PERSONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. LA AUTORIDAD QUE RECIBE LA DEMANDA SÓLO DEBE INFORMAR SI AQUÉLLA SE ENCUENTRA RECONOCIDA EN EL JUICIO NATURAL, NO TENERLA POR ACREDITADA. PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL BUROCRÁTICO. FORMA EN QUE DEBE ACREDITARLA EL APODERADO DEL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL.
PERSONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. LA AUTORIDAD QUE RECIBE LA DEMANDA SÓLO DEBE INFORMAR SI AQUÉLLA SE ENCUENTRA RECONOCIDA EN EL JUICIO NATURAL, NO TENERLA POR ACREDITADA.
PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL BUROCRÁTICO. FORMA EN QUE DEBE ACREDITARLA EL APODERADO DEL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 46/2016. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: AGUSTÍN DE JESÚS ORTIZ GARZÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Los agravios transcritos se analizan de manera conjunta, dada su estrecha relación y así se tiene que, en primer lugar, se alega que el presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, al emitir el acuerdo recurrido, vulneró en perjuicio de la Secretaría de Desarrollo Social, los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues no expuso los razonamientos lógico-jurídicos que funden y motiven su pretensión, al tener por no acreditada su personalidad como apoderada (sic) de esa institución.
El planteamiento de la promovente es inoperante, ya que el presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, al proveer sobre la demanda de amparo, analiza primeramente si el escrito cumple con los requisitos que exige la ley, entre los que se encuentra la personalidad de la promovente; por tanto, no resulta válido aceptar que con esa actuación vulnere los preceptos constitucionales o las disposiciones convencionales aducidas, ya que se está en presencia de un procedimiento cuyo objetivo es asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial.
Consecuentemente, mediante el recurso de reclamación, técnicamente no deben analizarse los agravios consistentes en que el presidente del tribunal violó derechos fundamentales o preceptos convencionales al resolver sobre una demanda de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que desempeña.
Apoya esta determinación, conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a ésta, la jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, que a la letra dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otra parte, la inconforme manifiesta que no se tomó en cuenta que actuó de conformidad con las facultades que le confiere el titular del ramo en el oficio de designación de apoderados de diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015) y del acuerdo plenario de catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), ambos registrados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente **********, relativo al registro de apoderados de la secretaría, como son, promover demanda de amparo indirecto o directo, toda clase de recursos y, en general, para presentar cualquier tipo de promoción que resulte necesaria para la defensa de los intereses de esa secretaría, con lo que cumplió con los procedimientos que establece la Ley de Amparo, insistiendo la recurrente en que tenía legitimación para promover la demanda de amparo directo en representación de los intereses de ese organismo.
Añadió que no existe un artículo en la ley de la materia que prohíba que el apoderado legal de una dependencia del Ejecutivo Federal la represente cuando se afecten sus intereses, sin importar que sea o no el mismo funcionario que intervino en el juicio del que emana el acto de autoridad, incluso, se dejó de considerar que el titular del ramo puede ser representado por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio; por tales motivos, resulta evidente la indebida fundamentación y motivación en el acuerdo que se impugna.
Señaló que no se consideró lo establecido en los artículos 5o., 6o., 10, 11, párrafo tercero y 180 de la Ley de Amparo, así como 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que permiten a la Secretaría de Desarrollo Social acudir a la instancia constitucional por conducto de apoderado legal, sin necesidad de que éste sea el mismo funcionario que participó en el juicio de origen, por lo que es evidente que ********** tenía acreditado el carácter de apoderada legal de la Secretaría de Desarrollo Social para promover el juicio de amparo.
Afirmó que el presidente de este tribunal restó valor a lo manifestado por la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señalada como responsable, al rendir su informe justificado en el que reconoció la personalidad con la que se ostentó la promovente, de conformidad con el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece que la autoridad puede válidamente manifestar si el promovente de la demanda tiene o no la personalidad con la que se ostenta, como en el caso acontece, pues del acuerdo se desprende que la responsable reconoció a **********, como apoderada legal de la Secretaría de Desarrollo Social.
Manifestó que el acuerdo recurrido, indebidamente, fue fundado en el artículo 180 de la Ley de Amparo, en el que no existe una disposición expresa que permita desechar la demanda conforme al criterio aplicado por el presidente de este colegiado, es decir, por el hecho de que el promovente que no tenga acreditada la calidad de apoderado legal en el juicio de origen no puede promover juicio de amparo; en ese mismo sentido, tampoco está previsto tal efecto en alguno de los requisitos del artículo 175 de la citada ley, máxime que el requerimiento fue contestado en tiempo y forma.
