PERSONALIDAD. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE APODERADO DE UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, REGISTRADO EN EL LIBRO DE APODERADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ES SUFICIENTE PARA TENER POR RECONOCIDA AQUELLA DE QUIEN COMPARECE AL JUICIO, EN SU REPRESENTACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2017. UNANIMIDAD DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO, JOSÉ MORALES CONTRERAS, J. REFUGIO GALLEGOS BAEZA, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JORGE VILLALPANDO BRAVO, JORGE FARRERA VILLALOBOS, RANULFO CASTILLO MENDOZA, RICARDO CASTILLO MUÑOZ, ARISTEO MARTÍNEZ CRUZ, VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ, HÉCTOR LANDA RAZO, TARSICIO AGUILERA TRONCOSO, HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ Y ANDRÉS SÁNCHEZ BERNAL. FORMULAN VOTO ACLARATORIO: JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JORGE VILLALPANDO BRAVO, RICARDO CASTILLO MUÑOZ, ARISTEO MARTÍNEZ CRUZ Y HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: CARMEN GONZÁLEZ VALDÉS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1, 3, 9 y 27 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, reformado, adicionado y derogado por su similar 52/2015.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por un integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo DT. 252/2016, fallado en sesión de doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), requirió al promovente para que acreditara su personalidad, como apoderado legal de una Secretaría de Estado quejosa, desahogando dicha prevención con el oficio de designación de apoderados dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se le designó como apoderado legal de ese ente público, además el auto donde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo reconoció como apoderado de la quejosa; sin embargo, se le tuvo por no acreditada su personalidad, por lo que interpuso recurso de reclamación RCL. 37/2016, el cual se resolvió por mayoría de votos el cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que en la parte conducente dice:
"... No obstante la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para efectos de analizar la personalidad de un titular demandado en uno o varios juicios laborales; en el particular no debe perderse de vista que tratándose del juicio de amparo, la personalidad es un presupuesto procesal indispensable para su prosecución, de tal forma que la misma debe quedar plenamente demostrada ante la autoridad de amparo y no basarse en presunciones.-Así las cosas, como se anticipó, **********, para desahogar la prevención formulada en autos e intentar acreditar la personalidad con la que se ostentó, a saber, como apoderado del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó copia certificada del oficio ********** de cinco de marzo de dos mil quince, dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto del expediente V-1/97, suscrito por ********** en su carácter de ********** del Servicio de Administración Tributaria por el que designó a dicha persona como apoderado legal del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el auto de once de marzo de dos mil quince, dictado en el expediente V-1/97, del índice del tribunal en comento, por lo que en modo alguno satisface el presupuesto procesal de mérito, pues de las constancias en cuestión no se advierte que la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje haya reconocido expresamente la personalidad del promovente de amparo en el expediente 1882/04 de su índice, asimismo, el oficio de designación de apoderados está dirigido al Magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el mencionado acuerdo de once de marzo, ya que fue dictado en un expediente diverso al juicio natural, por lo que en ese tópico, la autoridad de amparo no está obligada a reconocer el carácter con que se ostenta el promovente del amparo, dado que el reconocimiento de personalidad que hizo el presidente del Pleno del Tribunal Laboral, se registró en un expediente independiente al del procedimiento laboral de origen, lo cual impide que este tribunal constate la eficacia de la designación en cuestión, para efectos de tener por acreditado el presupuesto procesal, cuyo análisis nos ocupa.-Lo anterior se sostiene, porque si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó las disposiciones relativas a la personalidad en los juicios laborales burocráticos y, con ello determinó que el oficio de designación podía otorgarse para un número indeterminado de juicios o bien, para una o más contiendas laborales, se insiste, en el particular, el documento que interesa, está dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el reconocimiento de la personalidad que hizo el presidente de dicho organismo se acordó en un expediente independiente de las controversias laborales, lo cual impide que este tribunal de amparo avale el carácter con que aquí promueve ..."
