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Modo: Corpus Pro

EVICCIÓN EQUIPARADA. SE ACTUALIZA CUANDO LA PRIVACIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO POR UN TERCERO FUE CONSECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA EMITIDA EN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 484/2011. · Registro digital (IUS): 23301
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Pág. 4452.

AMPARO DIRECTO 484/2011. 16 DE JUNIO DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: LUCILA CASTELÁN RUEDA. PONENTE: ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. SECRETARIO: LINO ROMÁN QUIROZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Por su estrecha relación, se estudiarán conjuntamente los tres primeros conceptos de violación, en los cuales la quejosa aduce que:

a) La sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto **********, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, promovido por **********, resolvió sobre la garantía de audiencia del quejoso, por ende, contrariamente a lo estimado por la Sala responsable, no es la sentencia de evicción a que se refiere el artículo 1990 del Código Civil, pues en ésta debe resolverse sobre el mejor derecho de propiedad;

b) De conformidad con los artículos 1990, 1991 y 1995 del Código Civil, los elementos de la acción de saneamiento de evicción son que: 1) el actor adquiera del demandado una propiedad; 2) con posterioridad a la adquisición sea privado del bien; 3) dicha privación sea por sentencia ejecutoria; 4) se encuentre fundada en un derecho anterior a la adquisición; y 5) quien sufre la afectación denuncie el pleito de evicción a su causante, después de emplazado; que, por tanto, al deducir dicha acción deben cumplirse con ciertas condiciones especiales y esenciales que son: A) la acción de evicción compete a quien tiene un derecho de propiedad anterior a la adquisición; B) quien sufre la evicción es la persona que adquirió la cosa de un enajenante distinto al que solicita la evicción; C) la privación de la propiedad se dé por sentencia ejecutoria emitida en un juicio por quien afirma tener un derecho de propiedad anterior y sea el Juez que conoce la evicción quien ordena su entrega; D) el adquirente es parte demandada en el juicio en el que sufra la evicción y, una vez emplazado, debe denunciar el delito a su enajenante para que le repare el perjuicio; y, E) en el fallo se impone al enajenante la obligación de indemnizar;

c) En el caso no se acreditan dichos elementos porque la sentencia dictada en el juicio de amparo no resolvió sobre el mejor derecho de propiedad anterior a la adquisición, sino sobre la legalidad del acto de autoridad, y aun cuando la consecuencia de la sentencia de amparo fue privar de la propiedad a ********** (actor del juicio de saneamiento por evicción), ello fue como resultado de restituir al quejoso en sus garantías;

d) Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia: 41/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue invocada por la responsable, intitulada: "EVICCIÓN. PARA LA CONDENA AL SANEAMIENTO POR DICHA HIPÓTESIS, BASTARÁ DEMOSTRAR QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN EL ADQUIRENTE DE UN BIEN O DERECHO LO PERDIÓ TOTAL O PARCIALMENTE POR LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UN MEJOR DERECHO QUE EL SUYO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y JALISCO).", además de que en el mismo sentido se pronunció el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito al resolver el amparo directo civil **********;

e) La Sala responsable interpretó y aplicó en forma incorrecta la jurisprudencia 41/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aduce que en dicho criterio se reconoce la evicción equiparada, lo cual no es así ya que en la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis prevaleció el criterio de que debe existir sentencia firme de evicción;

f) Es inexacto que el saneamiento por evicción sea procedente cuando la pérdida pueda darse por cualquier procedimiento de contenido jurisdiccional como el juicio de amparo, pues en éste se resuelven cuestiones entre autoridades y gobernados, en tanto que en los juicios civiles se dirimen conflictos entre particulares, como el mejor derecho de propiedad, de ahí que la evicción deba provenir de una sentencia dictada en juicio que dirima un derecho de propiedad o posesión;

g) No se acreditaron los elementos de la relación jurídico procesal de un juicio civil de evicción, en el que se revolviera el mejor derecho de propiedad o posesión, y tales elementos no pueden equipararse a la relación jurídico procesal del juicio de amparo, pues éste constituye un medio de control de los actos de autoridad; y

h) La responsable dejó de observar el artículo 192 de la Ley de Amparo, conforme al cual la jurisprudencia es obligatoria, toda vez que no resolvió conforme a la jurisprudencia 1a./J. 41/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tales argumentos resultan infundados.

El punto a dilucidar es determinar si la Sala responsable estuvo en lo correcto al determinar que existe evicción equiparada cuando, como en el caso, la privación del bien al actor (por virtud de la cual reclama el saneamiento) fue consecuencia del cumplimiento a una ejecutoria de amparo indirecto promovida por un tercero, en la que se determinó violación a la garantía de audiencia; o bien, si como sostiene la peticionaria de amparo, sólo existe la evicción típica (no la equiparada) en la que es necesaria una sentencia ejecutoria que declare un mejor derecho de propiedad o posesión, lo cual no es propio de la sentencia ejecutoria dictada en un juicio de amparo indirecto que determina la transgresión a la garantía de audiencia.

Para la mejor comprensión del asunto, se impone precisar ciertos antecedentes:

1. ********** promovió el juicio ejecutivo mercantil **********, ante el Juzgado Segundo Civil de esta ciudad, en contra de ********** y **********.

2. El diez de diciembre de dos mil tres, se dictó sentencia condenatoria en el juicio ejecutivo mercantil referido, declarándose ejecutoriada por auto de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

3. En la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil, las partes celebraron convenio de pago y ejecución por incumplimiento, que fue aprobado por el Juez de la causa mediante acuerdo de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro; debido a que los demandados incumplieron con el convenio, se despachó ejecución en su contra y, por tal motivo, los bienes inmuebles embargados fueron rematados y adjudicados a la parte actora **********.

4. Entre los bienes adjudicados a la actora, está el predio rústico conocido con el nombre de **********, ubicado en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, con una superficie de cuarenta hectáreas, treinta y nueve áreas, cinco centiáreas.

5. Mediante escritura de cinco de agosto de dos mil tres, pasada ante la fe del notario público número ********** de los del Estado, ********** vendió a ********** dos inmuebles, que a la vendedora le habían sido adjudicados en el juicio ejecutivo mercantil **********, entre dichos inmuebles destaca el predio rústico denominado **********.

6. El seis de septiembre de dos mil seis, ********** promovió el juicio de amparo indirecto **********, del Juzgado Primero de Distrito en esta entidad, en el cual reclamó todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil **********, referido en el punto 1, ya que sin haberlo llamado como demandado a dicho juicio, fue privado de la propiedad y posesión del inmueble denominado **********.

7. En la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito se decretó el sobreseimiento, pero con motivo del recurso de revisión que interpuso el quejoso ********** el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al fallar el amparo en revisión civil **********, en sesión de veinte de septiembre de dos mil siete, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al peticionario de garantías para el efecto de que la autoridad responsable (Juez Segundo Civil de esta ciudad) excluyera de los bienes embargados, rematados y adjudicados, el predio rústico propiedad del quejoso **********, y ordenara a quien correspondiera que se le hiciera entrega de la posesión al quejoso.

8. Por auto de tres de octubre de dos mil siete, la Juez Segundo Civil de esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo aludida, excluyó de los bienes embargados, rematados y adjudicados, el predio rústico propiedad del quejoso, conocido con el nombre de **********; de igual modo, ordenó requerir al notario público número ********** del Estado para que cancelara la escritura de adjudicación correspondiente, únicamente respecto del predio en mención; también ordenó girar exhorto al Juez competente de Lagos de Moreno, Jalisco, para que pusiera en posesión del quejoso el inmueble denominado ********** y para que girara oficio al director del Registro Público de la Propiedad de aquel lugar, a fin de que cancelara la inscripción relativa al traslado de dominio a favor de la parte actora.

9. El treinta de octubre de dos mil siete, el secretario ejecutor del Juzgado Primero Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, llevó a cabo la diligencia de entrega del predio rústico denominado ********** a favor de **********.

10. ********** (a quien la ********** le había vendido el predio ********** y quien tuvo que entregar el bien para cumplir con la ejecutoria del amparo indirecto ********** promovió en la vía única civil la acción de saneamiento por evicción, en contra de la ********** y, además, solicitó que fueran llamados como terceros al juicio ********** como apoderado de **********, ********** y **********.

11. La demanda en la que se ejercitó la acción de saneamiento por evicción quedó radicada con el expediente **********, del Juzgado Tercero Civil de esta ciudad, y en la sentencia de primera instancia se declaró infundada la acción, sin embargo, con motivo del recurso de apelación que interpuso el actor **********, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia la revocó y declaró fundada la acción de saneamiento por evicción, pues consideró que en el caso los hechos demuestran la existencia de una evicción equiparada. Esta sentencia de segunda instancia es el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

Como se adelantó, los argumentos contenidos en los tres primeros conceptos de violación resultan infundados porque los artículos 1990, 1991 y 1995 del Código Civil del Estado, disponen lo siguiente:

"Artículo 1990. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición."

"Artículo 1991. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato."

"Artículo 1995. El adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó."

De los numerales transcritos se advierte que la evicción, que podríamos calificar como típica, consiste en la privación total o parcial de la cosa por parte del adquirente, decretada en sentencia que cause ejecutoria, en la que se resuelve que un tercero tiene un derecho anterior a la adquisición y, por tal motivo, el enajenante está obligado a responder de la evicción al adquirente, lo cual constituye el saneamiento, para lo cual es menester que el adquirente denuncie el pleito de evicción al que le enajenó.

En otras palabras, la condena al saneamiento en el caso de evicción típica y, en agravio del transferente de un bien o derecho, procederá cuando el adquirente sufre su pérdida total o parcial mediante declaratoria de existencia de un mejor derecho que el suyo y de persona ajena, siempre que esa declaración se encuentre en sentencia y en la cual se contenga el reconocimiento de la existencia de un mejor derecho que supere al invocado por éste, trayendo como resultado dicha pérdida total o parcial.

Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro: 164593

"Instancia: Primera Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXI, mayo de 2010

"Materia(s): Civil

"Tesis: 1a./J. 41/2010

"Página: 464

"EVICCIÓN. PARA LA CONDENA AL SANEAMIENTO POR DICHA HIPÓTESIS, BASTARÁ DEMOSTRAR QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN EL ADQUIRENTE DE UN BIEN O DERECHO LO PERDIÓ TOTAL O PARCIALMENTE POR LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UN MEJOR DERECHO QUE EL SUYO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y JALISCO). De los artículos 1948 al 1969 del Código Civil para el Estado de México promulgado el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis (abrogado el siete de junio de dos mil dos); y 1622 a 1645 del ordenamiento estatal del mismo nombre pero para el Estado de Jalisco, se desprende que la condena al saneamiento en el caso específico de la evicción y en agravio del transferente de un bien o derecho, procederá cuando el adquirente sufra su pérdida total o parcial mediante una declaratoria de existencia de un mejor derecho que el suyo y de persona ajena, y a pesar de que el bien o derecho se hubiera transmitido de buena fe mediante contrato de compraventa, permuta, arrendamiento y, en general, por cualquier acto traslativo de dominio o de uso, pero siempre que esa declaración se encuentre en sentencia y en la cual se contenga el reconocimiento de la existencia de un mejor derecho que supere al invocado por éste, trayendo como resultado dicha pérdida total o parcial.

"Contradicción de tesis 297/2009. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 20 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel Rosales Guerrero.

"Tesis de jurisprudencia 41/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez."

Así pues, como la acción de saneamiento por evicción típica tiene como presupuesto, que mediante sentencia que cause ejecutoria se declare que el adquirente de un bien o derecho lo perdió por la existencia de un mejor derecho que el suyo, ello implica que la sentencia aludida tenga que dictarse en un juicio promovido por un tercero en contra del adquirente, donde el primero alega el mejor derecho, por ende, si en el caso la privación del inmueble denominado **********, sufrida por el actor (por virtud de la cual reclama el saneamiento), fue consecuencia del cumplimiento a una ejecutoria de amparo indirecto promovida por un tercero **********, en la que se determinó violación a la garantía de audiencia, entonces no se cumple con el requisito de una evicción típica, es decir, que la privación hubiera sido consecuencia de una sentencia en la que se dirimió el mejor derecho del tercero.

Sin embargo, tal como sostuvo la Sala responsable, si bien es cierto que en la especie no se da el supuesto de una evicción típica, también lo es que sí se da una evicción equiparada, la cual está reconocida en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 297/2009, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 41/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "EVICCIÓN. PARA LA CONDENA AL SANEAMIENTO POR DICHA HIPÓTESIS, BASTARÁ DEMOSTRAR QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN EL ADQUIRENTE DE UN BIEN O DERECHO LO PERDIÓ TOTAL O PARCIALMENTE POR LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UN MEJOR DERECHO QUE EL SUYO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y JALISCO)."

En efecto, los considerandos quinto, en lo conducente, y sexto de la ejecutoria de contradicción de tesis 297/2009, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 41/2010, establecen lo siguiente:

"No. de registro: 22180

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXI, mayo de 2010

"Página: 464

"...

"QUINTO. ... Ahora bien, de la lectura de los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias mencionadas anteriormente se desprende que en el presente caso sí existe contradicción de tesis porque los Tribunales Colegiados realizaron interpretaciones que versaron sobre un mismo problema jurídico, a saber, sobre la posible condena al saneamiento en casos de evicción equiparada.

"Y no obstante que ambos Tribunales Colegiados analizaron la misma problemática, finalmente ambos concluyeron con resultados diferentes.

"En efecto, mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito consideró que en materia de saneamiento por evicción pueden existir hipótesis equiparadas, el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia del Tercer Circuito negó la procedencia de condena mediante acreditación de supuestos equiparables a la evicción, a lo cual agregó que no compartía el criterio de su homólogo del Segundo Circuito y, por lo mismo, también procedió a denunciar esta contradicción de tesis.

"Es conveniente destacar que tanto en el Código Civil del Estado de México, como en el de Jalisco, la evicción es una figura jurídica que se presenta cuando el adquirente de un bien es vencido y se le condena a la entrega total o parcial del mismo, a pesar de que lo adquirió de buena fe de su vendedor o transferente; destacando que en juicio, a este último, se le cita en carácter de tercero coadyuvante del adquirente demandado.

"En tales casos, al perderse el bien adquirido, el adquirente tendrá derecho a proceder contra su vendedor o transferente para que le sane la operación mediante la devolución o reintegro del precio y demás gastos que se pagaron por dicho inmueble, y en caso de que el traslado haya sido de mala fe, además del saneamiento eviccionante, podrá proceder el pago de daños y perjuicios.

"Considerando lo anterior, una evicción típica que sirva para la condena al saneamiento solamente puede presentarse cuando, antes del ejercicio de la acción correspondiente, preexista una sentencia condenatoria en agravio del adquirente en un juicio en el cual, además, haya comparecido o al menos se hubiera llamado al vendedor o transferente de dicho inmueble.

"Por tanto, una evicción equiparada sería aquella que pudiera presentarse en cualquier otro asunto de características diferentes a las señaladas en el párrafo anterior.

"De este modo y, en otro orden de ideas, mientras el Quinto Tribunal Colegiado Civil del Tercer Circuito considera que la condena al saneamiento por causa de evicción solamente es posible cuando anteceda una sentencia dictada en un juicio con las características apuntadas y negando cualquier otra posibilidad, el Segundo Tribunal de la misma materia del Segundo Circuito considera que el saneamiento por evicción es procedente no sólo cuando concurran las características de su hipótesis típica sino también en otros supuestos análogos, casos en los cuales considera que puede actualizarse una evicción equiparada.

"En el orden expuesto se demuestra la existencia de la contradicción de tesis denunciada y su materia, a juicio de esta Sala, consistirá en determinar si la condena al saneamiento por causa de evicción puede presentarse en supuestos equiparados de éste, o si dicha evicción no admite equiparaciones y solamente procede en las hipótesis típicas.

"Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente agregar y destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito sustentó su criterio en sesión de nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve al resolver el amparo directo civil ********** y en esa virtud, resulta inconcuso que dicho tribunal interpretó el sistema normativo regulador de la institución del saneamiento por causa de evicción imperante durante la vigencia del Código Civil para el Estado de México promulgado el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, el cual fue abrogado por el actual Código Civil de dicha entidad promulgado en el Periódico Oficial estatal el siete de junio de dos mil dos (en lo subsecuente Código Civil para el Estado de México de 1956); pero destacando que la institución de saneamiento por evicción en dicho Estado de México se regula en forma similar tanto en el código abrogado como en el vigente.

"Por su parte, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito se sustentó en la aplicación del vigente Código Civil para el Estado de Jalisco, en donde se regula la institución de referencia con el mismo esquema que el contenido en los Códigos Civiles abrogado y vigente del Estado de México.

"Toda vez que la legislación interpretada por uno de los Tribunales Colegiados ha sido abrogada -como se observó-, debe mencionarse que no por ello esta contradicción de tesis debe quedar sin materia; por el contrario, a pesar de tal abrogación, debe resolverse este asunto porque aun cuando el sentido de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los casos en que sustentaron las tesis opuestas, la definición de la problemática es indispensable porque la tesis que se llegue a sustentar tendrá una utilidad jurisdiccional toda vez que podrá aplicarse a juicios regulados por normas similares o idénticas no sólo en los Estados de México y Jalisco, sino también en las demás entidades del país; y además porque el contenido en materia de saneamiento por evicción del Código Civil del Estado de México abrogado se repitió en el vigente confirmándose así lo práctico de su solución.

"A propósito resultan aplicables las siguientes jurisprudencias:

"‘Novena Época

"‘Registro: 182691

"‘Instancia: Primera Sala

"‘Jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XVIII, diciembre de 2003

"‘Materia(s): Común

"‘Tesis: 1a./J. 64/2003

"‘Página: 23

"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción.’

"‘Novena Época

"‘Registro: 191093

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XII, septiembre de 2000

"‘Materia(s): Común

"‘Tesis: 2a./J. 87/2000

"‘Página: 70

"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica.’

"SEXTO. Análisis de fondo. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que sustentará esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este considerando.

"Básicamente, dicho criterio consistirá en demostrar que la condena al saneamiento por evicción en los Estados de México y Jalisco (considerando la vigencia de las leyes civiles que se estudiarán) procede cuando el adquirente de un bien lo pierde en juicio mediante sentencia que declare la existencia de un mejor derecho de tercero, que además sea anterior al de la adquisición como se describe en las leyes civiles y procesales relacionadas con este asunto; pero también cuando dicha pérdida se concrete a través de cualquier procedimiento que tenga carácter o contenido jurisdiccional y en el cual se declare la pérdida del bien en agravio del adquirente en virtud de la sola existencia de un mejor derecho que aquel que motivó su adquisición.

"Para arribar a la conclusión anterior conviene comenzar por considerar el contenido de los artículos de los Códigos Civiles en análisis, lo que se hace en el siguiente cuadro comparativo.

"Ver cuadro comparativo.

"De los anteriores fundamentos se desprenden las características tanto del saneamiento como de la evicción.

"Debe adelantarse que el saneamiento por causa de evicción, es una de las formas posibles del saneamiento en los términos previstos en los Códigos Civiles de los Estados de México y Jalisco en análisis; sin embargo, también es importante establecer que saneamiento y evicción son instituciones jurídicas diversas y la comprensión de sus diferencias es un dato necesario para resolver esta contradicción de tesis, lo cual a continuación se demostrará.

"I. Saneamiento.

"De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, saneamiento significa:

"‘1. Acción y efecto de sanear. 2. Conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas en un edificio, de una comunidad, etcétera 3. Conjunto de acciones para mejorar y corregir una situación económica.’

"A su vez la misma fuente consultada define la palabra sanear en los términos siguientes:

"‘(De sano). Afianzar o asegurar la reparación o satisfacción del daño que puede sobrevenir. 2. Reparar o remediar algo. 3. Dar condiciones de salubridad a un terreno, a un edificio, etcétera, o preservarlos de la humedad y vías de agua. 4. Liberar de dificultades económicas una empresa. 5. En derecho. Indemnizar al comprador por la evicción o por el vicio oculto de la cosa vendida.’