Precisó que los acuerdos de cuatro (4) y once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016) resultan incongruentes, pues si bien es necesario contar con la personalidad jurídica reconocida en el juicio de origen para promover el juicio de amparo, el catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016), el actuario de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje notificó "a la C. **********, quien se identificó con cédula profesional y dijo ser apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social", (sic) el laudo de veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), sin que haya confirmado que dicha persona efectivamente tuviera la personalidad jurídica en los autos del juicio laboral **********, por lo que se incurriría en el mismo supuesto que ahora se combate y, en consecuencia, de igual manera, el presidente de este tribunal, debió prevenir a la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de que notificara a la persona debidamente acreditada, lo cual no llevó a cabo.
Dijo que el oficio de designación de apoderados legales de la dependencia del Ejecutivo Federal número ********** de diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), cuya copia certificada obra en autos del expediente de amparo **********, se designó como apoderados legales tanto a la ahora recurrente como a la C. ********** y mediante acuerdo plenario del catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje los tuvo como apoderados, a fin de que pudieran actuar con las facultades conferidas de manera indistinta a cualquier Sala.
Los agravios reseñados se califican de infundados.
De las constancias de autos se desprende que **********, quien se ostentó como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, promovió demanda de amparo directo contra el laudo de veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), dictado por la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente laboral **********, seguido por **********, contra la quejosa, misma que se registró con el expediente DT. **********.
Mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil dieciséis, el presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito requirió a la promovente para que acreditara la personalidad con que se ostentaba.
**********, como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, pretendió desahogar el requerimiento aludido y para acreditar su personalidad, adjuntó copia certificada de las siguientes constancias:
• Oficio ********** de diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), suscrito por el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña y dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, relacionado con la solicitud de registro de apoderados en el cuaderno de poderes **********, respecto de la designación como apoderada legal de esa secretaría, entre otros, de **********.
• Auto de catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), dictado en el expediente **********, del índice del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, con fundamento en el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se tuvo como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social a **********.
En auto de once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el presidente de este tribunal consideró que habiendo fenecido el término otorgado por proveído de catorce (14) de julio del mismo año, se tuvo por no acreditada la personalidad de ********** como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, e hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no presentada la demanda.
Dicha determinación se estima ajustada a derecho porque, tratándose de aspectos relativos a la personalidad en los juicios de amparo, la Ley de Amparo establece:
"Capítulo II.-Capacidad y Personería.-Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico... Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley... Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares... Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley.-En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.-Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior.-Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.-En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.-La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta."
De los preceptos en cita se advierte que cualquier persona moral pública puede solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables; asimismo, que existen diversas formas para acreditar la personalidad de quien acude al amparo directo en representación de la parte quejosa, como son: "...en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado..." o "...con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada..."
Por tanto, para analizar si quien promovió el juicio de amparo directo tiene personalidad, debe estarse a lo previsto en los artículos 7o. y 10 del ordenamiento legal en cita, es decir, si se acredita conforme lo determina la ley que rige la materia de la que emana el acto reclamado y así, en el caso, debe atenderse a lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que resulta ser la que rige el laudo impugnado y en lo particular en su artículo 134, en tanto que es la norma que prevé sobre la personería de los apoderados de los organismos públicos; es decir, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, la personalidad de quien promueve el juicio de amparo directo a nombre de un organismo público puede reconocerse si se está en las hipótesis a que alude la ley burocrática.
El precitado artículo de la legislación ordinaria prevé:
"Artículo 134. Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder.-Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio."
De acuerdo con lo transcrito, en los casos de conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad oficial y sus trabajadores, los titulares en cuestión podrán ser representados mediante simple oficio de designación.
Sobre ese particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el oficio que contiene la designación de apoderados por parte del titular de un ente o dependencia oficial para que lo represente en el juicio laboral burocrático en el que es parte, constituye un documento público que, salvo prueba en contrario, hace fe en el juicio en el que se presenta, por lo cual no resulta indispensable la comprobación del nombramiento del titular que lo expide, en tanto que, al emanar de una autoridad que actúa en el ámbito de su competencia, es decir, en ejercicio de sus funciones, como titular que lo expide, por lo que el acto que contiene se encuentra investido del principio de presunción de legalidad y, por ello, hace prueba plena lo afirmado en él por la autoridad que lo suscribe, salvo prueba en contrario.
Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 38/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, materia laboral, página 492, que dice:
"PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. LA DEL APODERADO DESIGNADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO, SIN NECESIDAD DE COMPROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR QUE LO SUSCRIBE.-El oficio que contiene la designación de apoderados por parte del titular de un ente o dependencia oficial para que lo represente en el juicio laboral burocrático en el que es parte, constituye un documento público que, salvo prueba en contrario, hace fe en el juicio en el que se presenta, sin necesidad de legalización, lo cual significa que no se requiere de la comprobación del nombramiento del titular que lo expide, en tanto que al emanar de una autoridad que actúa en el ámbito de su competencia, es decir, en ejercicio de sus funciones, como titular que lo expide (o como autoridad facultada para realizar la certificación respectiva), el acto en él contenido se encuentra investido del principio de presunción de legalidad y, por ello, hace prueba plena lo afirmado en él por la autoridad que lo suscribe, siempre que no sea desvirtuado por otros elementos de convicción. Lo anterior da sentido a la disposición del legislador ordinario de exigir del titular la sola emisión del referido oficio, cuando en uso de la facultad que le confiere la ley designa apoderados que lo representen en los juicios laborales burocráticos en los que es parte."
Recapitulando en lo anterior, se tiene que el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado estipula que los titulares de las dependencias oficiales podrán ser representados mediante simple oficio que contenga la designación de apoderados para que los represente en el juicio laboral burocrático en el que son parte. La jurisprudencia 2a./J. 37/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 466, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL PUEDE CONFERIR SU REPRESENTACIÓN PARA COMPARECER EN UN JUICIO ESPECÍFICO O EN UN NÚMERO INDETERMINADO DE ELLOS.", dejó asentado que en el documento en cita pueden otorgar su representación, válidamente, para un número indeterminado de juicios, o bien, para una o más contiendas laborales específicas, pues al no limitar el legislador el contenido y alcance del referido oficio, debe estimarse que tales circunstancias quedan a la voluntad del mencionado titular. Para analizar la personalidad de quien insta el juicio de amparo a nombre de esas instituciones, debe acudirse a lo que dispone la legislación burocrática y la interpretación que se hizo en la tesis mencionada; no obstante, ese criterio resultaba aplicable durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, ya que la que rige a partir del tres (3) de abril de dos mil trece (2013), en su artículo 11, segundo párrafo, dispone que en el amparo directo podrá justificarse la personalidad con la acreditación que tenga el promovente en el juicio del que emane la resolución reclamada, de lo que se sigue entonces que el oficio de designación de apoderados por parte del titular del ente o dependencia oficial demandada, dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, relacionado con la solicitud de registro de apoderado en determinado cuaderno de poderes o el acuerdo dictado en ese expediente, carecen del alcance de tener por demostrada la personalidad del promovente, en tanto que ese precepto de la ley de la materia vigente exige que esa designación de apoderados concretamente debe constar en el juicio laboral del que dimana el laudo reclamado, por lo que no puede quedar a la voluntad de los mencionados titulares la representación de quienes promuevan amparo directo en su nombre.
En la especie, se promovió juicio de amparo directo contra el laudo de veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), dictado por la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente laboral **********, seguido por **********, contra la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en ese orden, para analizar la personalidad de la promovente, se debe acudir a lo que dispone esta ley, la que, como se indicó, estipula que los titulares en cuestión podrán ser representados mediante simple oficio que contenga la designación de apoderados por parte del titular de la dependencia oficial para que lo representen en el juicio laboral burocrático en el que es parte; es decir, que si bien conforme al criterio del Alto Tribunal basta el oficio que contiene la designación de apoderados por parte del titular del ente o dependencia oficial demandada, dicho oficio, concretamente, debe constar en el juicio laboral del que dimana el laudo reclamado; sin embargo, del análisis del aludido expediente laboral burocrático no se desprende que la promovente ********** tenga reconocida la personalidad (a través de ese simple oficio), específicamente como apoderada de la citada demandada dentro del aludido sumario laboral **********, de lo que se colige que no se cumplió cabalmente con el requisito que exige el artículo 11 de la ley de la materia en cuanto a que en el amparo directo debe justificarse tal personería con constancia fehaciente de su acreditación que tuviere dicha promovente dentro del expediente laboral del que emanó el laudo reclamado; es decir, se itera, no se advierte que a la promovente del amparo se le haya reconocido la personalidad dentro de ese procedimiento en particular, por lo que no se está en los supuestos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque, como se indicó, no obstante la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para efectos de analizar la personalidad de un titular demandado en uno o varios juicios laborales; en el presente caso, no debe perderse de vista que tratándose del juicio de amparo, la personalidad es un presupuesto procesal indispensable para su prosecución, de tal forma que la misma debe quedar plenamente demostrada ante la autoridad de amparo y no basarse en presunciones.