En el juicio de amparo directo DT. 731/2016, se advierte que mediante acuerdo de catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016) se requirió al promovente del amparo para que acreditara su personalidad, como apoderado legal de la Secretaría de Desarrollo Social, quejosa, desahogando la prevención exhibiendo oficio de designación de apoderados dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se le designó como apoderado legal, también el informe del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje donde lo reconoció como apoderado legal de la dependencia; sin embargo, por acuerdo de once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se tuvo por no presentada la demanda de amparo, al no acreditar la personalidad; por esa causa interpuso recurso de reclamación RCL. 46/2016, el cual se resolvió por mayoría de votos el veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en la que se estableció que:
"... Así las cosas, como se anticipó, **********, para desahogar la prevención formulada en autos e intentar acreditar la personalidad con la que se ostentó, a saber, como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó copia certificada del oficio 100.-120 de diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), suscrito por el secretario de Desarrollo Social, ********** y dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, relacionado con la solicitud de registro de apoderados en el cuaderno de poderes V-2/59, así como del acuerdo de catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), dictado en el expediente V-2/59, del índice del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; con esas documentales en modo alguno satisfizo el presupuesto procesal de mérito, pues de las constancias en cuestión no se advierte que la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje haya reconocido expresamente la personalidad de la promovente del amparo específicamente en el expediente 2683/07 de su índice, del que deriva el laudo reclamado, ya que el oficio de designación de apoderados está dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el mencionado acuerdo de catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), fue dictado dentro de un expediente diverso al del juicio natural, por lo que en ese tópico, el presidente de este tribunal no estaba obligado a reconocer el carácter con que se ostentó la promovente del amparo, dado que el reconocimiento de personalidad que hizo el presidente del Pleno del tribunal de trabajo, se registró en un expediente independiente al del procedimiento laboral de origen, lo cual impide que este tribunal constate la eficacia de la designación en cuestión, para efectos de tener por acreditado el presupuesto procesal, cuyo análisis es materia de la presente ejecutoria.-Lo antepuesto se sostiene, porque, se insiste, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó las disposiciones relativas a la personalidad en los juicios laborales burocráticos y, con ello determinó que el oficio de designación podía otorgarse para un número indeterminado de juicios o bien, para una o más contiendas laborales, tales circunstancias eran válidas conforme a las disposiciones contenidas en la anterior Ley de Amparo, ya que en la vigente a partir del tres (03) de abril de dos mil trece (2013), y en el particular, el documento que interesa, está dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el reconocimiento de la personalidad que hizo el presidente de dicho organismo se acordó en un expediente independiente de las controversias laborales, lo cual impide que este tribunal de amparo avalar (sic) el carácter con el que promovió **********.-Por tanto, con las constancias descritas exhibidas con el escrito de desahogo de la prevención comentada no se acreditó la personalidad de la promovente como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que resultan infundados los argumentos de que se trata ..."
Este criterio dio origen a la tesis I.13o.T.168 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Libro 38, Tomo IV, enero de 2017, página 2597, de rubro y texto siguientes:
"PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL BUROCRÁTICO. FORMA EN QUE DEBE ACREDITARLA EL APODERADO DEL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL. El artículo 134, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que los titulares de las dependencias oficiales podrán ser representados mediante simple oficio que contenga la designación de apoderados para que los representen en el juicio laboral burocrático en el que son parte. Por su parte, la jurisprudencia 2a./J. 37/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 466, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL PUEDE CONFERIR SU REPRESENTACIÓN PARA COMPARECER EN UN JUICIO ESPECÍFICO O EN UN NÚMERO INDETERMINADO DE ELLOS.’, determinó que en el documento en cita, los titulares pueden otorgar su representación, para un número indeterminado de juicios, o bien, para una o más contiendas laborales específicas, pues al no limitar el legislador el contenido y alcance del referido oficio, debe estimarse que tales circunstancias quedan a su voluntad. En este sentido, para analizar la personalidad de quien promueve el juicio de amparo a nombre de esas instituciones, debe acudirse a la legislación burocrática y a la interpretación que se hizo en la tesis mencionada; no obstante, ese criterio resultaba aplicable durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, ya que la vigente, en su artículo 11, segundo párrafo, dispone que en el amparo directo la personalidad podrá justificarse con la acreditación que tenga el promovente en el juicio del que emane la resolución reclamada, de lo que se sigue que el oficio de designación de apoderados por el titular del ente o dependencia oficial demandada, dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, relacionado con la solicitud de registro de apoderado en determinado cuaderno de poderes o el acuerdo dictado en ese expediente, carece del alcance de tener por demostrada la personalidad del promovente, en tanto que el precepto citado exige que esa designación de apoderados debe constar en el juicio laboral del que dimana el laudo reclamado, por lo que no puede quedar a la voluntad de los mencionados titulares la representación de quienes promuevan amparo directo en su nombre."
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 801/2016, en sesión de doce de diciembre de dos mil dieciséis. En lo que interesa, determinó:
"CUARTO.-Previo analizar los motivos de inconformidad aducidos por la parte quejosa, se considera que **********, quien promovió el presente juicio de amparo como apoderado del secretario de Comunicaciones y Transportes, acreditó su personería en términos del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en virtud de que exhibió la copia certificada del oficio de designación de apoderados de veinticuatro de julio de dos mil quince, que obra en el expediente V-03/59, relativo al registro de apoderados de la dependencia del Ejecutivo Federal que lleva el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ‘oficio del que se agregó copia certificada al juicio laboral’ del que deriva el laudo reclamado, y del cual se desprende que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorgó poder para representarlo en los juicios laborales en los que dicho titular fuera parte.-Debe destacarse que en el caso de los titulares de las entidades o dependencias oficiales, el artículo 134, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los faculta para hacerse representar en los juicios laborales burocráticos por apoderados que acrediten este carácter mediante simple oficio, lo cual significa que para que surta efectos legales dicha designación no existe más carga del titular de una entidad pública, que la de nombrar a los apoderados a los que confiere su representación por el medio referido (simple oficio), pues de imponerle alguna otra equivaldría a darle un alcance que no tiene la disposición legal de mérito.-Ahora bien, dicha facultad de los titulares de las dependencias oficiales para designar, en términos generales, por medio de un oficio, a uno o varios apoderados que los representen en los juicios laborales burocráticos en los que son parte, implica que pueda válidamente otorgar el poder para un número indeterminado de juicios, pues exigir la expedición de diversos oficios constituye una limitación a la voluntad del titular representado que carece de sustento legal y no encuentra cabida en lo dispuesto en el mencionado artículo 134.-Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 37/2001, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época, página 466, cuyo contenido es el siguiente: ‘PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL PUEDE CONFERIR SU REPRESENTACIÓN PARA COMPARECER EN UN JUICIO ESPECÍFICO O EN UN NÚMERO INDETERMINADO DE ELLOS.’ (se transcribe)"
CUARTO.-Existencia de la contradicción. De los antecedentes que informan los amparos directos y recursos de reclamación precisados en el considerando que antecede, así como de las consideraciones que sustentan las resoluciones respectivas, se advierte que en la especie se actualizan los supuestos esenciales para estimar que existe contradicción de criterios, por lo siguiente:
Ver comparativa
De la comparativa anterior, se obtiene que:
A) Al resolver los asuntos de sus respectivos índices, el Décimo Tercer y el Décimo Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito se pronunciaron sobre una situación jurídica esencialmente igual, a saber, si el oficio de designación de apoderados glosado en expediente diverso al natural, expedido por el titular de una dependencia de gobierno y dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje era suficiente o no para acreditar la personalidad para representar a los entes públicos en un juicio de amparo, acorde a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo.
