INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ARTURO GONZÁLEZ ZÁRATE, VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO Y GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ. DISIDENTES: EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN Y ALICIA GUADALUPE CABRAL PARRA. PONENTE: GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de abril de dos mil diecisiete.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 301/2016, de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el entonces presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de tesis respecto del criterio sostenido por el mencionado órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de revisión 135/2016-III, en sesión de veinte de octubre de dos mil dieciséis, y el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en la sentencia relativa a la revisión principal 362/2015.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de posible contradicción de tesis. El presidente de este Pleno de Circuito, en su anterior integración, admitió la denuncia reseñada mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se precisó que el tema objeto de la indicada denuncia trata sobre: "Determinar si a fin de demostrar el interés jurídico en el amparo, para la validez de la ratificación de un acto jurídico o el reconocimiento de firmas ante notario, si bien la Ley del Notariado del Estado de Michoacán no impone al fedatario público la obligación de cerciorarse de la identidad de quienes comparecen ante su presencia, a efecto de otorgar certeza jurídica a tales actuaciones notariales, está constreñido a verificar la compatibilidad entre los comparecientes y quienes suscriben los documentos correspondientes, para evitar, en la medida de lo posible, una probable suplantación."
Asimismo, se solicitó a las presidencias de los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, copias certificadas de sendas ejecutorias y, además, al primero, el envío del criterio involucrado en disco óptico, en formato word; se informó a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la referida admisión, y se ordenó hacer saber a los entonces integrantes del Pleno que el asunto sería turnado, en su oportunidad, al representante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito.
TERCERO.-Turno de los autos. Recabada la información solicitada, entre la cual destaca la proporcionada por la coordinadora de Compilación de Tesis en cita, en el sentido de no existir alguna denuncia de contradicción de tesis en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema de la presente, en auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete se ordenó turnar el asunto al Magistrado Gustavo Alcaraz Núñez, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
TERCERO.-Posturas contendientes. Se tratan de los siguientes criterios:
Primera postura
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito: Ejecutoria emitida, al resolver el recurso de revisión 362/2015, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis:
"IV. Antecedentes del juicio. Para facilitar el análisis del presente asunto, resulta pertinente relacionar las actuaciones judiciales más destacadas de las copias fotostáticas certificadas del juicio civil mercantil ejecutivo ********** del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado, con residencia en Atotonilco el Alto, Jalisco, las que fueron remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado (cuaderno de pruebas, tomo 1/4 y tomo 2/4), a las que les reviste valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2o.
"i) Por escrito presentado en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el diecisiete de junio de dos mil cinco, **********, en la vía mercantil ejecutiva intentó la acción cambiaria directa en contra de **********, de quien demandó el pago de ‘... ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de capital o suerte principal ...’, así como el pago de intereses moratorios al dos por ciento mensual, y los respectivos gastos y costas que genere el juicio respectivo,(1) la que se admitió por auto de veinte de junio siguiente en que se ordenó requerir de pago al demandado y, en su caso, embargar bienes de su propiedad y posterior emplazamiento a juicio.(2)
"ii) El emplazamiento se verificó en términos del acta de veintiuno de junio de dos mil cinco, en que se embargaron los siguientes inmuebles:
"‘... finca marcada con el número ********** de la calle ********** en la población de **********, Jalisco, con una superficie de 151 ciento cincuenta y un metros cuadrados, registrada en el Registro Público de la Propiedad de dicha ciudad bajo el documento número **********, libro **********, sección **********; finca urbana marcada con el número ********** de la ********** en la población que se actúa de **********, Municipio de **********, Jalisco, con una superficie de ********** metros cuadrados, registrada en el Registro Público de la Propiedad de la población de **********, bajo el documento número **********, libro **********, sección **********; finca urbana ubicada en las esquinas ********** en ********** Municipio de **********, Jalisco, con una superficie de ********** metros cuadrados, registrada en el Registro Público de la Propiedad de **********, Jalisco, bajo el documento **********, del libro **********, sección ********** ...’.(3) Actuación que constituye el acto reclamado.