Así las cosas, como se anticipó, **********, para desahogar la prevención formulada en autos e intentar acreditar la personalidad con la que se ostentó, a saber, como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó copia certificada del oficio ********** de diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), suscrito por el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña y dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, relacionado con la solicitud de registro de apoderados en el cuaderno de poderes **********, así como del acuerdo de catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), dictado en el expediente **********, del índice del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; con esas documentales en modo alguno satisfizo el presupuesto procesal de mérito, pues de las constancias en cuestión no se advierte que la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje haya reconocido expresamente la personalidad de la promovente del amparo, específicamente, en el expediente ********** de su índice, del que deriva el laudo reclamado, ya que el oficio de designación de apoderados está dirigido al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el mencionado acuerdo de catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), fue dictado dentro de un expediente diverso al del juicio natural, por lo que en ese tópico, el presidente de este tribunal no estaba obligado a reconocer el carácter con que se ostentó la promovente del amparo, dado que el reconocimiento de la personalidad que hizo el presidente del Pleno del tribunal de trabajo, se registró en un expediente independiente al del procedimiento laboral de origen, lo cual impide que este tribunal constate la eficacia de la designación en cuestión, para efectos de tener por acreditado el presupuesto procesal cuyo análisis es materia de la presente ejecutoria.
Lo antepuesto se sostiene porque, se insiste, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó las disposiciones relativas a la personalidad en los juicios laborales burocráticos y, con ello, determinó que el oficio de designación podía otorgarse para un número indeterminado de juicios o bien para una o más contiendas laborales, tales circunstancias eran válidas conforme a las disposiciones contenidas en la anterior Ley de Amparo, ya que en la vigente a partir del tres (3) de abril de dos mil trece (2013), y en el particular, el documento que interesa, está dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el reconocimiento de la personalidad que hizo el presidente de dicho organismo se acordó en un expediente independiente de las controversias laborales, lo cual impide a este tribunal de amparo avalar el carácter con el que promovió *********.
Por tanto, con las constancias descritas exhibidas con el escrito de desahogo de la prevención comentada, no se acreditó la personalidad de la promovente como apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que resultan infundados los argumentos de que se trata.
Por otro lado, el segundo y tercer párrafos del artículo 11 de la vigente Ley de Amparo, en cuanto a la personalidad del promovente de la demanda, disponen: "...En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.-La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.". De lo anterior se desprende que la autoridad que reciba la demanda de amparo directo tendrá que informar si el promovente tiene el carácter con el que se ostenta. Esta disposición no permite al presidente del tribunal de trabajo reconocer, en dicho informe justificado, la personalidad de los promoventes, sino sólo informar si ésta ya se encuentra reconocida. Ello, porque se trata de una actuación posterior a la tramitación del juicio natural, por lo que su manifestación no puede convalidar la falta de personalidad del promovente del amparo, que no la tenga acreditada en el procedimiento original.
En ese mismo sentido, el informe justificado rendido por el presidente de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual señala que ********** es apoderada de la Secretaría de Desarrollo Social, resulta insuficiente para tener por acreditada la personalidad de la promovente del amparo, pues el objeto del informe justificado es expresar la existencia del acto reclamado, así como las razones de su improcedencia.
Además, debe destacarse que, al promoverse la demanda de amparo que deriva del procedimiento laboral, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social actuó en un plano de igualdad y no de supra a subordinación; por tanto, para que la ahora recurrente se ostentara como su apoderada y fuera reconocida con tal carácter, debía cumplir con lo que respecto a la personalidad dispone la Ley de Amparo.
Al respecto, y por la razón que informa, este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito comparte la jurisprudencia I.9o.A.10 K (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1335, que establece:
"LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA MORAL PÚBLICA DEBE ACREDITAR DICHAS FACULTADES A FIN DE DEMOSTRARLA, CUANDO PROMUEVE EL JUICIO CONTRA UN ACTO QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE AQUÉLLA RESPECTO DE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRE EN UN PLANO DE IGUALDAD CON LOS PARTICULARES, SI NO ES QUIEN TENÍA LA REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DEL QUE EMANA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-De conformidad con el artículo 7o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 3 de abril de 2013, cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Por su parte, en términos del artícu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26914-5a27b487/personalidad-en-el-amparo-directo-laboral-la-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PERSONALIDAD. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE APODERADO DE UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, REGISTRADO EN EL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN UN JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEMANDADO. PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL PUEDE CONFERIR SU REPRESENTACIÓN PARA COMPARECER EN UN JUICIO ESPECÍFICO O EN UN NÚ (CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2000-SS)
- PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENERLA POR ACREDITADA ES INNECESARIO QUE QUIEN COMPAREZCA COMO APODERADO DEL QUEJOSO DEMUESTRE SER ABOGADO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL BUROCRÁTICO. FORMA EN QUE DEBE ACREDITARLA EL APODERADO DEL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL. (I.13o.T.168 L (10a.))
- PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. LA DEL APODERADO DESIGNADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO, SIN NECESIDAD DE COMPRO (29)
- PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. LA DEL APODERADO DESIGNADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO, SIN NECESIDAD DE COMPRO (1122)
- PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. LA DEL APODERADO DESIGNADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO, SIN NECESIDAD DE COMPRO (2a./J. 38/2001 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis