EVICCIÓN. LA SENTENCIA EN QUE SE CONCEDE EL AMPARO A UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR VIOLACIÓN A SU GARANTÍA DE AUDIENCIA, NO LA ACTUALIZA. EVICCIÓN. PARA QUE SE ACTUALICE SE REQUIERE EL ANÁLISIS DE TODOS LOS DERECHOS INVOLUCRADOS EN UN JUICIO CONTRADICTORIO, EN EL QUE EL ADQUIRENTE DEBE LLAMAR A JUICIO AL ENAJENANTE Y SE RESPETE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL ADQUIRENTE Y DE QUIEN ADUCE TENER UN MEJOR DERECHO ANTERIOR. EVICCIÓN. SUPONE LA DETERMINACIÓN DEL MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD. SANEAMIENTO POR EVICCIÓN. EL DEBER DEL ADQUIRENTE DE LLAMAR AL ENAJENANTE AL JUICIO DE EVICCIÓN ES IMPORTANTE PARA NO DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. SANEAMIENTO POR EVICCIÓN. POR REGLA GENERAL SÓLO OPERA RESPECTO DE DERECHOS ANTERIORES A LA ENAJENACIÓN. TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL.
EVICCIÓN. LA SENTENCIA EN QUE SE CONCEDE EL AMPARO A UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR VIOLACIÓN A SU GARANTÍA DE AUDIENCIA, NO LA ACTUALIZA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 493/2011. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 11 DE ABRIL DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Trigésimo Circuito.
La anterior interpretación, es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Trigésimo Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Dicho tribunal conoció del amparo directo civil **********, el cual derivó de los antecedentes siguientes:
Una institución bancaria demandó, en la vía ejecutiva mercantil, a ********** y **********, ambos de apellidos **********, el pago de un adeudo garantizado con hipoteca sobre un inmueble conocido como **********. El Juez natural resolvió que era procedente la condena al pago del crédito, por lo que en ejecución de sentencia ordenó el remate del bien inmueble, el cual fue adjudicado a la institución de crédito, el Juez natural firmó en rebeldía la escritura de propiedad a favor de la institución bancaria,(1) la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Posteriormente, la institución bancaria celebró un contrato de compraventa respecto del inmueble ********** con ********** y **********, ambos de apellidos **********, el cual se formalizó mediante escritura pública, la cual también fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad. El banco entregó la posesión del inmueble a los compradores en la fecha de celebración del contrato.
********** e ********** promovieron sendos juicios de amparo indirecto aduciendo ser terceros extraños al juicio que concluyó con la adjudicación del inmueble, y ser propietarios del mismo, por lo que manifestaron que fueron privados de sus bienes sin haber sido oídos en el juicio. El primero manifestó no haber sido emplazado, y la segunda manifestó tener el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad del inmueble como gananciales. La Justicia Federal les concedió a ambos el amparo.
En cumplimiento del fallo protector a favor de **********, el cual se tramitó en el expediente ********** del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Aguascalientes, el Juez responsable dejó insubsistente el embargo practicado en lo que se refiere al cincuenta por ciento del inmueble, dejó insubsistente la aprobación del remate y la adjudicación realizada, así como la orden de escrituración a favor de la institución de crédito, y giró oficio al Registro Público de la Propiedad a efecto de cancelar la inscripción del contrato de compraventa celebrado entre la institución de crédito, como vendedora, y ********** y **********, como compradores.(2) Asimismo, ordenó que se diera posesión del inmueble a los quejosos ********** y **********.(3)
En cumplimiento del amparo concedido a **********, el cual se tramitó en el expediente ********** del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Aguascalientes, el Juez responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, ordenó reponer el procedimiento a partir del auto admisorio de la demanda, así como la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la escritura de compraventa celebrada entre el banco y los terceros compradores, y se le restituyó la propiedad y posesión que tenían sobre el inmueble rematado,(4) con la consecuente privación en contra de los compradores.
A continuación, ********** y ********** demandaron de la institución de crédito el saneamiento por evicción. El Juez natural declaró procedente la acción y condenó a la institución de crédito al pago del precio del inmueble a los actores, así como al pago de gastos y costas.
Ambas partes apelaron dicha resolución. La Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes modificó la sentencia de primer grado sólo para absolver a la institución bancaria del pago de costas.