"Considerando las definiciones anteriores y el derecho aplicable, desde el punto de vista jurídico el saneamiento es una forma de reparación de carácter especial y diversa de la indemnización; su causa lo es el principio de posesión pacífica (conocida también como ‘garantía de saneamiento’) que consiste en que el vendedor o transferente de una cosa debe asegurarle al comprador o adquirente una posesión pacífica de ella y, en su caso, responder cuando proceda de la pérdida total o parcial de la cosa, o bien de los vicios ocultos que se presenten o hagan evidentes después del acto traslativo.

"Tan diferente resulta ser el saneamiento de la indemnización que en ocasiones puede proceder la condena a ambas formas de reparación.

"El principio de posesión pacífica, inicialmente pertenecía al ámbito del contrato de compraventa; sin embargo, actualmente se le reconoce una aplicabilidad mayor pues los Códigos Civiles en análisis -al igual que la mayoría de las codificaciones de la República- han extendido el saneamiento a otros contratos traslativos de dominio a título oneroso diversos de la compraventa, como la permuta (en el Código Civil del Estado de México de 1956 esto se establece en los artículos 2183, 2184 y 2185 y en el Código Civil para el Estado de Jalisco se regula en los artículos 1911, 1912 y 1913 y el arrendamiento, el cual es de mención especial porque sin tratarse de un contrato traslativo de dominio (sólo se transmite el derecho de uso), la ley civil establece que el arrendador estará obligado -aunque no haya pacto expreso- a garantizar el uso pacífico de la cosa al arrendatario, instituyéndose con esto una respuesta por saneamiento (artículos 2226, fracciones IV y V, del Código Civil para el Estado de México de 1956 y 1995, fracciones IV, V y VI, del Código Civil para el Estado de Jalisco).

"El saneamiento puede presentarse cuando el adquirente de una cosa la pierde en juicio de manera total o parcial, en razón de la existencia de un mejor derecho que el suyo y que se hace valer por persona ajena (saneamiento por evicción); y también puede presentarse el saneamiento en el diverso caso en que la cosa presente vicios ocultos que no resultaba posible advertir en el momento del acto traslativo dando lugar con ello a la redhibición que puede significar, a elección del adquirente a la reducción del precio pagado por la cosa (quanti minoris), al reintegro de éste o de la cosa misma, o a la restitución de la cosa vendida por otra equiparable (todas las anteriores son formas de saneamiento por vicios ocultos), sin embargo como este segundo caso no es materia de esta contradicción de tesis no se hará mayor mención.

"En atención a lo anterior, es claro que el saneamiento, en general, consiste en la obligación natural que tiene todo transferente o vendedor de un bien o derecho de garantizar al adquiriente el disfrute de los mismos, pues su adquisición debe ser jurídicamente segura y debe cumplir los propósitos para los cuales se hizo la operación traslativa; por ello, el transferente estará obligado a responder cuando el adquirente sea turbado o privado en el goce del bien, sea esto por parte de algún tercero, por hechos imputables al transferente, o por vicios de la cosa, de lo que se sigue que la obligación de quien transfiere un bien o derecho no se extingue con la celebración del contrato, sino que se extiende a la post-contratación pues el derecho civil estima que en virtud de la buena fe contractual el adquirente debe quedar protegido y garantizado.

"En ciertos casos, suele caerse en el error de no distinguir entre saneamiento y evicción, e incluso se les ha considerado equivocadamente como sinónimos.

"Sin embargo, claro resulta que se trata de conceptos diferentes, y en el caso particular del saneamiento, debe insistirse que incluso existen diferentes clases -como antes se esbozó- pues no son iguales el saneamiento por causa de evicción, que el diverso que resulta procedente por vicios ocultos, destacando que sus diferencias son sustanciales en cuanto a concepto, estudio y consecuencias según los términos de la ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23301-a5074660/eviccion-equiparada-se-actualiza-cuando-la-privacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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