B) Al pronunciarse sobre el particular, los tribunales arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Décimo Tercer Tribunal estimó que dicho oficio no era suficiente para acreditar la personalidad de quien se ostentara apoderado de la dependencia de gobierno de que se tratare y, como consecuencia, se debía tener por no promovido el amparo directo. En cambio, el Décimo Quinto Tribunal determinó que el oficio de designación de apoderados glosado en expediente diverso al natural, expedido por el titular de una dependencia de gobierno y dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, agregado en copia certificada al juicio laboral, sí era suficiente para tener por demostrada la personalidad en el amparo directo de quien se ostentara como apoderado de la secretaría de Estado.
No obsta señalar que en este último supuesto se está en el entendido que al apoderado que compareció al juicio de amparo acreditó sus personalidad con el mismo oficio de designación que corría agregado a los autos del expediente natural, en razón de que con ese documento se otorgó la representación del ente público a varios profesionales en derecho, sin que esto implicara que el apoderado del quejoso tuviera reconocida la personalidad ante la autoridad de origen, pues no se desprende ese extremo de la transcripción condigna; sobre todo que el Décimo Quinto Tribunal reconoció como apoderado del ente público con la copia certificada de designación de apoderados que obraba en el expediente varios que lleva el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que no hay duda de que no se reconoció esa representación en el juicio original y se evidencia la discrepancia de criterios.
Cabe precisar que, si bien en un tribunal se admitió la demanda y se entró al estudio de fondo de los conceptos de violación planteados reconociendo la personalidad de quien se ostentó como apoderado de la secretaría de Estado con copia certificada del oficio de designación de apoderados que obraba en expediente diverso al natural ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, agregado al expediente laboral; mientras que el otro órgano estimó que con el oficio de designación de apoderados dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y que constaba en expediente diverso al juicio laboral no acreditaba la personalidad como apoderado de la dependencia de gobierno; porque sólo podría reconocerse si la tenía acreditada en el juicio laboral; lo que denota que ambos órganos federales adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho (oficio de designación de apoderados otorgado por una secretaría de Estado y acuerdo de reconocimiento), independientemente que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de posturas jurídicas, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardar ante decisiones claramente opuestas.
En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, página ciento veintidós, intitulada:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Es oportuno destacar que, la circunstancia de que uno de los criterios contendientes no esté expuesto formalmente como tesis (Décimo Quinto Tribunal) y, por ende, no exista la publicación respectiva en términos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que este Pleno de Circuito se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para determinar su existencia basta que se adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Aplica al caso concreto, la jurisprudencia P./J. 27/2001 emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y siete, del contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
En ese sentido, sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ya que se adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas no fueron exactamente iguales, es decir, ambos órganos federales adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre el reconocimiento de personalidad del apoderado de una dependencia de gobierno con copia certificada del oficio de designación de apoderados y acuerdo de reconocimiento, un órgano admitió la demanda a trámite y otro la tuvo por no interpuesta.
Es por ello que, se insiste, existe la contradicción de criterios.
QUINTO.-Previamente al estudio de fondo, conviene precisar que el punto de contradicción que se advierte entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados citados, consiste en determinar si la copia certificada del oficio de designación de apoderados otorgado por una secretaría de Estado, así como del acuerdo de reconocimiento que le recayó al mismo relativas al expediente (diverso al natural), del Libro de Registro de apoderados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es suficiente para acreditar la personalidad como apoderado de la dependencia en el juicio de amparo directo.
SEXTO.-Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, lo sustentado por este Pleno de Circuito, de acuerdo con las consideraciones que se exponen a continuación:
Con el fin de resolver la presente contradicción de tesis, resulta conveniente precisar qué es la legitimación.
La legitimación es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien, porque cuente con la representación legal del titular.
En otras palabras, la legitimación procesal se refiere tanto a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles; como a la representación de quien comparece en nombre de otro, para lo cual es necesario que el representante acredite que tiene tal carácter.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, materia común, página 351, de rubro y texto siguientes:
"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.-Por legit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27311-3c58168f/personalidad-en-el-juicio-de-amparo-directo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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