"iii) Seguido el procedimiento por el resto de las fases procesales que se advierten del cuaderno de pruebas en consulta, por sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil siete el Juez de instancia declaró fundada la acción puesta en ejercicio y condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas;(4) la que fue confirmada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante resolución de diez de enero de dos mil ocho dictada en el toca de apelación **********.(5)
"iv) Por auto de trece de agosto de dos mil ocho se admitió el respectivo incidente de liquidación de sentencia y se concedió al demandado el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva;(6) mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil ocho se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva.(7)
"v) Seguido el procedimiento de ejecución por las etapas que se advierten del cuaderno de pruebas en consulta, por interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil doce se resolvió el incidente de liquidación de sentencia y se precisó que lo condenado asciende a ‘... $********** pesos 00/100 moneda nacional ...’,(8) la que causó estado por auto de veintinueve de junio de dos mil doce.(9)
"vi) Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil trece, se aprobó el procedimiento de remate y se ordenó la adjudicación directa de los bienes embargados a favor del actor, aquí tercero interesado y recurrente;(10) actuación que se dejó insubsistente en términos de la interlocutoria de primero de septiembre de dos mil catorce en que se declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado ********** y se ordenó la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de treinta y uno de enero de dos mil trece en que se tuvo aceptando el cargo al perito valuador de inmuebles nombrado por el juzgado de origen en la fase de remate.(11)
"V. Precisión de la resolución materia del recurso de revisión. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo,(12) se precisa que la resolución materia del presente recurso de revisión consiste en la sentencia de cinco de octubre de dos mil quince, en que el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, otorgó el amparo impetrado por **********, bajo la consideración toral que a pesar de ser tercero extraño al procedimiento de origen le fueron embargados tres inmuebles de su propiedad, mismos que adquirió con anterioridad a la ejecución del aseguramiento reclamado.(13)
"VI. Análisis de fondo. Contra la concesión de amparo indicada, el autorizado del recurrente sostuvo que, desde su punto vista, la determinación del Juez Federal es ilegal, al tenor de los siguientes agravios:
"1. Se violaron las garantías de audiencia y debido proceso al resultar improcedente el amparo interpuesto por el quejoso, pues no es oponible a terceros el título de propiedad que exhibió respecto de los bienes embargados ya que no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad.(14)
"1.1) En el escrito que se objetó de falso el título de propiedad del quejoso se señaló que no es oponible a terceros pues no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad; por lo que es insuficiente exhibir el documento indicado en copias fotostáticas certificadas, lo que significa que dicho acto no sea real ni que adquirió la publicidad que la ley prevé para esos actos, en razón de que al no ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad carece de eficacia para obtener la protección federal; esto es, el documento no reúne los requisitos formales de la compraventa previstos en el artículo 1907 y 1908 del Código Civil del Estado de Jalisco, pues no se otorgó en escritura pública lo que constituye un imperativo al emplearse la palabra deber, por lo que debe sancionarse como lo dispone el artículo 1253 del Código Civil que dispone la ausencia de efectos ante terceros, por lo que a pesar de ser de fecha cierta no es oponible a terceros y, por tanto, no hay obligación de llamar a juicio al quejoso, pues incluso se estarían afectando derechos inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
"a) Aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo en que se cumplan las formalidades del procedimiento, lo que sumado al derecho de audiencia previsto en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica al derecho para acudir a los tribunales; por lo que al analizar que el derecho subjetivo que pretende ser opuesto en el juicio mercantil ejecutivo se advierte que no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y, por ello, no es oponible ya que el derecho del actor sí se inscribió en el Registro Público, por lo que el título de propiedad del quejoso no es apto para demostrar violaciones al derecho de audiencia.
"b) De ahí que el actor cuenta con derecho debidamente registrado que prevalece ante cualquier otro posterior a su inscripción; y en el caso concreto no existe registro alguno que sugiriera la existencia de derecho real sobre los inmuebles embargados.
"c) El acto reclamado se hizo consistir en todo lo actuado en el juicio mercantil ejecutivo, pero no se afectó el derecho de audiencia del quejoso porque no había obligación de mandarlo llamar al juicio al tratarse de un derecho que adolece de registro; por lo que el título de propiedad no es apto para conceder el amparo, al tenor de la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la contradicción de tesis 127/2009 en que se estableció que los efectos del Registro Público de la Propiedad son meramente declarativos a fin de otorgar certeza jurídica ante terceros, por lo que resultaba imprescindible que el Juez Federal analizara y verificara si el derecho de propiedad del quejoso era susceptible de oponerse al titular del derecho inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por lo que también resultan aplicables al caso concreto las consideraciones reflejadas en el amparo directo ********** y en la contradicción de tesis 333/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"d) Por lo que la garantía de audiencia debe entenderse en el sentido de que el quejoso está facultado para accionar contra quien le transmitió el dominio de los bienes, al tenor de las jurisprudencias de rubros: ‘COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO REAL QUE SÍ LO ESTÉ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ y ‘CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA CARENTE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO EN DEFENSA DE SU DERECHO DE PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).’; así como también se invoca el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en que se consideró que la falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del contrato de compraventa lo torna ineficaz para obtener la protección constitucional al no ser oponible contra terceros.
"2. El Juez Federal considera de fecha cierta el título exhibido por el quejoso a pesar de que no contiene los requisitos previstos en el artículo 57, fracción XIII, de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, ya que se anexó una copia ilegible de la identificación del quejoso por lo que no puede considerarse que se satisfizo ese requisito; pues incluso así aparece el desahogarse la inspección judicial por lo que carece de valor probatorio suficiente y, por tanto, no puede considerarse de fecha cierta, al tenor de las tesis de rubros: ‘CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA. SI EN SU RATIFICACIÓN NO SE PRECISÓ LA FORMA EN QUE EL NOTARIO TUVO POR ACREDITADA LA IDENTIDAD DE LOS OTORGANTES, NO PUEDE CONSIDERARSE «DE FECHA CIERTA» PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN LO EXHIBE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA),’; ‘CERTIFICACIÓN NOTARIAL. CARECE DE FECHA CIERTA SI NO SE HACE CONSTAR EN EL PROTOCOLO (LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).’ y ‘DOCUMENTAL PRIVADA. SI ES OBJETADA PORQUE CARECE DE FIRMA LEGIBLE, HUELLA DACTILAR O ELEMENTO ALGUNO QUE PERMITA IDENTIFICAR AL SUSCRIPTOR, LA CARGA DE LA PRUEBA QUEDA A CARGO DEL OFERENTE.’(15)
"a) El título de propiedad del quejoso es ineficaz pues transgrede el artículo 76 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, ya que la compraventa fue por ********** de pesos y, por tanto, debió constar en escritura pública al exceder la cuantía de un mil quinientas veces el salario mínimo.(16)
"3. El Juez de Distrito no valoró los informes rendidos por el Servicio de Administración Tributaria que señalan que el quejoso no tiene reportada alguna actividad económica, pero a pesar de ello efectuó una compraventa por más de ********** de pesos, lo que es contrario a la lógica; pues en su caso se estaría en presencia de actividades ilícitas como el lavado de dinero por tratarse de circunstancias que hacen inverosímil el acto traslativo de dominio, lo que sustenta con los criterios de rubros: ‘CONFESIÓN. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO EXISTEN OTRAS PRUEBAS QUE LAS HACEN INVEROSÍMIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).’(17)
"4. El Juez Federal omitió el análisis oficioso de las causales de improcedencia, relativas a que en el Registro Público de la Propiedad no existe documento alguno que permita saber al impetrante que en el juicio natural se dictó sentencia ordenando sacar a remate, ni tampoco existe constancia dirigida a esa dependencia en la que se solicitara la expedición de copias, ni tampoco se advierte del recibo de pago respecto de tal expedición; lo que revela que no se pudo enterar de los actos reclamados en la forma como afirmó en la demanda de amparo y, por tanto, se está ante la imposibilidad de precisar la fecha en que se enteró de los actos reclamados.(18)
"5. El Juez Federal omite analizar las pruebas ofrecidas en el incidente de objeción de falsedad de los que se obtiene la inexistencia de antecedentes de protocolos que acrediten la certificación del contrato de compraventa, dada la ilegalidad de los anexos, por lo que el título exhibido por el impetrante no acredita el interés jurídico, lo que se sustenta con la tesis de rubro: ‘CERTIFICACIÓN NOTARIAL. CARECE DE FECHA CIERTA SI NO SE HACE CONSTAR EN EL PROTOCOLO (LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).’(19)
"6. La sentencia recurrida está indebidamente fundada y motivada como lo define la jurisprudencia de rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.’, lo que omitió el Juez recurrido al no analizar ni aplicar la norma.(20)
"Pues bien, son jurídicamente ineficaces los agravios identificados como 1, 1.1., a), b), c) y d); porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 62/2008, ya determinó que es ilegal el embargo trabado en juicio mercantil ejecutivo sobre bienes que ya salieron del patrimonio del deudor, a pesar de que aún aparecen inscritos a nombre del demandado en el Registro Público de la Propiedad.
"Efectivamente, en la jurisprudencia indicada de rubro: ‘EMBARGO. ES ILEGAL EL TRABADO SOBRE UN INMUEBLE QUE ESTÁ FUERA DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA POR EL QUE SE TRANSMITIÓ NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).’;(21) el Alto Tribunal del País ya determinó que el embargo no constituye un derecho real para el acreedor sino que se trata de uno personal que sólo puede enderezarse contra el deudor, pero sin llegar al extremo de alcanzar bienes con los que no se garantizó el adeudo y que ya salieron de su patrimonio, por lo que concluyó que resulta ilegal el embargo trabado sobre un inmueble que está fuera del dominio del deudor a causa de un contrato privado de compraventa de fecha cierta que no se ha inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en la medida en que si bien la falta de registro ocasiona que los derechos no sean oponibles a terceros, también lo es que el acreedor no puede considerarse un tercero para efectos de registro, ya que no tiene un derecho real sobre la cosa embargada, sino uno personal que originó el embargo, por lo que éste no puede ser oponible a quienes adquirieron el bien con anterioridad.
"Efectivamente, la ejecutoria de la que emanó el criterio invocado, en la parte conducente es del siguiente tenor literal:
"‘SÉPTIMO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Primera Sala, de acuerdo a las consideraciones siguientes.
"‘Sobre el tema en cuestión existe el criterio siguiente:
"‘«Octava Época
"‘«Instancia: Tercera Sala
"‘«Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘«Tomo: 80, agosto de 1994
"‘«Tesis: 3a./J. 22/94
"‘«Página: 21
"‘«EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).-De conformidad con lo dispuesto en el código sustantivo civil del Estado de Durango, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros. No obstante lo anterior, el acreedor quirografario no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa; el embargo, aun cuando se encuentre registrado no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien. Luego entonces, dado que el mandamiento de ejecución debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que una vez demostrado fehacientemente que el bien ya no pertenecía al deudor, el embargo registrado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad, es ilegal, por más que no se encuentre inscrito a nombre del nuevo propietario, de cuya omisión no puede prevalerse el acreedor quirografario.»
"‘Ahora, si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia de rubro: «CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA SI EL PUNTO JURÍDICO SOBRE EL QUE VERSA YA FUE RESUELTO EN JURISPRUDENCIA DEFINIDA.», en caso de existir jurisprudencia respecto al tema debatido, la denuncia debe declararse improcedente, lo cierto también lo es que la jurisprudencia en cuestión analiza la legislación del Estado de Durango y del Distrito Federal.
"‘Por lo que si la presente contradicción de tesis versa sobre legislación diversa, como lo es la del Estado de Michoacán, por tanto, en atención a la finalidad de la contradicción de tesis, de dotar de certeza jurídica tanto a órganos jurisdiccionales como a gobernados, sobre determinado punto jurídico a discusión; se concluye que la presente contradicción de tesis sí debe ser objeto de pronunciamiento respecto del tema debatido.
"‘Los Tribunales Colegiados analizaron la legislación de Michoacán, en específico los artículos 2829, 2840 y 2841, mismos que son del tenor literal siguiente:
"‘«Artículo 2829. Los actos y contratos que conforme a la ley deban registrarse, no producirán efecto contra tercero si no estuvieren inscritos en el Registro Público.
"‘«Las escrituras y contratos de compraventa si se registran dentro de los diez días siguientes a su autorización, producirán efectos contra tercero desde el día de su presentación al registro.»
"‘«Artículo 2840. Se inscribirán en el registro:
"‘«I. Los títulos por los cuales se adquiere, transmite, grava, modifica o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles;
"‘«II. La constitución del patrimonio de familia;
"‘«III. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis años y aquellos en que hay anticipos de rentas por más de tres;
"‘«IV. La condición resolutoria en las ventas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2166;
"‘«V. Los contratos de prenda que menciona el artículo 2687;
"‘«VI. La escritura constitutiva de las sociedades civiles y la que las reforme, así como las escrituras constitutivas de asociaciones;
"‘«VII. Las fundaciones de beneficencia privada;
"‘«VIII. Las resoluciones judiciales o de árbitros o arbitradores que produzcan algunos de los efectos mencionados en la fracción I;
"‘«IX. Los testamentos por efecto de los cuales se afecte la propiedad de bienes raíces o de derechos reales; bajo el concepto de que el registro se hará después de la muerte del testador;
"‘«X. En los casos de intestado, el auto declaratorio de los herederos legítimos y el nombramiento de albacea definitivo;
"‘«En los casos previstos en las dos fracciones anteriores, se tomará razón del acta de defunción del autor de la herencia;
"‘«XI. Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una cesión de bienes;
"‘«XII. El testimonio de las informaciones ad perpetuam promovidas y protocolizadas de acuerdo con lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles;
"‘«XIII. Las fianzas judiciales, cuidándose de anotar al margen de los registros que amparen bienes del fiador, la inscripción de la fianza;
"‘«XIV. La demanda y el auto que la admite, cuando el negocio verse sobre alguna de las cuestiones a que se refiere la fracción I, debiendo, además, hacerse anotación al margen del registro del título del demandado;
"‘«XV. Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados.»
"‘«Artículo 2841. Los documentos que conforme a este código y a la ley deben registrarse y no se registran sólo producirán efectos entre quienes las otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el que sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.»
"‘Ahora, el artículo interpretado en la resolución de la contradicción de tesis 7/94, de la que derivó la jurisprudencia 22/94 previamente citada, fue el artículo 2881 del Estado de Durango, cuyo texto es el siguiente:
"‘«Artículo 2881. Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.»
"‘Por tanto, las consideraciones que se vertieron al resolver tal asunto, son aplicables al caso en estudio, pues ambos artículos que son los que originan el conflicto de criterios, contienen en esencia similar disposición, y consisten esencialmente en lo siguiente:
"‘El Registro Público de la Propiedad es una institución administrativa encargada de dar publicidad oficial del estado jurídico de la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, referente a la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravámenes de los derechos reales, dándole una apariencia jurídica a lo asentado en sus archivos, esto último en atención a que las anotaciones en el registro engendran la presunción de certeza del derecho inscrito, presunción que admite prueba en contrario y, por ende, da seguridad jurídica entre tanto no sea destruida legalmente.
"‘En relación con los efectos que produce la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los documentos registrables, se conocen tres sistemas, a saber:
"‘a) El sustantivo, en el cual la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es un elemento de existencia para adquirir el dominio de los bienes inmuebles.
"‘b) El constitutivo, en el que el derecho nace con el contrato o acto jurídico, pero para su perfección es necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en este sistema, la inscripción no es potestativa sino obligatoria; y,
"‘c) El declarativo, en el cual la transmisión de la propiedad se verifica por mero efecto del contrato sin necesidad de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y sólo se inscribe si se desea que el contrato o acto jurídico surta efectos frente a terceros.
"‘Este último sistema es adoptado por el Código Civil del Estado de Durango en cuanto establece, en el artículo 2881, que los documentos que sean registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de terceros; misma disposición que establece el artículo 2829 del Código Civil de Michoacán.
"‘Al respecto la Tercera Sala sustentó jurisprudencia, misma que el Tribunal Pleno hizo suya y determinó lo siguiente:
"‘«Séptima Época
"‘«Instancia: Pleno
"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘«Tomo: 90, Primera Parte
"‘«Página: 39
"‘«REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL.-Conforme al criterio de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, que el Pleno hace suyo, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio no tienen efectos constitutivos, sino solamente declarativos, y las consecuencias provienen del acto jurídico celebrado pero no de la inscripción. Este criterio aparece en la tesis número 301 del Apéndice de jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1965, Cuarta Parte, Tercera Sala (tesis 317 de la Cuarta Parte del Apéndice 1917-1975).
"‘«Juicio ordinario federal 1/74. **********. 29 de junio de 1976. Unanimidad de quince votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.»
"‘Ahora bien, tercero para los efectos del registro, es aquella persona que mediante un acto o contrato puede ejercer un derecho real sobre determinado inmueble, siempre y cuando se haya adquirido de quien aparecía como su titular en el Registro Público de la Propiedad, el que una vez inscrito es oponible a cualquier otro supuesto titular con derecho real anterior pero no inscrito.
"‘La anterior consideración encuentra apoyo en la tesis aislada siguiente:
"‘«Quinta Época
"‘«Instancia: Tercera Sala
"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘«Tomo: CXXIX
"‘«Página: 513
"‘«TERCERO PARA EFECTOS REGISTRALES.-Tercero para los efectos registrales es el titular de derechos reales que estén también inscritos en el Registro de la Propiedad.
"‘«Amparo directo 5770/55. **********. 16 de agosto de 1956. Mayoría de tres votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.»
"‘Así como en el diverso criterio que es del tenor literal siguiente:
"‘«Quinta Época
"‘«Instancia: Tercera Sala
"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘«Tomo: XLIX
"‘«Página: 589
"‘«TERCERO PARA LOS EFECTOS DEL REGISTRO, CONCEPTO DE.-El acreedor quirografario que embarga y registra su embargo, con posterioridad a la constit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27181-cdaaffc2/interes-juridico-para-promover-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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