabla:

Ver tabla

De ello se desprende que si bien la nueva Ley de Amparo, entre los cambios más paradigmáticos que tuvo fue ampliar el interés jurídico al legítimo(9) (sin sustituir uno u otro), lo cierto es que ambas resoluciones se basaron en la afectación al interés jurídico del quejoso. Es decir, que para resolver el problema jurídico que se les presentaba se basaron en la misma hipótesis, con fundamento en disposiciones legales de igual contenido.

Resulta pertinente destacar que el interés jurídico, a lo largo del desarrollo jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le ha identificado "con un perjuicio directo a la esfera jurídica del quejoso a partir de la titularidad de un derecho público subjetivo, esto es, se requería una lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso, situación que debía ser susceptible de apreciación objetiva".(10)

Además, doctrinalmente se ha definido que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma.(11)

Entonces, si el quejoso ale

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28443-31cf8a41/garantia-de-audiencia-del-demandado-que-no-fue · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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