En sus consideraciones, dicha Sala manifestó que era incorrecto que las sentencias dictadas en los juicios de amparo ********** y ********** hayan dejado como válida la escritura de adjudicación y la toma de posesión a favor de los terceros adquirentes, ya que la concesión del amparo a ********** e ********** trajo como consecuencia que se dejara insubsistente todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda en el juicio de origen, lo que a su vez ocasionó que pierdan validez y eficacia las escrituras de propiedad a favor de los compradores,(5) y que en el caso no era aplicable el artículo 2,880 del Código Civil vigente en el Estado, que establece que los actos celebrados por terceros de buena fe no se invalidarán en el Registro Público de la Propiedad por el hecho de que después se anule el título de quien le enajenó, ya que ese precepto sólo aplica en aquellos casos en que la anulación se deba a un título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro, cuestiones que no sucedieron en el caso concreto, porque en el caso el motivo por el que se dejó sin efecto la enajenación no fue por un título anterior no inscrito, puesto que el título del enajenante estaba inscrito, sino debido a los efectos de una concesión de amparo.
La Sala responsable además aclaró que los terceros compradores y la institución bancaria fueron emplazados como terceros perjudicados al juicio de amparo tramitado en el expediente **********, pero que sólo el quejoso ofreció pruebas -una testimonial y una pericial grafoscópica-.(6)
La institución bancaria promovió un amparo directo en contra de dicha sentencia, de la cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien concedió el amparo a la quejosa con base en las consideraciones siguientes:
"OCTAVO. Estudio. Los tres primeros conceptos de violación son esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección constitucional.
"En la sentencia reclamada la Sala responsable confirmó la decisión del Juez natural en el sentido de que es procedente la acción de saneamiento intentada por ********** y **********, de apellidos **********, en contra de **********, bajo la razón de que aquéllos demostraron que sufrieron evicción respecto del inmueble materia del contrato de compraventa que celebraron con dicha institución, con motivo de las sentencias de amparo pronunciadas en los juicios promovidos por ********** y **********; esto es, en razón de que las sentencias emitidas en los juicios constituciones (sic) constituyen la sentencia de evicción a que se refiere el artículo 1990 del Código Civil del Estado.
"En contra de esa determinación, sostiene el peticionario de amparo que, contrariamente a lo considerado por la Sala responsable, las sentencias emitidas en los juicios de amparo promovidos por ********** y **********, no configuran la sentencia de evicción en términos del artículo 1990 del Código Civil del Estado, porque en dichos juicios no se discutió sobre el derecho de propiedad sino sobre la legalidad del acto de autoridad reclamado, concretamente la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 410/1991, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado.
"Aduce el inconforme que para que exista evicción, en el juicio correspondiente debe ejercitarse una acción que tenga como fin el dictado de una sentencia en la que se resuelva sobre el derecho de propiedad, supuesto que no se actualizó con la concesión de la protección constitucional en los juicios de amparo, pues en ellos no se dirimió cuestión alguna sobre la propiedad, sino que el motivo de la concesión fue la violación a la garantía de audiencia, por lo que no existió pronunciamiento sobre la privación de la propiedad de los terceros perjudicados.
"Como se anunció, esos motivos de queja son fundados, y para ponerlo de manifiesto es necesario hacer referencia a los elementos de la acción de saneamiento por evicción, contenidos en los artículos 1990 y 1991 del Código Civil del Estado, mismos que a la letra dicen: (se transcriben)
"De esa transcripción se colige que la evicción supone el desposeimiento, en todo o en parte, de la cosa adquirida por el que la sufre, como consecuencia del ejercicio, por un tercero, de un derecho anterior que tenía sobre ella, siempre que dicha desposesión se fundamente en sentencia judicial.
"En tanto el saneamiento es la obligación que se impone al que hizo la enajenación, de devolver al adquirente el precio de la cosa enajenada.
"Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 41/2010, aún no publicada, pero consultada en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen:
"‘EVICCIÓN. PARA LA CONDENA AL SANEAMIENTO POR DICHA HIPÓTESIS, BASTARÁ DEMOSTRAR QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN EL ADQUIRENTE DE UN BIEN O DERECHO LO PERDIÓ TOTAL O PARCIALMENTE POR LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UN MEJOR DERECHO QUE EL SUYO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y JALISCO).’ (se transcribe)
"En la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia invocada se dijo textualmente lo siguiente: (se transcribe)
"... Como se ve, conforme al criterio de nuestro Más Alto Tribunal, el juicio de evicción que da derecho al adquirente a ejercitar la acción de saneamiento, es aquel en el que dicho adquirente tiene el carácter de demandado y su vendedor o transferente debe ser citado por petición del propio demandado para comparecer como su tercero coadyuvante, lo cual deberá ocurrir antes de la contestación de la demanda, solicitándole el demandado al Juez que amplíe el término del emplazamiento para escuchar al enajenante. Además, la parte actora de dicho juicio eviccionante debe vencer al demandado por contar con un mejor derecho que el reo; es decir, el actor ‘eviccionará’ al demandado al superar su derecho.
"Así, consideró nuestro Máximo Tribunal, para que proceda el ejercicio de la acción de saneamiento por evicción, debe sustanciarse previamente a la presentación de dicha demanda un juicio con las características antes apuntadas, concluyendo que cuando el adquirente es molestado en su posesión por vías de hecho respecto de terceras personas, entonces, como el propio adquirente tiene expeditas sus acciones posesorias para repelerlas, tampoco se presentará el caso de la evicción.
"En este contexto, se arriba a la conclusión de que en ningún caso el fallo emitido en un juicio de amparo, podrá configurar la sentencia de evicción necesaria conforme al artículo 1990 del Código Civil del Estado, para la procedencia de la acción de saneamiento a que alude el diverso numeral 1991 del mismo ordenamiento legal, puesto que en el juicio constitucional no es posible analizar el derecho de propiedad de quien lo deduce frente a igual derecho que pudiera ostentar un tercero, pues el juicio de amparo no es la instancia en la que se discuten esas cuestiones, ni constituye un juicio contradictorio, sino que su materia la constituye la legalidad de los actos de autoridad reclamados.
"... Para corroborar la anterior afirmación, conviene destacar que también asiste razón al inconforme, al decir que las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo promovidos por ********** y **********, no podrían configurar la evicción a que se refiere el artículo 1990 del Código Civil del Estado y, consecuentemente, dichas sentencias no dan derecho a ********** y **********, de apellidos **********, a ejercitar la acción de saneamiento por evicción a que alude el diverso numeral 1991 del mismo ordenamiento legal.
"Es así, puesto que las sentencias en cuestión no tuvieron el alcance de anular el contrato de compraventa celebrado el cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho entre el **********, como vendedor, y ********** y **********, de apellidos **********, como compradores, respecto del predio rústico denominado **********, situado en el Municipio de El Llano de este Estado; como tampoco tuvieron el efecto de establecer que los quejosos ********** y ********** tienen mejor derecho que aquéllos sobre el inmueble en cuestión, puesto que tales aspectos no constituyeron la materia de estudio en los juicios constitucionales, ni los efectos de los fallos protectores se determinaron en tal sentido.
"Para clarificar lo anterior, es pertinente acudir a las constancias que integran el sumario principal, a fin de detallar la materia de estudio en los juicios de garantías de que se viene hablando, así como los efectos de la protección constitucional a cada uno de los quejosos.
"Así, del amparo promovido por **********, que se siguió ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, bajo el expediente 349/2001-IV, se desprende lo siguiente:
"a) En la demanda de amparo, la referida impetrante señaló como autoridades responsables al Ministro ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado y al titular del referido juzgado, que (sic) quienes reclamó los siguientes actos: ‘De la primera reclamo el ilegal embargo del inmueble del que soy copropietaria, dentro del expediente **********, del Juzgado Segundo de lo Civil y de Hacienda de esta capital, sin que la suscrita haya sido parte de tal juicio y, del segundo el haber dado legalidad a tal embargo y todos los actos procesales tendientes al remate del mismo, incluyendo desde luego el remate y la resolución que lo aprobó, así como la desposesión jurídica que ordenó en contra mía respecto de tal bien y la propia desposesión (fojas 50 y 51).’
"b) El juzgador federal emitió sentencia el veinticuatro de julio de dos mil uno, en la que concedió la protección constitucional a la quejosa, en los siguientes términos:
"‘Visto así, resultan fundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa, ya que la autoridad responsable al embargar y rematar la totalidad del inmueble ya referido, vulnera a la solicitante del amparo su garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, ya que el adeudo reclamado en el juicio donde emanan los actos reclamados, así como el procedimiento tramitado en él fue únicamente en contra de ********** y **********, y se remató y adjudicó un bien inmueble que en un cincuenta por ciento es propiedad de la quejosa; consecuentemente, como afirma la solicitante de garantías, se pretende privarle de sus bienes sin ser oída ni vencida en juicio; por ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.’
"c) En cumplimiento al fallo protector, el Juez responsable (Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado), emitió acuerdo el catorce de agosto de dos mil uno, en el que ordenó lo siguiente:
"‘En cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada ante el Juzgado Tercero de Distrito en los autos del expediente ********** promovido por ********** y por el cual se formó ante este juzgado el cuaderno de amparo **********, se deja insubsistente el embargo practicado en diligencia de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y uno en lo que ve al cincuenta por ciento del inmueble y que pertenece a la quejosa, referente al predio rústico conocido como ********** situado en el ********** de esta capital, con una extensión superficial de cuarenta y cuatro hectáreas, cuarenta áreas y setenta y ocho centiáreas, por consecuencia de lo anterior se deja insubsistente la adjudicación realizada a la parte actora con fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, aprobación de remate de fecha catorce de diciembre del mismo año, orden de escrituración a favor de la parte actora de fecha veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, gírese oficio al Registro Público de la Propiedad en el Estado a efecto de cancelar el embargo en términos señalados en líneas anteriores, indicando que el embargo del inmueble únicamente subsiste respecto del cincuenta por ciento correspondiente a los demandados de este juicio, a efecto de dejar las cosas en el estado que guardaban antes de la violación, se faculta al C. Ministro ejecutor adscrito a la dirección de actuaría para que se constituya en el inmueble y proceda a dar posesión del mismo a los demandados señores ********** y **********, autorizándose para tal efecto el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario. Fundamento legal artículo 80 de la Ley de Amparo y 60, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en vigor (foja 241).’(7)
"d) Con la anterior determinación, el Juez de Distrito del conocimiento tuvo por cumplida la sentencia de amparo mediante resolución de doce de septiembre de dos mil uno.
"e) Después, la quejosa ********** presentó escrito al juzgador de amparo el siete de abril de dos mil cinco, en el que le solicitó:
"‘Que por medio del presente escrito vengo a solicitar se ordene al Juez Segundo Civil y de Hacienda, autoridad que fue señalada como responsable dentro del amparo en que promuevo la cancelación de la escritura que fuera realizada e inscrita ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad a favor de los terceros perjudicados ********** y **********, ambos de apellidos **********, a raíz de la compraventa realizada con **********, institución actora dentro del expediente número ********** del cual derivó el acto reclamado, respecto del inmueble de mi propiedad que fuera motivo de hipoteca dentro del juicio antes referido y que fuera pasada ante el notario público número veintiséis del Estado, Lic. Rubén Talamantes Ponce a través del instrumento público número ********** del volumen ********** y registrado bajo el número ********** a fojas ********** del libro ********** de la sección primera del Municipio del Llano con fecha **********.
"‘Pues a raíz de la adjudicación que quedó sin efecto por la nulidad decretada por este Juzgado de Distrito, como consecuencia se dejó sin efecto también la escritura de compraventa celebrada entre los terceros perjudicados ********** y ********** y **********, de apellidos **********.’
"Lo anterior lo solicito en virtud de que la sentencia de amparo que fue dictada por esta autoridad dejó sin efecto lo relativo al cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que como gananciales correspondían a la suscrita dentro del juicio número ********** tramitado ante el Juzgado Segundo Civil y de Hacienda, por tanto, la adjudicación también quedó sin efecto y, como consecuencia de ello la escritura realizada por la compraventa celebrada entre los terceros perjudicados respecto del cincuenta por ciento del inmueble de mi propiedad.
"‘Tal petición la realizo ante esta autoridad en virtud de que no soy parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado, razón por la cual no tengo personalidad en dicho juicio.
"‘Además realizo la petición antes referida en virtud de que actualmente aparece sin cancelar ante el notario que la elaboró y ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad, la escritura que fuera elaborada por la compraventa celebrada con la institución bancaria y tercera perjudicada **********, por lo que respecta al cincuenta por ciento de mi propiedad derivada de los gananciales adquiridos a raíz del matrimonio celebrado con el señor **********.’
"f) A esa petición, el Juez Federal respondió lo siguiente:
"‘Agréguese a sus autos el escrito de cuenta. Visto lo manifestado por la quejosa **********, dígasele que se esté a lo acordado en resolución de doce de septiembre del dos mil uno, a través de la cual este Juzgado Federal tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, dictada en este juicio de garantías.’
"Como se puede advertir, asiste razón a la quejosa respecto a que en el juicio de amparo promovido por ********** no se emitió pronunciamiento respecto del contrato de compraventa celebrado el cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho entre **********, como vendedor, y ********** y **********, de apellidos **********, como compradores, ni nada se dijo respecto de que ese acto jurídico debía quedar sin efecto, puesto que los efectos de la concesión se ciñeron a dejar insubsistente el embargo, remate, adjudicación y desposesión llevados a cabo en el juicio ejecutivo mercantil **********, respecto del derecho de propiedad de la quejosa sobre el inmueble embargado en el juicio.
"Por lo que el contrato de compraventa permaneció intacto, en tanto que se celebró fuera de ese procedimiento judicial, y en el juicio de garantías no se discutió su validez frente a los actos reclamados, puesto que éstos fueron analizados en relación a la legalidad de la actuación de las autoridades responsables.
"Ahora bien, en iguales términos se concluye de las constancias del juicio de amparo promovido por **********, tramitado en el expediente **********, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, a saber:
"a) En la demanda de amparo señaló como autoridades responsables al Ministro ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado y al titular de ese juzgado; y, como actos reclamados los siguientes:
"‘Acto reclamado. De la primera reclamo el ilegal emplazamiento que supuestamente se me hizo en el juicio tramitado en el expediente ********** (sic) del Juzgado Segundo Civil y de Hacienda de esta capital y del segundo el haber dado legalidad a tal emplazamiento y luego todos los actos procesales del ilegal juicio, principalmente la sentencia y todos los actos realizados para ejecutarla en bienes de mi propiedad.’ (foja 3)
"b) El Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos:
"‘Al haber resultado fundados los conceptos de violación a estudio se impone concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad del conocimiento, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, exclusivamente por lo que respecta al emplazamiento que se dice realizado al aquí peticionario y todo lo actuado a partir del mismo; sin perjuicio de que provea lo conducente para que se lleve a cabo ese llamamiento a juicio.’ (foja 837 vuelta)
"c) En cumplimiento a la ejecutoria de garantías, el Juez responsable emitió los acuerdos de treinta de enero y catorce de marzo, ambos de dos mil dos, cuyo contenido literal, respectivamente, es el siguiente:
"‘En cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el Juzgado Primero de Distrito, juicio de amparo número ********** promovido por ********** y por el cual se formó ante este juzgado el cuaderno de amparo **********, por lo que ve al quejoso **********, se deja insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicado en fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y uno; se deja también insubsistente la citación para sentencia de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y dos y, todo lo actuado con posterioridad a esta sentencia, ordenándose reponer el procedimiento por lo que ve al demandado ********** a partir del auto admisorio de demanda de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno.’ (foja 945)
"‘Como complemento del auto que antecede de fecha treinta de enero del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo y toda vez que se dejaron insubsistentes diversas actuaciones de entre ellas la diligencia de fecha 18 de febrero de 1997 en la que se dio posesión a la parte actora del inmueble, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el Juzgado Primero de Distrito, juicio de amparo número ********** promovido por **********, y dejar las cosas en el estado que guardaban antes de la violación, se faculta al C. Ministro ejecutor adscrito a la dirección de actuaría para que se constituya en el inmueble que se describe en la diligencia antes señalada y proceda a dar posesión del mismo a la parte demandada en este juicio, señores ********** y **********, la posesión a ambos demandados se encuentra relacionada con lo ordenado en la última parte del auto que antecede de fecha catorce de agosto del dos mil uno que por ejecutoria de amparo ordena igualmente dar posesión a los demandados.’ (foja 964)
"d) Además de ese proveído, el tres de abril de dos mil dos se realizó diligenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23869-860786f8/eviccion-la-sentencia-en-que-se-concede-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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